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La idea de los derechos latentes laborales y de seguridad social, ante eventuales cambios legislativos. Una aproximación conceptual.

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Sumario: 1. La ciencia del Derecho y los derechos sociales que de ella emanan. 2. Qué es una Constitución Política. Su importancia y trascendencia sociojurídica. 3. El reconocimiento de los derechos individuales y sociales en las Constituciones Políticas nacionales. 4. Los derechos sociales exigibles al Estado. La garantía de derechos de los trabajadores asegurados ante eventuales cambios legales. 5. Derechos latentes y latencia de derechos sociales: una aproximación conceptual. 6. Conclusiones. 

El sentido moral es de gran importancia. Cuando desaparece de una nación, toda la estructura social va hacia el derrumbe.

                                                                                                         Alexis Carrel.

 

 

 

1. La ciencia del Derecho y los derechos sociales que de ella emanan.

 

 

Comenzaremos este análisis desde lo más básico, aunque acaso sea también lo más complejo y complicado de entender: El Derecho es una ciencia -la llamada ciencia del Derecho-, y su concepto varía según sus acepciones y las diversas escuelas que en el decurso de los siglos se han formado para estudiarlo y entenderlo.

 

El concepto de Derecho es múltiple, multívoco, y ello entraña per se una enorme dificultad para entenderlo a cabalidad, especialmente en aquellos que no son cultores de la ciencia jurídica. Entonces, para evitar en lo posible confusiones, diremos al punto que el Derecho es un analogismo práctico mediante el cual se designa tanto a la propia ciencia jurídica, como a las diversas disciplinas que la conforman e inclusive hasta las consecuencias de la misma.

 

Como juristas, profesores e investigadores, entendemos los riesgos de caer en reduccionismos peligrosos; sin embargo, también entendemos que se requiere no entrar a tecnicismos para hacernos entender y facilitar la comprensión del concepto; el lenguaje hermético no siempre es sinónimo de profundidad, pues a veces lo único que hace es lograr una incomunicación total entre emisor y receptor de ideas.

 

Porque si bien el Derecho es una ciencia aceptada como tal en todo el planeta, en pleno siglo XXl el término representa todavía un enorme desafío intelectual intentar apresarlo en una simple definición conceptual, debido en gran medida a su constante evolución; al respecto decía sarcásticamente el filósofo alemán Emmanuel Kant, hacia finales del siglo XVIII: “…Todavía buscan los juristas una definición de su concepto ‘Derecho’…”

 

Cierto, aún continúa la afanosa búsqueda conceptual del Derecho, entendido como ciencia; al igual que sucede con el concepto “justicia” (que sería la finalidad del Derecho), siendo probable que jamás lleguemos a ponernos de acuerdo todos en qué es o qué significa, sino más bien para qué nos sirve. Por lo tanto, para zanjar diferencias y siguiendo las ideas de Kant, más que definirlo será mejor tratar de entenderlo.

 

Si nos atenemos a lo más básico del término, como adjetivo multívoco que es, comprobaremos que el propio Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, señala nada menos que 28 distintas acepciones distintas del vocablo “Derecho”; sin contar en ellas las voces que atañen propiamente a las diversas ramas y/o disciplinas de él.

 

Entonces, para simples efectos propedéuticos, afirmamos que el Derecho es un conjunto de principios y normas universales -junto con las instituciones de todo tipo que de ello derivan-, establecidos en base a la naturaleza humana, que integran un ordenamiento jurídico que es válido en un lugar y espacio de tiempo específico; tal ordenamiento se manifiesta preponderante, que no exclusivamente, al través de normas obligatorias vigentes, cuyo objeto esencial es regular la conducta humana y las relaciones, tanto del propio Estado como de los individuos en general.

 

         Añadimos que el estudio de la ciencia jurídica o Derecho, atendiendo al tipo de normativa que contiene -esto es, a quienes va dirigida-, se ha divido en 3 Ramas, mismas que a continuación brevemente se señalan y explican:

 

  •         Rama del Derecho Privado, que son normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares, destacando aquí las disciplinas del Derecho Civil y Mercantil; 
  •         Rama del Derecho Público, ciertamente la más amplia de todas, la que regula las relaciones entre el Estado (los Poderes Públicos, en sus 3 niveles de gobierno) y los gobernados de un país; siendo de capital relevancia algunas disciplinas, entre ellas Derecho Constitucional, Administrativo, Penal, Procesal, Internacional Público, y otras disciplinas jurídicas más; y,
  •         Rama del Derecho Social, que son las normas taxativas, irrenunciables e inalienables que integran un esquema protector de las clases económicamente más débiles, en la búsqueda de la nivelación de las desigualdades sociales naturales; disciplinas entre las cuales destacan los Derechos Laboral, Agrario, Cultural, Económico, y claro, el de la Seguridad Social.  

 

De manera que el Derecho, aparte de regular la función del Estado y buscar la coexistencia pacífica de las personas, propende como objetivo a la búsqueda de la justicia, al ser el mejor instrumento de ésta. Si bien debemos aclarar ahora que el Derecho es más que las simples normas legales, pues aunque la ley es obligatoria, general, abstracta y de observancia forzosa para gobernantes y gobernados al emanar del poder soberano de una nación, no deberemos confundir jamás a la parte (la ley), con el todo (la ciencia jurídica); la ley es una parte importante del Derecho, pero sólo es eso, una parte del todo.

 

Importa resaltar ahora que los derechos sociales  tienen siempre 3 cualidades básicas, a saber:

 

a)                Son normas taxativas, pues limita o circunscribe un caso concreto a determinadas circunstancias, sin admitir discusión al respecto de su existencia;

b)                Son normas de orden público e interés social,  lo que implica que son normas legales que no pueden ser alteradas, ni por la voluntad de los individuos, ni por la aplicación del derecho extranjero; siendo además una pretensión trascendente de la colectividad su aplicación permanente en favor de los sujetos protegidos por las mismas, al ser casi siempre grupos sociales vulnerables; y,

c)                Son normas irrenunciables e inalienables, es decir, que en razón de su propia naturaleza intrínseca, respecto de ellas no procede renuncia tácita ni expresa a su eventual protección; mucho menos podría negociarse su observancia.

 

Por otra parte, cabe apuntar que el Derecho Social debe su contenido a una nueva concepción del hombre por parte de la ciencia jurídica, en donde en vez de individuos se atiende a la red o tejido social que éstos forman; al dejar su individualidad,  se mira a patrones y trabajadores, a propietarios rurales y campesinos, a profesores y estudiantes, a las personas productivas necesitadas de protección social.

