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Memorias sobre el “Reglamento del Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara”.

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Memorias sobre el “Reglamento del Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara”. Relatorías de las Reuniones celebradas en la División de Estudios Jurídicos del C.U.C.S.H. respecto del “Reglamento del Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara”. Presentado por el Lic. Ángel Guillermo Ruiz Moreno, el 26 de Octubre de 2000.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS

DEPARTAMENTO DE DERECHO SOCIAL

MEMORIA DE LAS RELATORÍAS DE LAS REUNIONES CELEBRADAS EN LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS DEL C.U.C.S.H., RESPECTO DEL “REGLAMENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA”

Las reuniones que se llevarán a cabo por instrucciones expresas de la Rectoría General, se efectúan en base a Convocatoria formulada por los CC. Lics. Guillermo Reyes Robles y Jaime Ernesto Acosta Espinoza, Director y Jefe del Departamento de Derecho Social de la División de Estudios Jurídicos, respectivamente. Se ha considerado pertinente, a fin de que no se pierda la esencia de las opiniones vertidas en ella, levantar esta Relatoría de los Acuerdos Colegiados tomados en las mismas sobre los temas tratados, tendientes ellos a resolver la problemática que sobre el financiamiento de la “pensiones dinámicas” de jubilación por años de servicio afronta en la actualidad nuestra Casa de Estudios.

Fungirá como relator de las reuniones el Mtro. Ángel Guillermo Ruiz Moreno, en su carácter de Presidente de la Academia de Derecho de la Seguridad Social de la División de Estudios Jurídicos, a quien se le ha comisionado efectúe la coordinación material de estos trabajos.

* RELATORÍA DEL ACUERDO DE LA ACADEMIA DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE EL ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

Atento a lo acordado de manera interna y colegiada por los profesores que integran la Academia del Derecho de la Seguridad Social, en la sesión celebrada a las 8:00 horas del 11 de Octubre de 2000, en las oficinas de la Dirección de la División de Estudios Jurídicos, y contándose con la asistencia de los CC. Director de la Facultad de Derecho y del Jefe del Departamento de Derecho Social de la misma, se reunieron los siguientes profesores: Lics. Luis Briseño Pimienta, Martha Barajas Méndez, Estanislao Solórzano Barón, Armando García Pérez, Yolanda Sánchez Torres, Susana García Soto y Ángel Guillermo Ruiz Moreno.

Tras una breve alocución del C. Director de la División de Estudios Jurídicos, abocándose a la problemática de las pensiones dinámicas universitarias, en discusión de los académicos especialistas en la disciplina del Derecho de la Seguridad Social, se llegó a las siguientes CONCLUSIONES:

Se reitera el criterio que en forma unánime se había adoptado por todos y cada uno de los profesores que integran esta Academia de Derecho de la Seguridad Social, el que fuera consensado además de los antes citados por los Lics. Octavio García Maldonado, Alejandro Galván Esparza, Lucelia Moreno Rubio y Francisco Ibarra Páez, profesores de esta disciplina tanto en el sistema presencial como en el semi-escolarizado: El denominado “Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara”.

Jurídicamente es ilegal por ser violatorio de normas taxativas de orden público e interés social vigentes en todo el país. Las razones son, entre otras, las siguientes:

a) Por principio de cuentas es menester dejar perfectamente claro que, en opinión conjunta de los profesores del Derecho de la Seguridad Social en la División de Estudios Jurídicos, el problema que afronta nuestra Casa de Estudios no estriba propiamente en el financiamiento de las pensiones que atañen a contingencias naturales protegidas por esquemas de seguridad social, sino que corresponde al rubro de la pensiones jubilatorias por años de servicio a la U. de G., y por ende es de índole laboral.

Para colmo, hasta donde se sabe, no existe una partida, ni tampoco una reserva técnica financiera, y más aún, no se cuenta ni siquiera con un programa interno creado ex profeso que haya sido instrumentado para atender tan sentida problemática que constituye —cuando menos por ahora— una obligación patronal inexcusable.

