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ANÁLISIS JURÍDICO DE LA NUEVA LA LEY DEL ISSSTE

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CASA DE LA CULTURA “MARIANO AZUELA RIVERA”, DE LA

H.  SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Conferencia:

“ANÁLISIS JURÍDICO DE LA NUEVA LA LEY DEL ISSSTE

1. CONTEXTO DE LA REFORMA LEGAL.

Tras años de letargo, al fin el Congreso de la Unión comenzó a saldar un adeudo hacia el pueblo de México y, en especial, de sus servidores públicos: el 28 de marzo de 2007, por mayoría simple, el Senado aprobó, en idénticos términos en que lo había hecho seis días antes la Cámara de Diputados, la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 del mismo mes y año —por cierto en día sábado, cosa totalmente inusual—, entrando en vigor en todo el país al día siguiente de su publicación en lo general, salvo seis de sus artículos que aluden al régimen financiero, es decir, los nuevos porcentajes de aportación, que cobrarán vigencia hasta el 1° de enero de 2008. 1 

Se rompió al fin la “parálisis legislativa” que padecimos durante toda la administración Foxista, y acaso lo único rescatable de ello sea la señal que se envía a la ciudadanía en el sentido de que todavía hay forma de ponernos de acuerdo en asuntos trascendentes —aunque, en este caso en concreto, el resultado pueda ser desastroso—, efectuándose así la primera “reforma estructural” mexicana prometida, a la que el propio Presidente de la República Felipe Calderón tildó, ante los medios de comunicación nacionales, como: “la más importante en una década” (sic).

Claro, la otra habría sido precisamente la Ley del Seguro Social, que comenzara a regir el 1° de julio de 1997. Empero, la primera interrogante que surge es: ¿Porqué se piensa que la seguridad social debe ayudar a resolver los problemas de la economía nacional, cuando debería ser al contrario? Porque de nuevo se hicieron las cosas al revés.

Debe aclararse desde ahora que, contrario a lo que se piensa, no hubo consenso Cameral, pues no todos los legisladores federales mordieron el anzuelo. De suyo el proceso legislativo de marras muy lejos estuvo de ser terso, si bien en temas tan complejos y socialmente sensibles, como éste, es punto menos que imposible aspirar a unanimidades.

Recordemos que en el sustrato de la seguridad social contemporánea, el aspecto político es con mucho más importante que el económico o el social; especialmente cuando a fin de cuentas se satisfacen los dos primeros, aún sea a costa del último, que debería ser el más trascendente: el social.

De manera que tal y como se esperaba, más que politizarse (“politizado” ya estaba de inicio), se “partidizó” el asunto, en donde los votos sumados de dos de las grandes fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, PAN y PRI —unidas como casi siempre en estos asuntos de enorme envergadura económica—, fueron juntos en contra del PRD —si bien ésta, la segunda fuerza política del país, incapaz para construir diálogos y consensos, e insuficiente para soportar, junto con los Partidos minoritarios, la embestida del neoliberalismo feroz sin rostro humano, que sin piedad continúa imponiendo sus reglas en México—. Ésa es la lectura digamos “política “ del asunto, la cual no debiéramos perder de vista al intentar hacer luego una lectura jurídica de la transformación del ISSSTE.

Así las cosas, guste o no la idea de cambio en un viraje impresionante de al menos 180° grados, comprendamos o no sus perniciosos alcances futuros —materializada en la práctica a pesar de haber advertido en múltiples foros los académicos e investigadores del Derecho Social el eventual “desmantelamiento” de la seguridad social para los servidores públicos de transformar al ISSSTE inadecuadamente—, lo cierto es que la reforma ya está hecha; y mucho dudamos que pueda darse marcha atrás por el Poder Judicial federal, pues la verdead sea dicha, se requiere de gente valiente para acotar los límites del Estado en cuanto atañe a los derechos latentes de los asegurados del ISSSTE, con conciencia de clase y con clase en la conciencia, que sea atreva y sea capaz de revertir las cosas.

