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Autonomía del derecho de la seguridad social

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Ponencia presentada en el seminario internacional

AUTONOMÍA DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO ESPECIALES

organizado por

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (CISS),

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, Y

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (CODESS)

BOGOTÁ, COLOMBIA, 29 A 31 DE AGOSTO DE 2007

 

 Sumario: 1. Introducción al tema abordado. 2. Concepto de Seguridad Social. 3. Concepto de Derecho de la Seguridad Social. 4. Consideraciones respecto de la autonomía del Derecho de la Seguridad Social. 5. Conclusiones.           

 

 

1. Introducción al tema abordado.

 

            Iniciaremos nuestra exposición afirmando que el concepto de seguridad social, más que jurídico es de índole filosófico, ya que en él pueden englobarse prácticamente todas las ideas y aspiraciones humanas para alcanzar una vida justa, plena y feliz, al estar -y sentirse- los seres humanos protegidos por el Estado. Por ello tratar de definir la “seguridad social” es todavía un reto a inicios del siglo XXI, como lo es también apresar conceptualmente al “Derecho de la Seguridad Social”.

 

Así, para estar en posibilidad de analizar si existe o no una real autonomía del Derecho de la Seguridad Social -y por ende se trata de una disciplina jurídica diferente a otras cuyo objeto de estudio es distinto-, será necesario explicarnos antes cómo fue que se introdujo este magnífico esquema protector en la ciencia jurídica, a fin de poder acometer luego, con el debido rigor metodológico y de forma razonada, la tarea propuesta. 

 

            No se omite señalar desde ahora que por razones de simple pertinencia aludiremos en nuestra exposición de manera preferente -que no exclusiva- a la legislación y experiencia mexicanas.

 

2. Concepto de Seguridad Social.

 

Para describirlo coloquialmente, la seguridad social es una especie de “red protectora” en el “circo” de la vida, necesitada por los seres humanos que fue creada por la sociedad y originariamente administrada por el Estado, manto protector que cuida de  nosotros -y de nuestro núcleo familiar directo dependiente económico- en el evento de que suframos alguna contingencia de vida, protegiéndonos mediante una serie de medidas económicas, de salud y prestacionales, que a nuestra manera de entender sólo funcionará correctamente a condición de que se preserve a la “solidaridad social” como su eje y razón de ser; y claro: de que el  Estado no suelte las cuerdas que tejen y sostienen a esa magnifica “red protectora”.

 

Si lo que los seres humanos somos es pura y radical inseguridad -como bien dijera Ortega y Gasset-, y este mundo es un lugar riesgoso, entonces ¿quién mejor que el Estado para tejer y sostener esa red?  Por ello es que la seguridad social, entre otras muchas cosas es un derecho humano y social, pero también un servicio público al cargo del Estado.

 

¿Por qué debe existir y subsistir la seguridad social? La desigualdad y la injusticia son resultados naturales de la condición humana, y por ende todas las personas tenemos distintas maneras de realización individual y diferentes posibilidades reales de alcanzarlas. Por ello el reto es enorme y la idea grandiosa: ¿Cómo nivelar las desigualdades naturales de los seres humanos? Ciertamente ésa fue una de las premisas básicas que debió responder el propio canciller alemán Otto Von Bismarck, creador del primero Seguro Social del planeta, cuando entendió que el Estado está para paliar iniquidades, ya que si el Estado no puede hacerlo, entonces nadie podrá.   

 

Partamos pues de esta idea básica: Toca al Estado la ineludible responsabilidad originaria de prevenir, paliar o remediar las necesidades básicas de los seres humanos, derivadas de las contingencias naturales de vida, y a la par es también la seguridad social un bastión en la construcción del propio Estado; porque bien comprendido el punto en cuestión, sin un sistema tuitivo y equitativo que distribuya solidariamente los riegos de vida, la disminución de las disparidades sociales e intente cerrar la brecha entre ricos y pobres, el Estado sería poca cosa. 

 

Ahora bien, la idea es tan antigua como la humanidad misma pero no fue sino hasta siglos después cuando se pudo consolidar. Por estas tierras de la llamada América morena” se sabe que el propio Libertador Simón Bolívar utilizó por vez primera el concepto seguridad social, según narra el juslaboralista Carlos Sáinz Muñoz:

 

            …El Libertador Simón Bolívar definió el mejor sistema de gobierno posible en un inolvidable discurso, en el Congreso de Angostura (hoy Ciudad Bolívar), el 15 de febrero de 1819, cuando proclamó: “Que el sistema de gobierno más perfecto es aquél que produce mayor suma de bienestar posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política.”

 

Ello demuestra la idea “Bolivariana” de una gran nación de países, porque sabía que tanto la estabilidad política como la económica implican seguridad social, junto con otro variado elenco de aspiraciones humanas, pues no existe política de tan fuerte efecto social como la instrumentación de políticas económicas dirigidas hacia el bienestar de lo mejor de un pueblo, que es su propia gente. Eso no es un gasto, sino una inversión.

 

Sin embargo, por más visionario que pudiésemos considerar al Libertador Bolívar, lo cierto es que tendrían que pasar 7 décadas para que surgiera el que sería, no sólo el instrumento básico para alcanzar dicha aspiración humana, sino el antecedente primario e histórico de ese esquema protector: el Seguro Social.  

 

En efecto, Mario Pasco Cosmópolis afirma que el concepto de seguridad social fue definido por primera vez en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, reunida en Filadelfia (E.U.A.) en 1944, en los siguientes términos:

 

…La ‘seguridad social’ engloba un conjunto de medidas adoptadas por la sociedad con el fin de garantizar a sus miembros, por medio de una organización apropiada, una protección suficiente contra ciertos riesgos a los cuales se hallan expuestos. El advenimiento de esos riesgos entraña gastos imprevistos, a los que el individuo que dispone de recursos módicos no puede hacer frente por sí solo, ni por sus propios medios, ni recurriendo a sus economías, ni siéndole tampoco posible recurrir a la asistencia de carácter privado de sus allegados.

 

            Dicha definición es ya un acercamiento bastante aceptable para describir la amplitud teleológica a la que aspira la seguridad social; no obstante, creemos que el concepto se quedó corto al señalar que cubría sólo “…ciertos riesgos…” (sic), y ha debido evolucionar sensiblemente al transcurrir el tiempo -en mucho debido a William Beveridge, a mitad del Siglo XX-, modificándose el concepto acorde a la óptica contemporánea que permea en dicha materia al convertirse en una política social y económica de Estado, básica en cualquier nación del mundo.

 

            Por su parte, el jurista mexicano Gustavo Arce Cano, en su obra clásica intitulada: “De los seguros sociales a la seguridad social” -cuyo título es muy sugerente para entender las diferencias de uno y otro concepto-, publicada en el año de 1972, inteligentemente deja hasta el último párrafo de su libro el intentar aproximarse al concepto seguridad social, un esfuerzo que vale la pena transcribir para analizarlo luego a la luz de la realidad de más de 7 lustros después:

 

La seguridad social es el instrumento jurídico y económico que establece el Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el derecho a un ingreso para vivir y a la salud, a través del reparto equitativo de la renta nacional y por medio de prestaciones del seguro social, al que contribuyen los patronos, los obreros y el Estado, o alguno de éstos, como subsidios, pensiones y atención facultativa, y de servicios sociales, que otorgan de los impuestos las dependencias de aquél, quedando amparados contra los riesgos profesionales y sociales, principalmente de las contingencias de la falta o insuficiencia de ganancia para su sostenimiento y el de su familia.

 

            De avanzada para su tiempo, sólo una objeción pertinente a dicha definición: a nuestro parecer, Arce Cano incurrió en un grave error de apreciación al considerar la seguridad social como un “instrumento jurídico”, confundiéndolo entonces con el Derecho de la Seguridad Social -lo que es distinto, según se verá luego-. Ello, contrario a lo que podría suponerse a primera vista, no es un asunto menor.

