» » » Derechos sociales exigibles

Derechos sociales exigibles

Publicado en: conferencias | 0

SEMINARIO NACIONAL

AGENDA DEL DESARROLLO 2006-2020

SEMINARIO MODULAR XII

“DESARROLLO INCLUYENTE: DERECHOS Y POLÍTICAS SOCIALES”

     

    Sumario. 1. Introducción al tema abordado. 2. El Derecho como ciencia. 3. Diferencias básicas entre los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos sociales. 4. ¿Qué son los derechos sociales exigibles? Su naturaleza intrínseca a la luz de la ciencia jurídica. 5. Conclusiones y propuestas.

    1.     Introducción al tema abordado. No es fácil hablar acerca del tema de los llamados “Derechos Sociales exigibles”; y si no es sencillo hacerlo entre juristas, debido a la multiplicidad de opiniones e interpretaciones que al tema solemos darle puesto que se presta a múltiples confusiones conceptuales, mucho más complicado será hacerlo con quienes, por su perfil académico, no son expertos en la materia jurídica.

     

    Para colmo, se trata de un asunto en realidad muy poco explorado, debido a lo cual de entrada intentaremos paliar tan sentida problemática, pues de no hacerlo es probable que nunca focalicemos correctamente el punto en análisis, y hablemos de cosas distintas o lo hagamos en lenguajes diferentes -en esa especie de “Torre de Babel” en la cual nos solemos desenvolver académicamente-. Da tal forma que nuestra pretensión, basada en la experiencia de casi tres décadas de estudiar asuntos jurídico-sociales, es serle útil a las mayorías. En razón de lo cual -siempre atendiendo a multidisciplinariedad de los participantes en este Seminario-, lo haremos de la manera más sencilla e inteligible posible, sin entrar jamás a disquisiciones filosóficas ni tampoco a definir conceptos de índole científico-jurídica que será mucho mejor explicar en sus efectos y alcances; de manera que sólo señalaremos lo que a nuestro entender resulta indispensable en aras de poder contextualizar nuestras opiniones al respecto.

     

    2. El Derecho como ciencia. Para comenzar, si queremos hablar acerca de “derechos”, considerando lo preliminarmente dicho, deberemos entonces referirnos en forma previa a un tema fundamental: la cientificidad del Derecho. Sin abordarlo o sin tenerlo en cuenta, más complejo resultará todavía cumplir el objetivo trazado.

     

    En efecto, el Derecho es una ciencia -denominada indistintamente Ciencia del Derecho o Jurídica, o simplemente Derecho-, la que se integra por un conjunto de conocimientos metodológicamente obtenidos mediante el uso del razonamiento, los cuales han sido sistemáticamente construidos o estructurados, deduciéndose de ellos principios y reglas generales. En otras palabras, intentando decirlo de una manera más sencilla: El Derecho reúne todos los requisitos que se exigen a una ciencia, y por ende no es “un arte”, como se propala desinformadamente.

     

    No obstante ser ciencia aceptada como tal en todo el planeta, en pleno siglo XXl el concepto Derecho es todavía un reto el intentar apresarlo en una simple definición. A este respecto decía sarcásticamente Emmanuel Kant: “…Todavía buscan los juristas una definición de su concepto ‘Derecho’…” , de manera que en vez de definirlo resultará mejor explicarlo. Y resulta tan complejo hacerlo que tan sólo para intentar explicarlo -ya no definirlo, tarea aparentemente imposible-, el clásico Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM utiliza una decena de páginas y, a nuestro parecer, no lo consigue del todo; por lo tanto, convendría explicarlo ahora obteniendo de paso alguna conclusión válida que nos sea de alguna utilidad.

     

    Pues bien, Derecho significa etimológicamente directus, esto es, ir recto, haciéndolo sin tergiversaciones; de lo que se colige que el propio término utilizado implica dirección, guía, ordenación, regulación. Sin embargo, como ya vimos antes, Derecho es un analogismo práctico mediante el cual se designa tanto a la propia ciencia jurídica como a las diversas disciplinas que la conforman y hasta las consecuencias de la misma. Podríase añadir que el concepto Derecho es un adjetivo multívoco, y tan lo es que el Diccionario de la Lengua Española nos da nada menos que 28 distintas acepciones, con independencia de las voces que atañen a las diversas ramas y disciplinas del Derecho.

     

    Insistimos de nuevo, sólo con el objeto de evitar confusiones, en que la palabra Derecho se utiliza para definir tanto a la propia ciencia jurídica (la mayor de las veces, casi siempre escrita con mayúscula inicial), como a la consecuencia de aquélla (casi siempre escrita con letra minúscula: derecho o derechos), refiriéndose en este último caso a “las acciones o atributos que emanan de las propias leyes a favor de alguien”, e incluyendo en éste concepto a los derechos surgidos en razón de alguna circunstancia natural o de grupo, tales como los llamados derechos humanos o derechos sociales.   