Por lo tanto, se concluye de entrada que se partió de un error de apreciación que resulta fundamental: no se enfocó correctamente la problemática existente, pues son diferentes los orígenes y la naturaleza intrínseca de ambas pensiones —la laboral y la de seguridad social—, mismas que están reguladas incluso por legislaciones distintas, pues en tanto una se otorga propiamente por años de servicio a cargo del presupuesto universitario (del orden laboral), las otras pensiones se otorgan por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y protege contingencias sociales por completo diferentes a los derechos generados por los años trabajados al servicio de la Universidad de Guadalajara, cubriendo pues eventos futuros y a veces inciertos, tales como: la vejez, cesantía, invalidez, muerte, riesgos de trabajo, etc., (de seguridad social).

b) Luego, la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara —vista y entendida ésta como un organismo público descentralizado del Gobierno de Jalisco, en una ficción jurídica, dado que sus empleados son servidores públicos al laborar para la administración descentralizada estatal—, por disposición expresa de su artículo 12, rige sus relaciones laborales primordialmente por el Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución General de la República, la Ley Federal del Trabajo, su propia Ley Orgánica y sus Estatutos, en ese orden de jerarquía y prioridad. En consecuencia lógico-jurídica, todos los principios del trabajo ordinario permean en las relaciones laborales universitarias, y se hallan además regidas por los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes, tanto del rubro académico como de los operarios administrativos.

c) En el artículo 18, fracciones III y IV, de la citada Ley Orgánica de la U. de G., se reconoce el derecho de los trabajadores a dos pensiones vitalicias otorgadas por el Consejo General Universitario: la primera, por incapacidad para el servicio (SIC); y la segunda, dual por cierto, dado que se contemplan dos hipótesis: por vejez —65 años— o (una “o” disyuntiva, que no copulativa) la de jubilación por tiempo laborado —treinta años de servicio—.

De hecho, un botón de muestra de que en la U. de G., como empleadora, existe toda una cultura sobre el ámbito de protección de la seguridad social —distinta y complementaria de lo laboral, obviamente—, y que ha permeado a otros ordenamientos reguladores de las relaciones de trabajo independientes de los contratos colectivos vigentes, es por ejemplo, en base a lo estatuido por la fracción I del artículo 55 del “Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara”, son los requisitos que se exigen para conceder licencia a los miembros del personal académico, precepto que por considerarlo de interés se transcribe literalmente:

“Artículo 55.- ……………………………………………………………………………..

I.- Por accidente o enfermedad, debiendo presentarse al efecto la incapacidad médica respectiva, expedida por la institución de seguridad social reconocida (SIC) por la Universidad de Guadalajara.

“……………………………………………………………………………………………..”

Queda claro, atendiendo a dicha disposición pretranscrita en lo conducente, que la institución “reconocida” por la U. de G. en dicho Estatuto, resulta ser obviamente el IMSS, en la inteligencia que tal normatividad universitaria se halla vigente desde el 14 de Febrero de 1992 y fue aprobada por el Consejo General Universitario.

d) Como ya se vio —y por más que tanto la empleadora U. de G., como sus gremios sindicales académico y administrativo así lo acordaran—, pese a la existencia de cualquier Convenio sobre el particular, nada impediría que el personal académico y/o administrativo inconforme con el pretendido Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara, pudieren ejercer los derechos individuales que en la especie les concede el artículo 18 de la Ley del Seguro Social en vigor.

Tal precepto concede “denuncia pública” al operario para exigir su aseguramiento ante el propio IMSS (incluso al través de otros medios legales, como por ejemplo el juicio ordinario laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de resultar adverso a sus intereses dicho medio de defensa legal), al encontrarse dentro de la hipótesis de afiliación al régimen obligatorio previsto por el artículo 12, fracción I, de la legislación en cita, cuyo texto —casi idéntico desde 1973—, engloba a todo tipo de trabajadores del Apartado “A” del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Incluso, los mismos trabajadores del IMSS, si bien servidores públicos federales pero regulados por la Ley Laboral por disposición expresa del artículo 256 de la Ley del Seguro Social, también son sujetos de afiliación al régimen obligatorio.

Sobre esto último, nótese que sobre el particular ya no está a discusión si son o no sujetos de afiliación al régimen obligatorio los trabajadores administrativos y académicos de la U. de G., porque ya están en su gran mayoría incorporados al citado régimen obligatorio y de hecho y por derecho deberían de estar todos sin distingo, ocupen o no dicho servicio público solidario. Lo anterior es así porque son irrenunciables sus derechos que como operarios han generado durante la existencia de una relación laboral, atento a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, máxime si ya habían sido afiliados al citado Instituto asegurador nacional.