 

Luego, Ignacio Carrillo Prieto apunta -en cita extensa pero ilustrativa cuyos razonamientos hacemos propios-, cómo se encuentra contemplado en el Derecho mexicano el rubro que atañe a la seguridad social:

 

La Declaración de Derechos Sociales lleva por rubro: ‘Del Trabajo y la Previsión Social’. La denominación proviene de la Constitución Política del año de 1917, pero resulta actualmente inadecuada en su segunda parte, pues el desarrollo de nuestras instituciones ha desbordado los límites de la previsión social, volcándose sobre el terreno de la seguridad social.

Los diputados a la Asamblea de Querétaro se preocuparon por el trabajador asalariado y limitaron a él los beneficios de la previsión social; tal fue por lo menos la interpretación originaria, a diferencia de las leyes vigentes, que sin tener todavía el sentido universal que corresponde a la seguridad social, se extienden a grupos de personas -cooperativistas, ejidatarios, profesores universitarios, campesinos, etcétera- que no caen dentro del concepto tradicional del trabajador. Es de esperar que en un futuro próximo, el poder expansivo de la Declaración se extienda a toda la población mexicana.

El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social poseen un mismo fundamento y su propósito, a pesar de las aparentes diferencias en uno solo: asegurar al hombre una vida digna. La diferencia entre los dos Estatutos mira más bien al tiempo, pues el Derecho del Trabajo contempla el momento de la prestación de los servicios a fin de que no se dañe la salud del trabajador o se ponga en peligro su vida, de que se respeten la dignidad y la libertad del hombre y se le pague una retribución adecuada y equitativa. La seguridad social contempla al niño, a la familia y al anciano o inválido, independientemente de la prestación actual de un servicio.

 

            En efecto, la seguridad social en México, al través del Derecho de la Seguridad Social que al paso de los años se fue creando y estructurando -específicamente a partir de 1943 con el surgimiento del primer Seguro Social nacional, pero sobre todo a raíz de la Ley del Seguro Social del 1° de abril de 1973-, quedó inevitablemente vinculado al Derecho del Trabajo por simples razones de origen, al encontrar ambos su fundamento en el mítico artículo 123 de nuestra Carta Magna.

 

El Derecho del Trabajo y la seguridad social nacieron juntos, sin llegar a ser siameses en el Derecho Constitucional mexicano; hermanados por la misma matriz, convivieron algún tiempo juntos como buenos vecinos acaso porque el legislador secundario federal no tenía todavía muy madura la idea y creyó que la previsión social podía recargarse íntegra o hasta subsumirse en la seguridad social. Pero al paso del tiempo sucede que, ni se desarrollaron igual y cada uno ha debido tomar su propio camino, asumiendo sus propias figuras y regulaciones.

 

            Obsérvese que cuando Carrillo Prieto alude al concepto “Estatutos” se está refiriendo a la normativa legal derivada del Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social autónomamente vistos y entendidos, este último que paso a paso, lenta pero imparablemente se fue consolidando y digamos que “deslaboralizando” en México; especialmente, se insiste, a partir de la Ley del Seguro Social de 1973, la que fue una legislación de avanzada en Latinoamérica en donde al fin  se incluyeron junto al sistema de salud integral, protección de los riesgos de trabajo y el rubro pensionario, a las prestaciones sociales. A diferencia del Derecho del Trabajo mexicano que, salvo la trascendente reforma sólo procesal de 1980, permanece prácticamente intocado desde el 1° de mayo de 1970.

 

De manera pues que la seguridad social ha evolucionado de manera impresionante, siendo factible afirmar que hoy día es el trabajo formal y su regulación legal el que sigue a la seguridad social, misma que ha asumido un liderazgo inequívoco de índole político y económico, lo reiteramos: no sólo en México, sino en todo el planeta entero.

 

Desde luego que oír esto no agrada a los juslaboralistas puros y duros, pero es una verdad incontrovertible -formulada con el debido respeto que ellos nos merecen-, el hecho de que han sido totalmente rebasados por la realidad; al grado que hoy la especialización de la seguridad social y la existencia de expertos en la temática, es también un hecho imposible de ocultar; de manera pues que en pocas palabras: los juslaboralistas a lo suyo, y los segurólogos sociales a lo nuestro.   

 

            Obvio que tras décadas de una vinculación innegable debido a su vecindad Constitucional, en México no resulta nada fácil hablar académicamente acerca de la palpable “deslaboralización” que de un tiempo a la fecha ha sufrido la seguridad social, siendo frecuente que se le continúe aún ligando con el Derecho del Trabajo al seguir considerando que la seguridad social es apenas un simple “apéndice” de aquél.

 

El tema no es nuevo, pues apenas hace un par de décadas que se ha reconocido en México la plena autonomía del Derecho de la Seguridad Social, tanto en los planes de estudio Universitarios, como en otras expresiones académicas. Botón de muestra de ello lo es que a finales del recién concluido Siglo XX, se creó la “Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social” (AMDSS), separándola de una buena vez y por razones de objeto de estudio y cultivo, de la “Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social” (AMDTPS) ya con medio siglo de fructífera existencia.

 

Otro ejemplo palpable -éste de índole político, económico y jurídico, dedicado a quienes no terminan de creer en la trascendencia de lo meramente académico-, es que en México se le ha dado una importancia inusitada a la seguridad social en la última década; muestra de ello lo son las dos últimas reformas estructurales del Estado mexicano, a saber: a) la actual Ley del Seguro Social y, b) la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

 

Por otra parte, doctrinariamente hay antecedentes claros de diversos tratadistas y no sólo en las obras del suscrito -que son utilizadas como libros de texto en el complejo proceso de la enseñanza / aprendizaje del Derecho de la Seguridad Social en México-, habiéndolos también en las ideas de otros tratadistas tanto americanos como europeos.

 

En ese hilo de ideas Néstor de Buen Lozano, acaso el más prestigiado juslaboralista mexicano de la actualidad, quien además ha incursionado con éxito en la seguridad social y hasta obra escrita tiene en esta materia, señala con gran rigor académico y singular acierto que:

 

Una deformación antigua de los conceptos ha asociado históricamente al Derecho del Trabajo con el Derecho de la Seguridad Social. Los planes de estudio de las Universidades suelen colocarlos juntos, a veces en la compañía comprometedora del Derecho Burocrático, en una especie de síntesis de lo más importante del Derecho Social. Por el mismo motivo se ha considerado, por supuesto que sin razón, que ser laboralista lleva en sí mismo el germen de la especialidad de la seguridad social. Nada más falso.

 

            Ello es así porque al evolucionar la sociedad, paralelamente evolucionó también la ciencia jurídica, resultando claro que ahora se tiene una concepción muy distinta de la seguridad social; lo cual viene a confirmarnos el impresionante avance logrado en este rubro, e históricamente nos resulta útil para afirmar ahora la completa autonomía entre ambos Derechos: el Laboral y el de la Seguridad Social, no obstante su permanente interrelación al ser los trabajadores subordinados el principal grupo social sujeto de aseguramiento obligatorio, que no el único.

 

Sucedió entre ambos Derechos aludidos -los que obviamente forman parte del elenco de la Rama del Derecho Social mexicano-, similar separación a la que alguna vez sufrieran el Derecho Civil y el Mercantil en la Rama del Derecho Privado (guardadas en el símil las debidas proporciones y distancias, a fin de evitar el prurito de los jusprivativistas).

 

Nadie debiera dudar ahora que el Derecho de la Seguridad Social es ya por méritos propios una disciplina autónoma, por completo desligada del Derecho Laboral, en razón de diversas circunstancias, entre ellas descollando un punto indiscutible: el que la seguridad social conlleva más aspiraciones sociales que la clásica protección de la clase obrera.