Empero, más allá de los entretelones e inevitables trasfondos políticos, la interrogante toral es inevitable formularla: ¿por qué es tan importante dicha reforma legal? Y la respuesta es obvia: si el Canciller Otto Von Bismarck —creador del primer Seguro Social en el mundo en la penúltima década del siglo XIX—, tenía razón cuando sostuvo ante el parlamento alemán el legendario aforismo aquél de: “por caro que parezca el Seguro Social, resulta menos gravoso que los riegos de una revolución”, 2 entonces resulta trascendente la aludida reforma legal pues, al menos en teoría —como ocurriera en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)—, intenta evitar que este asunto de seguridad social se convierta primero en un asunto de seguridad pública, y luego en un tema de seguridad nacional.

Desde nuestra perspectiva, lo más grave de todo es que nadie sabe —ni siquiera sus autores— si logrará su cometido y lo peor: para saberlo deberán de pasar al menos dos décadas, cuando los actuales gobernantes y legisladores federales ya no estén en el poder, y acaso ni siquiera terminen de darse cuenta de lo que aprobaron con una crasa ignorancia e indiferencia sospechosa, puesto que afectaban no sólo a los servidores públicos federales del Poder Ejecutivo en donde “se cocinó” la propuesta, sino del propio Poder Legislativo y el Judicial.

Cierto es que el cambio era necesario y eso nadie lo discute. Para decirlo de otra manera y para que mejor se entienda: el qué debía hacerse con la Ley del ISSSTE ya se sabía, pues el diagnóstico estaba hecho —se cambiaba o se colapsaba financieramente dicho ente asegurador nacional—. En lo que no se estaba de acuerdo era en el cómo debía de transformarse el marco legal del ISSSTE: si cambiar al modelo de AFORE’s abandonando el Estado su responsabilidad natural y dejando el futuro de los asegurados en manos del mercado; o si por el contrario, el propio Estado al fin se responsabilizaba de algo que a él, sólo a él y nada más que a él le corresponde con arreglo a derecho.

Todo ello explica el radical cambio sufrido, aunque de ninguna manera justifica el notorio abandono del Estado hacia la seguridad social, quien al soltar las riendas ha dejado al ISSSTE a su suerte, por lo que su futuro es ominoso para decirlo suavemente.

2. CONSIDERACIONES ACERCA DE DICHA REFORMA LEGAL.

Para comenzar, no perdamos de vista que desde mediados de 2004, el propio Ejecutivo Federal había señalado que el pasivo contingente de las pensiones del ISSSTE ascendía, a largo plazo, nada menos que a 281.7 mil millones de dólares norteamericanos. 3

De ese tamaño gigantesco era el ingente problema financiero que arrastraba el ISSSTE, una bomba de tiempo que como antaño la del IMSS —aunque ahora dice su actual Director General que siguen sus finanzas sin sanear, a una década de distancia de su transformación—, de no haberse efectuado las correcciones estructurales necesarias, bien podía detonar una revolución social debido a la grave irresponsabilidad de los gobiernos anteriores quienes, olvidando su obligación natural, sencillamente nunca crearon los fondos y reservas financieras necesarias para atender el grave problema pensionario de dicho Instituto, el cual crece año con año y era subsidiado por el Gobierno federal en turno de nuestros impuestos. 

Coloquialmente hablando, si el IMSS era enfermo grave, el ISSSTE se encontraba en estado comatoso. Lo malo es que en ambos casos, cómo no, la medicina prescrita para intentar sanar el enfermo era amarga, aunque debía apurarla el único de los actores sociales que no la debía y que sí la temía: el propio trabajador asegurado. 