     

    Por otro lado, el estudio de la ciencia jurídica o Derecho, atendiendo al tipo de normativa que contiene y a quienes va dirigida, clásicamente se ha divido en 3 Ramas, las cuales a continuación brevemente se explican:

     

    •         Derecho Privado, normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares, destacando aquí las disciplinas del Derecho Civil y Mercantil; 
    •         Derecho Público,  la más amplia de todas y que regula las relaciones entre el Estado (los Poderes Públicos, en sus 3 niveles de gobierno) y los gobernados de un país, siendo de relevancia algunas disciplinas como son los derechos: Constitucional, Administrativo, Penal, Procesal, Internacional Público, Informático, y otras disciplinas jurídicas más.
    •         Derecho Social, que son siempre normas taxativas, irrenunciables e inalienables, las que conforman un esquema protector de algunas clases sociales económicamente débiles; disciplinas entre las cuales destacan los derechos: Laboral, Agrario, Cultural, Económico, y el de la Seguridad Social.  

     

    Sin embargo, al punto conviene añadir 2 cosas trascendentes: la primera, que el Derecho, aparte de regular la función del Estado y buscar la coexistencia pacífica de las personas, propende siempre, como un objetivo final, a la permanente búsqueda de la justicia, al ser el Derecho el mejor instrumento de la justicia; y la segunda, que el Derecho es siempre muchísimo más que una norma legal, pues si bien es cierto que la ley es obligatoria, general, abstracta y de observancia forzosa -tanto para gobernantes y gobernados al emanar del poder soberano de una nación-, no deberemos confundirla jamás con la ciencia jurídica de la cual la ley es tan sólo una parte; una parte importante si se quiere, pero sólo eso: una parte del todo.

     

    Sobre el punto en comentario, es lamentable que las grandes mayorías piensan -prejuiciosa o incorrectamente, valdría decirlo-, que “la ley es sinónimo del Derecho” e incluso: “que la ley es el Derecho en sí”. No se ponen a pensar que la ley o normas legales son nada más que una de las diversas manifestaciones de la ciencia jurídica. De manera que la ciencia jurídica es mucho más que la simple ley, e incluso que la coloquialmente llamada “Ley de Leyes”, que es la Constitución Política de un país. El antes planteado no es un problema menor, pues acaso de él se derivan problemas jurídicos mayúsculos.

     

    Acaso uno de los problemas más sentidos algunas de las llamadas “fuentes formales de la ciencia del Derecho”, tales como la doctrina jurídica -es decir, la teoría u opinión de los tratadistas-, o los llamados principios generales del Derecho -que son las ideas fundamentales no escritas pero evidentes, los cuales son inmutables-, o bien la jurisprudencia -esto es, los criterios de interpretación de las normas que elaboran los Tribunales judiciales competentes para ello-, pese a formar también parte integral de la llamada ciencia jurídica o Derecho, rara vez, ya en la práctica, son estudiadas, analizadas, aquilatadas y mucho menos comprendidas.

     

    En todo eso, en esos crasos errores injustificables en un estudioso de la ciencia jurídica, nosotros los Abogados hemos fallado garrafalmente, pues nosotros mismos -debido en mucho a nuestra ignorancia, pasividad o indiferencia acerca del tema-, jamás hemos pues los puntos sobre las íes, dando por descontado que el resto de la sociedad debiera saberlo. Y si no lo sabe -o finge no saberlo- alguien que se supone debiera ser experto en el tema jurídico, pues el problema se amplifica de manera brutal. Es un auténtico desafío intentar enseñar Derecho, externando ahora este mea culpa profesional que me siento obligado a externar públicamente por ejemplificador; siendo docente del Derecho desde hace casi 30 años, lo primero que le digo a mis alumnos es que ello no están estudiando allí en las aulas “la carrera de leyes”, sino la carrera de Derecho, que aunque lo parezca a simple vista, no es lo mismo.

     

    Por otro lado, siendo el Derecho la ciencia del “deber ser”, entonces debiera ser preocupación fundamental del Estado el que nada ni nadie -gobernantes, legisladores o administradores de justicia-, se encuentre por encima del Derecho, y que por tanto todos, en cualquier nivel, se sujeten y sometan a él.

