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Efectos de la evolución de la familia contemporánea en el Derecho Familiar y el Derecho de la Seguridad Social.

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Ponencia presentada en el

V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE JURISTAS DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

‘DR. GUILLERMO CABANELLAS’

SAN JUAN, PUERTO RICO, DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2007.

A la memoria del finado Dr. Don Osvaldino Rojas Lugo

 

            Señores Congresistas:

 

Inmersos en un mundo convulso y en acelerada transformación, en donde la globalización, la revolución de la información y la sociedad del conocimiento han trastocado los valores de la sociedad, la familia sigue siendo todavía el núcleo de las sociedades y el último valladar para la desintegración social.

 

No obstante, nadie ignora los embates que resiente el grupo familiar en todos los órdenes, por una serie de factores que resultaría prolijo de enunciar y analizar aquí, pero que nos han conducido, sin prisas pero sin pausas, no sólo a la pérdida de valores, también de identidad como individuos y como colectividad organizada. 

 

Pareciera de pronto que el mundo, mediante un conjunto de causas, se empeñase en socavar de raíz los cimientos en los que descansan nuestras sociedades contemporáneas. La familia se ve hoy en día, en algunos lugares del planeta, como una institución obsoleta, decadente a tal grado que, intentando poner orden, la ciencia jurídica ha debido tomar a últimas fechas cartas en el asunto para evitar que instituciones fundamentales como el matrimonio -entendido como el eje central de la familia-, pierdan su esencia de la ayuda mutua y la reproducción.

 

Nuestros jóvenes se niegan ahora a aceptar mayores responsabilidades. La edad en que ellos abandonan el hogar y los estudios se ha prolongado de manera sensible, de tal suerte que cada día existen más posgraduados solteros a quienes basta, para colmar su sensibilidad, volcarla en una mascota. La regla pareciera ser: a mayor educación, menores compromisos.

 

Ese ominoso escenario, en donde se avanza sin remedio a países de cunas vacías, nos ha planteado interrogantes fundamentales a los académicos. América, otrora considerada un continente de gente joven, avanza sin remedio, como ocurre en Europa, hacia un invierno demográfico que tocará fondo probablemente a medidos del siglo XXI, sin que existan todavía programas gubernamentales permanentes para controlar esa inexorable implosión demográfica.

 

De modo que la “bomba poblacional” ha dejado de ser una amenaza, y ahora se cierne ominosa la realidad de que la tasa de reposición no será alcanzada, al invertirse las “pirámides intergeneracionales” en que antaño se basaban los magníficos esquemas de reparto de la seguridad social.

 

Ahora bien, desde hace ya décadas, en varios países del área, la gran interrogante planteada en el rubro del Derecho Familiar es si debe de una buena vez desprenderse del Derecho Civil tradicional y de su codificación de estricto índole privado, para conformar ya una disciplina autónoma, especialmente debido a que muchas de sus normas son ya de índole taxativo, de orden público e interés social y, por lo tanto, de suyo no susceptibles de ser negociadas entre las personas involucradas en un conflicto jurídico determinado.

 

De tal suerte que es factible afirmar que cada día el Derecho Familiar es menos asunto de conflictos entre individuos y se ha vuelto una cuestión social trascendental, en donde el principal interesado -o agraviado, en el evento de que sus normas se inobserven-, lo es la sociedad organizada en su conjunto. 

 

Por otro lado, es imposible soslayar el hecho de que la discusión académica en el ámbito del Derecho Familiar, especialmente a inicios del siglo XXI, se centra en cuestiones que antaño parecían una locura y hoy en día son el pan cotidiano. Acaso un par de ejemplos nos puedan servir de botón de muestra:

 

  •                           Hoy se discute en el ámbito jurídico (más allá de cuestiones sobre su aspecto moral o religioso al respecto), en cómo preservar la unión legítima entre hombre y mujer, cuando se alzan las voces cada vez más estridentes que exigen que el Estado permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. El punto álgido estriba en dilucidar si el derecho humano a la libertad en todos sus órdenes debe ser respetado por el Estado, en si la libertad individual como derecho humano fundamental gira en torno del exclusivo arbitrio personal o si es una decisión en donde debe sublimarse el interés particular al interés general.