 

Luego entonces, a diferencia de otras ramas de la ciencia del Derecho o de las disciplinas que las integran, el Derecho Social, reconociendo que no somos iguales todos y que por tanto las diferencias podrían llegar a ser abismales, en la anhelada búsqueda de justicia social hace siempre especial énfasis en el trato jurídicamente diferenciado a que propenden esa serie de normas, eminentemente tuitivas y proteccionistas -diríamos que casi compensatorias-, que fueran diseñadas ex profeso con la única finalidad de proteger a los miembros de determinadas clases sociales, como lo son los obreros y campesinos.

 

De manera que la fórmula en que descansa el Derecho Social -al menos en México, pues este concepto no es universal ni uniforme en el Derecho mundial-, es muy simple de enunciar, pero complejo de materializar en la práctica: Darle más a quien más necesita, menos al que necesita menos, y nada al que afortunadamente nada necesita.

 

Desde otro ángulo, cuando en la vida cotidiana decimos por ejemplo “es mi derecho” o “tengo el derecho”, nos referirnos no tanto a la ciencia jurídica en sí, sino más bien a la consecuencia natural de aquélla; tener un derecho o ciertos derechos, nos refieren a las acciones o atributos que emanan de las propias leyes a favor de alguien y que estarán necesariamente al cargo de alguien. Se incluyen en este concepto a los derechos surgidos en razón de alguna circunstancia natural o de grupo -tales como los llamados derechos naturales, derechos humanos o bien los derechos sociales-. Derechos que deben ser respetados, atendidos u obsequiados, y que de no serlo, otorga la facultad de pedirlo a su titular, pudiendo exigir su cumplimiento ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales competentes.

 

Entonces, ya que hablamos aquí de los derechos sociales -así, en plural, para abarcarlos a todos ellos sin distingo-, acotaremos que son aquellos que casi siempre plasmados a nivel Constitucional, y con un amplio sentido nivelador de las desigualdades naturales que nos distinguen a los seres humanos, los miembros de una sociedad organizada pueden exigir de sus autoridades e instituciones para alcanzar una vida más digna, justa y equitativa.

 

 

2. Qué es una Constitución Política. Su importancia y trascendencia sociojurídica.

 

 

Ahora bien, en el mundo del Derecho, generalmente los derechos sociales se hallan plasmados en la propia “Ley de Leyes” de un país, que es la Constitución Política  nacional, pues jerárquicamente en ella se basa el sistema jurídico interno de un país. No son meros postulados políticos, sino en realidad son derechos sociales exigibles al propio Estado que es su garante; aunque a veces el legislador secundario omita establecer los mecanismos de aplicación efectiva, y quede entonces como un asunto meramente discrecional su concesión. 

 

Respondamos enseguida un par de interrogantes: ¿Qué es o qué representa la Constitución Política de un país? ¿De qué jerarquía u obligatoriedad disfruta?

 

Tales cuestionamientos pueden resolverse afirmando que la Constitución Política es la ley fundamental de la organización de un Estado (país), en la cual se determina no sólo su forma y sistema de gobierno, sino su organización, la razón y la manera de ser nacionales.

 

En ese conjunto de disposiciones básicas de cualquier Estado contemporáneo, con independencia de las formas de éste o la ideología que permee en su gobierno, se reúne en teoría nada menos que la voluntad del pueblo, la cual delinea el tipo de nación a que aspira mediante el establecimiento de normas fundamentales que van, desde las atribuciones hasta las obligaciones y límites de actuación de la autoridad (quien puede hacer sólo lo que la ley expresamente le autoriza), como también se puntualizan los derechos u obligaciones de los gobernados al plasmarse sus garantías individuales o sociales (el ciudadano puede hacer todo aquello que no le esté prohibido).

 

Tales derechos y obligaciones Constitucionales, son de orden público e interés social y deben ser atendidos o respetados por el propio Estado, y acatados inevitablemente por el gobernado; siendo habitual, se insiste, que aparezcan en ella plasmados los derechos sociales, como acontece con los derechos laborales y los de protección social, que aunque regulados en ley reglamentaria o secundaria, tienen la mayor de las veces el rango de “derechos Constitucionales”.    

 

Al punto añadimos que de la propia Constitución Política, de manera directa o indirecta se derivan tanto las leyes reglamentarias como las legislaciones ordinarias y los códigos de toda índole, al igual que el resto de los estatutos orgánicos vigentes hasta llegar a los reglamentos administrativos.

 

Dicha normatividad legal nacional e interna -sin excepción y como un requisito sine que non de validez y de legitimidad social-, debe ceñirse necesariamente al marco Constitucional vigente en el país, pues en el caso de contravenirlas, desacatarlas e inobservarlas, dichas normas reglamentarias o secundarias pueden y deben ser declaradas por los tribunales competentes como inconstitucionales (que no se ajusta a sus disposiciones o las rebasan), o bien anticonstitucionales (esto es, que fueron expedidas contraviniendo abiertamente la disposición contenida en la Carta Fundamental que pretenden regular).

 

Dicho de otra manera: de la Constitución Política misma se deriva toda la normatividad jurídica nacional, sea ésta de índole formal (la legal), o la material (reglamentaria o reguladora en la esfera administrativa). Así, una Constitución Política nacional es garante del orden público establecido y de las instituciones públicas que legítimamente de ella emanan, al grado que no puede entenderse la existencia de cualquier nación del planeta que no tenga una Constitución que le funde u oriente.

 

Tal normatividad básica, se insiste, primará siempre por sobre cualesquier otro instrumento jurídico; aún ante los Acuerdos o Tratados Internacionales, los que sólo podrán celebrase entre naciones cuando así lo contemplan los propios mecanismos de su Constitución Política.

 

Dejando claro en este punto la evidente e innegable supremacía de dicha norma Constitucional, por sobre cualesquier legislación o Tratado internacional suscrito. De manera que en tales Tratado Comerciales -que hoy son cosa cotidiana en este mundo globalizado y con fronteras virtuales en que habitamos-, no pueden válidamente cambiarse a voluntad de los concelebrantes -así estos sean países soberanos-, las normativas internas vigentes de una nación; salvo acaso cuando la propia norma Constitucional interna de un país determinado lo permita de manera expresa, lo cual es harto improbable por razones de soberanía nacional.       

 

Por lo demás, se añade que las normas Constitucionales no han sido siempre las mismas; en el decurso de los años suele, por diversas razones, modificarse el marco Constitucional de un país; de manera pues que, en un momento determinado, bien podría darse una ruptura total o parcial del orden jurídico anterior de 2 maneras: institucionalmente, mediante los mecanismos legales existentes en la propia Constitución; o bien al través de una revolución.

 

En todo caso, es obvio que toda reforma debiera siempre efectuarse en beneficio del pueblo mismo, que es el verdadero soberano en los países democráticos, y por lo tanto, cuidándose siempre el legislador de no afectar a nadie con la expedición de nuevos decretos legales. Queda ya claro que el verdadero Estado de Derecho en un país sólo puede ser alcanzado cuando todo el entramado normativo existente -el que interactúa en cualesquiera de los diversos órdenes y competencias nacionales, y a veces hasta internacionales-, esté correctamente ajustado al marco Constitucional imperante y vigente.

