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¿Es la seguridad social todavía un derecho humano?

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Simón José Bolívar, sin duda el más grande Libertador Americano y quien marcara para siempre el rumbo de Sudamérica, en el Congreso de Angostura del 15 de Febrero de 1819, afirmó con una lucidez y visión extraordinarias: “…El sistema de gobierno más perfecto es aquél que produce mayor suma de felicidad, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política…”

Como todos sabemos, los sublimes sueños del “Panamericanismo Bolivariano” impulsaban al general Bolívar en su lucha por liberarse del yugo español y forjar una América unida; es muy probable sin embargo que en razón de la naturaleza intrínseca de sus ideales y lo grandioso de éstos, se tratase de un imposible su consecución y terminaran convirtiéndose tan sólo en una utopía. Pese a que su colosal envergadura frustrara su consumación, debemos resaltar que hasta donde sabemos aquélla fue la primera declaración política en que se utilizó —y acaso acuñó para siempre— el concepto seguridad social en nuestra amada tierra americana, resaltándose desde entonces la absoluta necesidad de protección y vida digna a las que tenemos derecho, sin excepción, todos y cada uno de los seres humanos por el simple hecho de serlo.

Si Ortega y Gasset en forma inteligente afirmaba que lo que el hombre es en la vida: “…es pura y radical inseguridad…”, nosotros ahora, como estudiosos del Derecho de la Seguridad Social, afirmamos que las necesidades de todos los seres humanos debieran al menos guardar un orden jerárquico lógico pues son 3 las seguridades que a nuestro parecer requiere toda sociedad para florecer: en primer término la seguridad nacional, luego la seguridad pública, y por último la seguridad social.

Porque sin alguna de ellas, una sociedad no sólo está en peligro, sino que se encuentra impedida para desarrollarse. Ello es así por la simple razón de que sin seguridad nacional de plano no hay patria; sin seguridad pública no hay orden y menos

habrá progreso; y sin seguridad social no existe garantía de calidad de vida. Una es pues resultante y a la vez condicionante de la otra, en esa anhelada aspiración aristotélica de tener una vida bella y feliz mediante el mínimo de seguridad brindada por el Estado, visto y entendido aquí como el garante primario y final de todo eso a lo que aspiramos como sociedad organizada que nos preciamos de ser.

El Libertador creyó en esa conjunción y ofrendó su vida en aras de alcanzar el ensueño. Y fue ése uno de los sueños dramáticamente premonitorios de Simón Bolívar, el más acabado y bello intento de describir la verdadera misión de un gobierno libre, justo y democrático, pues adelantado a su tiempo pronosticó con certeza lo que vendría ochenta años después —en 1889—, con el advenimiento del primer Seguro Social del planeta, forjado en la Alemania de finales del siglo XIX por su creador original, el “Canciller de Hierro” Otto Von Bismarck.

Es pues el Seguro Social el instrumento jurídico creado por el Estado para alcanzar esa aspiración humana, ese concepto filosófico que hoy llamamos familiarmente seguridad social —aunque al intentar definirla entremos a una verdadera Torre de Babel, pues pareciera que cada quien lo entiende a su manera—, y resulta tan trascendente en la política social Estatal que su propio creador material expresó con la absoluta convicción del gran estadista que fue: “Por caro que parezca el Seguro Social, resulta menos gravoso que los riesgos de una revolución”.

Fue entonces y sólo entonces cuando sobre la faz de la tierra la seguridad social brilló intensamente y cosechó sus mejores lauros. En aras de ser justos, reconozcamos aquí no sólo a Bismarck, sino también a William Beveridge, su perfeccionador y quien la dibujó en la Inglaterra de la postguerra más como una aspiración legítima de cualquier sociedad organizada que se precisase de ser ante todo eso: humana, por sobre un simple esquema de previsión social para los trabajadores subordinados.

Fue tal el éxito alcanzado y la convicción de que el Estado debía ser esa “red protectora” que salva vidas y futuros en el circo de la vida —entendiendo a las personas no como simples individuos, sino como parte del tejido social, apreciando así sus diferencias naturales y lo absurdo de la “igualdad de oportunidades” para intentar alcanzar al fin la “igualdad de logros”—, que por aclamación, el 10 de Diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) la incluyó y conceptualizó en el texto del artículo 25 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, concibiendo a la seguridad social no sólo como un derecho humano y un derecho social irrenunciable, imprescriptible e inalienable del asegurado y su grupo familiar dependiente económico, sino definiéndola ya como una obligación natural al cargo de los Estados miembros —y por simple extensión analógica, incluso de aquéllos que no lo eran.