     

    No obstante, existen a diario pruebas irrefutables de que las cosas no son exactamente así. Con 3 cotidianos “botones de muestra” bastará para demostrarlo:

     

    a) “Nada ni nadie por encima del Derecho”, se nos enseña a los juristas desde las aulas; pero los hechos nos demuestran que la realidad es más sabia que el Derecho.

    b) “Nadie es culpable hasta que no se demuestre su culpa”, pero en México se persigue y encarcela sin más a los individuos por meras sospechas acerca de presunta responsabilidad criminal, prejuiciosamente y casi siempre por simples razones políticas.

     c) “México en un Estado de Derecho”, pero ocurre que en vez de someternos todos al marco Constitucional vigente y a las leyes que de ella emanen, se cambia su texto a capricho o simple conveniencia del gobernante en turno, a fin de “ajustar” al marco Constitucional a sus programa político, en vez de hacerlo exactamente al revés: que se ciña su actuar al marco Constitucional vigente; de manera que lleva más de 500 reformas nuestra actual Constitución General de la república, en sus casi noventa años de existencia, y por ende no es ni la sombra lo que antes era de tanta cirugía cosmética.

     

    Para terminar con este apartado, cabría apuntar que pese al ancestral escepticismo como jurista que soy -el cual pareciera ser una especie de “deformación profesional” de todos los Abogados o Licenciados en Derecho-, conservamos intacta la esperanza de que juntos podamos planear un Estado mejor para nuestros hijos. Eso es lo que nos anima a diario, y ése el primordial motivo para participar activamente en este Seminario.

     

    3. Diferencias básicas entre los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos sociales. Es pertinente diferenciar ahora algunos conceptos jurídicos que suelen ser ignorados o confundidos en la práctica, con el objeto de cerciorarnos que estemos hablando todos nosotros de los derechos sociales exigibles de los mexicanos. 

     

    La pertinencia estriba en que las palabras son instrumentos con los cuales se construyen juegos del lenguaje, y sólo entendemos el significado de las palabras cuando comprendemos su utilidad real; de tal manera que es posible afirmar que las imprecisiones son relativamente frecuentes en la ciencia jurídica, la mayor de las veces debido a que indiscriminadamente se utilizan como sinónimos conceptos que no lo son. Ya en la práctica, los propios juristas con frecuencia nos equivocamos en su uso; e incluso el legislador, el juzgador y el gobernante continuamente yerran confundiendo una cosa con otra. Un ejemplo evidente lo es el término: “derechos humanos”.

     

    Porque al decir derechos humanos presuponemos casi todos que es exactamente lo mismo que decir, por ejemplo, derechos naturales, derechos innatos, derechos subjetivos públicos, garantías individuales, principios generales del Derecho, derechos sociales o derechos fundamentales; pero no lo es. Imposible dedicarnos aquí y ahora a desentrañar cada concepto, pues sólo pretendemos poner el punto de los conceptos jurídicos de uso común en el tapete de las discusiones académicas. Sin embargo, intentaremos algunos ejemplos nos serán muy útiles en nuestro propósito de centrarnos de una buena vez en el tema que nos hemos propuesto desentrañar.

     

    En efecto, analizado con sencillez ambos conceptos, es factible afirmar que existe una sutil diferencia, a veces de simple énfasis e intensidad entre las garantías individuales -plasmadas por cierto en los primeros 28 artículos de nuestra Constitución Política mexicana-, con respecto de los llamados derechos humanos que se contienen y puntualizan en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, su diferencia rebasa lo meramente conceptual y se subraya respecto de su eventual exigibilidad ante el Estado. De tal manera que, en tanto que las garantías individuales sí son exigibles directamente ante el Poder Judicial de la Federación ante su eventual violación mediante el juicio de amparo, los derechos humanos no lo son ante los Tribunales jurisdiccionales que administran justicia al no formar parte del catálogo de normas de nuestro Derecho Positivo vigente.

     

    La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un Tratado internacional propiamente dicho acorde a nuestra Constitución Política, ni está suscrito por el Presidente de México con la ratificación del Senado de la república, por lo cual no es una normatividad legal observable en el país atento a lo estipulado por el artículo 133 Constitucional. Así, las “recomendaciones” que a manera de resolución de una queja por violación a los mismos formula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son muestra palpable de ello ya que no son vinculatorias, al carecer el Ombudsman del imperio normativo y la coercitividad necesarias para hacerlas cumplir en la práctica.       

     

    Así mismo, no pueden equipararse las aludidas garantías individuales, con las llamadas garantías sociales, pues se ha evidenciado una clara distinción entre el “individuo político” y el “individuo social”, debido a la transformación operada no sólo en la teoría general del Estado, sino también en la doctrina jurídica de los derechos individuales, los cuales se hallan limitados por los sociales.

     

    Al respecto, Alberto Trueba Urbina, uno de los tratadistas mexicanos más notables en esta materia realmente poco explorada, afirmó: “…Mientras que las garantías individuales son atributos exclusivo de los individuos, las garantías sociales corresponden al hombre visto desde la perspectiva social.”    