 

Todavía más argumentos a favor de nuestra tesis. Para muestra de la importancia y trascendencia de la callada cuanto efectiva labor de los juristas en la búsqueda de una cabal comprensión del objeto de estudio de la seguridad social, a falta de una definición categórica que logre aprehenderla, el eminente juslaboralista español Manuel Alonso Olea -cuyo innegable talento trascendió a toda la Unión Europea-, en su obra conjunta realizada con José Luis Tortuero Plaza, denominada: “Instituciones de Seguridad Social”, nos acerca a la noción conceptual de la seguridad social, al afirmar:

 

…El segundo, y menos conocido, de los Informes de William Beveridge, (1948, según pie de página) definió la seguridad social como: el conjunto de medidas adoptadas por el Estado para proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos de concreción individual que jamás dejará de presentarse, por óptima que sea la situación de conjunto de la sociedad en que vivan.

Seguridad social, en tal definición, es prevención y remedio de siniestros que afectan al individuo en cuanto miembro de la sociedad y que ésta es incapaz de evitar en su fase primera de riesgo, aunque puede remediar y, en alguna medida, prevenir su actualización en siniestro. La seguridad social es un mecanismo interpuesto entre una situación potencial siempre presente de riesgo y una situación corregible, y quizá evitable, de siniestro, allegando recursos que garanticen el mecanismo.

 

            Y tras una serie de razonamientos que abarcan los riesgos cubiertos, los mecanismos de cobertura y la redistribución de recursos, junto con otros aspectos torales de este servicio público, tales autores hispanos arriban al concepto de seguridad social definiéndolo como:

 

            Conjunto integrado de medidas públicas de ordenación de un sistema de solidaridad para la prevención y remedio de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente evaluables, agregando la idea de que tendencialmente tales medidas se encaminan hacia la protección general de todos los residentes contra las situaciones de necesidad, garantizando un nivel mínimo de rentas.

 

            Como podemos apreciar, en dicho intento de definición se analizan primordialmente los aspectos teleológicos o “finalistas” de la seguridad social, confirmándonos -en lo que más nos interesa destacar ahora-, que aún no se ha podido encontrar un concepto jurídico que universalmente aprese dicho término en toda su extensión, prolijidad e interrelación con otras ramas de la ciencia, ya que es bien sabido que la seguridad social se nutre e informa por prácticamente todas las ciencias, técnicas, programas gubernamentales y actividades desarrolladas por el ser humano en aras de alcanzar su eventual protección integral.

 

Ante tales confusiones conceptuales -pues pareciera que aún siendo expertos, hablamos todos distintos lenguajes o que abordáramos siempre tópicos distintos carentes de la mínima congruencia-, intentando allanar dificultades y siempre teniendo en mente el objetivo de unificar criterios en esta materia de tanta trascendencia nacional y mundial, vayamos pues a lo que la propia OIT ha ofrecido al mundo entero a manera de definición:

 

            …Definiremos la seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.

 

A nuestro parecer la diferencia esencial radica en que, en tanto que la seguridad social es simplemente un concepto de hecho o fáctico, cuando se inserta en el Derecho se convierte en una ciencia de Jure, esto es, ciencia de normas jurídicas sistematizadas, las que son generales, abstractas, imperativas, de orden público e interés social, obligatorias, taxativas, coercibles, irrenunciables, y exigibles ante los tribunales jurisdiccionales. Aquí está la clave.

 

Ése y no otro es el punto esencial, el aspecto fundamental que en muchos sentidos da origen a esta disciplina jurídica; siendo necesario entonces definir el concepto jurídico Derecho de la Seguridad Social.

 

3. Concepto de Derecho de la Seguridad Social.

 

En efecto, en aras de volver obligatoria la prestación del servicio público de la seguridad social por parte del Estado, y a la vez obligar a éste a responsabilizarse de los instrumentos creados para alcanzar dicha aspiración humana encargados de brindar este servicio público -léase: Seguros Sociales-, así como determinándose a los grupos recipiendarios de dicho servicio público y a los sujetos obligados al pago de aportes para su sostenimiento, inclusive las contingencias sociales protegidas, su cuantía y hasta los requisitos de acceso a tales prestaciones, necesariamente hubo de insertarse la seguridad social en la ciencia jurídica, creándose así el Derecho de la Seguridad Social.

 

De tal manera que si en lo sucesivo hablaremos acerca del Derecho de la Seguridad Social, para entenderlo y explicarlo mejor debemos hablar al menos un poco respecto de la ciencia del Derecho, señalando lo básico para luego poder contextualizar nuestras particulares opiniones.

 

No obstante ser el Derecho una ciencia aceptada como tal en todo el planeta, sucede que en pleno Siglo XXl el concepto Derecho es todavía un enorme desafío intelectual intentar apresarlo en una simple definición conceptual, debido en gran medida a su constante evolución.  A ese respecto, decía sarcásticamente el filósofo alemán Emmanuel Kant, ya hacia finales del siglo XVIII: “…Todavía buscan los juristas una definición de su concepto ‘Derecho’…”

 

Eso es una verdad que, pese al impresionante avance científico alcanzado, no ha podido ser revertida, y la afanosa tarea aún prosigue. Por lo que así las cosas, siguiendo las ideas de Kant, entonces más que definirlo será mejor tratar de entenderlo.

 

Pues bien, el concepto Derecho es un analogismo práctico mediante el cual se designa tanto a la propia ciencia jurídica, como a las diversas disciplinas que la conforman y hasta las consecuencias de la misma. Podríase abundar a ese respecto que el concepto Derecho es un adjetivo multívoco, y tan lo es que el propio Diccionario de la Lengua Española -publicado y avalado por la Real Academia Española-, nos da nada menos que 28 distintas acepciones distintas del vocablo; sin contra las voces que atañen propiamente a las diversas Ramas y/o Disciplinas del Derecho.

 

De manera que con el objeto de evitar confusiones conceptuales, diremos que la palabra Derecho -sin la palabra “ciencia” antecediéndole, ya que se da por supuesto que lo es-, se utiliza para definir tanto a la propia ciencia jurídica (la mayor de las veces, dado que no es una regla general, escribiéndole con letra mayúscula inicial en razón de su importancia y trascendencia), como también describe o refiere a la consecuencia natural de aquélla que son “un derecho” o “derechos” (casi siempre escribiéndose éstos con letra minúscula, con el objeto de diferenciarle de la primera), refiriéndose en este último caso a las acciones o atributos que emanan de las propias leyes a favor de alguien, e incluyendo en este concepto a los derechos surgidos en razón de alguna circunstancia natural o de grupo, tales como los llamados derechos humanos o bien los derechos sociales. 

 

Al punto convendría añadir 2 cosas que a nuestro parecer resultan de vital importancia:

 

A)                          Que el Derecho, aparte de regular la función del Estado y buscar la coexistencia pacífica de todos sus habitantes, propende siempre, como un objetivo primordial de su existencia, a la permanente búsqueda de ese valor llamado justicia, pues sin duda el Derecho es el mejor instrumento de la justicia -en la inteligencia de que en el caso del Derecho Social, lógicamente lo será la justicia social-; y,

 

B)                          Que el Derecho como ciencia, es mucho más que la simple norma o texto legal, pues aunque la ley tenga como características básicas el ser obligatoria, general, abstracta, coercible y de observancia forzosa tanto para gobernantes como para gobernados al emanar del poder soberano de una nación, no debemos confundirla jamás con la propia ciencia jurídica de la cual la ley es parte integrante; una parte muy importante si se quiere, pero sólo eso: la ley es una parte del todo jurídico.

 

Ahora bien, sentadas ya tales ideas generales, veamos enseguida qué es entonces la disciplina del Derecho de la Seguridad Social.

 

De manera muy simple -digamos que hasta en una explicación reduccionista, en aras de ser muy objetivos-, el Derecho de la Seguridad Social es el conjunto de normas jurídicas que regulan el servicio público de la seguridad social, mismas que deben ser observadas por el Estado, patronos y sujetos obligados, al igual que por asegurados y derechohabientes, junto con el propio ente público asegurador, dada su obligatoriedad manifiesta al ser Derecho positivo vigente.