De hecho, los más de 1,400 recursos administrativos de Inconformidad presentados ante el IMSS por los trabajadores de esta Casa de Estudios (atento a los informes recabados directamente en la Delegación Estatal en Jalisco), son tan sólo una muestra de que la mayoría de los trabajadores universitarios —por más que sus líderes sindicales se nieguen a aceptarlo—, no están dispuestos a renunciar a este servicio público obligatorio (que no es una simple prestación laboral, como se le ha pretendido ver y entender); a la par, se alertó al propio Instituto asegurador nacional sobre el “riesgo financiero” que corre en el eventual caso de autorizar y/o permitir la “salida” del régimen obligatorio a nuestra Casa de Estudios. El propio Instituto asegurador tendría que absorber el costo de tan radical medida, lo que al ser ya conocido por sus altas autoridades a nivel central, difícilmente volverían a permitirse correr un riesgo semejante, pues ya se dieron cuenta de que los servidores universitarios no demandarían directamente a la U. de G., sino al IMSS.

e) Los problemas legales que generaría la reactivación del Sistema de Seguridad Social U. de G. (que naturalmente no es de seguridad social, sino un simple esquema de previsión social suscrito por empleador-sindicatos, con independencia de cómo se le pretenda denominar), son de pronóstico reservado, pues volvería a cimbrar a la Universidad de Guadalajara.

Sobre este punto, insistimos que aún contándose con la anuencia de los Sindicatos Académico y/o Administrativo (quienes no pueden disponer de los derechos ni de los recursos de sus miembros acumulados en el llamado “SAR-U. de G.”, en acuerdos cupulares), e incluso contando además con la supuesta “anuencia” del IMSS para sacarnos del régimen obligatorio, no se podría evitar que los trabajadores ejercieran individualmente sus derechos sobre el particular por una razón simple cuanto inobjetable: porque el IMSS carece de facultades legales para “negociar” o mejor dicho aún, para “re-negociar” la desincorporación al régimen obligatorio de seguridad social de cualquier persona o grupo de personas (trátase o no de trabajos especiales, como el universitario), cuanto más si desde hace más de 25 años los ha venido protegiendo en tal esquema y se han generado derechos por los trabajadores, los que no se pierden por un simple acto volitivo, así provenga del Consejo Técnico del IMSS —entendido como el órgano de gobierno, representante legal y su administrador, conforme lo establece el artículo 263 de la Ley del Seguro Social—.

En este sentido, recordemos que las autoridades —y el IMSS lo es en su carácter de organismo fiscal autónomo—, sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza expresamente, y el legislador no autoriza al IMSS a negociar, ni la entrada ni tampoco la salida de grupos de aseguramiento en el régimen obligatorio. En un Estado de Derecho como el nuestro, si la ley no se cumple e inobserva por error, mala fe, o ignorancia —gravísimo en una Universidad que se supone es un templo del saber científico—, se pueden incurrir en desviaciones graves del orden administrativo dado que nuestra Universidad se sostiene de recursos públicos, por lo que resulta imperativo cumplir a cabalidad con las normas legales existentes.

f) Más todavía: los casos de interposición de recursos administrativos de Inconformidad instaurados por el personal universitario académico y administrativo —ya se ha visto y comprobado—, surgirán “en cascada” al enterarse los trabajadores que con el pretendido Sistema de Seguridad Social de la U. de G., de facto y por un acuerdo interno cupular de naturaleza laboral propiamente, se les hace nugatorio un derecho generado —de suyo irrenunciable— para disfrutar de dos pensiones distintas aunque complementarias entre sí, a saber:

— Una pensión jubilatoria por años de servicio, de estricta índole laboral, de tipo contractual y por ende de origen y cuantía extra-legal e incierta; y,

— Una pensión legal, cuyo monto se encuentra previsto en la Ley del Seguro Social, que se genera por el tiempo de cotizaciones del propio operario y condicionada a “periodos de espera” (medidos en semanas de cotización), cuyo derecho a peticionarla por cierto es inextinguible de conformidad al artículo 301 de dicho Cuerpo de Leyes preinvocado.