     

    En cambio, sin ser exactamente lo mismo, es factible afirmar que los derechos sociales sean el resultado lógico-jurídico de las garantías sociales que obligan al Estado a favor de ciertos grupos de la colectividad perfectamente definidos, hallándose plasmadas éstas a nivel Constitucional, y siendo desarrolladas luego en legislaciones específicas: laboral, agraria, educativa, de salud, seguridad social, etc.

     

    Además, los derechos sociales -aquí hablaremos de ellos, preferentemente-, tienen siempre 3 cualidades básicas, a saber:

     

    a)               Son normas taxativas, pues limita o circunscribe un caso concreto a determinadas circunstancias, sin admitir discusión al respecto de su existencia;

    b)               Son normas de orden público e interés social,  lo que implica que son normas legales que no pueden ser alteradas, ni por la voluntad de los individuos, ni por la aplicación del derecho extranjero; siendo además una pretensión de la colectividad su aplicación en favor de los sujetos protegidos por las mismas; y,

    c)                Son normas irrenunciables e inalienables, es decir, que en razón de su propia naturaleza intrínseca respecto de ella no procede renuncia, ni tácita ni expresa, a su protección; ni tampoco se puede negociar su observancia.

     

    4. ¿Qué son los derechos sociales exigibles? Su naturaleza intrínseca a la luz de la ciencia jurídica. Sentado todo lo anterior, ahora sí estamos en la posibilidad de comenzar a desarrollar el tema de los llamados derechos sociales exigibles. Para empezar, centrémonos en el Derecho Social, del cual surgen.

     

    Siguiendo al insigne tratadista Gustavo Radbruch, “El Derecho Social debe su contenido a una nueva concepción del hombre por el Derecho… no conoce personas individuales, sino patrones y trabajadores, terratenientes y campesinos, profesores y estudiantes, o empleados y personas productivas necesitadas de protección social, etc.”, Luego entonces, a diferencia de otras Ramas de la ciencia del Derecho o de las disciplinas que las integran, el Derecho Social hace siempre especial énfasis en el trato jurídicamente diferenciado a que propenden la serie de normas, eminentemente tuitivas y proteccionistas -casi compensatorias-, que fueran diseñadas con la única finalidad de proteger a los miembros de determinadas clases sociales, como lo son, por ejemplo, los obreros y/o los campesinos.

     

    Ahora bien, como juristas e investigadores en esta hermosa disciplina, sostenemos que la fórmula en que descansa el Derecho Social -al menos en México, pues este concepto no es universal ni uniforme en el Derecho mundial-, es simple de enunciar pero harto compleja de materializar en la práctica: Darle más a quien más necesita, menos al que necesita menos, y nada al que afortunadamente nada necesita.

     

    Para ello se parte de la premisa básica de que los seres humanos no somos todos iguales, pues en la vida no es lo mismo un banquero que un obrero, aunque ambos tengan una cabeza, un tronco, piernas y brazos, una alma y un espíritu; la diferencia esencial estriba aquí en que las posibilidades de realización personal entre ambos son abismales. Es allí donde el Derecho Social opera a plenitud para cerrar la enorme brecha que les separa -rompiéndose de paso con la mítica “igualdad de oportunidades”, para comenzar a hablar de “igualdad de logros”-, ya que tratar igual a los que son desiguales sólo produce injusticia, y esa no es la finalidad del Derecho.

     

    Entonces, el punto medular lo resume perfecto el más grande jurista del Derecho Social que ha tenido México, el Dr. Mario de la Cueva, quien magistralmente afirmaba: “Entre el fuerte y el débil, es la libertad la que mata.”  Por eso el Estado ha debido intervenir decisivamente a fin de jamás dejar del todo libres a las personas que se ubican en distintas posiciones sociales, impidiéndoles que negocien lo que no es negociable, en aras de acabar con la llamada “ley de la selva”, en donde sólo el más fuerte, hábil o apto sobreviven, en tanto que el resto está condenado a sucumbir. De allí deviene la llamada justicia social, que es una calidad mayor del tradicional concepto de “justicia” que pretendía dar a cada quién lo que le corresponde; una justicia que, así las cosas, es equitativa y redistributiva entre los componentes de una sociedad organizada.   

     

    Porque los derechos dejan de ser individuales y se convierten en sociales cuando se contempla al hombre como parte del tejido social.

     

    Y de alguna manera, claro está, aún si saberlo o reconocerlo todos, solidariamente, integramos la sociedad, la que debe ser siempre regulada por el Estado al ser éste garante primario y final de que se alcancen los grandes objetivos sociales trazados, puesto que en materia de los derechos sociales, si el Estado no puede materializarlos, entonces nadie podrá hacerlo. Así de simple y a la par así de complicado el asunto.

