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Renuncia a la Universidad de Guadalajara

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Renuncia a la Universidad de Guadalajara por el Lic. Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Presentada y denegada en abril de 2000.

MTRO. LIC. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

DOM.- MANUEL ACUÑA N° 1125, SECTOR HIDALGO

C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

TELS. /FAX: (3) 825-5022 Y 825-5119


SR. LIC. GUILLERMO REYES ROBLES

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOSJURÍDICOS DEL C.U.C.S.H., DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

P R E S E N T E

ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO, profesor de asignatura “B”, código número 7512686, adscrito al Departamento de Derecho Social de esa División a su muy digno cargo, en mi carácter de empleado de base de dicha Casa de Estudios y con una antigüedad cercana a los 18 años reconocidos, fungiendo por ahora como profesor titular al cargo de la impartición de la materia “Derecho y Seguridad Social”, a los grupos ‘A’ y ‘B’ del cuarto semestre escolarizado, turno matutino, así como del Seminario denominado “Los Delitos en Materia del Seguro Social”, los cuales forman parte del plan de estudios 23 de la carrera de Abogado, y siendo además desde hace ya varios años Presidente de la Academia del Derecho de la Seguridad Social, en la citada División de Estudios Jurídicos, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Por este conducto, presento a Usted mi Renuncia con carácter de irrevocable al puesto que venía desempeñando al servicio de la Universidad de Guadalajara, tratándose de una decisión meditada y consensada con mis familiares, en el sentido de que por lealtad a esa Casa de Estudios y por congruencia con mis ideales, no puedo seguir desempeñándome como tal, por las siguientes razones que acto seguido me permito a expresarle a Usted para evitar, en la medida de lo posible, se tergiversen los hechos:

1.- He tomado pleno conocimiento que las negociaciones efectuadas entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad de Guadalajara (U de G) como empleadora, contando con la anuencia de las representaciones sindicales del personal académico y administrativo, han concluido favorablemente y por ende se ha accedido al pretendido Proyecto denominado “Sistema de Seguridad Social”, aprobado en sesión extraordinaria del 9 de octubre de 1999 por el H. Consejo General Universitario, entrando en vigencia el Reglamento del Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara en la fecha en que se suscribe el Convenio respectivo con el IMSS, de conformidad al artículo Primero Transitorio del aludido Reglamento.

2.- En mi carácter de profesor, investigador y autor en materia del Derecho de la Seguridad Social, incluso editado por esa Casa de Estudios, no puedo aceptar la vulneración de mis derechos laborales y de seguridad social, ni el desvío de los objetivos esenciales para los cuales fue creada la Universidad de Guadalajara, oponiéndome rotundamente a la privatización de su sistema de seguridad social, entre otras por las razones jurídicas que desde el 13 de febrero de 1997 expuse personalmente a los señores Dr. Víctor Manuel González Romero y Lic. José Trinidad Padilla López, en sus caracteres de Rector General y Secretario General, en unión de otros altos funcionarios de mi amada Universidad de Guadalajara, de la que soy egresado y de la cual, no está de sobra decirlo, me siento orgulloso que mis hijos se formen en ella. Entre otras, las razones son las siguientes:

A.- Desde el año de 1973, en una decisión histórica asumida por la Universidad de Guadalajara, fueron incorporados los trabajadores administrativos y académicos al régimen obligatorio del Seguro Social previsto por el artículo 11 de la Ley que rigió del 1° de abril de 1973 al 30 de junio de 1997, al encuadrar dentro de las hipótesis de sujetos de aseguramiento obligatorio previsto por la fracción I del artículo 12 de la citada legislación; naturalmente que, en esencia, la nueva Ley del Seguro Social, en idénticos numerales a los preinvocados, continúa estableciendo cuáles son los seguros que comprende el régimen obligatorio y, en lo que ahora más importa, permanece con la misma fórmula legal de quiénes son sujetos de aseguramiento obligatorio, esto es: las personas que se encuentran vinculadas a otras de manera permanente o eventual, por una relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón y aún cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de impuestos o derechos.

B.- Trátase, la Ley del Seguro Social vigente, de una legislación reglamentaria de la fracción XXIX del Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, de observancia general en toda la República, que contiene en beneficio de los operarios derechos de suyo irrenunciables, normas taxativas de orden público e interés social de superior jerarquía a cualquier disposición, ya legal o ya contractual. De hecho, atendiendo a las reglas de aplicación de disposiciones legales de la misma jerarquía, resulta aplicable la ley del acto en vez de la disposición genérica, de tal suerte que la ley aplicable en cuestiones de seguridad social en la Ley del Seguro Social, y en materia estrictamente laboral, la Ley Federal del Trabajo, tratándose de dos derechos con vecindad en razón de su origen (artículo 123 Constitucional), pero distintos y complementarios entre sí, por lo que un acuerdo entre empleador y sindicatos, hecho en una revisión de Contrato Colectivo de Trabajo, no puede ni inobservar la ley de seguridad social, ni tampoco “negociar” con los derechos de suyo irrenunciables de los trabajadores en esta materia, máxime que disponen de denuncia pública para hacerlos valer de manera directa (aún en contra de las decisiones de su empleadora o sindicato al que pertenezcan), ante el Instituto asegurador de conformidad al artículo 18 de la Ley del Seguro Social en vigor.