 

  •                           Se intentan también adoptar medidas desesperadas a fin de que el concubinato, como verdadera figura jurídica, sea de una buena vez reconocido y regulado por las normas del Derecho Familiar como una especie de “matrimonio de hecho”, generador nato de derechos y obligaciones recíprocas; no sólo sobre cuestiones básicas del binomio filiación / paternidad -tales como alimentos, patrimonio familiar, sucesión, y otras análogas-, sino con respecto de los hijos de ambos como pareja de hecho, sean o no procreados dentro de su relación de facto. Aclarando aquí que por fortuna el Derecho Social, desde mediados del siglo XX, ha reconocido al concubinato como una figura jurídica detonante de derechos y obligaciones. 

 

Ahora bien, lo que más nos interesa resaltar es que pese al avance científico y tecnológico, en nuestro Continente hay marcadas diferencias entre el Norte y el Sur, acaso debido a un tema que deviene en fundamental cuando se habla de la seguridad social: la educación. El nivel educativo abre un enorme abanico de posibilidades, pues es bien sabido que el último valladar contra el totalitarismo lo es la educación y que un pueblo culto es difícil de gobernar.

 

Nos hallamos, pues, convencidos de que muchos de nuestros problemas en México y en Latinoamérica atraviesan por el grave asunto del retraso educativo. Y el mismo se nota cada vez más incluso en la precipitada cuanto equivocada toma de decisiones que se hace por sus Poderes Legislativos y/o autoridades gubernamentales, mediante la adopción de medidas desesperadas para paliar nuestros grandes problemas nacionales.

 

Y la seguridad social, obviamente, no es ajena a ello. Olvidada por décadas, si nos abandona ahora lo hace en simple reciprocidad de la indiferencia con la que la hemos tratado. Porque las relaciones causa-efecto son imposibles de ocultar, si entre los múltiples problemas que debe afrontar a inicios del siglo XXI, la seguridad social adolece de graves problemas financieros, en buena parte ello es debido, más que a problemas de gestión, al decremento de aportes para su sostenimiento.

 

En este contexto, se aduce por algunos que es ya infinanciable la seguridad social, pero esa tesis economicista no resiste un análisis riguroso, pues todo es cuestión de jerarquizar prioridades nacionales. Si empleo formal o decente -como lo tilda la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-, se ha convertido de un tiempo a la fecha en un verdadero quebradero de cabeza, no debiera de extrañarnos el decremento de los asegurados cotizantes si tercamente seguimos atando el financiamiento de la seguridad básica nacional al empleo formal que decrece y se transforma de manera sensible e ineluctable.       

 

Pero vayamos al punto que más nos interesa resaltar ahora: los efectos sobre la seguridad social de la evolución de la familia y el Derecho Familiar.

 

Efectivamente, para comenzar afirmamos -como en reiteradas ocasiones lo ha mencionado en su alocuciones el Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno-, que la realidad es más sabia que el Derecho, y que éste, por desgracia, siempre ha ido a la zaga debido a que a los juristas nos ha faltado visión social; de la misma manera en como nuestros gobernantes han adolecido de alcances de verdaderos estadistas.

 

Porque hay asuntos que es factible prever y uno de ellos es el que nos ocupa y preocupa: la notoria evolución de la familia de unos años a la fecha. El diagnóstico puede ser tan exhaustivo como se quiera, pero para entenderlo bastaría enunciar algunos grandes temas, tales como los siguientes:

 

1) Hoy, el pater familias es una figura en franca decadencia, debido en mucho a la incorporación femenina a las tareas productivas, siendo a nuestro parecer víctimas las mujeres de erróneas políticas laborales discriminatorias que, con algunas sencillas reformas estructurales, la seguridad social debería al menos atemperar.