     

    Ahora bien, como ya vimos antes, un derecho es la facultad de hacer o de pedir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor; y si se ha dividido para su estudio a la ciencia jurídica en Derecho Privado, Público y Social, por consecuencia lógica, habrá también derechos privados, derechos públicos y derechos sociales, dependiendo del tipo de asunto de que se trate

     

    Entonces, como hablamos aquí de los derechos sociales -así, en plural, para abarcarlos a todos ellos sin distingo-, diremos a manera de definición que son aquellos que, casi siempre plasmados a nivel Constitucional, y con un amplio sentido nivelador de las desigualdades naturales que nos distinguen a los seres humanos, los miembros de una sociedad organizada pueden exigir de sus autoridades e instituciones.

     

    De tal forma que su reclamo mediante la simple petición clara de la pretensión -la que es de suponer no debiera tener mayores exigencias, dada su naturaleza jurídica taxativa, irrenunciable e inalienable-, lograría por ese simple hecho el efecto de materializarlo a favor de sus reclamante como recipiendario natural de él. De modo pues que este tipo de derechos sociales son siempre reclamables por el interesado; es decir, son exigibles al Estado, pues el adjetivo “exigible”, atendiendo a su simple definición diccionarial, significa pedir imperiosamente algo a lo que se tiene derecho.

     

    Pero también habrá qué decirlo: la justicia no es “automática”. Así, en la hipótesis de ser inobservada una norma o de ser violentado algún derecho, a fin de que el mismo nos sea respetado o resarcido en su goce y poder así tener acceso a él, invariablemente deberemos pedirlo -no rogarlo ni exigirlo; sólo pedirlo-, siempre ante la autoridad competente, administrativa o judicial, dependiendo del tipo de derecho de que se trate. Y sucede lo mismo ya sea con el derecho privado, público o social: es menester pedirlo. 

     

    Con lo expuesto es ya posible obtener una primera gran conclusión: no basta la simple existencia de un derecho social para que éste se respete o materialice, pues en caso necesario el ciudadano tendrá siempre la acción para ejercitarla y deberá exigir de la autoridad que el mismo se observe, preserve o respete, aún en un Estado social de derecho dedicado a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad -resultado de las exigencias de una mayor seguridad económica y justicia social que han quedado concretadas en los Derechos Sociales-. Aunque también debamos sostener desde ahora que hay derechos sociales que sí son exigibles y otros no, puesto que en la práctica su materialización es punto menos que imposible y tan sólo se hallan dibujados como una simple aspiración inacabada, aunque estén plasmados en norma jurídica. 

     

    Cabe apuntar al respecto que el surgimiento del Estado social de derecho ha implicado el fin del esquema clásico, el cual dividía a las Constituciones de los países en una parte dogmática y una parte orgánica. Actualmente las Constituciones nacionales suelen presentar una parte social muy definida, habiendo sido la Constitución mexicana de 1917 la primera en el mundo en consagrar dichas garantías o derechos sociales -incluso antes que la soviética-; de manera que dicha parte social está integrada por un vasto elenco de normas taxativas, las que recogen aspiraciones populares, establecen programas sociales o, en su caso, fijan metas a alcanzar por el Estado. México es pues pionero en este tipo de Constituciones sociales en el mundo, y es un referente jurídico obligado en esta materia, por más que no se haya avanzado mucho a ese respecto.

     

    Insistimos en el punto que nos interesa destacar: el Derecho Social estará siempre integrado por normas jurídicas con principios eminentemente protectores de las personas, grupos y sectores sociales débiles, propiciando la convivencia armónica de ellos e intentando acortar la brecha económica que suele separar a aquellos de otros grupos sociales en condiciones por completo disímbolas (por ejemplo: empleadores y trabajadores; parvifundistas y campesinos, etc.) De manera pues que la idea central en que se inspira, es la eventual “nivelación de las desigualdades” naturales de los individuos, en aras de intentar proteger siempre a los débiles de los poderosos.

     

    Más aún, el Derecho Social contemporáneo, con elevado contenido humano impone al Estado el deber de proteger a las clases económicamente débiles, una fórmula de vida colectiva y de actividades de grupos sociales cuyo elemento básico lo es el ser humano en cuanto miembro de la sociedad. Y por ende, el Derecho Social mexicano del siglo XXI se compone de un listado normativo, no limitativo sino enunciativo:

     

    a)     normas económicas;

    b)     normativas laborales;

    c)      normativas agrarias;

    d)     normativa de cooperativas;

    e)     normativas familiares;

    f)        normativas educativas;

    g)     normativas asistenciales;

    h)      normativas de seguridad social; y,

    i)        normativas de los pueblos indígenas.

     

    Entonces, muchos juristas en el orbe consideran a los Derechos Sociales, más que una Rama del Derecho en sí o un conjunto de disciplinas jurídicas, una simple aspiración política, afirmando que este tipo de derechos son carentes de contenido jurídico obligatorio al no ser jurídicamente delimitables; de manera que los mismos no siempre pueden ser exigidos ante una autoridad administrativa o judicial.