C.- Así las cosas, los docentes universitarios al servicio de la Universidad de Guadalajara, hemos cotizado durante más de cinco lustros para generar derechos de toda índole (especialmente pensionarios), en el régimen obligatorio del Seguro Social, esperanzados la mayoría de nosotros en disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, que es bien distinta desde luego a la pensión dinámica de jubilación laboral por años de servicio que prevé la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, y se ratifica en los Contratos Colectivos de Trabajo que rigen las relaciones laborales entre dicha Casa de Estudios como empleadora y sus gremios administrativo y académico. En otras palabras, trátase de dos prestaciones económicas o pensiones diferentes, a saber: a) una de índole laboral o de jubilación por años laborados para la U de G; y, b) la otra, propiamente de seguridad social, ya sea por cesantía o por vejez, invalidez y vida, o por riesgos de trabajo, para la cual deben satisfacerse los requisitos de afiliación y de espera, medido éste en semanas de cotización exigidas por la Ley del Seguro Social. Situación ésta que resulta de gran trascendencia para las cuestiones que acto seguido expresaré.

D.- Es el caso que con fecha 8 de octubre de 1999, la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA y el SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, suscribieron un “Convenio” que se convierte en anexo del Contrato Colectivo de Trabajo 1998-2000, constante de 49 cláusulas permanentes y 8 transitorias, presentado para su formal registro bajo folio 09474 de la misma fecha, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en términos del artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo; dicho Convenio es sustancialmente idéntico al firmado por la citada Casa de Estudios con el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

Los aludidos Convenios, materializan un proyecto para “privatizar” el servicio público de seguridad social al que tenemos irrenunciable derecho los empleados universitarios, que parece ser durante un par de años fue mantenido en sigilo, muy a pesar de que tenemos conocimiento y obran en nuestro poder las pruebas documentales relativas sobre las reiteradas negativas de la Delegación Estatal en Jalisco del IMSS para aceptar la “salida” de la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA del régimen obligatorio, módulo 10, pues no debemos olvidar que varios de los profesores que imparten la materia de Derecho y Seguridad Social en la División de Estudios Jurídicos, laboran para el IMSS.

E.- En concordancia a lo negociado por las cúpulas sindicales, con independencia de que efectivamente existiese una Asamblea de la base trabajadora de ambos gremios que así lo haya autorizado, el Dictamen N° II/99/892 de las Comisiones conjuntas de Normatividad, Hacienda y de Condonaciones, Pensiones y Becas del H. Consejo General Universitario, aprobado en sesión extraordinaria del 9 de octubre de 1999, la Universidad de Guadalajara (como empleadora), y sus gremios administrativo y académico, denominados respectivamente: “Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara” (STAUdeG) y “Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara” (SUTUdeG), aprueban de facto el REGLAMENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (del cual por cierto se imprime, en el mes de noviembre de 1999, un tiraje de 10,000 ejemplares, que son distribuidos entre el personal académico y administrativo de dicha Casa de Estudios para que “nos impusiéramos de su existencia, contenido y términos”), haciéndosenos saber luego los representantes sindicales, a los académicos, que el citado Reglamento (que en realidad no es tal, sino un acuerdo de índole laboral, lo que se corrobora con su registro ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al modificarse los Pactos Colectivos de Trabajo vigentes), que ello: “…viene a dar certidumbre laboral y social a los trabajadores de esta Universidad, es un esfuerzo conjunto de todos los universitarios (SIC) y que ponen a la institución a la vanguardia nacional (SIC), ya que se trata de un proyecto inédito, el que permite salvaguardar las pensiones dinámicas (SIC) que hoy tienen los trabajadores y prevenir un colapso financiero en esta Casa de Estudios…”, lo que aparece publicado por cierto en la Gaceta Universitaria, año 5, N° 133, de 18 de octubre de 1999, publicación en la que puede constatarse que supuestamente “publica” en dicha edición los Reglamentos aprobados por el Consejo General Universitario, pero omitiendo la publicación del REGLAMENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. En caso de duda de lo afirmado, puede accederse al ejemplar de la aludida Gaceta Universitaria precitada.