Nadie se imaginaba todavía que, tras las épocas de gloria alcanzadas por la seguridad social a mediados del siglo XX e inmersa como estrategia gubernamental para redistribuir el ingreso de la población en aquella política económica intervencionista de los Estados democráticos prohijada por el Estado de Bienestar, menos de un siglo después y al despertar a la cruel y dolorosa realidad de un mundo globalizado, aquél dulce sueño terminaría convirtiéndose en pesadilla.

En efecto, recordemos aquí el texto literal del primigenio artículo 25 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de la O.N.U., el cual establecía con meridiana claridad lo siguiente:

“Artículo 25.-“Todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado, que asegure a nosotros y a nuestra familia, la salud, el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tenemos, así mismo, derecho a seguro en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de nuestros medios de subsistencia por circunstancias ajenas a nuestra voluntad.

“El Estado está obligado a satisfacer estos derechos sociales con su mayor esfuerzo, de manera progresiva.

“Tanto la madre que va a tener un hijo, como a su hijo, deben recibir cuidado y asistencia. Todos los niños tienen los mismos derechos, esté o no casada la madre.”

(NOTA: La letra en negritas es nuestra, y se utiliza sólo para los fines de resaltar su texto).

Procedamos enseguida a analizar brevemente dicho precepto en cita que, más allá de discusiones bizantinas sobre su real aplicación legal, es evidente que contiene una obligación de índole moral insoslayable para cada uno de los Estados Miembros que suscribieran dicha Declaración, entre ello naturalmente el nuestro.

Para comenzar, es cierto que teóricamente todos tenemos derecho a disfrutar de ese derecho humano y que allí subyace el principio de la universalidad del servicio público de seguridad social al cargo del Estado. Pero en realidad lamentablemente no todos acceden al mismo.

Los Seguro Sociales —entendidos pues como instrumentos para alcanzar el anhelo humano de la seguridad social—, parecen más bien “clubes exclusivos” a donde sólo ingresan los “socios” que el legislador determina en ley, recibiendo la cobertura de contingencias sociales previamente determinadas; luego entonces, se accede a las prestaciones en dinero y en especie que el legislador ha determinado expresamente, cumplidos desde luego todos los requisitos que el autor de la ley-marco de dichos entes públicos descentralizados exige para cada caso en particular. Ocurre pues que debemos comenzar por reconocer que la realidad es más sabia que el derecho, pues el todos de dicha Declaración en análisis, ya en la realidad no somos todos, y a pocos pareciera importarles el punto.

Continuando dicho análisis propuesto, hoy en día y a fuerza de ser sinceros en ninguna parte del planeta —menos aún en los países en vías de desarrollo como los nuestros—, ni el propio Estado, ni alguna otra organización pública o privada nos asegura a nosotros —menos todavía a nuestra familia como dependientes económicos—, la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Recordemos que en Latinoamérica al menos la mitad de sus habitantes nos hallamos bajo la llamada “línea de pobreza” trazada por el Banco Mundial, y más de cien millones están sumidos en la pobreza extrema al sobrevivir con menos de un dólar al día.

Esa es, sin tapujos ni retórica, la lacerante realidad que afrontan nuestro pueblos Latinoamericanos a inicios del siglo XXI.

Todavía más, prácticamente es inexistente en América Latina y el Caribe —por más que se diga que tenemos derecho a él—, un seguro en caso de desempleo involuntario, indispensable en épocas de recesión económica como la que padecemos ahora. Por su parte, los seguros de enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia, debido a los problemas financieros al parecer irresolubles que presentan ante el incesante crecimiento de los pensionados, e influenciados ineluctablemente por las variables demográficas y epidemiológicas que han elevado la esperanza de vida de los ciudadanos que nos conducen con rumbo a ser países de gente vieja —sin la tasa de natalidad necesaria para reponer a la gente en edad o condiciones improductivas—, toda esa serie de circunstancias, en su conjunto, nos auguran un sombrío cuanto ominoso futuro en el rubro pensionario.