Esta última hipótesis, de no estar inscritos (o correctamente inscritos con sus percepciones reales los trabajadores universitarios), provocaría que el IMSS repitiera contra la empleadora mediante el probable fincamiento de un “capital constitutivo” al cargo del patrimonio de la U. de G., crédito de índole fiscal que resarciría al Instituto asegurador de todos los gastos erogados en beneficio de los trabajadores que le exijan prestaciones legales, de conformidad a los artículos 49, 54, 77, 79, 88, 149, 185 y 186 de la Ley del Seguro Social —hecho éste de seguro no contemplado en los estudios actuariales que hubieron de realizarse para planear el pretendido Sistema de Seguridad Social—.

g) Cabe señalar que la pensión de seguridad social lleva imbíbita las prestaciones en especie de índole médico, como son: atención facultativa, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria —no sólo para el pensionado, sino extendido el beneficio a su núcleo familiar directo dependiente económico—, lo que de suyo vuelve más interesante su otorgamiento, con independencia del exiguo monto económico de tal pensión —que no puede ser inferior a un salario mínimo general del Distrito Federal—, cuestión que motiva que los trabajadores universitarios exijan además la pensión jubilatoria laboral.

Así las cosas, el IMSS estaría siempre obligado legalmente a respetar los derechos de los trabajadores universitarios y otorgaría, de cualquier forma, la pensión de cesantía, vejez, invalidez, riesgo de trabajo, muerte (viudez, orfandad, ascendientes), etc., a que el operario tuviera derecho.

Por todo lo antes expuesto —y por un sinfín de razones más que ya son del dominio público, y que creemos no es necesario reiterar ahora—, se concluye en el sentido de que lejos de ser una solución, el pretendido Sistema de Seguridad Social U. de G., sin la intervención directa del Estado en su financiamiento y en su regulación, es un retroceso y traería consecuencias funestas a mediano y largo plazo, y se tornaría entonces en un grave problema económico y presupuestal para nuestra Casa de Estudios, en perjuicio directo de tan noble institución de la cual nos sentimos muy orgullosos de ser egresados y fungir como académicos.

Por último, se concluyó la reunión de referencia acordándose por unanimidad de los presentes, que se invitara a los Presidentes de las Academias de Derecho Constitucional, Laboral, Administrativo, Fiscal y Económico, para que coadyuvaran en los trabajos que sobre el particular desarrollan los profesores de la de Seguridad Social. Dicha propuesta fue aceptada tanto por el Director como por el Jefe de Departamento asistentes a la reunión de mérito, convocándose formalmente a la misma.

* SÍNTESIS DE LA MINUTA DEL PRIMER ACUERDO COLEGIADO TOMADO POR LOS PRESIDENTES DE LAS ACADEMIAS INVOLUCRADAS:

En la sesión convocada al efecto por los Sres. Lics. Guillermo Reyes Robles y Jaime Ernesto Acosta Espinoza, Director de la División de Estudios Jurídicos y Jefe del Departamento de Derecho Social de la misma, efectuada a las 8:00 horas del 16 de Octubre de 2000 en las instalaciones de dicha ex-Facultad de Derecho, asistieron todos los convocados: CC. Lics. Ramón Castillo Llamas, Carlos Ramiro Ruiz Moreno, Francisco Macías Rodríguez, Antonio Jiménez González, Cesar Eduardo Uribe Vera, y Ángel Guillermo Ruiz Moreno, en sus caracteres de Presidentes de las Academias de los Derechos Laboral, Constitucional, Administrativo, Fiscal, Económico, y de la Seguridad Social, respectivamente, todas ellas de la División de Estudios Jurídicos, por unanimidad y plenamente consensadas las opiniones de expertos en diversas áreas, se tomaron los siguientes ACUERDOS:

1.- El problema detectado en la Universidad de Guadalajara, no es de seguridad social, sino de índole laboral, ya que se limita a las pensiones dinámicas de jubilación por años de servicio. Resulta trascendente identificar dónde se encuentra la problemática de la U. de G., para intentar buscar acuerdos lógicos y congruentes tendientes a su solución.

2.- Es imperativo contar con una serie de elementos de juicio que resultan indispensables para hacer una diagnóstico realista de la situación por la que atraviesa la U. de G., en el rubro de las pensiones jubilatorias; la idea es prever a mediano y largo plazo un esquema jubilatorio universitario realista y acorde a las posibilidades de nuestra Casa de Estudios. Por lo tanto, se acordó por unanimidad pedir a las autoridades centrales de la U. de G., solicitar entre otros los siguientes elementos de juicio:

— La normatividad universitaria vigente y actualizada de nuestra Casa de Estudios, para su análisis integral.