F.- Ahora bien, del análisis sucinto hecho al citado Reglamento, observamos entre otras las siguientes irregularidades sobresalientes, con independencia de que a nuestro entender se parte de premisas erróneas y por ende se obtienen conclusiones equívocas, pretendiendo edificar un sistema de seguridad social que está incompleto porque no brindan el esquema de salud (que tendrá que ser contratado con el IMSS) y carece nuestra Casa de Estudios de facultades legales competenciales para otorgar tal servicio público, adoleciendo además de la infraestructura necesaria para brindar el esquema de prestaciones sociales (entre los cuales debe incluirse necesariamente guarderías y vivienda):

EN CUANTO A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO GENERAL:

a) En el punto 3.4, se utiliza el término “…se considera…”, es decir, no se asegura ni existe certidumbre de que la pensión para los trabajadores universitarios será superior a la que se obtendría en las AFORE.

b) El punto 3.5, confunde con su justificación, ya que dice “…es necesario alcanzar la edad de 65 años…”, situación errónea, ya que la pensión puede adquirirse por cesantía a los 60 años e incluso antes si se tienen acumulados recursos superiores en 30% a la Pensión Mínima Garantizada por el Estado; tomando en cuenta que los trabajadores en promedio se jubilan a los 52 años, debe considerarse la figura jurídica de la conservación de derechos que establece el artículo 150 de la Ley del Seguro Social, por lo que es tendencioso e inexacto el razonamiento hecho en el sentido de que la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA deba de pagar cuotas “…por 13 años más…”.

c) En el punto 4, casi al final de la llamada “alternativa de solución”, pretende hacer la comparación de todas las ramas actuales del régimen obligatorio (que son cinco), contra sólo tres; lógicamente tal ejercicio amañado arroja un diferencial enorme de supuesto “ahorro”, que a nuestro parecer es una falacia. Luego, se dice que el régimen pensionario de la Ley del Seguro Social “…se conservaría mediante el pago del seguro voluntario por el trabajador que así lo decida…”, lo cual es una verdad, pero fingiendo ignorar que el costo de ello recaería en el propio trabajador que optase por la modalidad de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, y al hecho de que, de seguir inscrito en éste no tendría necesidad el trabajador de la U de G, en hacer dicho gasto de su peculio.

d) En el propio punto 4, se menciona que la cantidad correspondiente al SAR de los trabajadores es de $99’084,426.00 pesos; no obstante, en el punto 6.3.2 de tal documento se afirma que tan sólo son $50’342,433.00 pesos, por lo que existe una grave incongruencia que en sí, de entrada, constituye una inconsistencia de casi la mitad del fondo ahorrado por los trabajadores universitarios en el “S.A.R. U de G”, en lo que sería el que ellos llaman “capital semilla” del fondo pensionario.

e) Para finalizar dicho punto 4, se alude a la necesidad de que “…habrá de modificarse en su debido momento (SIC) la normatividad y reglamentación conducente…”; ¿quiere decir entonces que habrá otro u otros Reglamentos sobre el mismo tema?, ¿cuándo y quién habrá de dictarlos?, ¿hasta dónde se podrá modificar en dicha “normatividad” el Proyecto del Sistema de Seguridad Social adoptado?

f) En el punto 6.4, de los “pensionados actuales”, la Universidad de Guadalajara sólo se obliga a cubrir pensiones a los actuales pensionados y a los futuros limitándose hasta 5 años (supongo que a partir de que entre en vigor dicho Reglamento), y en la tabla de “contribuciones al plan”, se señala que para costear el seguro de salud para la familia para 16,469 trabajadores la erogación será del orden de $2’927,088.00 pesos, cantidad que haciendo números simplemente no concuerda con el costo real de conformidad al artículo 242 de la Ley del Seguro Social. ¿También esto será negociado o conveniado con el IMSS?

g) En el punto 6.4.2, antes de la “proyección”, estimada a nuestro parecer sin mucho sustento actuarial, se establece literalmente que: “…Las cuentas individuales, cuando éstas sean exigibles, se liquidarán con cargo a las reservas globales…”; la pregunta es inevitable: ¿no es esto un modelo de reparto o fondo común?, y si la respuesta es afirmativa, ¿no se intentaba cambiar entonces a un modelo previsional de capitalización individual? Un paradoja sin resolver, porque no sólo en México y en América Latina, sino en el mundo entero los modelos de reparto o fondo común con pensiones predefinidas en ley se encuentran colapsados financieramente al borde de la quiebra técnica, debido a las variables demográficas y epidemiológicas que han aumentado la esperanza de vida de los mexicanos y de los pensionados, con un aumento geométrico de éstos, en tanto que los cotizantes prácticamente no se incrementan.