 

Empero, la interrogante básica resulta obvia: ¿Cómo fue que se insertó la seguridad social en la ciencia jurídica? Y a nuestro entender la respuesta podría darse en 2 vertientes o ideas clave:

 

a)                          Al través de la necesidad de crear los Seguros Sociales, que ya dijimos son los instrumentos ideados e instrumentados por los diversos órganos del Estado para alcanzar la aspiración humana de la seguridad social; y,

 

b)                          Mediante la integración de una serie de principios de todo tipo que poco a poco fueron permeando en esta disciplina, hasta moldearla y darle un cuerpo definido, volviéndose obligatorio y no discrecional su prestación como servicio público originariamente al cargo del Estado.

 

De tal suerte que para lograrlo, esto es, para alcanzar su autonomía, en el Derecho de la Seguridad Social de inicio y de manera incipiente se utilizaron fórmulas propias de otras ramas del ordenamiento jurídico que muy difícilmente podían adaptarse a la protección que requerían los operarios -la mayoría de ellas provenientes del Derecho Laboral y/o del Administrativo-, junto con otros grupos sociales; luego entonces, se fueron creando nuevas fórmulas protectoras, pensadas ex-profeso a las situaciones contingenciales y/o previsionales que se intentaban cubrir, hasta que finalmente la experiencia demostró la necesidad de la intervención activa y decisiva del Estado mediante la expedición de legislaciones especializadas, volviéndose ya obligatorio un esquema protector cuyo proyecto concreto se fue conformando gradualmente aunque de manera diferenciada entre los diversos países del orbe.

 

Además, cabe señalar que primero se protegió sólo a trabajadores y a su núcleo familiar dependiente económico directo, para luego ir avanzando hacia la protección de otros diversos grupos sociales productivos -como campesinos y trabajadores autónomos, que no eran propiamente asalariados-, todo ello en aras de “universalizar” este servicio público al resto de la sociedad.

 

Debemos acotar ahora que tal proceso fue relativamente vertiginoso e irreversible, puesto que las sociedades modernas no podrían concebir un mundo sin la protección legal que les brindan los sistemas de la seguridad social integral de que hoy disfrutan desde antes de nacer y hasta después de morir; ello a pesar de la tendencia de países del orbe -entre los cuales se encuentra México, lamentablemente-, en donde se han acogido esquemas que apuntan a su virtual privatización y desmantelamiento.

 

Ahora bien, como no en todos los países del planeta se conceptualiza de la misma manera, ni a la seguridad social, ni tampoco al Derecho de la Seguridad Social -lo cual dependerá siempre de su situación histórica, cultural, económica, política e idiosincrasia propia de cada nación-, para poder acercarnos a aspectos que nos sean comunes en el área geográfica continental de América, será aconsejable hacer uso del Derecho Comparado Internacional.

 

En este punto, en la utilización del Derecho Comparado Internacional debemos tener especial cuidado de entender si lo que para un país es válido, puede serlo también para otro, dado que influyen muchos factores que provocan se discrepe en ocasiones respecto no sólo a su eventual conceptualización, sino al contenido o alcances de una disciplina, al carecerse de un esquema universalmente aceptado y definido en materia del Derecho de la Seguridad Social. Ello muy a pesar de que la propia OIT y por ende la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), hayan dictado “normas mínimas” sobre este tema; porque también ambas organizaciones mundiales nos alertan respecto de tales discrepancias, siempre en respeto a la soberanía de cada país.

 

Utilizando pues las ventajas que nos ofrece el Derecho Comparado Internacional, acto seguido veremos cómo se define el Derecho de la Seguridad Social en países del área geográfica Americana y Europea, para luego poder abordar el tema con puntos de afinidad o de contraste, e indagar sobre su real autonomía; eligiendo por razones de pertinencia sólo unas cuantas opiniones que nos han parecido más asequibles e ilustrativas:

 

I.                    En América:

 

Las Constituciones Políticas continentales tienden a establecer a nivel de garantía individual o social el derecho de acceso a los esquemas de seguridad social. Empero, si bien se presume que son derechos sociales exigibles al Estado, en realidad ni en las leyes reglamentarias o secundarias nacionales crean mecanismos que materialicen tales derechos para la colectividad entera. Por lo tanto podría decirse que son más bien simples “enunciados políticos”, es decir, meras aspiraciones retóricas del catálogo de ofertas políticas que casi nunca se concretan en la vida real.

 

Jorge Rodríguez Mancini nos ofrece una aproximación general al concepto Derecho de la Seguridad Social que nos parece atendible, salvo que omite precisar que se trata de normas jurídicas –aunque obviamente lo da por descontado-:

 

Definimos al Derecho de la Seguridad Social como el conjunto de normas, principios y técnicas que tienen el objeto de satisfacer necesidades individuales derivadas de la producción de determinadas contingencias valoradas como socialmente protegidas.

 

            Por su parte, Julio Armando Grisolia más que definirlo nos lo explica en cuanto a su objeto:

 

            El Derecho de la Seguridad Social, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la protección de las denominadas contingencias sociales, como la salud, la vejez, la desocupación. Se trata de casos necesidad biológica, económica y de una de las ramas más complejas del llamado Derecho Social, ya que comprende un enramado jurídico compuesto por variadas legislaciones, cada una de las cuales presenta características particulares bien determinadas.

            Si bien los fines de la seguridad social no son los mismos que los del Derecho del Trabajo, ambos se destacan por su carácter protector y por garantizar determinado nivel de subsistencia a las personas. Por lo tanto, el Derecho de la Seguridad Social tiene un sujeto más amplio que el Derecho del Trabajo, ya que no sólo abarca a los trabajadores dependientes, sino que protege, además, a los autónomos y a los desempleados. Es decir que los beneficiarios de la seguridad social son todos los hombres, y su objeto es amparar las necesidades que dificultan su bienestar.

 

A nuestro parecer, Grisolia asume una postura acertada y sobre todo muy actual; porque es absolutamente cierto que, por principio, la universalidad del servicio público de la seguridad social -una añeja aspiración jamás colmada-, vuelve a todos los seres humanos, sin distingo, recipiendarios naturales de este manto protector. Y obvio también que los fines perseguidos con respecto del Derecho del Trabajo son otros muy distintos, al igual que los sujetos a quienes intenta proteger, lo que en principio queda hacer a la previsión social.

 

Empero, acaso lo que nos llama más la atención es que tales comentarios aparezcan plasmados en un “Manual de Derecho Laboral” (sic); pese a que el propio autor reconoce abiertamente entre ambas disciplinas su separación conceptual, doctrinal, teleológica, técnica, etc.

 

¿Porqué citar entonces a este par de tratadistas argentinos, si pareciera que cada uno se contradice? Pues precisamente por eso: porque respecto del Derecho de la Seguridad Social estamos todavía en una etapa de construcción, de auténtica consolidación de instituciones jurídicas, aunque sea más que evidente su autonomía y “deslaboralización”.  E igual que en Argentina ocurre en México y, a no dudarlo, en América entera.

 

Lamentablemente sólo los juristas dedicados al estudio del Derecho de la Seguridad Social -y de estos hay muy pocos en nuestros respectivos países-, podrán coadyuvar a resolver estos enigmas de la ciencia jurídica, y a deslindar de una buena vez a 5 conceptos que suelen ser confundidos en la práctica y que, al hacerlo, han provocado un sinnúmero de problemas jurídicos: a) Asistencia Social; b) Previsión Social; c) Seguridad Social; d) Seguro Social, y, e) Derecho de la Seguridad Social.  

 

Recuérdese que ésta que ahora nos ocupa es una disciplina aún muy joven en donde no existen paradigmas ni verdades absolutas, con temas que cuesta desentrañar incluso a los propios expertos. Por lo tanto, si tales ideas son capaces de mover a la reflexión serena y responsable de parte de todos nosotros, entonces ya vamos avanzando.     