 

Sólo así podrá ser aplicado y observado por todos, pues finalmente una norma jurídica, por más suprema que sea, no cambia la realidad sino que nada más la regula; su eventual observancia y por ende su aplicación, mediante el imperio de la fuerza del  Estado, requiere del nuevo marco normativo al menos de ciertas dosis de congruencia, de sensatez, de inteligencia y, sobre todo, de una clara legitimación social.

 

Porque siendo justos, debemos reconocer que las normas Constitucionales son más un “Derecho viviente” que un “Derecho vigente”, dado que en la vida real el Derecho resulta ser más aplicación que norma.

 

 

3. El reconocimiento de los derechos individuales y sociales en las Constituciones Políticas nacionales.

 

 

Contrario a lo que muchos suponen, la ciencia del Derecho es más que la ley, pues aparte del simple texto legal existen otras expresiones del Derecho como serían los llamados Principios Generales del Derecho -universalmente aceptados y generalmente inmutables-, o la Doctrina Jurídica, o bien la propia Jurisprudencia -entendida aquí como criterios de interpretación legal emanados de los tribunales jurisdiccionales competentes-, y toda una gama de fuentes directas o indirectas más, dependiendo éstas de la disciplina de que se trate; por lo cual no resulta conveniente generalizar en este punto, si bien conviene dejarlo anotado. 

 

Ello supone entonces que el Derecho interno vigente, en su conjunto, aparte de regular la función del Estado y de buscar la coexistencia pacífica de todos sus habitantes, propende necesariamente a la permanente búsqueda de ese valor llamado justicia, siendo el Derecho su mejor instrumento y, en el caso específico del Derecho Social, lógicamente lo será la justicia social.

 

Precisamente por eso, porque el interés social se halla en juego, para que no hubiese discrecionalidades respecto de la afanosa búsqueda de justicia social, es que se plasmaron en la propia norma suprema Constitucional el irrenunciable e inalienable derecho de acceso al manto protector de las relaciones laborales y de la seguridad social de los diversos grupos sociales por él protegidos; de esta manera se vuelve obligatoria, tanto la irrestricta vigilancia del Estado de los factores de la producción -capital y trabajo-, como la eventual prestación del servicio público de la seguridad social por parte del Estado; obligándose a éste a responsabilizarse de todo ello.

 

Dicho de forma más simple y para que mejor se entienda: Al insertarse las relaciones de trabajo y la seguridad social, en la ciencia jurídica, surgieron las disciplinas jurídicas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, los que suelen tener un claro basamento Constitucional, lo que les vuelve derechos exigibles al Estado, pues su prestación a la colectividad no es discrecional en razón de la naturaleza intrínseca y objetivos de éste (aunque el texto Constitucional o legal nacionales no lo puntualicen así), pues en razón de su naturaleza intrínseca, será el Estado garante y responsable de que tales aspiraciones sociales se cumplan.

 

Al punto no olvidemos que el derecho al trabajo y a la protección de la seguridad social, fuero elevados al rango de derechos humanos inalienables e irrenunciables, atento al texto de los artículos 22 y 23 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” -que deben relacionarse al artículo 25 de dicha Declaración-. Derechos básicos y fundamentales, que por cierto suelen ser reiterados en las propias Constituciones Políticas nacionales; pero aunque no sean mencionados, lo cierto es que existen y subsisten.

 

Son pues las disposiciones Constitucionales, junto con las normativas existentes a nivel Internacional que guían las tendencias de todos los pueblos del mundo -estén o no afiliadas a tales organizaciones como la ONU, la OIT, o la AISS-, obviamente junto a las legislaciones y regulaciones internas de cada país, las que sustentan la integración de verdaderas disciplinas autónomas como son los Derechos Laboral y de la Seguridad Social -nacionales o supranacionales, como acontece en el caso específico de la Unión Europea-; normas que, de alguna manera, son congruentes con la actual forma de concebirse en el mundo, tanto el trabajo formal o regulado, como el servicio público de la seguridad social.

 

De lo hasta aquí dicho, existe pues un pleno reconocimiento de los derechos individuales y sociales en normativas internacionales, Constituciones Políticas nacionales, así como en otra serie de normativas aplicables de inferior jerarquía.

 

En todas ellas se establece, invariablemente, una serie de derechos de carácter irrenunciable e inalienable, protectores de los trabajadores y recipiendarios del servicio de seguridad social de cada país; derechos que obviamente se empiezan a adquirir desde el momento mismo en que se inicia por vez primera una relación laboral, bajo una normativa legal específica vigente, y que se van acumulando día a día hasta consolidarse con el transcurso del tiempo al completarse los plazos o requisitos al efecto previstos por las normas primigenias aplicables.       

 

En este punto cabría afirmar que debido a la naturaleza jurídica intrínseca de los derechos laborales y de seguridad social, sencillamente no cabría aplicar una normativa que los restringiera o condicionara al obsequio de nuevas reglas -y menos aún si se intentara efectuar una aplicación retroactiva-, o que implicara inobservancia en cuanto a su total cumplimiento se refiere; porque hacerlo podría violentar el marco Constitucional y legal otrora vigente en la época en que fueron adquiridos tales derechos, así estén éstos en etapa de latencia. 

 

Por lo tanto, abiertamente se inobservan las propias Constituciones Políticas nacionales mediante la expedición de nuevas normativas legales -por más necesarias que tales reformas estructurales resulten-, cuando se cambian las reglas en detrimento de los trabajadores y los asegurados; siendo este un asunto trascendente, de enorme impacto social y económico, que de suyo no debiera permitirlo la sociedad entera, al partirse de una premisa jurídica fundamental que habría qué recordar siempre: un pueblo que no respeta su Constitución, no se respeta a sí mismo.    

 

Sobraría añadir al punto que no tienen tal facultad ni legitimación social para intentarlo, el gobernante en turno ni tampoco el legislador secundario; mucho menos lo deberían permitir los jueces, partiendo de la premisa de que son expertos en Derecho. Porque después de todo, cuando todos ellos tomaron posesión de sus elevados encargos públicos, ciertamente juraron acatar y hacer respetar la Constitución nacional que ahora violentan o ignoran. Y eso de plano que no se vale.

 

 

4. Los derechos sociales exigibles al Estado. La garantía de derechos de los trabajadores asegurados ante eventuales cambios legales.

 

 

De entrada debe quedarnos perfectamente claro que cada país tiene el libre albedrío de elegir y de adoptar el tipo de derechos laborales y de seguridad social que mejor le acomode en razón de circunstancias propias, tales como idiosincrasia, historia, tradiciones culturales, economía, etc.