h) En el punto 7.10, se formula el razonamiento de que las AFORE cobran comisión por “inscripción y cambio”, un dato inexacto a nuestro parecer pues es de explorado derecho que las comisiones por administración de la cuenta individual SAR son nada más de 3 tipos: sobre flujo de recursos, sobre patrimonio o saldo, y sobre rendimiento real. Así, se tergiversan los argumentos que se manejan y por ende se obtienen conclusiones erróneas cuando se dice que al trabajador la administración de su ahorro no le causará ningún costo “…ya que será con cargo al sistema…” (SIC). ¿Quién paga entonces el sistema, si no los propios trabajadores universitarios y la Casa de Estudios empleadora con los recursos del patrimonio presupuestal que ejerce?

i) En el punto 8.1, de la “integración y administración del fideicomiso”, no hay equilibrio en su conformación bipartita (que no tripartita, porque para nada interviene la representación gubernamental, ni siquiera para contribuir al sistema como es su obligación originaria ineludible al ser la seguridad social un derecho humano y además tratarse de un servicio público), puesto que la Universidad de Guadalajara tendrá 5 representantes (el Rector General fungiendo como Presidente), en tanto que los Sindicatos Administrativo y Docente, en conjunto, sólo tendrán cuatro representantes. Por lo tanto, la decisión de la empleadora será siempre la que impere, lo que no puede ni debe permitirse pues se rompe de entrada con el equilibrio de fuerzas que de suyo supone la participación en la toma de decisiones de los sectores.

j) En el punto 8.3, “aportaciones de los trabajadores”, debe establecerse que actualmente se le retiene al trabajador el 2.375% de su salario con el que se encuentra inscrito al IMSS (el que desde luego, en la gran mayoría de los casos, no es el salario real que devenga el docente por sus servicios personales subordinados). Y acaso, lo verdaderamente grave —y de lo que no se ha dado cuenta la gran mayoría de los empleados de la Universidad de Guadalajara—, es que con el pretendido sistema de seguridad social, tal y como está planeado, al término de 10 años se les retendrá nada más y nada menos que el 12.375% de su salario, lo que representa en números redondos 10 puntos porcentuales más. ¿Es esto una ventaja para los trabajadores, o se está tomando ventaja de su ignorancia sobre el particular?

COMENTARIOS SOBRESALIENTES RESPECTO DEL APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO: “REGLAMENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA”.

I.- Respecto del artículo 1°, el H. Consejo General Universitario carece de competencia, conforme a las atribuciones y facultades expresas de que disfruta en la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, para “crear” un Sistema propio y privado de Seguridad Social, y brindar este servicio público a sus empleados.

II.- En el artículo 2°, no se hace alusión a la figura jurídica acaso más relevante del nuevo sistema pensionario mexicano: la pensión garantizada por el Estado, una grave falla no obstante que el artículo 45 diga que la pensión garantizada “se entenderá” (SIC) en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

III.- El artículo 11, menciona los topes salariales máximos, pero no los mínimos para cotizar; la pregunta resulta obligada: ¿acaso esto no disminuye las aportaciones a la cuenta individual del trabajador, cuando no ganen el mínimo en el caso de los trabajadores de jornada reducida, o bien de una hora-clase semanal?

IV.- El artículo 21, define lo que es el “salario integrado” y lo que excluye de dicha integración; a nuestro criterio, los incisos del I al X, no todos son aplicables a la Universidad de Guadalajara. ¿Cuál es el motivo entonces de copiarlos del artículo 27 de la Ley del Seguro Social?, ¿acaso la Universidad será la encargada de “fiscalizarse” a sí misma dicha integración?. Esto, por sí mismo, es una incongruencia al convertirla en una aportación laboral y no una aportación de seguridad social de naturaleza fiscal (acorde al artículo 2°, fracción II del Código Fiscal de la Federación). Si atendiendo a las circunstancias nadie puede obligar a la Casa de Estudios a cubrir sus aportaciones, ni el Estado interviene (aduciendo una autonomía universitaria, que en sus alcances ya ha sido acotada por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), nadie entonces es garante de que la U de G cubrirá dichas pensiones a sus ex-trabajadores.

V.- El artículo 25 dice: “…conforme se dispone en el artículo 17 del presente Reglamento…”, pero ocurre que dicho artículo no guarda congruencia o relación alguna con lo que enuncia el precitado artículo 25, por lo que existe una grave falla sobre el particular.

VI.- El artículo 26 alude a la devolución de aportaciones, que pueden “…ser retenidas y aplicadas al pago de los adeudos que tuviese el trabajador con el fideicomiso del sistema de seguridad social…”; ¿a qué tipo de adeudos se refiere la hipótesis?, ¿cuál es entonces el espíritu de generar una cuenta individual para el retiro?. En el mismo tenor se pronuncia el artículo 47.

VII.- El artículo 27 dice que “…los trabajadores pensionados…continuarán aportando solidariamente…” al fondo del sistema de seguridad social, hasta el 1% anual acumulable, “consolidándose en 10%”. ¿Por qué deben aportar al fondo los pensionados?, ¿qué acaso la pensión en sí misma no es un sustituto del ingreso, en un derecho que se ha ganado por el transcurso del tiempo de servicios prestados a una institución?, ¿por qué entonces deben seguir aportando los pensionados, cuando ya generaron derechos para recibir tal sustitutivo salarial?