     

    Para ser sinceros muy poco se ha indagado o escrito acerca de este tema -que bien pudiera ser meramente conceptual o filosófico-, pero resulta aconsejable acceder a lo que opinan expertos.  Así, Víctor Abramovich y Christían Courtis, consideran en su obra intitulada sugestivamente: “Los derecho sociales como derechos exigibles”, que aunque muchas Constituciones y Pactos ratificados por los Estados contemporáneos incorporen en sus textos fundamentales los derechos sociales, la tendencia doctrinaria mayoritaria y especialmente su práctica les ha restado valor en cuanto derechos, considerándoles como meras promesas de corte político o, a lo sumo, derechos que son prejuiciosamente tildados de “incompletos”. Sin embargo, a partir de la experiencia obtenida de tribunales internacionales y de diversas naciones con mayor cultura sobre la temática, ambos autores argumentan a favor de una concepción de los derechos sociales como verdaderos derechos -pretensión en lo que nosotros coincidimos plenamente, por cierto-, urgiendo a volverles exigibles como obligaciones jurídicas que son, mediante un panorama completo de estrategias encaminadas a su exigibilidad.

     

    Porque siendo una de las características esenciales de los derechos sociales el ser de carácter prestacional (ellos siempre aluden a una prestación determinada para el gobernado: educación, salud, vivienda, etc.), habría entonces qué preguntarnos:

     

    – ¿De qué nos sirve en México que el artículo 3° Constitucional señale que todo individuo tiene derecho a educación, si no hay la infraestructura instalada suficiente para atender este justo reclamo social ni tenemos plena garantía a su acceso?

     

    – ¿De qué sirve que el artículo 4° Constitucional establezca que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, si tampoco existe la infraestructura necesaria para otorgarla a todos sin distingo, y para colmo hoy se le cobra el servicio incluso a los desempleados y los más desposeídos del país?

     

    – ¿De qué sirve que el mimo precepto en cita establezca el derecho a disfrutar de una vivienda digna o decorosa, si a pesar de los Programas oficiales el retraso ancestral en esta materia es más que evidente y nadie nos garantiza el acceso a este derecho, que no es solo social, sino que es además un típico derecho humano?

     

    Pues bien, es factible entonces acceder ya a una segunda gran conclusión: de nada sirve que aparezcan plasmados en el texto Constitucional, si no existen los mecanismos jurídicos necesarios para volverlos exigibles y reclamables al Estado. De tal suerte que acaso el mayor de los problemas estriba en dilucidar cómo se deben materializar este tipo de derechos sociales en México, pues si afirmamos -y hasta doctrinariamente demostramos de que los mismos son exigibles-, ¿qué sucede cuando se inobservan o no se colman los mismos oportunamente?

     

    Aquí las preguntas pertinentes serían múltiples: ¿Quién puede demandar el cumplimiento cabal y oportuno de dichos derechos sociales? ¿A quién se demanda, al Estado o a los organismos públicos a quienes se les ha confiado la encomienda? ¿Ante quién se demanda, en los juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación o ante qué Tribunal jurisdiccional? ¿La competencia es del orden federal o local? ¿En qué vía se demanda el cumplimiento de ese derecho social: administrativa, civil, laboral, agraria o especial? ¿Qué procedimiento deberá observarse en cada caso en particular? ¿Cuándo se puede o debe demandar su obsequio, en la hipótesis que se deniegue tácitamente el mismo o cuando exista negativa expresa? ¿La sentencia o resolución que se dicte tendrá efectos restitutivos de manera en que se obligue al Estado a concederlo, o será meramente declarativo? 

     

    En fin, el listado puede ser tan extenso como se quiera. Pero la supina ignorancia acerca de nuestros derechos mínimos impide, en gran medida, que éstos se materialicen en la práctica, consiguiendo de paso la anhelada justicia social. Porque ya sabemos que derecho que no materializa o que no pude ser exigido en la práctica, es letra muerta.  Entonces, ¿cómo hablar aquí con pertinencia y absoluta congruencia a nuestro marco jurídico, abordando el complicado tema de los llamados Derechos Sociales exigibles, si ni siquiera sabemos con absoluta certeza qué son, cuáles son, o no entendemos siquiera porqué lo son? ¿Cómo delimitar correctamente la temática para saber cómo, dónde, cuándo y ante quién pedirlos? ¿Qué hacer para resolver o al menos atemperar esta compleja problemática social en el futuro mediato e inmediato?