 

No hay pues una manera uniforme en el mundo entero de entender y normar las relaciones de trabajo ordinario o burocrático -ya individual o ya colectivo-, ni tampoco procedimental; lo mismo ocurre entratándose de los sistemas de protección social. Existen, claro, algunos modelos paradigmáticos, mundialmente conocidos, pero aunque fueran idénticas las formas, en razón de las peculiaridades de cada país sencillamente no funcionarían, ni tampoco se desarrollarían igual.

 

Así, cada nación concibe y percibe de manera singular la instrumentación del marco legal y normativo interno, quedándonos ya perfectamente clara la idea central de todo lo expuesto: Cualquier disposición legal que inobserve o contravenga tales dispositivos Constitucionales, o que los vulnere, será por ese simple hecho una norma inconstitucional; lo que obviamente lejos está de ser un asunto menor, como muchos suponen.

 

Lamentablemente éste tipo de disposiciones legales inconstitucionales abunda en nuestra zona geográfica Latinoamericana, y deberían las mismas ser combatidas aún oficiosamente por los propios órganos jurisdiccionales competentes del Estado -una utopía, ya se sabe, pues el Estado no irá nunca contra sí mismo-. Pero también, en una abierta resistencia civil pacífica, no debiera ser acatadas u obedecidas por nadie, al contravenir el Pacto Social básico nacional; aunque esa resistencia pacífica también sea una utopía, ante la ancestral falta de memoria histórica y de cultura previsional de nuestros pueblos de la llamada “América Morena”.

 

Sin embargo, la realidad nos muestra que para la clase política el fin siempre justifica los medios para alcanzarlo; de manera que cuando el Estado adolece de razones válidas, para salirse con la suya e intentar escapar de sus responsabilidades naturales, esgrime las llamadas “razones de Estado” (sic). Ello explica, pero no justifica ese actuar, que resulta violatorio del Estado de Derecho en que se supone vivimos.

 

Así las cosas, tocaría pronunciarse en tales casos de inconstitucionalidad normativa a los Tribunales jurisdiccionales nacionales, fijando postura acerca de cuestiones trascendentes que sin duda afectan la vida general de todos los habitantes de un país; porque una normativa legal o reglamentaria que adolezca del debido soporte Constitucional -sea o no laboral o de seguridad social-, carecerá por ese simple hecho de la debida legitimación social y no debería de ser acatada.   

 

Por lo tanto, como en materia laboral y de seguridad social, si el Estado no puede entonces nadie puede, deberá quedarnos perfectamente claro a todos el punto medular que aquí se plantea: No se puede ni deben cambiar las reglas del juego durante el juego. Punto.

 

En tal sentido, con base a un análisis acucioso de las Normas Mínimas que al respecto ha emitido la propia OIT sobre este tema, aunado ello a las propias disposiciones Constitucionales continentales que vuelven al trabajo objeto de permanente atención al ser considerado como un derecho y un deber sociales, así a la seguridad social no un mero postulado político sino un verdadero derecho exigible al Estado, podemos extraer al menos 4 conclusiones jurídicas válidas, que ciertamente coadyuvarán a responder algunas de las múltiples interrogantes acerca de la maneras de concebir al Derecho Laboral y de Seguridad Social, entendidos ambos como lo que son en realidad: Cuerpos legales que contemplan derecho sociales y humanos de todos; junto a la innegable garantía de respeto por parte del propio Estado, bien sea de los derechos adquiridos por los trabajadores o los derechos en estado de latencia o derechos latentes, ante la eventualidad de un cambio legislativo:

 

~ Primera, la responsabilidad directa de su observancia corresponde ineludiblemente al Estado. En el caso concreto del asunto laboral, es su deber preservar la correcta relación entre los factores de la producción (capital y trabajo); en tanto que, en el caso específico de la seguridad social, al ser éste un servicio público, la responsabilidad originaria de su prestación y control legal le compete al propio Estado, aunque entes privados participen en la prestación del mismo.

 

~ Segunda, de hallarse plasmado en norma Constitucional el derecho de acceso a la regulación del orden laboral o trabajo formal, así como el de la seguridad social, le estará siempre prohibida al Estado la aplicación retroactiva, en perjuicio del gobernado, de leyes y/o de disposiciones reglamentarias o administrativas, que vulneren e inobserven ese derecho superior, pues recordemos que la normativa secundaria deberá ser acorde y hallarse siempre subordinada a la Constitución nacional.

 

~ Tercera, en todo caso la planificación e instrumentación de todo tipo de sistemas legales en materia laboral y de seguridad social, corresponderá sólo al Estado, al ser asuntos de interés social; siendo entonces su responsabilidad inherente la creación y operación de los mecanismos nacionales específicos creados para la eventual regulación de asuntos laborales y de seguridad social, cualesquiera que sean las circunstancias especiales de estos sistemas.

 

~ Cuarta, los derechos sociales del trabajo y de la seguridad social, al ser derechos humanos y sociales, poseen intrínsecamente 3 atributos fundamentales, a saber: Son normas irrenunciables, inalienables y, en lo esencial imprescriptibles, con la excepción de prestaciones económicas periódicas.

 

Habiendo quedado plasmadas tales premisas básicas de los Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social, es factible señalar ahora que tanto a la luz de la teoría jurídica de los derechos adquiridos, como de la teoría de los componentes de la norma, los derechos emanados de la normatividad vigente se adquieren precisamente desde el momento en que por vez primera el interesado se ve inmerso en una relación jurídica laboral, con derecho al manto protector de la seguridad social. En México, ello se confirma en la teoría jurídica de la incorporación al empleo, contemplada por el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo.

 

Así entonces, con el simple transcurso del tiempo se irán generando poco a poco una serie de derechos o prerrogativas para el operario, plasmadas en el marco normativo legal o reglamentario entonces vigente, hasta satisfacer las condiciones suspensivas que, para cada caso concreto, pudiesen estar fijadas en ley. Hablamos aquí de condiciones suspensivas, plazos o requisitos de acceso a ciertas prestaciones jubilatorias laborales o pensionarias de seguridad social; o bien de algunos requisitos de antigüedad para tener derecho a prestaciones económicas tales como primas, bonos, incentivos, compensaciones, o cualesquier otra forma que adopte las mismas, con independencia de su eventual denominación.

 

De manera pues que se irán configurando tales derechos con el decurso de los años, junto al eventual obsequio a las condiciones exigidas en ley para acceder a prestaciones en dinero o en especie -ya sea de índole laboral o bien de seguridad social-. Y una vez completados todos los requisitos plasmados en norma legal, a este tipo de derechos se les llama en la práctica forense como lo que en realidad son: derechos adquiridos.

 

Considerando además nosotros que no son ni significan exactamente lo mismo “derechos latentes” que “derechos adquiridos”, como algunos aseguran, pues el adjetivo latente implica que el primero de ellos está inactivo todavía por alguna razón, acaso porque no ha terminado de adquirirse o porque aún no es posible ejercerlo al faltar alguna otra condición todavía en proceso de adquisición. Si se quiere la diferencia consiste en simple cuestión de énfasis, pero existe en nuestra opinión.   