VIII.- El artículo 55, segundo párrafo, dice que “…para gozar de la pensión mínima garantizada deberán de cubrir los requisitos del artículo 52, además de laborar un mínimo de 20 horas a la semana…”; esto se contrapone a lo que menciona el artículo 45.

IX.- El artículo 60, señala en lo conducente la frase: “quede privado de trabajos remunerados” (plural); ¿esto incluye también trabajos extra-universitarios?

X.- El artículo 61, dice que “…a los trabajadores en activo a la entrada en vigor del presente Reglamento, se les otorgará su pensión cuando tengan una antigüedad laboral mínima de 24 años…”; ¿y los derechos ya adquiridos?, ¿y la pensión garantizada?

XI.- El artículo 63, establece: “…mediante un trabajo igual…”, ¿en cualquier trabajo, aún no siendo el desempeñado en la Universidad?, idéntico comentario que se hace respecto del artículo 67.

XII.- El artículo 92, no da certidumbre a los ahorros de los trabajadores universitarios porque en ninguna parte menciona en qué serán invertidos éstos, y deja al llamado Comité Técnico la forma y condiciones de hacerlo. Véase entonces el artículo 87, en que del Comité Técnico prealudido, cinco de sus miembros son representantes de la empleadora, y sólo cuatro de los gremios de trabajadores (sin intervención del Estado, por lo cual es un órgano y sistema bipartita, que rompe con los principios que la propia Organización Internacional del Trabajo ha establecido para la conformación de este tipo de entres prestadores de seguridad social).

XIII.- El artículo Primero Transitorio, supedita la entrada en vigor del policitado Reglamento de Seguridad Social a “la suscripción del Convenio respectivo” con el IMSS; ¿acaso tiene el IMSS facultades legales para suscribir este tipo de Convenios para privatizar el servicio de la seguridad social?, ¿acaso puede válidamente suscribirse un Acuerdo atentatorio a los principios que rigen y permean en todo esquema de seguridad social en México?, ¿qué valor jurídico puede tener dicho instrumento jurídico o Convenio, cuando la voluntad del Instituto asegurador nacional y la de la Universidad de Guadalajara no pueden ir en contra del tenor expreso de la ley? Aquí está el quid y meollo del asunto: se trata de una condición suspensiva que no se discute si puede darse, sino si es que debe darse, so pena de hallarse la misma viciada de nulidad absoluta.

XIV.- El artículo Quinto Transitorio, alude a incrementos de las aportaciones actualizadas conforme a los salarios que se otorguen a los trabajadores en activo, los que naturalmente serán menores del Índice Nacional de Precios al Consumidor, conforme ha sido una costumbre en nuestro país, lo que riñe con los principios plasmados en la Ley del Seguro Social este singular tipo de “actualizaciones”, inobservando por lo demás lo previsto por los artículos 17-A y 17-B del Código Fiscal de la Federación.

XV.- El artículo Octavo Transitorio, contraría los principios que permean en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley del Seguro Social y hasta de la Ley del INFONAVIT (todas ellas de observancia federal), que en lo conducente establecen con meridiana claridad que los ahorros de los trabajadores asegurados son de su exclusiva propiedad y nadie —mucho menos el empleador—, puede disponer de ellos. ¿Cómo entonces la Universidad de Guadalajara se puede obligar a trasladar dichos fondos del SAR anterior y del nuevo SAR?, ¿acaso ignora que la CONSAR prevé el mecanismo de traspaso de tales ahorros?, ¿permitirá la CONSAR que se traspasen a un fideicomiso, rompiendo con los principios que rigen en el modelo previsional de capitalización individual que existe en México?, ¿o es que la Universidad de Guadalajara ha incumplido su compromiso legal de cubrir las cuotas de la rama de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del régimen obligatorio del Seguro Social?

3.- Por todo lo antes expresado, manifiesto que estoy plenamente seguro de que muchos trabajadores que me han manifestado su inquietud sobre el particular, habrán de instaurar cualquier medio legal de defensa de que dispongan como asegurados (o ex-asegurados) del régimen obligatorio, a fin de hacer valer y prevalecer sus derechos irrenunciables, en cualquier época y por cualquier contingencia social de las que contempla y protege el régimen obligatorio del Seguro Social, ante las autoridades administrativas y/o jurisdiccionales competentes, oponiéndose a su salida unilateral del régimen obligatorio del Seguro Social. Lo harán —no sobra aclararlo—, no demandando a la U de G ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sino instaurando los medios legales que establecen los artículos 18, 294, 295, 301 y demás relativos de la vigente Ley del Seguro Social.