 

II.                  En Europa:

 

Sin duda la enorme influencia que han ejercido los juristas españoles ha resultado trascendental al menos en una gran parte del conteniente -específicamente en Latinoamérica-, dado los lazos indisolubles que ineluctablemente nos vinculan por razones históricas. Resulta pues obligada la cita de tratadistas ibéricos en este apartado conceptual.

 

            Con respecto a cómo se introdujo la seguridad social en la ciencia jurídica, y también a la autonomía alcanzada por el Derecho de la Seguridad Social con respecto del Derecho del Trabajo, Alonso Olea y Tortuero Plaza nos comentan de manera brillante:

 

            La incardinación del Derecho de la Seguridad Social en el ordenamiento jurídico, incluido su tratamiento científico por el jurista, es hoy el propio de una disciplina autónoma, pedida por la peculiaridad de sus problemas, por el fundamento internacional y constitucional de su normativa, por lo imponente de ésta y, sobre todo, porque en ella y en su realidad por ella normada aparecen actos y relaciones jurídicas, y sujetos con titularidades singulares para realizar aquellos o ser parte en éstas, no enteramente comprendidos en otros sectores ni en ellos, analizados con la extensión y profundidad que pide lo que hoy es una realidad esencial para la vida en sociedad.

            Desgajado del Derecho del Trabajo, en donde nació y se desarrolló, por su vinculación inicial con el trabajo por cuenta ajena como sector único protegido, y nunca incorporado al Derecho Administrativo (salvo respecto de los funcionarios), a la vez, por la generalidad de su ámbito y la individualización extremada de las prestaciones que forman su sustancia íntima y entrañable, se viene a parar, se insiste, en el carácter autónomo del Derecho de la Seguridad Social como disciplina jurídica, sin olvidar, es claro, sus conexiones con otras, de las que este libro ofrecerá pruebas abundantes; pero esto es predicable de cualquier disciplina, como reflejo doctrinal de que no son estancos los compartimentos del ordenamiento jurídico.  

                                                                      

            La simple lectura de tales ideas nos aclara este fenómeno jurídico-social en comentario, pues es indiscutible que fue la peculiaridad de esta disciplina la que le obligó, primero a insertarse en el Derecho del Trabajo, para volverla garantía -y hasta derecho humano inalienable-, y luego a desgajarse de dicho Derecho para cobrar ya plena autonomía por la notoria peculiaridad de sus propios problemas y recipiendarios.

 

No obstante, Rodríguez Ramos, Gorelli Hernández y Vilchez Porras, avanzan de manera indiscutida en la elaboración de un concepto en donde se observa una combinación heterodoxa de lo que en México hemos dado a considerar propiamente como seguridad social y los servicios públicos estatales de asistencia social brindados a toda la población en general, llamando la atención que dichos autores españoles prefieran utilizar el concepto jurídico de “sistema” (sic) en aras de intentar acercarse a una definición respecto del Derecho a la Seguridad Social:

 

            Podemos definir el ‘sistema de seguridad social’ como el conjunto de normas y principios elaborados por el Estado con la finalidad de proteger las situaciones de necesidad de los sujetos, independientemente de su vinculación profesional a un empresario y de su contribución o no al sistema. En pocas palabras podríamos decir que la seguridad social protege la ‘relación jurídica’ de seguridad social, caracterizada por ser pública y con tendencia a la universalidad; como puede observarse ya no se resalta el elemento contributivo, por la propia existencia de las prestaciones no contributivas.

De esto se infieren varios caracteres: 1º Se trata de un sistema público, donde el Estado, como ya afirmara Beveridge, está obligado a cubrir las necesidades de los sujetos necesitados de protección. 2º Es de carácter mixto por las prestaciones que dispensa, lo que hoy en día es indiscutible, al conjugar las prestaciones contributivas y no contributivas. 3º Cuyos fines son cubrir las situaciones de necesidad con la regulación de determinadas prestaciones en un intento de universalizar su ámbito objetivo de aplicación. 4º La protección de los sujetos con independencia de su vinculación a un empresario nos hace plantearnos una cuestión que no es nueva: la autonomía o integración de la seguridad social dentro del Derecho del Trabajo.

 

Al punto una aclaración pertinente a fin de evitar luego sentidas confusiones conceptuales: en materia de la protección social (concepto genérico), no es lo mismo la asistencia, que la previsión, o que la seguridad sociales (esquemas específicos). Porque las 3 son esquemas muy distintos entre sí, aunque complementarios, por lo cual en la práctica -y aún en la teoría, debido a la mezcolanza arbitraria y carente de toda ortodoxia que de ellas se ha hecho en la vida cotidiana-, resulta fácil confundirlas o entremezclarlas; empero, sus diferencias a nuestro entender son lo suficientemente claras como para poder distinguirlas si nos atenemos a cuestiones básicas, tales como: surgimiento, campo de acción, financiamiento, exigibilidad, segmento social, sujetos protegidos, servicios brindados y otros asuntos análogos. 

 

Porque en algunos países la asistencia social es digamos que la “puerta de acceso” a la seguridad social -o mejor dicho: su “primer pilar o pilar básico”-; digamos que es un asunto fundamental en la estructura del propio sistema protector social, por ejemplo en España, al cual la jurista Belén Alonso García le denomina con toda claridad: “Asistencia Social de la Seguridad Social”. Y lo es en España, claro está, por disposición legal y cuestiones jurídicas propias, en razón de lo cual se le incluye por los juristas hispanos cuando aluden a este tema. Si bien cabría aclarar a este respecto que en México -y en lo general en América Latina- no siempre es así, pues como ya dijimos antes, continúan siendo ambas cosas distintas, la una de la otra, aunque sean complementarias y las dos formen parte del elenco de los esquemas de protección social nacionales.

 

Hasta aquí los comentarios atinentes al continente Europeo.

 

Así las cosas, con base a todos los razonamientos anteriores, como autor e investigador nacional, como profesor y a la vez como estudioso permanente de esta disciplina jurídica fascinante, debiera definirse en México al Derecho de la Seguridad Social de la manera siguiente:

 

El conjunto de normas legales y disposiciones reglamentarias de ellas emanadas, que al través de entes públicos ex-profeso creados para ello por el Estado, se propone proteger a los sujetos previstos por el legislador en contra de las contingencias sociales previamente establecidas en ley, mediante el otorgamiento de prestaciones en dinero -pensiones, subsidios o ayudas económicas-, y en especie -servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos u hospitalarios, prestaciones sociales, vivienda, etc.-, que le resultan obligatorias a los Institutos aseguradores nacionales una vez se hayan satisfecho los requisitos de ingreso exigidos para cada caso en particular, mismos que pueden ser exigidos por los recipiendarios de dicho servicio público ante los tribunales jurisdiccionales competentes; prestaciones todas ellas que coadyuvan a satisfacer las necesidades básicas de salud y de bienestar social, así como económicas, para alcanzar una existencia más digna y más justa.

 

De manera pues que la gran diferencia existente con la seguridad social, estriba en que en el Derecho de la seguridad Social se reduce al conjunto de normas legales y de disposiciones reglamentarias de ellas emanadas, cuya observancia es por tanto obligatoria, ya sea para el Estado (léase: Seguros Sociales), o los propios empleadores y sujetos obligados a su financiamiento; y en contrapartida, les vuelve también derechos exigibles al Estado por parte de los asegurados y los derechohabientes en general.

 

4. Consideraciones respecto de la autonomía del Derecho de la Seguridad Social.         

 

            Abordemos ahora el punto medular de este ensayo y que tanto interesa desentrañar: la real autonomía del Derecho de la Seguridad Social.