Sin embargo, la pretendida reforma estaba “cantada” desde hacía más de una década: el cambio al modelo de capitalización del ISSSTE, mediante la creación de cuentas individuales para sus asegurados; esto es, su eventual homologamiento a la Ley del Seguro Social —por cierto, hecha a receta del Banco Mundial—, y por consecuencia lógica, la creación de una especie de “ley espejo” para los burócratas, que es similar a la de los trabajadores ordinarios protegidos por el IMSS. 4  

Cabría acotar al punto que nadie había querido reformar el marco legal del ISSSTE, porque ningún Partido Político quería asumir el costo de una toma de decisiones harto cuestionable; ni tampoco quería pagar luego “la factura” ante el electorado. Pero al inicio de un nuevo mandato Presidencial, el momento propicio había llegado, apostándole a la proverbial falta de memoria histórica de nuestro pueblo y tomándose una decisión política que, quiérase o no, habrá de pagarse algún día.  

Empero, plenamente conscientes del peligro que representaba permanecer igual, los legisladores y el Ejecutivo federal unieron fuerzas y lograron al fin sacar no una reforma perfecta, sino más bien perfectible, la cual intenta detener la gran “bola de nieve” rodando cuesta abajo en que se había convertido el monstruoso pasivo contingente del ISSSTE, institución otrora orgullo de la república que brinda servicios de seguridad social a poco más  de dos millones de asegurados y diez millones de derechohabientes, asumiendo una dual responsabilidad natural e irrenunciable del Estado:

  1. La estrictamente jurídica laboral, como el mayor empleador del país que es (servicios de previsión socia laboral); y,
  2. La de garante y responsable originario, sujeto obligado de la protección social integral de sus servidores públicos (servicios de seguridad social).

Doble obligación de protección y, por ende, doble responsabilidad del Estado frente a sus empleados públicos de los 3 Poderes de la Unión —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, así como de órganos autónomos por ley, del Distrito Federal y hasta de otros sujetos incorporados voluntariamente a tal esquema protector social mediante convenio.

A nuestro entender, como investigadores nacionales que somos, es aquí donde subyace el punto más delicado del asunto de marras, porque se apuesta a un modelo, si no igual, sí muy parecido al “chileno”, singularmente recogido en nuestros sistemas federales de seguridad social. Porque en la inevitable transformación de la seguridad social para afrontar los enormes retos del siglo XXI, la moda es convertir un derecho humano y social en una concesión, cambiando de un plan de beneficios definidos a sólo un programa de contribuciones definidas, lo que a simple vista parece lo mismo, pero no lo es.

Reiteramos al punto lo que antes hemos sostenido en nuestra obra escrita sobre este asunto pensionario mexicano: se nos ha olvidado, como sociedad organizada que suponemos de ser —y que no lo somos— un hecho fundamental, que desde luego no es un problema menor: los cambios no necesariamente eliminan los riesgos, porque el mundo ha sido, es y seguirá siendo un lugar riesgoso. La gran diferencia estriba entonces en que antaño los riesgos los asumía el Estado al través de los Seguros Sociales, pero ahora el riesgo lo corremos únicamente los ciudadanos, cancelando cualquier otra opción. Y eso es de plano inaceptable.

Así las cosas, con la radical cuanto riesgosa reforma hecha al marco legal del ISSSTE, el que se pretenda afrontar la problemática social privatizando virtualmente a la institución, al cambiar del modelo de reparto al notoriamente insolidario modelo previsional de capitalización individual “chileno”, sólo corrobora la tendencia mundial en materia de seguridad social contemporánea y prueba un hecho inobjetable: hoy día, el Estado moderno se niega a aceptar sus compromisos naturales para con la ciudadanía; y para evitarse responsabilidades posteriores obliga a ahorrar a los trabajadores, para que estos guarden lo suficiente en su vida activa y compren —sí, que se entienda bien: que compren, a precios reales del mercado asegurador—, al final de su vida activo-productiva, una pensión con una aseguradora privada. Pagando siempre el operario el manejo de dichos fondos, dicho sea de paso, que a veces ha llegado a ser hasta una cuarta parte del ahorro diario de un trabajador asegurado.