Tales derechos les corresponden en las ramas de: a) riesgos de trabajo; b) de enfermedades y maternidad; c) de guarderías y prestaciones sociales; d) de invalidez y vida; y, e) de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (en ésta última se hubiesen o no pagado las cuotas relativas por la U de G, en su carácter de patrón y retenedor de la cuota obrera que es descontada por nómina a los trabajadores quincenalmente); adviértase que resultando por ende aplicables en la especie los preceptos legales que contemplan el fincamiento de los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie a que tuvieran derecho, en los términos de los artículos 77, 78, 79, 88, 149 y demás relativos de la precitada Ley del Seguro Social, situación ésta que muy probablemente no se han puesto a meditar, en cuanto a su impacto económico futuro, los actuales directivos de nuestra Casa de Estudios, ni los estudios actuariales que sirvieran de basamento para el Sistema de Seguridad Social U de G.

4.- Es factible que se aduzca el argumento de la “plena autonomía universitaria” para asumir la decisión que motiva este ocurso; pero habrá de reconocerse que la autonomía universitaria prevista por el artículo 3° fracción VII de la Constitución Política Mexicana, si bien tiene como objeto que las instituciones de educación superior puedan autogobernarse y administrar su patrimonio, es indiscutible que las relaciones laborales —y así lo reconoce la normatividad universitaria vigente en la U de G—, se norman por los principios de equidad que rigen en el Apartado “A” del artículo 123 de nuestra Carta Fundamental, y desde luego con las modalidades que establece la Ley Federal del Trabajo en el Título Sexto “Trabajos Especiales”, y Capítulo XVII “Trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por Ley”.

El meollo del asunto estribaría entonces en cuestiones de semántica y de conveniencia, es decir, en cuestiones de interpretación de los alcances de una norma legal. En este orden de ideas, si bien un precepto aislado, el artículo 353-U de la Ley Laboral, prevé que los trabajadores de las universidades disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, debemos tener presente que la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, contenida en Decreto 15319 del H. Congreso del Estado de Jalisco, no contempla ningún sistema de seguridad social, (en su artículo 2° señala que la citada Casa de estudios se rige por la legislación federal aplicable), o conforme a los acuerdos que con base en ella se celebren (la precitada Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara en ninguno de sus numerales establece que podrá conveniarse la salida del régimen obligatorio del Seguro Social de sus empleados, ya administrativos, ya académicos), y mucho menos lo puede hacer si tales prestaciones son con mucho inferiores a las establecidas por la Constitución y el Código Obrero.

5.- No se está entonces en el caso de aceptar que se “privatice” la seguridad social, en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de la mayoría, ni tampoco de permitir que se nos hagan nugatorios nuestros legítimos derechos como afiliados al régimen obligatorio del Seguro Social.

Hasta donde sabemos —desde luego habrá que reconocer que no lo sabemos todo—, el artículo 31 de la policitada Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, en ninguna de sus dieciocho fracciones de que consta, le faculta expresamente para celebrar un Convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para poder hacerse cargo de la prestación de un servicio público de seguridad social respecto del cual carece de competencia, ya que el artículo 1° de la aludida Ley Orgánica establece que: “la Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior, así como coadyuvar al desarrollo de la cultura en la Entidad”.

Y en este caso en particular, ni fue creada para brindar un servicio público distinto al de la educación media superior y superior o coadyuvar al desarrollo de la cultura, ni tiene por qué sustituir al instrumento básico de la seguridad social en México, como resulta ser en la especie el Instituto Mexicano del Seguro Social, dejándole toda la carga del sostenimiento del esquema protector de seguridad social del que deben disfrutar sus empleados, a éstos y a la propia empleadora, la U de G, dejando fuera al Estado.

6.- Permítasenos entonces, a manera de colofón, hacer una reflexión final: la autonomía universitaria significa libertad, sí, pero ejercida siempre con absoluta responsabilidad. No se vale que se den alcances a la misma que el concepto mismo no tiene ni puede tener, atento a las consideraciones vertidas.

Es posible que no sepamos por ahora qué es lo que estaría bien hacer para resolver la sentida problemática de nuestra Alma Mater en materia de las pensiones jubilatorias de naturaleza laboral; pero lo que sí sabemos es lo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia:

Primero, no se debe confundir —mucho menos entremezclar—, la pensión jubilatoria de carácter laboral, con las pensiones de seguridad social, porque su naturaleza intrínseca es completamente distinta;

Segundo, es un absurdo jurídico y un error histórico subsumir ambas pensiones en una sola, como si el Derecho Laboral y el Derecho de la Seguridad Social —aunque de igual vecindad Constitucional—, no tuvieren propósitos diversos y complementarios entre sí. Hacerlo implica no reconocer la plena autonomía que ha alcanzado éste último, con sobrados méritos, con respecto del primero, o ver la pensión a la dinámica jubilatoria conjuntamente con la de seguridad social, como una simple parte de un esquema laboral de previsión social, lo cual también es un error.