— Estudios actuariales realizados para planificar el costo pensionario, así como también una corrida financiera de la U. de G.

— Toda la documentación que sirviera de base y apoyo para proyectar el Reglamento del Sistema de Seguridad Social, con el objeto de colegiadamente buscar los puntos positivos de tal esquema y adecuarlo al rubro laboral de las “pensiones dinámicas”.

— Todos aquellos datos y documentación que soporten el costo administrativo que representa en la actualidad los servicios personales por jubilación, así como información pertinente en cuanto al número total de pensionados y la cuantía promedio de las pensiones que ellos reciben en la actualidad.

— Cualquier otra información que pudiese servir para una efectiva toma de decisiones, en la inteligencia que la información obtenida se manejará con las debidas reservas que exige este tipo de informes.

3.- Con independencia de obtenerla, se fijaron posturas definidas sobre la problemática, entre ellas:

a) Que para llevar a cabo una reforma integral, sería conveniente gestionar reformas a la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, aunque acaso no pueda evitarse que la aplicación retroactiva de dicha legislación estatal termine vulnerando, por su aplicación retroactiva a los docentes y administrativos de la U. de G., la garantía consagrada por el artículo 14 de la Constitución Federal en lo que atañe a los derechos de los trabajadores.

b) Se puntualizó que la Universidad de Guadalajara no tiene facultades legales para brindar e implementar un esquema de seguridad social, entendido no como una simple prestación laboral, sino como lo que es: un servicio público. Además, se uniformó el criterio de que adolece de facultades legales expresas nuestra Casa de Estudios para “reglamentar” aspectos que atañen al servicio público de seguridad social, y también para expedir un “Reglamento del Sistema de Seguridad Social”, pues de la simple lectura de los artículos 5º y 6º de la Ley Orgánica de la U. de G., se advierte que el legislador estatal precisó puntualmente los fines y sobre todo las atribuciones de que goza nuestra Casa de Estudios, por lo que sólo tiene facultades para elaborar estatutos internos que regulen su legislación-marco, esencialmente en el ámbito educativo, congruente con la finalidad que le es propia a su personalidad y autonomía, pero que no goza de la atribución legal (ni expresa, ni tácita) para expedir una reglamentación de tal naturaleza, cuanto más que con dicho “reglamento” se alteraría radicalmente su estructura orgánica, su patrimonio y hasta el objetivo original para el que fue creado (educativo y cultural, no prestador del servicio se seguridad social, que entonces sería “privado” y no público).

c) Se estableció que no se aprecia tampoco que el H. Consejo General Universitario de la U. de G. goce de la facultad “reglamentaria” de un servicio público que no le corresponde brindar —y que al emitir el citado “reglamento” se atribuye implícitamente—, por más que sea el órgano interno superior universitario, atendiendo al texto del artículo 31 de la precitada Ley Orgánica. Por ende se concluye en el sentido de que habría un vicio de origen al rebasar dicho “reglamento interno” pretendido, el marco legal vigente, al ser expedido el mismo por órgano incompetente jurídicamente hablando, por más que haya “acuerdo” con los Sindicatos de trabajadores y académicos.

d) Si el asunto de la llamada “pensión dinámica” es exclusivamente laboral, debe resolverse al través de las instancias pertinentes de índole laboral, distinguiendo y delimitando bien el problema de la pensión contractual al diferenciarla de la otra, de carácter legal. Tampoco se vale confundir o amalgamar —por más buena fe que exista en el fondo de la cuestión—, un sistema laboral interno, como es el servicio público de seguridad social al que tienen legítimo e irrenunciable derecho a disfrutar los docentes y los trabajadores administrativos universitarios, una conquista laboral concedida a ellos en administraciones anteriores.

4.- Como colofón de la reunión aludida, se acordó entrevistarse con el Señor Rector General para plantearle de entrada estos acuerdos previos, comprometiéndose el Señor Director de la División de Estudios Jurídicos a conseguir la audiencia respectiva.