     

    En nuestra opinión, el que los derechos sociales no disfruten de una aplicabilidad inmediata, o no tengan una manera clara de ser reclamados en la práctica, no significa que sean simples proposiciones programáticas, pues en tanto aparezcan plasmadas en el texto Constitucional y en las leyes reglamentarias de ella -e incluso en legislaciones secundarias de orden público e interés social-, son obligaciones del Estado, y continuarán siéndolo a pesar de que en la práctica sea imposible su materialización.

     

    Porque analizado ese punto objetivamente, ninguna culpa tenemos los ciudadanos y gobernados que el Constituyente Originario -o el Permanente, en caso de haberse reformado el precepto de mérito-, por alguna razón no hubiese desarrollado de manera correcta su reconocimiento jurídico o fundamentación, ni tampoco el que se haya omitido expresar los aspectos tendientes a su concreción material. Si algo ofende y molesta al ciudadano, es la discrecionalidad de nuestras autoridades en este rubro.

     

    Recordemos que la inversión social no es un gasto; ya es hora de dejar de ver a los derechos sociales como una carga para el Estado. Ellos son los poderosos instrumentos para un cambio social, un cambio verdadero para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, más allá de sus posibilidades económicas. Éste es el momento de reconocer y resolver los grandes problemas que subyacen detrás de los derechos sociales exigibles. Y por ende, lo que sigue -plasmado a manera de Conclusiones-, serían nuestras propuestas a incluir en una Agenda Nacional de Desarrollo 2006-2020.

     

    5. Conclusiones y propuestas. Se requiere que con absoluta responsabilidad y verdadero compromiso social, nuestros próximos gobernantes, legisladores y juzgadores, asuman las tareas que a cada quién correspondan en su ámbito competencial, comenzando a delinear el Estado social de derecho que aspiramos a tener en el siglo XXI. Al respecto recordemos que conforme al artículo 39 Constitucional, la soberanía nacional reside en el pueblo, que todo poder público dimana de él y se instituye para beneficio de éste, pues además el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

     

    De manera que el Constituyente Permanente -entendido aquí como el genuino representante popular-, con arreglo al artículo 135 Constitucional, puede y debe rediseñar el tipo de gobierno y de país que pretenda ser.  Urgiría por tanto efectuar las adecuaciones estructurales necesarias, siempre a partir de nuestra propia norma Constitucional, no sólo para reformar lo necesario, sino más bien para refundar el tipo de nación que aspiramos ser durante el siglo XXI.

     

    Para ello, a fin de evitar interpretaciones amañadas acerca del tema, en necesario resolver primero el enigma jurídico de si estos derechos sociales son prestacionales o son asistenciales, es decir, determinando de una buena vez su naturaleza intrínseca, determinando si son o no auténticos derechos fundamentales de los mexicanos, o son simples enunciados retóricos de corte político que sería materializados siempre que las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales lo permitiesen. A nuestro entender, precisando el grado de obligatoriedad de los mismos resolvería en gran medida la agria disputa que históricamente se ha dado a este respecto acerca de su ancestral indeterminación con respecto de sus alcances jurídicos.

    Resulta pues indispensable elaborar, mediante los consensos alcanzados con todos los actores políticos y sociales involucrados, un verdadero Programa Social Nacional del Estado Mexicano para el siglo XXI., que sea de corte Estatal y no sólo no gubernamental, a fin de que trascienda los planes sexenales en el rubro de los derechos sociales. Los grandes temas son ya perfectamente delimitables: alimentación, salud, trabajo, educación, vivienda, seguridad social, grupos indígenas, medio ambiente, y otra serie de temas análogos de seguridad nacional como el acceso al agua, resolviendo de una buena vez qué hacer a este respecto a corto, mediano y largo plazos, y qué ocurrirá con aquellos individuos que no tengan incluso para pagara este servicio vital.

     

    Al hacerlo se acabaría con la discrecionalidad Estatal, la cual ha sido la constante en materia de los derecho sociales exigibles en México, resolviéndose la duda existencial de si el ciudadano se encuentra efectivamente ante un derecho positivo “de hacer” a cargo del Estado -y por ende le es reclamable en todo tiempo-, o bien si pese a estar plasmado el mismo en norma Constitucional, el grado de su eventual exigibilidad -al igual que la manera de satisfacerlo en la práctica-, quedará condicionado a las posibilidades económicas reales del Estado en esa materia. Porque sentimos que la fórmula utilizada hasta ahora, en el sentido de que el legislador ordinario determine en las leyes reglamentarias respectivas la manera en cómo será obsequiado dicho derecho social exigible, lejos de resolver la problemática, la ha venido a complicar.