Tercero, aunque quiera y aunque pueda —y ya se demostró de sobra que quiere y puede—, jamás debería asumir la Universidad de Guadalajara un compromiso de tal envergadura, y que no debe tomar porque no fue pensada ni planeada para ello en su legislación-marco, amén de carecer de competencia legal para hacerlo; y,

Cuarto, porque el derecho humano a la seguridad social —entendido no como una prestación laboral más, sino como un servicio público inalienable—, conforme ha resuelto la O.I.T., debe siempre ser brindado mediante esquemas tripartitas, con la participación directa reguladora, la garantía explícita y la contribución a los fondos previsionales del Estado, y no mediante simples acuerdos laborales bipartitas como el que efectuara nuestra Casa de Estudios como empleadora y sus dos gremios sindicales, rompiéndose de tajo con el principio de universalidad que permea en esta disciplina.

7.- Así las cosas, por todo lo expuesto desde hace ya tres años y por diversos ocursos enviados por mí a las diversas autoridades universitarias, tanto a las centrales como del C.U.C.S.H., así como a los ex-directores de esa División y a los ex–Jefes del Departamento de Derecho Social al que estoy adscrito, no puedo continuar permaneciendo indiferente y seguir presentándome a dar clases como si nada hubiera pasado. En este contexto vale la pena aclarar que tampoco pretendo asumir un papel protagónico, ni de villano, mucho menos de “esquiról” —como claramente lo establecí a la muerte del Lic. Agustín Ricoy Saldaña, persona que la U de G contratara para ayudar a planear dicho Sistema de Seguridad Social—, y con quien hubo correspondencia en donde cada uno sosteníamos posturas antagónicas.

Va contra mis principios el permitir, con mi presencia en las aulas de mi amada Alma Mater y ante la evidente falta de sustentación jurídica de que hace gala en mi opinión tal “Reglamento” policitado —por más que se le quieran buscar ventajas prácticas, pues el fin no necesariamente justifica los medios—, avalar un Sistema de Seguridad Social que desde el punto de vista científico-jurídico adolece de graves fallas estructurales y rompe de plano con la filosofía que nutre al Derecho de la Seguridad Social, mucho menos si soy —aunque la U de G no lo avale con un nombramiento—, un investigador, profesor, autor y presidente de la Academia respectiva en esta División.

Tampoco vale la pena que evada —como hasta ahora lo he hecho en obsequio a un compromiso que hiciera con su antecesor y con otras autoridades centrales—, las preguntas que con inusitada frecuencia me hacen mis compañeros docentes de la División, los profesores de otras escuelas de Centros Universitarios del interior del Estado de nuestra Universidad a donde he sido con frecuencia invitado para impartir cursos o conferencias o presentar mis obras escritas sobre el tema, y primordialmente a nivel Maestría —en donde profesores de la U de G son mis alumnos, tanto en el C.U.C.E.A., como en el C.U.C.S.H.—, perdiendo de facto mi libertad de cátedra y opinión, solapando con silencios cómplices el que se cometa lo que reconozco califiqué alguna vez como un “grave error histórico” del que ahora me resisto categóricamente a formar parte, cuanto más si me consta que se ha aducido por quienes lo han difundido pregonando sus bondades y ocultando sus defectos —lo que ocurrió incluso en el Auditorio de la propia Facultad—, “…que el suscrito estuvo de acuerdo en dicho Sistema..”, lo que no sólo falso, sino incongruente, pues en caso necesario puedo acreditar mediante la exhibición de probanzas documentales la oposición reiterada respecto de él —misma que advierto compartimos en abrumadora mayoría quienes integramos la Academia del Derecho de la Seguridad Social en esta División a su muy digno cargo—.

Estimado Señor Director:

Ejerzo la docencia desde hace 30 años, y lo he hecho en distintos niveles; en la U de G se me reconocen casi 18 años de antigüedad pese a que inicie a impartir clases desde 1975; y en esta División de Estudios Jurídicos —que prefiero seguir llamando Facultad de Derecho, con la secreta esperanza de que se termine la división que existe—, soy a mucho orgullo profesor desde hace 15 años de las materias de Amparo y Derecho de la seguridad Social. Fue en esta Facultad —y entre muchos otros que ya se nos adelantaron, Usted Señor Director también fue mi profesor—, en donde me enseñaron a amar y a conocer la ciencia jurídica, a defender las instituciones, y a respetar el derecho ajeno, abogando sobre todo por aquellos que con sus impuestos nos dieron la oportunidad maravillosa de ser profesionistas, a cambio de unas cuotas simbólicas. Me enseñó la U de G a tener ideales, a tener conciencia de clase y clase en la conciencia, como lo expresé en la dedicatoria de la última de mis 8 obras publicadas.