Si a ello le añadimos el infaltable ingrediente económico, la inviabilidad financiera en los rubros jubilatorios y pensionarios en general nos presenta un panorama francamente desolador, al grado de afirmar que las pensiones, aquél maravilloso invento del Estado Benefactor o Providencia que creíamos nos iba a durar hasta el fin de nuestra existencia, ha entrado en un proceso involutivo y es ya —querámoslo o no reconocer—, una especie en franca extinción.

Por su parte los nuevos esquemas pensionarios que acogieran el modelo previsional de capitalización individual, en verdad poco han contribuido a resolver tan sensible problemática social; al grado que existe la opinión generalizada de que vistas las circunstancias no era un simple problema de gestión, sino de estructura, el que los sistemas piramidales e intergeneracionales de los modelos de reparto o fondo común de nuestra seguridad social tradicional se hallasen al borde de la inviabilidad financiera.

Lo cierto es que por una u otra razón resulta innegable que cada día existen más asuntos públicos en manos privadas. Es obvio que empresa privadas —muchas de ellas de capital extranjero— lucran desmedidamente con la administración de las enormes bolsas de dinero que acumulan las reservas técnicas de los esquemas pensionarios de nuestros operarios. Porque las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y/o las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), fueron pensadas para ser parte de la solución; pero a dos décadas de distancia de haber comenzado su operación formal, se han convertido más bien en parte del problema.

Y finalizando nuestro somero análisis, si bien la madre que va a tener un hijo, como a su hijo, en la mayoría de los casos al menos reciben ciertos cuidados y asistencia —pues todos los niños tienen los mismos derechos, esté o no casada la madre—, caminamos sin prisas pero sin pausas a un drástico cambio de roles familiares dado que cada vez son más frecuentes los hogares monoparentales en donde la madre ejerce ambos roles y, para colmo, a fin de salir adelante debe por fuerza incorporarse al mercado de trabajo dejando a sus hijos al cuidado de terceros, al no existir una infraestructura de guarderías que alcance a satisfacer las necesidades ingentes en este rubro.

No obstante, lo verdaderamente preocupante es que, ante lo complicado de la situación financiera de los seguros sociales, el Estado se escabulló por la puerta trasera y, para lograrlo, se suprimió parte del texto original de dicho artículo 25 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, precisamente la parte en donde se plasmaba que la obligación en materia de seguridad social era del Estado y que éste debía realizar su mayor esfuerzo de manera progresiva —dado que la seguridad social no está hecha sino que se realiza día con día.

Así las cosas, las preguntas son inevitables: ¿Y el Estado? ¿Qué hace hoy en día el Estado a este respecto? ¿Acaso todavía el Estado juega un rol protagónico en la seguridad social, cuando ha sido palpable su desinterés de unos años a la fecha?

Y la respuesta es obvia: El Estado se ha desatendido de su responsabilidad natural, hasta el grado de que ya nada le obliga a involucrase en este asunto.

Porque es una verdad incuestionable que la injerencia de los Estados en todo el planeta es cada día menor en cuestiones de seguridad social, abocándose a atender sólo lo relativo a la seguridad nacional y a la seguridad pública —especialmente en épocas en que el creciente descontento popular ha puesto en las práctica terroristas una forma de desestabilización que pudiera conducirnos más temprano que tarde a conflagraciones bélicas internas e internacionales—. Además, no perdamos de vista que el trabajo ha evolucionado y muy a pesar de la notoria “deslaboralización” que la seguridad social ha sufrido en el mundo entero, aún no hemos terminado de separar el financiamiento de la seguridad social del trabajo formal —o “regulado”, como prefiere llamarlo la Organización Internacional del Trabajo—. Hoy, a inicios del siglo XXI, la seguridad social se ha convertido más en un asunto presupuestal, de gran envergadura fiscal, y a nuestro entender se avanza hacia la creación de un impuesto al consumo para financiarla.

Porque un día (¿acaso alguien sabe cuándo fue ése día fatal?), el texto del artículo 25 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” fue reformado, cambiado en su redacción, modificándolo al cercenarle lo relativo a quien es el responsable de asegurar al ciudadano común la materialización de su derecho social en él consagrado.

En síntesis, en los albores del siglo XXI el segundo párrafo del aludido artículo 25 y cuyo texto original transcribiésemos en párrafos precedentes, ha desaparecido, y lo peor es que nadie nos puso sobre aviso ni se nos informa cómo fue que tan lamentable suceso ocurrió.