De manera que quienes ganan con el cambio hecho son las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) y las aseguradoras privadas, todas poderosas entidades de especulación financiera quienes por fin tiene la tajada del pastel que tanto apetecían: el segmento de los asegurados del ISSSTE. Ello, claro está, cubriendo éstos los elevados costes de la administración del fondo de ahorro acumulado de su propiedad, pero sin tener mayor garantía pensionaria que, en el caso concreto del ISSSTE, el equivalente a dos salarios mínimos —superior por cierto al de los trabajadores ordinarios asegurados del IMSS, cuya pensión garantizada es tan sólo de un salario mínimo—. No más pensiones altas, sino un sistema pensionario de miseria. ¡Dios nos libre de llegar a ser algún día pensionados en México!

Los juslaboralistas y los segurólogos sociales de México bien sabemos que el salario mínimo no es un pago remunerador, sino una majadería del peor gusto, pues desacatándose abiertamente el otrora magnífico artículo 123 Constitucional —que la realidad ha vuelto obsoleto y de suyo ya hemos reformado en los hechos—, sólo sirve para calcular sanciones pecuniarias.

Aquí está de nuevo la gran crítica que académicamente hemos hecho de manera reiterada al modelo de AFORE’s, ahora que se homologó la Ley del ISSSTE al modelo de capitalización individual y se crea ese singular “híbrido jurídico” (sic) llamado “PENSIONISSSTE” —que no es otra cosa que la AFORE del ISSSTE—: en este modelo adoptado, ni hay seguridad alguna, ni tampoco una clara solidaridad intergeneracional.

En el fondo lo que hay son afanes de lucro, poniéndose asuntos públicos en manos privadas cuyo negocio es especular, todo en evidente detrimento de los trabajadores asegurados. Pero recordémoslo hoy más que nunca: en materia de pensiones, si el Estado no puede entonces nadie puede; ni el PENSIONISSSTE, ni las AFORE’s, ni nadie podrá. Más claro, imposible.

3. ALGUNAS CONCLUSIONES PERTINENTES.

Queda claro que cuando el Estado carece de razón, utiliza las “razones de Estado” para imponerse; y en el caso de la reforma a la Ley del ISSSTE, de nueva cuenta y para no variar, el fin justificó los medios.

La gran interrogante es si eso se vale —porque de poderse, se puede, como ya se vio y se había advertido con el drástico cambio a la Ley del IMSS, no tanto la de mediados de 2007 sino más bien la de finales de 2001, que pasó inadvertida a las mayorías—. El tema central es si se vale en un Estado de Derecho como el en que se supone vivimos; y además, si el asunto se reduce a un simple tema jurídico, sin aristas morales o éticas.

Porque ante el palpable abandono en que hemos tenido al servicio publico de la seguridad social —un derecho humano y social que es irrenunciable, inalienable e imprescriptible, contenido por cierto en legislaciones taxativas que son siempre de orden público e interés social—, se trata de un servicio público al cargo originariamente del Estado, que es vital para todos y en especial para los trabajadores de México; de manera que si la seguridad social nos abandona ahora, lo hace sólo en reciprocidad al abandono en que la hemos tenido durante décadas.

Por lo demás, es del todo falsa la tesis economicista de que la seguridad social es ya infinanciable, pues el coste de la seguridad social no es un gasto, sino una inversión en lo mejor que tiene un país, que es su gente.

Sin embargo, las modas en materia de protección social, tales como el “modelo chileno” —que hoy mismo está en plena reforma estructural, al no dar los resultados prometidos a más de cinco lustros de implementación—, o el mal llamado “seguro popular de salud” (sic), que ni es propiamente un seguro, ni es popular pues afecta a los desempleados y desposeídos, y menos aún es de salud pues se reduce a la atención de un elenco de atención a ciertas enfermedades o afecciones muy limitadas.

Ello, junto al afán de lucro imbíbito de que han hecho gala poderosos grupos financieros que se han aprovechado de nuestra pasmosa pasividad y la palpable ignorancia e incompetencia de nuestros gobernantes, legisladores y hasta jueces, nos obliga a reiteramos aquí la frase con la que académicamente solemos plantear la enorme problemática que afrontamos en pleno siglo XXI: hoy día, la seguridad social es algo de lo más inseguro que existe en este planeta riesgoso en que habitamos.