NOTA: La reunión con las autoridades centrales del Universidad de Guadalajara, se verificó el día 18 de Octubre de 2000, a las 13:00 horas, asistiendo la mayoría de los involucrados, estando presentes en la misma los CC. Rector General, Vice-Rector, Secretario General y la Abogada General. Conviene señalar que en dicha sesión de trabajo hicieron uso de la voz los Lics. Guillermo Reyes Robles, Carlos Ramiro Ruiz Moreno, Martha Barajas Méndez, Cesar Eduardo Uribe Vera, Octavio García Maldonado y Ángel Guillermo Ruiz Moreno, asistiendo también a la misma los Lics. Jaime Ernesto Acosta Espinoza, Estanislao Solórzano Barón y Yolanda Sánchez Torres, y con la ausencia justificada de los CC. Lics. Francisco Macías Rodríguez y Susana García Soto, por (quienes autorizaron al Lic. Ángel Guillermo Ruiz Moreno para que les representase en tal reunión).

No sobra añadir que el compromiso asumido por las autoridades centrales, quienes tomaron debida nota de que el problema no era de seguridad social sino de índole exclusivamente laboral, fue proporcionar la documentación a la brevedad posible, que peticionaran los Lics. Carlos Ramiro Ruiz Moreno y Ángel Guillermo Ruiz Moreno, en sus caracteres de Presidentes de las Academias de Derecho Constitucional y Derecho de la Seguridad Social, respectivamente. El Sr. Rector General giró instrucciones al Secretario General para que la hiciera llegar a la mayor brevedad a la División de Estudios Jurídicos.

* SÍNTESIS DE LA MINUTA DEL SEGUNDO ACUERDO COLEGIADO TOMADO POR LOS PRESIDENTES DE LAS ACADEMIAS INVOLUCRADAS:

A las 8:00 horas del día 23 de Octubre de 2000, se reunieron de nuevo en el edificio de la División de Estudios Jurídicos, ante la presencia de los CC. Lics. Guillermo Reyes Robles, Jaime Ernesto Acosta Espinoza y Ramón Carrillo Ramírez, en sus caracteres de Director y Jefes de los Departamentos de Derecho Social y Privado, respectivamente (todos de la ex-Facultad de Derecho), los Lics. Ramón Castillo Llamas, Antonio Jiménez González, Cesar Eduardo Uribe Vera y Ángel Guillermo Ruiz Moreno, en su carácter de Presidentes de las Academias de Derecho Laboral, Fiscal, Económico y de la Seguridad Social, en ese orden, así como también asistieron los profesores del Derecho de la Seguridad Social: Lics. Luis Briseño Pimienta, Armando García Pérez, Yolanda Sánchez Torres y Estanislao Solórzano Barón.

En tal reunión, cada uno de los asistentes hizo uso de la palabra para razonar sus ideas sobre el problema pensionario jubilatorio de índole laboral, desde la óptica de la disciplina que manejan e imparten en la propia División de Estudios Jurídicos, opiniones expresadas libremente tendientes a la solución de la problemática observada en nuestra Casa de Estudios. Se coincidió en la gran mayoría de las cuestiones puestas en el tapete de la discusión, resaltando los siguientes ACUERDOS COLEGIADOS:

I.- Que pese a lo ordenado por el Sr. Rector General, hasta ahora no se había recibido la información y documentación necesaria por parte de las autoridades centrales; se comprometió a realizar la gestión nuevamente el C. Director de la División de Estudios Jurídicos ante la Secretaría General de la U. de G.

II.- No obstante, con independencia de que se contase o no con la documentación e información solicitada, se acordó por unanimidad que debía elaborarse alguna opinión consensada por parte de la División de Estudios Jurídicos a la Rectoría General, sin perjuicio de quien considerase tener ideas a aportar, tendientes a la solución de tan sentida problemática observada, lo hiciese por escrito en la siguiente sesión.

III.- Se estableció que debía instrumentarse un plan específico para evitar que las personas menores de 65 años de edad se jubilaran —con independencia del tiempo laborado—, volviéndole atractiva su permanencia en la Universidad para usufructuar su experiencia académica. De esta forma, se retrasaría de manera sensible el evento de la jubilación, manteniendo en activo al docente y aprovechando al máximo su experiencia, resultando más económico cubrir el “estímulo por la continuidad después de los 30 años de servicio” —ya pactado contractualmente—, que costear su pensión de jubilación.