Ahora, si bien dicho precepto conserva más a menos similar redacción que la original, sin pudor alguno intencionalmente fue mutilado —suponemos que debido al modelo económico imperante del neoliberalismo brutal que padecemos, en donde el mercado sin rostro humano impone sus reglas feroces—, desapareciendo por completo la responsabilidad del Estado sobre la seguridad social contemporánea y quedando dicho precepto como sigue:

“Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

(El segundo párrafo fue suprimido en su totalidad)

“La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos lo niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.

Ciertamente que a simple vista el texto parece el mismo, pero es obvio que no lo es.

Así las cosas, el Estado ya no es más el garante primario y final de cualquier sistema de seguridad social del planeta. La única responsabilidad del Estado es no la de responder directamente ante los ciudadanos, sino a lo sumo orientar pues ha sido reducida su injerencia a financiar tripartitamente los ingentes costes de la seguridad social, una sui géneris “seguridad social privatizada” que es brindada ahora, en los rubros de salud, pensiones y hasta de prestaciones sociales —vivienda y servicio de guardería incluidas—, por entidades privadas cuya participación activa conlleva evidentes fines de lucro.

A nuestro entender, ante la ineficiencia y el palpable desinterés mostrado por el Estado de asumir su rol, la seguridad social se convirtió de repente en un apetitoso pastel que desean repartirse en grandes rebanadas las AFP, las AFAP, o las AFORE en México, conjuntamente con las aseguradoras privadas, las instituciones de seguros especializadas en salud, y otra serie de compañías de naturaleza privada con grandes afanes de lucro, pero sin vocación de servicio público.

En ese contexto, nos queda claro el punto que nos ocupa y preocupa: ¿para qué dejar plasmado en el texto del artículo 25 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” una obligación que el Estado no puede y no quiere asumir? Aunque deba hacerlo en la práctica, puesto que a cada derecho corresponde una obligación, y si como se observa de dicho precepto el derecho allí plasmado es de todos y cada uno de nosotros los gobernados —entendidos aquí como persona humana—, entonces sólo el Estado y nadie más que él debiera asumir dicho compromiso.

Digámoslo más claro todavía para que no quepa duda alguna al respecto: en materia de pensiones y de la seguridad social en general, si el Estado no puede, entonces nadie puede.

Sirvan pues estas reflexiones para que ahora sí todos nosotros, como juslaboralistas y segurólogos sociales, nos dediquemos a indagar cómo fue que se reformó, suprimió, esfumó y desapareció la responsabilidad Estatal en materia de seguridad social de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. ¿Quién, cuándo y por qué lo hizo? ¿Cuál es la razón que subyace detrás de la decisión de suprimir dicha responsabilidad que es sin duda inherente al Estado?

Seguramente el o los responsables tienen nombres. Ese apartado del artículo 25 de la policitada “Declaración Universal de los Derechos Humanos” no pudo haber desaparecido como por arte de magia, trastocando las responsabilidades inherentes al Estado. Sencillamente es un crimen de lesa humanidad y eso de plano no se vale ni debe ser permitido por los juristas.

Habrá entonces qué hacerles saber a los responsables nuestra abierta inconformidad y nuestro repudio a esa actitud lesiva asumida para con todos nosotros, ingenuos seres que creíamos definidos y preservados nuestros derechos humanos fundamentales.

¡Queremos saber la verdad, Señores de la O.N.U.! Exigimos los académicos que se reinstale a la mayor brevedad posible tal obligación, inherente a todos y cada uno de los Estados Miembros de la O.N.U., en el propio texto del injustamente mutilado artículo 25 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”! Señores de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), queremos saber si a ustedes el asunto de verdad les importa cuando se promueve el trabajo decente y se adoptan mediadas para efectuar códigos de conducta que respeten los derechos humanos en todo el planeta.

Y queremos respuestas pronto, antes desde luego que se consume la ominosa sentencia dictada por Bismarck y la revolución —o el destino— nos alcance sin remedio.

En ello depositamos íntegramente nuestros esfuerzos y lo que aún resta de la frágil esperanza por lograr un mundo más justo, más humano y apacible.

Dr. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

de México.

Septiembre de 2003

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