 

Obvio que el problema o conflicto jurídico planteado surge cuando apenas se están adquiriendo tales derechos o se hallan en vía de adquisición; un proceso que algunos tildan como meras “expectativas de derechos”, mientras que nosotros sostenemos que no son eso en realidad, sino que son en realidad “derechos latentes”.  

 

Porque en el caso concreto de las pensiones laborales jubilatorias, o de seguridad social, ya se sabe que su otorgamiento estará condicionado casi siempre -los riesgos de trabajo suelen ser la excepción-, al cumplimiento cabal de ciertos “requisitos de espera”, esto es, de tiempo laborado o edad biológica, o bien de alguna combinación de ambas, aunado a veces a alguna otra “condición suspensiva” -como sería la imposibilidad laboral permanente y definitiva o acaso la ausencia de ingresos económicos, por ejemplo-. En todo caso, en lo que ahora más nos interesa resaltar, si completado al fin alguno de esos requisitos, faltase algún otro de satisfacer, un eventual cambio legal no podrá nunca afectar ese derecho latente.

 

Este es exactamente el punto medular de este ensayo jurídico inédito en México y acaso en Latinoamérica: La teoría de los derechos latentes.

 

Porque de cambiar el legislador durante la vida activo-productiva del trabajador asegurado, las reglas legales a que el operario ha estado sujeto desde cuando fue inicialmente incorporado a un sistema legal con predeterminados requisitos, debe reconocerse invariablemente que dicha modificación de reglas de acceso a todo tipo de prestaciones en dinero o en especie, vulnera abiertamente, en perjuicio del trabajador y gobernado, sus garantías individuales y sociales, al violentarse no sólo la naturaleza intrínseca de tales derechos que son de orden público e interés social -de suyo inalienables e irrenunciables-, sino en la mayoría de las veces violentándose también el mismo marco Constitucional existente.

 

De manera que, de efectuarse reajustes legales a los requisitos de acceso a prestaciones laborales o de seguridad social, las nuevas reglas existentes solo podrán serle aplicadas a los nuevos trabajadores asegurados que no estuvieron afilados al régimen anteriormente vigente, más no a quienes comenzaron a generar tales derechos con la normativa derogada o abrogada. A esto, bien se sabe, se le suele denominar jurídicamente como “principio de irretroactividad de leyes”, un Principio General del Derecho no escrito, que los juristas bien sabemos existen, que perviven y subyacen en la ciencia jurídica, así no esté plasmado en ninguna normativa legal expresa.

 

Ello es así debido a que se trata de sistemas laborales y de seguridad social adoptados de toda buena fe por una colectividad que se precia de ser solidaria y equitativa, y porque en todo caso, al completar el asegurado los requisitos anteriormente exigidos por ley, podrá en todo momento hacer valer los medios de defensa exigiendo el reconocimiento de sus derechos preadquiridos; derechos que, si acaso antes no se habían configurado, al completarse han dejado de ser ya simples derechos latentes -esto es, derechos en formación o simples expectativas-, para convertirse en derechos adquiridos.

 

 

            5. Derechos latentes y latencia de derechos sociales: una aproximación conceptual.  

 

 

Así las cosas, ¿qué debemos entender por derechos latentes? ¿Qué es la latencia de derechos sociales?

 

            Pues bien, según lo define el Diccionario de la Real Academia Española, el adjetivo “latente” significa: Oculto, escondido o aparentemente inactivo; en tanto que “latencia” es la cualidad o condición de latente y, en una segunda acepción, es el tiempo que transcurre entre un estímulo y la respuesta que produce.   

 

De manera pues que, en materia jurídica, cuando se adquiere un derecho al configurarse en la realidad concreta la hipótesis legal prevista -ya sea en el rubro laboral o en el de la protección social que acompaña a aquella-, se adquieren, por ese simple hecho, acciones o atributos que emanan de las propias leyes sociales a favor de alguien [en este caso, el trabajador asegurado y por extensión su núcleo familiar directo y dependiente económico], y siempre al cargo de alguien [del empleador, de algún Seguro Social, o en última instancia del propio Estado, según el caso concreto y la disposición legal aplicable].

 

Ello sucede especial, que no exclusivamente, entratándose de los derechos sociales laborales y/o de seguridad social que ya lo vimos antes, tienen características singulares al ser derechos humanos, emanadas de normas taxativas, de orden público e interés social, irrenunciables e inalienables.

 

Para fines propedéuticos por derecho latente debemos entender:

 

Las acciones o atributos que emanan de las propias leyes laborales y de seguridad social nacionales o locales, generado en favor de un trabajador desde que comenzó el vínculo laboral, y que a la vez se halla inscrito a un régimen de seguridad social -o que debiera estarlo si no lo está por razones ajenas a su voluntad-, y el cual se va conformando mediante el decurso del tiempo hasta completarse la condición suspensiva fijada [es decir, algún lapso de tiempo previsto en norma legal aplicable, que deba ser medido en años efectivos de servicio, o alguna edad biológica, o algún estado civil predeterminado, o cierto número de años de aseguramiento medidos a veces en semanas de cotización al ente público asegurador, o bien en alguna otra circunstancia específica -como podría ser la incapacidad permanente total para laborar, o la declaración de estado de invalidez, o la cesantía en edad avanzada, o el desempleo, y/o algunas otras causas análogas-]. Derechos que guardarán un estado latente hasta que se conforman y terminan de adquirirse, o bien un estado de latencia hasta que se ejercen por su titular.   

 

En tanto que propedéuticamente, latencia de derechos sociales significaría:

 

La cualidad o condición de predeterminados derechos sociales laborales y/o de seguridad social, que son irrenunciables e inalienables por razón de su naturaleza jurídica intrínseca, mismos que se han integrado paulatinamente desde el inicio de una relación laboral continuada, los que aún no pueden ser ejercidos por su titular por causas ajenas a su voluntad al faltarle todavía la consumación de algún otro requisito legal distinto en vías de integrarse y, por lo tanto, contra ellos no puede correr ningún término prescriptorio [el típico caso de haber completado la edad biológica requerida, pero no la antigüedad laboral fijada, o viceversa].

 

Como podrá advertirse, tanto los derechos latentes como la latencia de derechos sociales, son perfectamente reconocibles y distinguibles, al ser derivados siempre -se insiste en este punto por la importancia que tiene- de normas taxativas, de orden público e interés social, inalienables e irrenunciables, que comienzan a integrase cuando se dan en los hechos la hipótesis legal de una relación laboral subordinada, y el consecuente derecho de aseguramiento a un sistema de seguridad social obligatorio; siendo pues derechos efectivos -que no meras expectativas de derechos-, los que ineluctablemente deben ser respetados y reconocidos por todos, incluso por el Estado mismo y desde luego por la propia sociedad en general, al no ser un don gracioso ni una dádiva. 