Para finalizar, tres datos precisos, concisos y macizos, en aras de provocar la reflexión serena de todos nosotros:

  1. Contrario a lo que ocurriera con las reformas estructurales del IMSS de 1997, en donde se cuidó el punto con alguna ortodoxia jurídica en respeto al artículo 14 Constitucional —que prohíbe la aplicación retroactiva de leyes que perjudiquen al gobernado—, con la reforma hecha sin pulcritud a la Ley del ISSSTE se vulnera abiertamente en perjuicio de los burócratas federales lo estatuido por el inciso a) de la fracción XI del Aparatado “B” del artículo 123 de nuestra Carta Magna, pues la nueva legislación ya no contempla para las futuras generaciones de servidores públicos asegurados, algo que para ellos era elemental: la jubilación laboral por edad o años de servicio.

    Búsquenla ustedes a lo largo de su texto y verán que sencillamente ya no existe; como no existió jamás la jubilación en el caso de los trabajadores ordinarios regulados por el Apartado “A” y la Ley Federal del Trabajo, pues se accedía a ella sólo por negociación colectiva, como un esquema de previsión social negociada y no como una prestación de seguridad social.

  1. El articulado transitorio de la actual Ley del ISSSTE no respeta derechos pre-adquiridos, mucho menos los llamados por la OIT “derechos latentes” de quienes han estando cotizando durante años y años bajo otro esquema legal, y les faltaba poco o mucho para completar el requisito de acceso a pensión medido siempre en años de servicio; algo que por cierto ya ha trascendido —y nos consta— a los organismos mundiales tales como la propia OIT, la propia Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), y hasta la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

    De manera que, más allá del discurso oficial, lo cierto es que se violenta abiertamente la garantía individual consagrada en el artículo 14 Constitucional, toda vez que sólo se dan por el legislador federal 2 alternativas: la primera, que se elija el nuevo modelo de cuentas individuales (modelo de AFORE’s, de entrada al través del PENSIONISSSTE); y la segunda, que se elija el modelo anterior pero reformado, es decir, con nuevos requisitos en el tiempo de espera medido en edad o años de servicio (esquema escalonado) para poder tener acceso a pensión por jubilación. Por lo tanto, en realidad se cambiaron las “reglas del juego” en agravio de los actuales trabajadores y futuros pensionados, pues sólo se respeta, con el cambio legal efectuado, a quines ya hayan sido reconocidos como pensionados por el ISSSTE a la fecha de entrada en vigor de su nueva ley-marco. 

  1. Por último, no perdamos nunca de vista que mediante Acuerdo 18/2007, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal creó un Juzgado de Distrito Especial —que no especializado a mi parecer—,  denominado “Juzgado de Distrito Auxiliar”, con competencia en toda la República y con domicilio en el Distrito Federal, a fin de concentrar y resolver más o menos uniformemente los 167,327 amparos indirectos que a la fecha se han promovido —y como algunos de ellos son colectivos, se calcula que existen algo así como 500 mil quejosos, esto es, 1 de cada 4 servidores públicos se han defendido—, aduciéndose en ellos, mediante diversos motivos y razonamientos jurídicos, la notoria inconstitucionalidad de que adolece la actual Ley del ISSSTE.

    Ello es un hecho inusitado y sin precedentes en México, lo que demuestra de paso la total ausencia de consensos sociales y, sobre todo, la notoria  falta de legitimación de esta reforma legal de marras; empero, lo peor es que se trata apenas de una primera etapa, pues con el primer descuento que se aplique en la primera quincena del mes de Enero de 2008, se abrirá una segunda etapa de 15 días hábiles, para promover ante el Poder Judicial de la Federación demanda de garantías, por parte de quienes antes no lo promovieron, o de quienes, para evitar que el sobreseimiento que se dicte en el primer juicio, afecte sus derechos.  