IV.- Que siguiendo la tendencia Europea sobre aspectos jubilatorios, valdría la pena pensar de una buena vez en reformar la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara para retrasar la edad de pensión. En Francia, por ejemplo, la edad para jubilarse un operario cuya labor preponderante sea de índole intelectual es a los 75 años —teniendo una esperanza de vida cercana a los 10 años de supervivencia— dado los avances médicos y tecnológicos; para los trabajadores que efectúan labores administrativas, de índole físico, la edad jubilatoria es a los 70 años, con una similar esperanza de supervivencia. Lo anterior se sustenta en las variables demográficas y epidemiológicas que inciden en el crecimiento geométrico e imparable de los pensionados contra la misma base de aportantes, lo que ha provocado crisis irreversibles en los sistemas pensionarios —tanto jubilatorios, como de seguridad social— con modelo solidario de reparto o fondo común.

V.- Atendiendo la moda mundial en esquemas pensionarios, debe de cambiarse en materia de las relaciones laborales al llamado modelo previsional de capitalización individualizada, que han adoptado los sistemas de seguridad social de la gran mayoría de los países del orbe al carecer de futuro el modelo de reparto o fondo común con pensiones predefinidas en ley. La idea podría ser que a partir del 1° de enero del año 2001, cada trabajador tuviese una “cuenta individual para su jubilación”, de retiro laboral exclusivamente —que sería independiente de la de seguridad social que maneja el IMSS—, en la cual se depositarían recursos del patrón y del empleado, elevando ambos sus actuales aportaciones con la seguridad de que habría transparencia y seguridad en su manejo, al informárseles periódicamente de la cuantía de tales aportaciones.

VI.- Reunido un monto global mensual de todos los trabajadores administrativos y académicos, lo acumulado se invertiría ya en un fideicomiso especial o ya utilizando la infraestructura instalada de las propias AFORE’s y sus SIEFORE’s, con la ventaja adicional para la empleadora en el sentido de que son excluyentes como integrantes del salario base de cotización: “…las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva…” —hipótesis en la que se encontraría la U. de G.—, todo ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 27, fracción 8°, de la Ley del Seguro Social. Tales planes de pensiones deben reunir los requisitos establecidos por la CONSAR.

VII.- Que si bien el fideicomiso podía ser una buena opción de inversión de los fondos jubilatorios, no es la única, dado los rendimientos reales que por arriba de la inflación brindaban las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORE’s), máxime que ya se había autorizado por la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR), la creación de SIEFORE’s exclusivas para “aportaciones voluntarias” para tres AFORE’s líderes en el mercado pensionario, debido a que se ha incrementado sensiblemente el ahorro voluntario en más de un 200% entre los meses de enero-agosto del año en curso ante la quiebra de las Cajas Populares y los magros intereses que cubren las instituciones bancarias.

VIII.- Así como se pensó en la creación de un Comité Técnico para la administración del fallido “Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara”, mismo que estaba integrado por el C. Rector General como Presidente, cuatro representantes de la empleadora Universidad de Guadalajara, dos representantes del STAUDEG y dos representantes del SUTUDEG, y siguiendo en lo general las reglas del Capítulo Único del Título Sexto (artículos 86 al 94) del suspendido “Reglamento del Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara”, se sugiere la creación de un Comité Técnico bipartita más o menos similar, que tendría como objetivo esencial manejar los recursos captados e invertir las reservas técnicas financieras —que requieren de una administración profesional y responsable—, que bien podría denominarse: <>. De esa manera se aprovecharía el esfuerzo y la inversión económica erogada en tal proyecto suspendido.

IX.- Que sería indispensable “topar”, tanto hacia arriba como hacia abajo, el monto real de las pensiones jubilatorias por años de servicio que otorgue la U. de G., sobre todo porque al cubrirse un costo indirecto inherente al empleo (como resulta ser el de la seguridad social), los trabajadores universitarios jubilados independientemente reciben o podrían recibir en un futuro cercano, una pensión de jubilación y además los servicios médicos del IMSS para ellos y su núcleo familiar derechohabiente, máxime que basta con que un trabajador tuviese cotizadas 750 semanas en el régimen obligatorio del seguro social, para disfrutar ya, de forma vitalicia, de los servicios médicos de dicha institución asegurado nacional en forma conjunta con su núcleo familiar derechohabiente, no obstante no tener el carácter de pensionado, conforme lo establecen los artículos 153, 158 y 162, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social.