 

El tratadista Roberto Báez Martínez, sin darnos propiamente una definición, intenta aproximarnos al fenómeno de la inserción de la seguridad social en el ámbito jurídico, al señalar que:

 

La seguridad social es: a) un derecho inalienable del hombre y, por lo tanto, no puede haber paz ni progreso mientras la humanidad entera no encuentre la plena seguridad social; b) la garantía de que cada ser humano contará con los medios suficientes para satisfacer sus necesidades en un nivel adecuado a su dignidad; c) el complejo normativo de leyes específicas que rigen para los trabajadores en general, obreros, jornaleros y todo aquel que preste un servicio a otro, conforme al Apartado “A” del artículo 123 Constitucional, y en el “B” para los empleados públicos de los Poderes de la Unión, lo mismo que las fuerzas armadas mexicanas y para los trabajadores o empleados bancarios o de sociedades nacionales de crédito, lo cual implica la proletarización de éstas.  

 

            Ahora bien, acerca de la polémica discusión científica respecto a si el Derecho de la Seguridad Social en México ha alcanzado o no su real autonomía, conviene señalar que no todos los estudiosos de esta disciplina son tan optimistas en ese sentido.

 

El debate académico ha estado siempre presente, y se han defendido a ultranza ambas posturas e incluso otras más extravagantes, las que de plano pretenden insertar a dicha disciplina dentro de distintas ramas del ordenamiento jurídico, aduciendo por ejemplo que se halla dentro del ámbito y radio de acción del Derecho Administrativo, aunque nosotros nos hallamos plenamente convencidos que no es así. El punto estará siempre sujeto más bien a debate académico, más no práctico, pues cabe añadir que en realidad el Derecho de la Seguridad Social existe en todas las naciones de una u otra forma.  

 

Sobre este particular, en México Ignacio Carrillo Prieto, cuestiona con fundadas razones doctrinales y metodológicas tal autonomía, aunque a nuestro parecer -ya lo dijimos en anterior apartado- él mismo la reconoce implícitamente desde el momento en que así titula su obra. En cita que no tiene desperdicio, a ese respecto dicho jurista nos señala:

 

La literatura jurídica revela, básicamente, dos usos de la expresión Derecho de la Seguridad Social. Algunos afirman que designa ciertas normas, algún ‘producto’ de la actividad de los órganos facultados para crear Derecho. Este uso lo facilita la existencia de códigos de seguridad social, que sería el conjunto de las normas de seguridad social del Derecho Positivo. Dicho código permitiría referirse a un Derecho de la Seguridad Social. Pero si el código no es pura recopilación, el estudioso se empeñará en descubrir cuál ha sido el criterio del legislador para ordenar los textos.

La dificultad de distinguir satisfactoriamente el Código del Trabajo, de los sistemas de seguridad social de corte Bismarckiano en donde los sujetos protegidos son los trabajadores a quienes se garantiza su ingreso, las prestaciones de seguridad social se conciben como remuneración indirecta del trabajo y el supuesto de aplicación del régimen asegurativo en el contrato de trabajo o la prestación del servicio… La dificultad expuesta nos remite a otro uso de la expresión Derecho de la Seguridad Social. Designa cierta sistematización o clasificación del derecho vigente. Derecho de la Seguridad Social se utiliza como una de las ‘divisiones’ que, sobre el material normativo, efectúa no el legislador, sino el científico del Derecho, con objeto de facilitar su estudio.

Los que utilizan así la expresión pretenden que hay criterios que autorizan distinguir normas de seguridad social en el conjunto del Derecho Positivo; algunos sostienen que dichas normas tienen ‘sustantividad’ tal, que es conveniente describirlas mediante una disciplina ‘autónoma’. El uso de la expresión indicada supone que la clasificación y sistematización permitirían describir ciertas normas sin recurrir a otras sistematizaciones conocidas como Derecho del Trabajo y Derecho Administrativo, principalmente; si éstas son útiles para describir las normas que se intenta agrupar bajo Derecho de la Seguridad Social esta última clasificación es superflua, pues el camino para describir esas normas estaría ya trazado. Algunos han colocado este planteamiento bajo el rubro: ‘El Derecho de la Seguridad Social como disciplina jurídica autónoma’.

 

Con relación a tales razonamientos, nosotros formamos parte del grupo académico que consideran, con justificada razón, que por méritos propios el Derecho de la Seguridad Social es ya una disciplina verdaderamente autónoma, la cual forma parte del elenco del Derecho Social mexicano y que, pese a su vecindad de origen con el Derecho del Trabajo, se ha desprendido de éste ineluctablemente. Negando además que se trate de “una disciplina jurídica menor” (sic), como con frecuencia y carentes de sustento lógico alguno, aducen sus numerosos críticos.

 

Por lo demás, también nos hallamos convencidos de que no es posible insertarlo como una simple ramificación o apéndice del Derecho Administrativo -algo que siempre se ha propuesto con respecto del Derecho Burocrático Laboral-, al tratarse la seguridad social de un servicio público singular que, si bien es brindado por organismos públicos descentralizados, es invariablemente administrado en forma tripartita por el Gobierno, patronos y trabajadores de manera conjunta, saliendo así, por obvias razones, del ámbito natural de actuación directa de la Administración Pública, incluso en el caso de los propios trabajadores burocráticos, en donde el Estado tiene una dual responsabilidad; como empleador y como garante de dicho esquema protector.

 

Empero, por otra parte, es posible que hoy en día esté más vinculado el Derecho de la Seguridad Social al Derecho Administrativo -incluso a los Derechos Económico y Financiero-, que al propio Derecho del Trabajo. Tan es así, que en la fracción II del artículo 2° del Código Fiscal de la Federación, se alude a las aportaciones de seguridad social como uno más de los diversos tributos a cargo de los mexicanos, y que a últimas fechas se ha reforzado más el carácter de organismos fiscales autónomos de los Seguro Sociales, que el ámbito de protección a los operarios o asegurados en lo general, perdiendo en parte su careta social.     

 

            Acaso las ideas del juslaboralista y segurólogo social mexicano Alberto Briceño Ruiz -a la sazón presidente nacional de la AMDSS-, nos ilustre objetivamente sobre el punto medular en análisis:

 

La seguridad social no es una ciencia ni puede ser parte del Derecho e integrar una disciplina autónoma. En cambio, el Seguro Social es conocimiento ordenado, sistematizado, que permite la formulación de principios, el logro de objetivos; sus normas jurídicas dan lugar a instituciones de Derecho; el desarrollo de esta disciplina le brinda autonomía dentro de la ciencia jurídica, lo cual le permite establecer el Derecho del Seguro Social -también llamado Derecho de la Seguridad Social-, con claro y limitado ámbito de aplicación.  

 

            Briceño Ruiz afirma categórico que la eventual “indefinición” del término seguridad social se encuentra en todos los intentos conceptuales, los que aparentemente fracasan al pretender establecer la diferencia específica entre los conceptos seguridad social y la disciplina jurídica denominada Derecho de la Seguridad Social.

 

Así, Briceño nos brinda la que consideramos una sencilla definición de lo que debemos entender por seguridad social:

 

Es el conjunto de instituciones, principios, normas y disposiciones que protege a todos los elementos de la sociedad contra cualquier contingencia que pudieran sufrir, y permite la elevación humana en los aspectos psicofísico, moral, económico, social y cultural.

 

Por lo tanto, él mismo elige un lugar pacífico y prefiere arriesgarse a definir sólo el concepto Derecho del Seguro Social –o “Derecho Mexicano de los Seguros Sociales”, como él también le llama-, afirmando que con menos ostentación (sic) -refiriéndose en su comentario a la vana pretensión de definir el Derecho de la Seguridad Social-, se puede conceptualizar al “Derecho del Seguro Social” de la siguiente manera:

 

El Derecho del Seguro Social -o Derecho de la Seguridad Social– es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que se propone la protección de los grupos que limitativamente se establecen, frente a la ocurrencia de ciertas contingencias, previamente determinadas, que afecten su situación económica o su equilibrio psico-biológico.     