      

Vistas las circunstancias, habrá qué dar un consejo gratuito a todo aquél que se sienta afectado por dicha reforma a la Ley del ISSSTE, desde luego sin ánimo de crear o fomentar una cultura beligerante: Habrá que defenderse jurídicamente, cada uno en lo individual, más allá de que existan acciones colectivas de presión o de defensa. Respetemos en todo momento las vías institucionales.

Porque el Derecho vigente nos brinda la oportunidad de “medir” la capacidad de respuesta de nuestras instituciones fundamentales, como lo es el Poder Judicial de la Federación; después de todo, también el personal que labora para dicho Poder, cuya misión es preservar la juricidad, constitucionalidad y la legalidad de la actuación del Poder Legislativo federal, resultará afectado; y sabemos que no son pocos los Magistrados y Jueces federales que, con gran valor civil y como expertos en materia jurídica que son, han ejercido sus derechos como ciudadanos.

Cierro mi exposición, con una aleccionadora frase de Martín Luther King, que sospecho cae como anillo al dedo en el caso que nos ocupa: “En el futuro no nos lamentaremos tanto de los perversos, sino de la pasmosa pasividad de tanta gente buena que con su silencio cómplice permitió que los otros actuaran impunemente”.     

Gracias por su paciencia, y reitero mi gratitud a la Mtra. Elizabeth Torres Buenrostro, Directora de esta Casa de la Cultura Jurídica en Jalisco de nuestro más Alto Tribunal, por su amable invitación y poder hablar sin cesuras de ninguna índole estos temas siempre complejos y abigarrados. Lo cual le viste a ella y a la propia institución a la que pertenece, cómo no.

DR.  ÁNGEL  GUILLERMO  RUIZ  MORENO

Autor, Investigador Nacional del CONACyT.

E-mail: agruizm@ruizmoreno.com

ANEXO UNO:

BREVE COMPARATIVO JURÍDICO DE LA REFORMA ENTRE LA ACTUAL LEGISLACIÓN DEL ISSSTE Y LA DEROGADA.

    Concepto genérico: Ley anterior derogada Ley actual vigente
  • Fuente: Dictámenes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, y comparativo de ambas legislaciones, la abrogada y la vigente.

ANEXO DOS:

    <<PARADIGMAS, MITOS Y REALIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTEMPORÁNEA, 2007>>