Sé que no soy dueño de la verdad, pero en correspondencia a lo que mis maestros hicieran conmigo, a quienes son mis alumnos a nivel licenciatura o a nivel de posgrado —Diplomados, Especialidades y Maestrías, en Jalisco, y en diversas partes de la República (e inclusive fuera del país, llevando la honrosísima representación de la U. de G) —, siempre les he sostenido lo mismo: el régimen obligatorio del Seguro Social no es susceptible de conveniarse, negociarse o renunciarse, por eso es obligatorio. No puedo venir ahora a esta Facultad, a impartir clases, con la conciencia tranquila y mi espíritu en paz, a decirles lo contrario a docentes y educandos. Mi encrucijada es así de simple y así de inevitable.

Universidad significa para mí, antes que todo, “universalidad de pensamientos”; por ello respetaré siempre las ideas de quienes difieran de las mías propias, pero a la vez exijo pleno respeto a mi ideología —buena o mala, pero al fin mía—. Estoy seguro que sólo mediante la discusión, la refutación y la conciliación de ideas se avanza en el aspecto académico, y quienes me conocen —Usted, entre ellos—, saben que he pregonado siempre que el hecho de diferir en ideas no implica que quien no esté de acuerdo conmigo necesariamente está contra mí y es mi enemigo. “Todo lo que resiste, apoya”, decía Jesús Reyes Heróles, y si lo he hecho en este asunto concreto ha sido de toda buena fe, pues nada he ganado ni ganaré con esta difícil posición en que me encuentro.

En este sentido, cuánta razón tenía Octavio Paz —citado en la Revista Jure N° 6, Época V, Año II, editada por la propia División de Estudios Jurídicos, cuando a fojas 2, se señala su pensamiento: “El espíritu crítico es la gran conquista de la edad moderna. Nuestra civilización se ha fundado precisamente sobre la noción de crítica: nada hay de sagrado o intocable para el pensamiento excepto la libertad de pensar. Un pensamiento que renuncia a la crítica, especialmente a la crítica de sí mismo, no es pensamiento”.

Es por eso, Señor Director, como un autocrítico de mis ideas y de mi postura irreconciliable para con quienes concibieron ese Sistema —igual que los hechos aconsejan separar a una manzana podrida, que puede contaminar a las demás de la caja—, que las circunstancias me obligan a presentar mi Renuncia con carácter de irrevocable, y en aras de no dificultar la conclusión del semestre que cursa, practicar exámenes, levantar acta de calificaciones, realizar examen extraordinario, etc., le propongo a Usted, salvo su mejor opinión, la acepte a partir del 1° de Agosto del año 2000.

Agradezco a Usted y por su amable conducto, a todas y cada una de las autoridades universitarias de mi siempre amada Casa de Estudios, todas las atenciones y gentilezas que se dignaron tener para mi persona; sus deferencias y apoyos inmerecidos fueron para mí fundamentales en mi realización como persona y como profesionista. Acaso sea mucho pedir el que comprendan y sobre todo respeten mi decisión y que no se entienda la misma, ni como un capricho, ni mucho menos como una claudicación a mis ideas. Necesité mucho valor y del apoyo incondicional de todos los míos, para llegar a este extremo tan doloroso.

Sabemos que nadie somos indispensables y que todos los cambios son útiles; en esta caso será refrescante para nuestra División que otra persona, con mayor talento y capacidad que el suscrito, se haga cargo de la Academia del Derecho de la Seguridad Social, sobre todo ahora que han soplado los vientos de cambio; y tendrá que ser entonces alguien que “crea” en el Sistema de Seguridad Social aprobado. A él —o a ella, en su caso—, les deseo la mejor de las suertes pues creo —y ojalá me equivoque—, que la va a necesitar.

Atenta y respetuosamente,

Guadalajara, Jalisco, a la fecha de su presentación

MTRO. LIC. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

c.c.p.- DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO.- Rector General de la Universidad de Guadalajara.- Para su superior conocimiento.

c.c.p.- LIC. J. TRINIDAD PADILLA LÓPEZ.- Secretario General de la Universidad de Guadalajara.- Para su conocimiento, con mi gratitud expresa a todas sus gentilezas.

c.c.p.- MTRO. CARLOS FREGOSO GENNIS.- Rector del C.U.C.S.H.- Para su superior conocimiento y efectos subsiguientes.

c.c.p.- MTRO. TONATIUH BRAVO PADILLA.- Rector del C.U.C.E.A.- Para su conocimiento.

c.c.p.- C.D. y L.C.P. JOSÉ ANTONIO MAGALLANES RODRÍGUEZ.- Sindicato de Trabajadores Académicos de la U de G.- Igual fin.

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