 

Nótese entonces la diferencia substancial que existe entre seguridad social y el Derecho del Seguro Social, que Briceño Ruiz intenta definir:

 
a) En el primero de ellos se alude al conjunto de disposiciones e instituciones de cualquier índole; y en el segundo, sólo a las de carácter jurídico;

 

b) En la primera definición engloba a todos los integrantes de la sociedad protegidos contra todo tipo de contingencias; en tanto que en la segunda, sólo a ciertos grupos frente a contingencias predeterminadas en norma legal; y,
 
c) En el primer concepto alude a una elevación humana en todos los órdenes -hasta moral y cultural-; en tanto que, en el segundo, sólo refiere las que afecten en los rubros económico y de la salud humana.
 
Grandes y sustanciales diferencias conceptuales según podemos apreciar, en las que coinciden otros tratadistas contemporáneos, entre ellos Néstor de Buen Lozano , Gabriela Mendizábal Bermúdez ,  y el suscrito.

 

            Trátase pues el Derecho de la Seguridad Social de una disciplina relativamente reciente si la comparamos con otros Derechos cuyas instituciones jurídicas tienen siglos de experiencia en su integración y conformación. Habrá entonces que darle tiempo al tiempo, para que las cosas terminen por acomodarse en el lugar que les corresponde, pues el Derecho no sólo sigue a la sociedad sino que también la guía.

 

            5. Conclusiones.

 

Haciendo una apretada síntesis de lo antes expuesto, es factible que arribemos a las siguientes conclusiones.

 

PRIMERA.- Como podremos advertir con facilidad, el tema abordado lejos está de ser un asunto menor o estrictamente conceptual. Lo que ello significa en el mundo jurídico -siempre más allá de los sustratos político, económico y social, que subyacen siempre en la seguridad social-, es sin duda alguna impactante para todos los ciudadanos y para el Estado mismo.

 

            Lo cierto es que la historia da cuenta cómo de la asistencia social se avanzó a la previsión social, y de ésta, primero a los Seguros Sociales y luego a la seguridad social. De suerte que para que ésta se volviese obligatoria, hubo de insertarse en la ciencia del Derecho y así se creó una disciplina autónoma, distinta del Derecho Laboral, que ha sido denominada con propiedad como Derecho de la Seguridad Social.

 

SEGUNDA.- Esta disciplina jurídica contiene principios y doctrina propia, a la par que contempla la creación u operación de entes públicos, con figuras e instituciones jurídicas distintas a las demás disciplinas del Derecho; obviamente que todo ello ha de ser objeto de estudio -principal aunque no exclusivamente- por parte de los juristas.

 

Lo anterior es así, insistimos, pese a la enorme disparidad de criterios aún existentes sobre el particular y la notoria resistencia de quienes quieren seguirlo viendo atado al Derecho del Trabajo en pleno siglo XXI; lo que por sí sólo demuestra lo complejo, abigarrado y evolutivo del tema.

 

TERCERA.- A nuestro parecer constituye lo expuesto un buen punto de partida para enfocar ya, con verdadero rigor científico y académico, entre expertos, el tema relativo a la verdadera autonomía del Derecho de la Seguridad Social, no sólo en México sino de suyo en América y en el mundo entero. Naturalmente que respecto de esta fascinante disciplina jurídica aún falta mucho por hacer y por decir, por construir y consolidar; dejando constancia aquí que la tarea es de todos nosotros, y no nada más de los gobernantes, legisladores, administradores de justicia, seamos o no juristas.

 

            Confiando en haber logrado nuestro propósito original trazado al inicio y sobre todo haber despejado dudas a le vez que generamos inquietudes intelectuales, no nos resta sino invitar a todos los participantes de este trascendente Seminario Internacional de Seguridad Social a la reflexión académica serena, profunda y responsable, en la construcción del por ahora deficiente marco conceptual de esta hermosa disciplina, contribuyendo así generosamente a su desarrollo y plena consolidación en todos los órdenes de la vida.

 

            Bogotá, Colombia, a 29 de Agosto de 2007.

 

            DR. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

            ~ Autor e Investigador Nacional de México y la U. de G.

~ Presidente Internacional de la AIJDTSSGC.

 


Sáinz Muñoz, Carlos. Los trabajadores y la Constitución Bolivariana. Lito-jet. Caracas, 1999. Pág. 11. (Las cursivas y el subrayado es nuestro).   

Pasco Cosmópolis, Mario. ¿Son los sistemas privados de pensiones formas de la seguridad social? Libro: “Las Reformas de la Seguridad Social en Iberoamérica” (Perú). Pág. 169 y 170.

Op. cit. Pág. 723.

Carrillo Prieto, Ignacio. Derecho de la Seguridad Social. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1991. Págs. 25 y 26. Dicho autor añade respecto de la eventual autonomía de ambos Derechos:

“…Las ideas de los dos Estatutos nacieron juntas y viven enlazadas en la historia, pero su desenvolvimiento ha estado sujeto a las condiciones de tiempo y lugar: la idea de la seguridad social tiene algunos bellos antepasados, la asistencia social, la mutualidad y la beneficencia pública o privada; pero en el siglo XIX la idea del derecho del trabajo se impuso con mayor fuerza y sus instituciones crecieron también con mayor rapidez; la seguridad social se restringió a la previsión social y vivió subordinada al Derecho del Trabajo. Por lo contrario, a la terminación de la Primera Guerra Mundial nació una tendencia a la separación de los Estatutos y a dar a la seguridad social una importancia cada vez más grande.

La segunda mitad del siglo XX que vivimos, acusa un crecimiento portentoso de la seguridad social: algunos renglones que tradicionalmente eran tratados como parte del Derecho del Trabajo, las normas protectoras de las mujeres y de los menores, ciertos elementos del salario, tal es el caso de las asignaciones familiares, o la vigilancia de los sistemas de la preservación de la salud y la vida en los centros de trabajo, se están mudando a los compartimentos de la seguridad social: Los límites entre los Estatutos se borran nuevamente”.

A partir del año 1943, al entrar en vigor la Ley del Seguro Social, se creó el “Instituto Mexicano del Seguro Social” (IMSS), que fue por cierto el primer organismo público descentralizado de la administración pública federal, y que es el ente precursor del resto de los Seguros Sociales mexicanos, así como la pauta a seguir en el rubro de la seguridad social. Luego, en la llamada “época de oro” de la seguridad social mexicana, surgiría una nueva legislación: la Ley del Seguro Social de 1973. Para dar una idea de su importancia, hoy día dicho ente público atiende a 52 millones de derechohabientes, y lo más importante de todo es que un alto porcentaje de dicha cifra no son trabajadores subordinados.  

“Segurólo social” es un concepto que se ha venido utilizando de un tiempo a la fecha en México para diferenciar académicamente a quien se dedica a la investigación y cultivo del Derecho de la Seguridad Social, como disciplina autónoma, distinguiéndoles de los juslaboralistas, quienes tienen al Derecho del Trabajo como su quehacer cotidiano. El término es un anglicismo derivado de “Social Security”.  

La Ley del Seguro Social, que regula la operación del Instituto Mexicano del Seguro Social, creado para los trabajadores ordinarios del país y otros grupos sociales protegidos, comenzó a regir a partir del 1° de julio de 1997, bajo el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo. Por su parte, la nueva Ley del ISSSTE, que brinda el servicio público de la seguridad social a los trabajadores burócratas mexicanos, entró en vigor el 1° de abril de 2007, bajo el mandato del Presidente Felipe Calderón. Cabe apuntar que paradójicamente ambos Presidentes de la república provinieron de Partidos Políticos diametralmente antagónicos, y sin embargo, ambas legislaciones federales son una calca.

Entre otras obras están: “Nuevo Derecho de la Seguridad Social”, “Las AFORE, el nuevo sistema de ahorro y pensiones”, “Los delitos en materia del Seguro Social”, “Los sistemas Pensionarios de las Universidades Públicas en México”, “El Derecho Social a inicios del Siglo XXI”, todos ellos publicados por Editorial Porrúa (México); o “Seguridad Social para Migrantes y Trabajadores Informales”, de la Editorial Universidad de Guadalajara (México). 