  • HAY CASI SIEMPRE UNA DISOCIACIÓN EVIDENTE ENTRE LA REALIDAD Y EL MARCO JURÍDICO DE UN PAÍS.
  • NO SE HA HECHO PRÁCTICAMENTE NADA PARA AFRONTAR EL PROBLEMA DE LA MIGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA.
  • CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO SE CAMINÓ EN AMÉRICA LATINA, DEL SEGURO PRIVADO CONTRA RIESGOS DE TRABAJO, A LOS SEGUROS SOCIALES ENTENDIDOS COMO UNA DERIVACIÓN NATURAL DEL TRABAJO SUBORDINADO.
  • ¿CUÁL ES HOY EL VÍNCULO ENTRE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAS RELACIONES LABORALES? PORQUE SI SE SIGUE ENSEÑANDO COMO PRINCIPIO QUE LA SEGURIDAD SOCIAL ES TRIPARTITA (ESTADO, PATRONOS Y SINDICATOS), Y QUE EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A PRESTARLO (O AL MENOS A SER SU GARANTE), ENTONCES SE SIGUE PONIENDO AL TRABAJO SUBORDINADO COMO EL EJE Y RAZÓN PRINCIPAL DE EXISTIR DE DICHO ESQUEMA PROTECTOR.
  • NO EXISTE MÁS EL “PLENO EMPLEO” (CUANDO EXISTÍA EL TRABAJO REGULADO POR LA LEY, CON UN SINNÚMERO DE PRESTACIONES, Y LA POSIBILIDAD REAL DE CONSEGUIRLO TODOS); EN LA REALIDAD HOY SE HA CONVERTIDO EN UN VERDADERO PROBLEMA ESTRUCTURAL EL DESEMPLEO.
  • EN EL MUNDO DEL DERECHO LABORAL HAY DISOCIACIONES ESTRUCTURALES Y DE DESFASE JURÍDICO CON RESPECTO A LA REALIDAD; ESO IMPACTA EN LOS ESQUEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL (EN ESPECIAL, EN SEGURIDAD SOCIAL).
  • LOS IMPUESTOS GENERALES SON UNA ALTERNATIVA CADA VEZ MÁS ANALIZADA PARA PAGAR EL ALTO COSTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL; EN URUGUAY, POR EJEMPLO, EL SISTEMA SE FINANCIA EN UN 50% VÍA IMPUESTOS GENERALES (ALLÁ SE COBRA EL 23% DE I.V.A., PERO UN 7% VA A PARAR DIRECTO AL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL).
  • AL DISCUTIRSE LO RELATIVO AL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL VÍA IMPUESTO, TAMBIÉN SE DISCUTE IMPLÍCITAMENTE SU DESLABORALIZACIÓN; HABRÁ ENTONCES QUÉ REFUNDAR CONCEPTUALMENTE QUE ES HOY SEGURIDAD SOCIAL [CONCLUSIÓN DEL PRIMERO FORO MUNDIAL DE SEGURIDAD SOCIAL, MOSCÚ, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007], NO TANTO DISCUTIENDO LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS (POR EJEMPLO, LA SOLIDARIDAD SOCIAL COMO SU EJE, U OTRO SIMILAR), PARA ADECUARLA A LA REALIDAD.
  • EL MAYOR RETO QUE ENFRENTA HOY DÍA LA SEGURIDAD SOCIAL ES LA INFORMALIDAD LABORAL, LA QUE LLEGA A CIFRAS HARTO PREOCUPANTES EN AMÉRICA LATINA (70% EN BOLIVIA, EN EL CASO MÁS ALTO, Y AL MENOS DEL 30% EN PAÍS MÁS AVANZADOS). ¿CÓMO EXPANDIR LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR INFORMAL? ÉSA ES LA CUESTIÓN A RESOLVER.
  • SÓLO 4 DE 10 ANCIANOS RECIBEN ALGUNA PENSIÓN EN AMÉRICA LATINA; SIN EMBARGO, EL NÚMERO DE ADULTOS MAYORES CRECE, JUNTO CON LAS ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS,  Y NO EXISTEN PROGRAMAS SOCIALES DE LOS PAÍSES QUE TIENDAN A INTENTAR ALIVIAR SUS INGENTES NECESIDADES, CONVIRTIÉNDOLES EN CARGAS SOCIALES.
  • EL MAYOR RETO EN SEGURIDAD SOCIAL, AMÉN DE LA EXTENSIÓN DE COBERTURA A TODA LA CIUDADANÍA, CONSISTE EN INCREMENTAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (ESTO ES: CUBIERTA LA SEGURIDAD SOCIAL VÍA IMPUESTOS GENERALES); PERO SIN DESMEDRO DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS (OBTENIDAS MEDIANTE EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL).
  • DEBIERA EXISTIR UNA VERDADERA POLÍTICA DE ESTADO DE LARGO ALIENTO, Y NO SÓLO GUBERNAMENTAL, DECISIVA EN LA TOMA DE DECISIONES ACERCA DE ESTA TEMÁTICA, POR LOS GRAVES RIESGOS DE INVIABILIDAD FINANCIERA DE QUE ADOLECEN LOS ACTUALES ESQUEMAS EN TODO EL CONTINENTE, Y LA TENDENCIA A LA INFORMALIDAD, (SEGÚN LOS INFORMES DE LA O.I.T., HOY EN DÍA, DE CADA 10 NUEVAS OCUPACIONES, AL MENOS 7 SON DEL SECTOR INFORMAL).

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