X.- El tope para el pago de pensiones sería: hacia abajo, cuando menos el equivalente a un salario mínimo general del Distrito Federal, actualizado conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (similar a la pensión garantizada en materia de seguridad social); hacia arriba, el tope máximo sería el sueldo tabular o nominal del trabajador universitario por su categoría reconocida ya como académico o ya como administrativo, pero sin incluir en ese monto los ingresos que se hayan devengado como funcionario, por representación sindical o encargo análogo, y sin incluirse tampoco las compensaciones que le hubiesen sido otorgadas por su encomienda. Es posible que la medida se considere drástica y pueda ser impopular en los mandos medios y superiores de la Universidad, pero de no hacerse así ningún sistema pensionario funcionaría, salvo que, en la misma medida de la percepción real se fondeara el sistema, es decir, a manera de ejemplo: que el trabajador destine el 5% de sus percepciones integrales para el fondo de ahorro de jubilación, y la empleadora destine otra suma similar acumulando invariablemente el sueldo, los diversos ingresos percibidos, e incluso compensaciones adicionales, de tal suerte que no existan subsidios de quienes menos perciben para con los que ganan más.

XI.- El rubro de la pensión de jubilación puede ser escalonada, en modo tal que se observe una regla común a todos los trabajadores universitarios. El escalonamiento se puede dar de distintas formas, con la idea de dar un trato jurídicamente diferenciado a que propende el Derecho Social, para tratar de nivelar las desigualdades existentes, partiendo del principio de que “la igualdad entre desiguales sólo produce injusticia”. Algunos ejemplos: se pueden escalonar las pensiones por años de servicio o bien por lustros enteros, sin contar el tipo de nombramiento del trabajador; se puede escalonar distinguiendo al académico de carrera del profesor de asignatura, o bien al de nuevo ingreso con el que ya tiene cuando menos tres años de servicio ininterrumpido para la U. de G.; también se puede configurar el escalonamiento atendiendo sólo a la edad del operario, independientemente del tiempo laborado; se puede asimismo “discriminar” entre los empleados de mayores ingresos, con relación a los que menos ganan; se puede a la par atender a las horas efectivas laboradas a la semana, que pueden ir de 1 a 48, que es el máximo permitido por la Ley Federal del Trabajo para la jornada normal de labores (sin contar tiempo extraordinario). La manera de hacerlo debe ser siempre consensada entre la Universidad como empleadora y sus gremios sindicales, por conducto de sus representantes legales, debiendo llevar la discusión hacia la base trabajadora para evitar descalificaciones posteriores a la toma de decisiones.

XII.- Por último, de crearse el sistema de pensión de jubilación, debe dejarse perfectamente claro la situación que se observará en el caso del artículo 18, fracción III, de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, porque alude a una pensión laboral distinta a las contempladas por edad o años de servicio en la fracción IV de dicho precepto legal. Si la idea de afiliar al régimen obligatorio del Seguro Social a los trabajadores universitarios fue que se liberase de cargas la U. de G. al ser sustituida en sus obligaciones originales previstas en ley por el IMSS como ente asegurador nacional, entonces, debe gestionarse la derogación de la fracción III de dicho artículo 18, porque la “incapacidad para el servicio” se halla protegida por la rama de riegos de trabajo (o en su caso, por el ramo de invalidez) del régimen obligatorio, y como ya está cubierto este aspecto por el esquema de seguridad social, carece de relevancia su permanencia evitándose fugas adicionales de recursos. En tanto se formula la reforma legal por el H. Congreso del Estado, haciéndose uso de las facultades del último párrafo del policitado artículo 18 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, la determinación de no conceder pensiones por incapacidad para el servicio, lo debe autorizar el Consejo General Universitario.

Finalmente, tras la tormenta de ideas surgidas en esta reunión, se convocó a los participantes para que expresaran por escrito las que consideren pertinentes, fijando una fecha límite que vence el 27 de octubre de 2000 para que la entreguen (acompañada de un diskette), precisamente en las oficinas que ocupa la Dirección de Estudios Jurídicos.

Se citó a los participantes, y a todos los académicos que han estado involucrados en la solución de esta problemática, a la reunión a celebrarse a las 8:00 horas del día 30 de Octubre próximo, en el lugar acostumbrado.

Se levanta la presente glosa de las reuniones efectuadas y los acuerdos colegiados tomados, para la debida constancia.

Guadalajara, Jalisco, a 26 de Octubre de 2000

EL ACADÉMICO RELATOR DE LAS REUNIONES:

MTRO. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

Presidente de la Academia del Derecho de la

Seguridad Social, División de Estudios Jurídicos

(C.U.C.S.H.), de la Universidad de Guadalajara

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