 

Por lo tanto, quien quiera que labore subordinadamente al servicio de otro -más allá de sus condiciones personales de sexo, raza, color, edad, credo, nivel de educación, posición económica, estado civil, capacidades diferentes, etc.-, por ese simple hecho tendrá pleno derecho de acceso a disfrutar de un trato jurídico específico, previsto en la legislación laboral interna de cada país, y junto con su núcleo familiar dependiente económico, por efectos de la previsión social, gozará de todas las prestaciones y canonjías que dicho marco normativo Constitucional, legal y reglamentario hayan previsto otorgarle, el cual, ya se sabe, no puede ser negociado (inalienabilidad de derechos), ni tampoco es renunciable (irrenunciabilidad de derechos). Y lo mismo sucederá en el caso de la seguridad social, que suele acompañar todavía a la relación laboral, como un manto protector magnífico del operario y su familia.

 

Trátase entonces de derechos digamos que singulares, que son otorgados a los sujetos que se ubiquen en la hipótesis legal normativa laboral y de seguridad social, los que comienzan a configurarse desde el primer día de labores, y continúe o no con el mismo empleador tal relación -a menos que hablemos de una jubilación laboral, en donde sí se requiere dicha continuidad laboral-, cada vez que la relación laboral exista, se irán acumulando día con día tales derechos, hasta llegar a completar los requisitos legales previstos en ley, lo que dará la facultad a su titular para exigirlo al sujeto obligado -sea éste un empleador, un Seguro Social o el propio Estado-, al través del ejercicio de acciones promovidas ante los tribunales jurisdiccionales competentes.

 

De manera pues que no estamos hablamos aquí, como podría pensarse equivocadamente, de una simple “expectativa de derechos” (sic), como lo han pretendido definir erróneamente algunos tribunales jurisdiccionales, o como casi siempre suelen tildarle los académicos.

 

Porque debido a su irrenunciabilidad e inalienabilidad, estos derechos sociales no son una simple expectativa, como algunos pretenden sostener, sino que van corriendo de momento a momento, comenzando a configurarse desde que el mismo día en que el interesado se ubica precisamente en la hipótesis normativa legal respectiva -o del Contrato Colectivo de Trabajo, en los casos concretos de la jubilación laboral que se adquiere vía previsión social-, y se continúan desarrollando poco a poco, de manera progresiva (a veces con lapsos de suspensión e interrupción en su consumación pero que luego continúan), hasta terminar de completarse tales derechos latentes durante lapsos de tiempo posteriores y sucesivos al momento inicial.

 

Sostenemos nosotros entonces que no es cuando se culmina dicho proceso, cuando el derecho se adquiere; a nuestro entender, se adquiere, en razón de la naturaleza intrínseca de este tipo de derechos, cuando se comenzó su eventual adquisición, y sin que pueda afectarle el cambio de normativa legal o reglamentaria que en futuro pudiese presentarse. Entonces, para decirlo de manera coloquial y para que mejor se entienda: Las reglas del juego están dadas desde el primer día, y a esas reglas deben atenerse todos los jugadores hasta que culmine el juego. Así de simple.

 

            Acaso un ejemplo nos sea útil para entender los derechos latentes, y como sucede en todo ejemplo, mientras más obvio, tanto mejor.

 

Como bien sabemos, el embarazo humano -es decir, el estado en que se halla la hembra gestante-, comienza a partir de la fecundación del óvulo por un espermatozoide, y su gestación dura alrededor de 36 semanas (nueve meses). Más allá de discusiones en cuanto atañe a la naturaleza del embrión, si tiene o no alma, si ya es un ser vivo o no el producto de dicho embarazo, lo cierto es que la mujer se halla embarazada desde un inicio -lo sepa ella o no-, y lo estará hasta el momento del alumbramiento; y si bien el feto aún no es todavía una persona jurídicamente hablando, nadie duda que está en vía de serlo, pues sólo falta que se desarrolle en el vientre materno por el simple transcurso del tiempo para que, al nacer, comience a serlo.

 

Sin embargo, acaso lo más interesante en este ejemplo es que, salvo los casos legales de excepción que pudiesen existir -recuérdese que las excepciones sólo confirman la regla general-, lo cierto es que el producto del embarazo está ya protegido por las leyes, acaso no como persona todavía, pero ya existe y nadie lo pude negar. De manera que para decirlo de otra forma: Está “latente” un nuevo individuo, con todo lo que ello implica y significa; y lo está aunque por ese lapso de tiempo se encuentre oculto, escondido y pudiese pensarse que hasta inactivo. Como latente está el germen de la muerte desde que algo o alguien nace, puesto que nada es eterno. ¿Cuándo llegará la muerte, cuándo será realidad, cuándo se concretará? Nadie lo sabe, pero allí está latente en todos. Y es inevitable, claro.  

 

Latente, pues, ni más ni menos; y no es una simple “expectativa” (sic), pues esta allí el ser desde el principio de la gestación: creciendo, desarrollándose, terminando de configurarse una persona humana que, en razón de su vulnerabilidad, debe estar siempre protegida por el Estado y la sociedad en general con arreglo al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que textualmente señala: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”. Y claro, bien podría la gestación interrumpirse y no llegar a consumarse; pero en todo caso ello no afectaría la teoría de su preexistencia.

 

Así, tal y como sucede con el embarazo -llegue a término o no-, desde un principio el producto existe; está allí, escondido y latente, esperando a que termine su evolución natural para adquirir derechos plenos cuando termine por nacer.

 

Pues algo similar acontece con los derechos laborales y de seguridad social: Desde un inicio, cuando se generan con arreglo a las disposiciones legales atinentes,  están allí creciendo, desarrollándose y terminándose de configurar. No es correcto entonces considerarle una simple “expectativa” de derechos futuros e inciertos, sino que aún en formación, son ya derechos, no ejercibles todavía al no estar aún consolidados, pero es una semilla que germinará y luego dará frutos. Son entonces derechos latentes.

 

Por lo demás, aunque pudiese parecerlo a simple vista, el asunto no es meramente teórico sino practico y no es sólo cuestión de semántica.

 

Ello es así debido a que cuando sólo se tiene una “expectativa”, se alude a una esperanza de poder realizar algo, a una simple posibilidad de conseguir un derecho que se conoce como venidero.

 

Pero cuando hablamos de derechos latentes se parte ya del reconocimiento de que el mismo existe, que está allí de jure, como garantía social plasmado en norma legal, el que a veces permanece oculto o escondido, al grado que ni siquiera su recipiendario se da cuenta de que existe -aunque no se requiera que sepa el operario todo esto-, y sólo deben darse las condiciones de facto para que el mismo madure hasta que pueda ser ejercido por su titular.