     

    Por eso deberá establecerse con claridad meridiana, en el propio texto Constitucional, desde el qué, el cómo y el cuándo del derecho social prestacional de mérito, dándose los lineamientos básicos en que debe expedirse las leyes reglamentarias respectivas a fin de no dejar al arbitrio o capricho del legislador en turno lo que atañe a su satisfacción, y evitando de paso su eventual politización o partidización. Ello serviría además para que las propias autoridades supieran hasta qué grado le podrían ser exigibles dicha obligaciones por la ciudadanía, para que previeran con toda responsabilidad y hasta oportunidad la manera de poder satisfacerlas a cabalidad.  Para nosotros allí subyace el quid del asunto que nos ocupa y preocupa.

     

    Para decirlo de una manera que todos entendamos: es necesario determinar de una buena vez, a nivel Constitucional, los alcances de los derechos sociales exigibles. Si son “vino nuevo en odres viejos”, o es exactamente al revés.

     

    Confiamos pues en que esta modesta contribución sea de alguna utilidad práctica. Sinceramente lo deseamos por el bien de México y de todos los mexicanos.

     

    México, D.F., 23 de Marzo de 2006.

     

    DR.  ÁNGEL  GUILLERMO  RUIZ  MORENO

    Investigador Nacional y de la Universidad de Guadalajara             

     

     

    RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE LA PONENCIA:

     

    Se requiere que con absoluta responsabilidad y verdadero compromiso social, nuestros próximos gobernantes, legisladores y/o juzgadores, asuman la colosal tarea de delinear y refundar el Estado social de derecho que aspiramos a tener en el siglo XXI. Para ello, resultará indispensable reformar nuestra Constitución Política mexicana.

     

    El Constituyente Permanente, a fin de evitar interpretaciones interesadas acerca del tema, deberá establecer si los derechos sociales son prestacionales o son asistenciales, determinando también su naturaleza intrínseca y precisando el grado de obligatoriedad de los mismos, junto con sus alcances jurídicos. Al hacerlo se acabaría con la discrecionalidad Estatal, la cual ha sido la constante en materia de los derecho sociales exigibles en México, dándose los lineamientos básicos en que debe expedirse las leyes reglamentarias respectivas a fin de no dejar al arbitrio o capricho del legislador en turno lo que atañe a su satisfacción, evitando de paso su eventual politización o partidización.

     

    Resultara indispensable luego elaborar, mediante consensos en los que se escuche a todos los sectores y actores sociales involucrados, un verdadero Programa Social Nacional del Estado Mexicano para el siglo XXI. Los grandes temas son perfectamente delimitables: alimentación, salud, trabajo, educación, vivienda, seguridad social, grupos indígenas, seguridad económica, medio ambiente, y otra serie de temas análogos.

     


    Acerca del tema de la ciencia del Derecho, existen múltiples e importantes obras al respecto; de suyo todos los Diccionarios Jurídicos abordan siempre esta compleja temática. No obstante, para fines exclusivamente propedéuticos, recomendamos al interesado en el tema acceder al libro de nuestra autoría: Nuevo Derecho de la Seguridad Social. Décima Edición actualizada. Editorial Porrúa. México, 2006. Págs. 139 y sigs.

    Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Décimo tercera edición. Tomo II, “d/h”. Editorial Porrúa. México, 1999. Pág. 935.

    Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima segunda edición. Tomo I, “a/g”. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2001. Págs. 751-752.

    Diccionario de Derecho Privado. Obra jurídica dirigida por Ignacio de Casso y Romero. Segunda reimpresión. Tomo II, “g-z”. Editorial Labor. Barcelona, 1961. P. 2511.

    Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en sesión plenaria del 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea general de la ONU. La misma fue oportunamente ratificada por México al través de su representante diplomático en dicha Organización.

    El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en lo conducente: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión…”

    Para constatarlo, ver el texto del artículo 102-B Constitucional, así como el de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reformada y vigente.

    Las garantías sociales. Segunda Edición. Obra publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poder Judicial de la Federación. México, 2005. Pág. 45.

    Trueba Urbina, Alberto. La primera Constitución político-social del mundo. Teoría y proyección. Editorial Porrúa. México, 1971. Pág. 29.

    Radbruch, Gustavo. Citado por Federico J. Gaxiola, en: Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo II, “d-h”. Voz: Derecho Social. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Décima tercera edición. México, 1999. Pág. 1040. 

    De la Cueva, Mario. Citado por Ángel Guillermo Ruiz Moreno en el proemio del libro: Nuevo Derecho de la Seguridad Social. Décima Edición actualizada. Editorial Porrúa. México, 2006.  

    Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima segunda edición. Tomo I, “a/g”. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2001. Pág. 1018.

    Las garantías sociales. Segunda Edición. Obra publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poder Judicial de la Federación. México, 2005. Págs. 15-16.

    Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Prólogo de Luigi Ferrajoli. Segunda edición. Editorial Trotta. Madrid, 2004.  

    El artículo 39 Constitucional, literalmente establece en su texto: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”   

    Dejar un comentario