  De Buen Lozano, Néstor. Seguridad Social. Editorial Porrúa. México, 1995. Pág. IX. Por cierto, la cita en comentario es el primer párrafo del capítulo introductorio de dicho libro. (Nota: el subrayado es nuestro). Se acota que De Buen ha corregido la plana de su primera obra sobre esta temática, y termina de publicar el libro de su autoría correctamente denominado e intitulado: Derecho de la Seguridad Social, Editorial Porrúa, México, 2006.

Alonso Olea, Manuel, y Tortuero Plaza, José Luis. Instituciones de Seguridad Social. Décimo Sexta Edición. Editorial Cívitas. Madrid, 1998. Pág. 19. NOTA: Lo puesto entre paréntesis es nuestro, y se añade para mayor ilustración del lector.

Op. Cit. Pág. 38.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Seguridad Social: Guía de educación obrera. Publicación de la Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, 1995. Pág. 6.

Agrega la OIT datos que conviene siempre tener en cuenta, para percatarnos de su evolución incontenible:

“…Cabe destacar que el término ‘seguridad social’ fue empleado por primera vez en la legislación de los Estados Unidos en 1935 -en la ‘Social Security Act’- y después en 1938 en una ley aprobada en Nueva Zelanda. La OIT hizo suyo el término, que desde entonces usó con prodigalidad en los diversos Convenios y Recomendaciones (que intentan establecer normas que deben seguir los países), aprobados a partir de 1952.

Cuando se habla de ‘seguridad social’, debe recordarse que se compone de diferentes elementos: el ‘seguro social’, la ‘asistencia social’, las prestaciones que se financian con los ingresos generales del Estado, las ‘asignaciones familiares’ y las ‘cajas de previsión’; y que deben relacionarse con la provisiones complementarias de los empleadores; por ejemplo, la indemnización de los trabajadores en caso de accidente o enfermedad, de origen laboral y otros programas complementarios que se han desarrollado en torno a la seguridad social.”

A nuestro entender, con base a los antecedentes plasmados aquí, es vano cuanto inútil discutir ahora si quien primero usó el concepto Seguridad Social, fue Simón Bolívar en 1819, Estados Unidos en 1935, Nueva Zelanda en 1938, o la OIT en 1944, e incluso si lo tuvo en mente Bismarck en Alemania entre 1883 y 1889, o Beveridge en Inglaterra entre 1944 y 1948. Como quiera que fuese, dicho concepto es esquivo, multívoco, pero sobre todo sumamente evolutivo; de manera que cada país lo entiende a su manera, y como mejor prefiere hacerlo por simples razones políticas y económicas, más que sociales.  

Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Décimo tercera edición. Tomo II, “D/H”. Editorial Porrúa. México, 1999. Pág. 935.

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima segunda edición. Tomo I, “a/g”. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2001. Págs. 751-752.

Diccionario de Derecho Privado. Obra jurídica dirigida por Ignacio de Casso y Romero. Segunda reimpresión. Tomo II, “G-Z”. Editorial Labor. Barcelona, 1961. Pág. 2511. Con base a las ideas plasmadas por su autor, nosotros hemos estructurado nuestras propias teorías, haciéndolo de la manera más simple posible, inteligible para todos. 

Esta es la definición más explicativa -por cierto, de nuestra autoría-, de todas las que se recopilan y plasman en el libro: “Nuevo Derecho de la Seguridad Social”, de Ángel Guillermo Ruiz Moreno, Editorial Porrúa, Décima segunda edición,  México, 2007

Derecho Comparado es la disciplina que estudia los diversos sistemas jurídicos existentes para descubrir  sus semejanzas y diferencias. Puede darse su estudio en diversos niveles: municipal, local o provincial, regional, nacional e internacional. Diccionario Jurídico Mexicano. Op. Cit. Tomo II. Pág. 966.

Rodríguez Mancini, Jorge. Curso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 3ª Edición actualizada y ampliada. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1999. Pág. 706. NOTA: El subrayado es nuestro.

Grisolia, Julio Armando. Manual de Derecho Laboral. Segunda edición ampliada y actualizada. Editorial Lexis Nexis. Argentina, 2005. Págs. 753 y 754. NOTA: El subrayado y las cursivas son nuestros.

Además de su concepto en torno al Derecho de la Seguridad Social, el aludido autor efectúa interesantes acotaciones referentes la íntima vinculación existente con el Derecho Laboral y acerca de sus diferencias naturales, todo lo cual nos parece ilustrativo transcribir ahora para análisis del lector:

“Hay importantes diferencias entre el Derecho del Trabajo y el Derecho de la Seguridad Social:

1)       Mientras el Derecho del Trabajo se ocupa exclusivamente del trabajador en relación de dependencia, el sujeto del Derecho de la Seguridad Social es el hombre. Para lograr sus objetivos utiliza métodos y técnicas jurídicas propios, que también lo diferencian del Derecho del Trabajo.

2)       Los sujetos del Derecho del Trabajo son individualmente los trabajadores y empleadores, y colectivamente, las asociaciones sindicales y las cámaras empresariales; en cambio, los sujetos de la seguridad social son todas las personas que habitan una comunidad de un país determinado, aunque no trabajen nunca (por ejemplo, un inválido o un anciano).

3)       El presupuesto sociológico del Derecho Individual del Trabajo es el trabajo en relación de dependencia, y el del Derecho de la Seguridad Social son las contingencias sociales que puedan ocurrir a toda la población y no sólo a las personas que trabajan en relación de dependencia.

4)       El Derecho del Trabajo tiene por fin la protección del trabajador en relación de dependencia, mientras que el fin del Derecho de la Seguridad Social es la seguridad bio-económica de toda la población.

5)       Si bien el trabajador autónomo tiene menor protección que el que está en esta relación de dependencia y está excluido del Derecho del Trabajo, para el Derecho de la Seguridad Social el autónomo es un sujeto de derecho.

El (trabajador) autónomo también debe estar protegido de la vejez y la enfermedad; hay una tendencia que se materializa por medio de los Consejos Profesionales o Colegios Públicos de buscar protección para sus asociados. El autónomo quiere parecerse al trabajador dependiente para tener cubiertas las contingencias que le puedan ocurrir.

Si bien el Derecho de la Seguridad Social comenzó siendo un derecho de la minoría, progresivamente se transformó en un derecho de todo el grupo social.”

Ibidem. Pág. 38. NOTA: El subrayado es nuestro y se utiliza para resaltar la idea central.

Rodríguez Ramos, María José. Gorelli Hernández, Juan; y Vilchez Porras, Maximiliano. Sistema de Seguridad Social. Editorial Técnos. Madrid, 1999. Págs. 42 y 43.

Alonso García, Belén. Ensayo intitulado: Servicios Sociales y Asistencia Social. Publicado como tema 20 en el libro colectivo “Derecho de la Seguridad Social.” Director: Luis Enrique de la Villa Gil. Coordinadores: Ignacio García-Perrote y Jesús R. Mercader Uguina. Segunda edición. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, 1999. Pág. 587 y sigs. 

Báez Martínez, Roberto. Lecciones de Seguridad Social. Editorial Pac. México, 1994. Pág. 40.

Carrillo Prieto, Ignacio. Derecho de la Seguridad Social. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1991. Págs. 25 y 26.

El Código Fiscal de la Federación vigente en México, es su artículo 2°, fracción II, define a las aportaciones de seguridad social como: “Las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad social o las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.”

Op. cit. Pág. 15.

Briceño Ruiz, Alberto. Derecho Mexicano de los Seguros Sociales. Editorial Harla. México, 1990. Pág. 19.

De Buen Lozano, Néstor. “Derecho de la Seguridad Social”. Editorial Porrúa en coedición con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México, 2006.

Mendizábal Bermúdez, Gabriela. “Derecho Mexicano de la Seguridad Social”. Editorial Porrúa. México, 2007.

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