 

De lo que se concluye que expectativas de derechos y derechos latentes son cosas totalmente diferentes, claro; por lo que sostenemos que entratándose de derechos sociales -en especial del complejo tema de la seguridad social-, nunca deberíamos utilizar el término “expectativas de derechos” si el trabajador asegurado, inscrito al régimen obligatorio de la seguridad social,  ha conseguido desde un inicio irlos configurando y allí están, latentes, vivos, intocados. No es pues una simple esperanza, sino una realidad que requiere de ser reconocida para darle el justo valor que merece, especialmente cuando se intentan cambiar las reglas de consolidación plena de tales derechos, imponiendo mayor exigencias posteriores a las iniciales.      

 

Ésa es pues la teoría de los derechos latentes: El periodo de tiempo mediante el cual, una vez que se inician al estar previstos en norma legal, se van desarrollando y completando hasta terminarse de configurar; hasta el día en que ya formados e integrados, puedan ser ejercidos plenamente por su titular.

 

            Ciertamente, habrá quiénes opinen diferente a nosotros, considerando que en última instancia son sinónimos “Derechos latentes” y “Derechos adquiridos”, razonando que quien tiene ya adquirido algún derecho puede ejercerlos a partir del momento en que se encuentre en el supuesto normativo, siendo obvio entonces que tiene un derecho latente o en latencia. Empero, nos hallamos convencidos que acaso las diferencias pueden ser sutiles, pero existen, puesto que para nosotros el derecho latente es un paso previo a los derechos adquiridos, dado que, si ya se hubiesen en realidad adquirido tales derechos, de plano las discusiones académicas cesarían, carecerían de sentido y sería innecesaria entonces la referida teoría de latencia de derechos sociales.   

 

No se omite apuntar que lejos de intentar profundizar en temas que confundan a la población, lo que intentamos ahora es convencer a quienes deben respetar y hacer respetar estos singulares derechos sociales exigibles, en el sentido de que, si por causas ajenas al interesado aún no se hubiese consumado su adquisición -o apenas se está en vía de dicha consumación-, el total e irrestricto respeto a tales derechos preadquiridos es crucial, básico y fundamental.       

 

Porque sencillamente no se vale que tras de comenzar a adquirirse los derechos, por las razones que sean, durante su eventual término de configuración, se cambien las reglas legales, imponiéndose condiciones distintas mayores que resulten lesivas para el trabajador o el asegurado que -se insiste-, ya les había comenzado a adquirir tales derechos mediante una normatividad predeterminada.

 

Este es pues el punto crucial del tema abordado: Sencillamente no se vale que se modifique el marco legal preexistente en perjuicio del interesado. Que se cambie el entono y se exijan mayores requisitos acaso para los de nuevo ingreso, si es que las condiciones políticas, económicas y sociales de un país así lo ameritan; pero nunca deberá de cambiarse la regulación legal para quienes ya habían depositado, de toda buena fe, su confianza en un marco legal específico y concreto vigente al inicio de su carrera laboral.

 

            Así las cosas, en las reformas jurídicas instrumentadas por un país -ya sean Constitucionales, legales o reglamentarias-, no es válido argumentar “razones de Estado”, el bien común general, o una eventual insolvencia de pago patronal o de seguridad social, con respecto de prestaciones legales preadquiridas por los operarios subordinados, cuando están latentes sus derechos. Su desacato e inobservancia bajo ningún argumento puede ser justificable, si tales derechos no siquiera pueden ser renunciados o negociados por su titular.

 

Porque si no se previno oportunamente el hecho futuro pero previsible, que desde luego en un momento dado habría de llegar (póngase el caso ejemplificante de la jubilación laboral o de la pensión por vejez de seguridad social), formándose las reservas financieras necesarias para afrontar tales compromisos futuros al cargo del Estado, ciertamente incurrieron en responsabilidad los funcionarios públicos responsables y entonces deberán ser sancionados civil o penalmente; ello desde luego sin perjuicio de que el Estado obtenga y reencauce fondos suficientes para satisfacer a cabalidad estos derechos exigibles a sus recipiendarios o bien a su núcleo familiar derechohabiente, pues lo argumentado no releva de responsabilidad al sujeto obligado del derecho del trabajador asegurado.      

 

Deberá quedarnos perfectamente claro que intentar disminuir prestaciones o bien aumentar los requisitos de acceso a ellas, a quienes ya han estado afilados a un ente asegurador, es insostenible desde el punto de vista jurídico. No se vale que aduciéndose “problemas estructurales” (sic) en los Seguros Sociales nacionales, el Estado no afronte sus responsabilidades y, al denegarlos, afrente a la ciudadanía, que queda no sólo desprotegida sino inerme ante el abuso del poder o la discrecionalidad de su ejercicio.

 

El asunto de marras es un tema crucial, a menudo soslayado especialmente por la clase política, pues bien analizado el punto la problemática planteada no nada más se reduce a un mero asunto jurídico, sino que se trata también de un tema moral y hasta una cuestión ética.

 

 

6. Conclusiones.

 

 

A manera de conclusiones de lo expuesto en este breve ensayo jurídico, dejaremos planteadas las siguientes consideraciones:

 

PRIMERA. Nadie tiene el derecho de volver nugatorio los derechos latentes de los trabajadores o de posponer el otorgamiento de prestaciones y/o servicios de seguridad social, generados por el operario asegurado bajo el amparo de la Constitución Política nacional y la legislación vigente en su época activo-productiva

 

SEGUNDA. Nadie se puede arrogar el derecho de cambiar los requisitos de acceso en materia de derechos sociales, a las prestaciones laborales y de seguridad social de los operarios. Por el contrario, en base al principio jurídico que contempla la aplicación retroactiva de leyes en agravio del interesado, debe guardarse siempre un respeto irrestricto a los derechos preadquiridos, latentes o en proceso de adquisición de los trabajadores. 

 

TERCERA. Queda claro que el espinoso tema de los llamados derechos latentes ha sido muy poco explorado académicamente por los juslaboralistas y segurólogos sociales, quienes impotentes han visto cómo en el último cuarto de siglo se han venido cambiando, en diversas regiones del planeta, tanto las Leyes Laborales como las de Seguridad Social, y con ello se han violentado los derechos adquiridos o los derechos latentes de los trabajadores subordinados, así como los de los asegurados y derechohabientes como recipiendarios del servicio público de la seguridad social originariamente al cargo del Estado.

 

Urgiría entonces poner manos a la obra y efectuar los juristas las tareas que nos competen en razón de nuestro perfil académico, contribuyendo generosamente en la solución de esta sentida problemática social, que finalmente es de todos porque afecta no a un individuo en particular sino a la sociedad en general.

 

 

DR. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

Autor e Investigador Nacional de México

Presidente Internacional de la AIJDTSSGC

 

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA:

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 152ª. Edición, Editorial Porrúa, México, 2006.