 

2) Cada día existen más hogares monoparentales, en donde por desgracia la mujer ejerce los dos roles básicos en la familia: el de padre y el de madre, con todas las consecuencias naturales que ello trae aparejado. Pero la seguridad social, que prefiere ir a la zaga para no equivocarse, no ha implementado todavía figuras jurídicas que intenten nivelar esa natural desigualdad que padecen las mujeres que laboran y a la par deben dedicarse a la crianza de sus hijos e inculcarles valores. En este mundo deshumanizado en el que nos ha tocado vivir, ellas prefieren no procrear hijos y conservar su empleo.   

 

3) El tema de adopción de los hijos por parte de parejas del mismo sexo es ya, en muchas partes del mundo, una sentida realidad. Más allá de saber si la seguridad social puede tender hacía esas criaturas su manto protector, ocurre que las cuestiones sexuales resultan ser temas tabú en la gran mayoría de los países de esta área geográfica, soslayándose de paso temas tan polémicos como el de las sexo servidoras, cuyos hijos requerirían al menos del servicio de salud y de guarderías en sus primeros años de vida. Conste: no se trata de que la seguridad social prohíje esas conductas cuestionables desde cualquier ángulo, sino propender a proteger a los seres más indefensos en circunstancias especiales, algo que si la seguridad social no hace, de plano nadie lo hará.

 

4) Valdría la pena discutir también, desde un punto de vista objetivo, si no existe un puritanismo jurídico cuando se aborda el tema de la protección social que se brinda en el caso de que existan dos o más viudas o concubinas del extinto asegurado. La prohibición de atender a las dos, como ocurre en México, parece más un castigo que un asunto jurídico o financiero, un absurdo en el que casi nunca la mujer tendría responsabilidad alguna sobre la promiscuidad de su pareja.

 

5) Otro gran problema del Derecho de la Seguridad Social, con relación a la familia contemporánea, es el prejuicio legislativo y/o administrativo de considerar que todo se concentra y reduce al área urbana, y al concentrarse la seguridad social en los grandes núcleos de población, se ignora a la familia indígena que labora completa en el campo (niños incluidos) y no pocas veces en lugares insalubres.  

 

En conclusión:

 

Es posible afirmar que hoy el Derecho Familiar aún no se adecua a la notoria evolución de la familia -entendida ésta todavía como la célula básica de la sociedad y cuyas relaciones debiera regular de manera efectiva dicha disciplina jurídica-. Y menos aún el legislador federal ha terminado de cobrar conciencia en el sentido de que ha omitido establecer puntos de contacto obligados con el Derecho de la Seguridad Social, a fin de apoyarse en él para intentar, si no resolver las ingentes problemáticas que la vida cotidiana nos presenta, al menos atemperar sus perniciosos efectos.

 

De modo pues que por desgracia cada uno -tanto el Derecho Familiar como el Derecho de la Seguridad Social-, acaso en razón de su naturaleza intrínseca, radios de acción, jerarquía de sus normas o la ubicación en que han sido tradicionalmente aparcelados para su estudio, o bien por simples aspectos teleológicos en base al ámbito de aplicación cotidiana por parte de las instituciones propias de cada uno de ellos o de los tribunales jurisdiccionales encargados de su observancia y administración de justicia, lo cierto es que, reconozcámoslo o no, ambos caminan separados, muy lejos de una armoniosa evolución, que sería lo deseable.      

 

El mundo se transforma rápidamente y debemos contar con marcos jurídicos actualizados que atiendan a la mayor riqueza de un pueblo, que es su gente. Ninguna inversión en este rubro es demasiado cara, pues las cuestiones sociales no son un gasto sino una inversión.

 

Ha llegado la hora en que todos debemos asumir nuestra responsabilidad, en especial con las generaciones futuras. Deviene entonces en un imperativo que vistas las circunstancias pongamos los juristas manos a la obra para dar respuesta a esas sentidas necesidades sociales, en aras de alcanzar un mundo más justo y apacible que respete la dignidad de las personas.

 

 

LIC. ÁNGEL  EDOARDO  RUIZ  BUENROSTRO

            Abogado por la Universidad de Guadalajara (México).

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