 

Diccionario de Derecho Privado. Obra jurídica dirigida por Ignacio de Casso y Romero, segunda reimpresión, Tomo I y II, “G-Z”, Editorial Labor, Barcelona, 1961.

 

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, vigésima segunda edición. Tomo I y II, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 2001.

 

Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Decimotercera edición, Tomo II, “D/H”, Editorial Porrúa, México, 1999.

 

Estudios Jurídicos en torno a la Constitución Mexicana de 1917, en su septuagésimo quinto aniversario. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Serie G, Estudios Doctrinales número 132, México, 1992.

 

Ruiz Moreno, Ángel Guillermo. Nuevo Derecho de la Seguridad Social, Editorial Porrúa, Décima segunda edición,  México, 2007.

 

______________________.  Los sistemas Pensionarios de las Universidades Públicas en México, Editorial Porrúa, Primera edición,  México, 2005.

 

______________________. (Coordinador). El Derecho Social a inicios del Siglo XXI, Editorial Porrúa, Primera edición,  México, 2007.

 

______________________. La impugnación  legal de los actos definitivos del Seguro Social en México, Editorial Porrúa, Primera edición,  México, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT DE ARTÍCULO

 

“LA IDEA DE LOS DERECHOS LATENTES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, ANTE EVENTUALES CAMBIOS LEGISLATIVOS.

UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL”

 

 

Los Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social, como conjunto de normas jurídicas nacionales que regulan estos temas en un país, son catálogos normativos que contiene reglas taxativas de orden público e interés social, observables siempre por el Estado. Tanto el trabajo formal, como el servicio público de la seguridad social, son considerados como un derecho humano y social en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, emanada de la Organización de las Naciones Unidas desde el 10 de diciembre de 1948.

 

La responsabilidad directa del respeto irrestricto a tales derechos sociales corresponde ineludiblemente al Estado, por tratarse de asuntos de enorme impacto político, económico, social y jurídico; su planificación, instrumentación y consolidación compete al propio Estado, siendo obvio que le estará prohibida a éste la aplicación retroactiva de nuevas leyes y de disposiciones reglamentarias o administrativas, que vulneren e inobserven aquél derecho superior primigenio.

 

No se puede entonces, válida y legítimamente, cambiar sobre la marcha las reglas del juego en materias de alto impacto social -como son la materia laboral y la seguridad social-; hacerlo es no guardar respeto alguno a los derechos latentes de operarios y asegurados, siendo más que este tema  no ha sido explorado por los juslaboralistas y segurólogos sociales, por lo que será necesario conceptualizarlos y definir qué son, para qué sirven, cómo surgen y, en especial, cómo se materializan en la práctica.

 

DR. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

 

 


Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Decimotercera edición. Tomo II, “D/H”. Editorial Porrúa. México, 1999. Pág. 935.

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima segunda edición. Tomo I, “a/g”. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 2001. Págs. 751-752.

Diccionario de Derecho Privado. Obra jurídica dirigida por Ignacio de Casso y Romero. Segunda reimpresión. Tomo II, “g-z”. Editorial Labor. Barcelona, 1961. P. 2511.

En lo que atañe al complejo tema de la protección social, la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido, de manera muy sintética, que la protección social nacional (digamos que esta es el género), está conformada por diversos sistemas de protección que, aunque en apariencia similares todos, se distinguen perfectamente los unos de lo otros, entre ellos: la asistencia social, la previsión social, y naturalmente la seguridad social  (que serían entonces las distintas especies).

Al lector interesado en este abigarrado tema de la protección social, le sugerimos la lectura del capítulo II, denominado: “Concepto de seguridad social y otras precisiones terminológicas”, del libro Nuevo Derecho de la Seguridad Social, de Ángel Guillermo Ruiz Moreno, decimosegunda edición, Editorial Porrúa, México, 2007.   

“Declaración Universal de los Derechos Humanos” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. Si bien tal Declaración no tiene efectos jurídicos vinculatorios, sí obliga moralmente a todas las naciones del orbe a reconocerlos y respetarlos. 

La Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), fundada en 1927 y con sede en Ginebra, Suiza, actualmente aglutina a 365 organizaciones (Seguros Sociales) de 154 países del planeta.

El Convenio 102 de la OIT, relativo a las Normas Mínimas de Seguridad Social, aprobado en la Trigésima Quinta Reunión, el 28 de junio de 1952; nos parece absolutamente necesario que se revise a fondo a fin de adecuarle a las realidades, retos y desafíos del siglo XXI en materia de protección social. 

“Los derechos sociales exigibles en México. Una aproximación conceptual”, ensayo de Ángel Guillermo Ruiz Moreno, publicado en el libro: “El Derecho Social en México a inicios del siglo XXI. Una visión en conjunto”. Editorial Porrúa, México, 2007, págs. 1 a 20.

El artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo establece textualmente: “Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe”. Obviamente que se trata de una presunción jure instantum, que de suyo admite prueba en contrario; empero, en la practica resulta una especie de ‘prueba diabólica’ el probar un hecho negativo derivado de una presunción legal, basándonos en el principio procedimental in dubio por operario y aunado a la irrenunciabilidad de derechos laborales y los derivados de las leyes de protección social, contemplados específicamente por el artículo 123, Apartado “A”, fracción XXVII, incisos g) y h), de la Constitución Política Mexicana.

Por cierto, el artículo 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social -que previene quiénes son sujetos de afiliación obligada al IMSS, remite de manera expresa a dicho numeral 21 de la Ley Federal del Trabajo.  

Los Principios Generales del Derecho son fuentes formales de la ciencia jurídica, que de alguna manera han dado origen y sentido al nacimiento mismo de las normas legales y del derecho entendido como ciencia social; son pues ideas o criterios fundamentales e inmutables, que sirven como eje rector indiscutible y que se han constituido en dogmas o fórmulas con validez universal. Tales directrices válidas de pensamiento jurídico, son primordialmente utilizados como fórmulas básicas al desarrollar el Derecho; si bien históricamente han servido para orientar al juzgador al resolver casos concretos de interpretación, llenar lagunas legales, o fijar los alcances de las normas vigentes.   

Diccionario de la Lengua Española. Tomo II, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 2001, págs. 1352.

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos establece de manera puntual todos los derechos y prerrogativas de que disfrutan los operarios del país, con todas las características que se han dejado señaladas al referirnos a dichos derechos sociales; siendo dicho precepto la base no sólo del trabajo y de la previsión social -como se intitula-, sino de suyo también del servicio público de la seguridad social.  De alguna manera, tales derechos sociales y humanos son consagrados también a este nivel en muchos otros países del planeta.

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Publicación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  México, 2007. Por cierto, en las primigenias versiones de dicho precepto, el texto decía textualmente: “Tanto la madre que va a tener un hijo, como su hijo, deben recibir cuidado y asistencia…”

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