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EL OMINOSO FUTURO DE LAS PENSIONES JUBILATORIAS UNIVERSITARIAS

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ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL
XLIII ASAMBLEA NACIONAL DEL TRABAJO
VILLAHERMOSA, TABASCO 14 AL 16 DE ABRIL DE 2003
Conferencia Magistral dictada por el Dr. en Dcho. Ángel Guillermo Ruiz Moreno, autor e investigador de la Universidad de Guadalajara; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT; y Miembro de número de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social.

La mayor necesidad de los seres humanos es el sentimiento de seguridad ante la precariedad a la que todos estamos permanente expuestos; eso ha sido el secreto del enorme éxito de los seguros públicos y privados, diseñados como mecanismos de protección ideados por el hombre para el hombre.

Al satisfacer nuestra necesidad esencial de seguridad, se consigue una mejor calidad de vida en esta existencia que es pura y radical inseguridad, a tal grado que lo único seguro en la vida paradójicamente es la muerte. Naturalmente que no se requieren estudios universitarios para entender a cabalidad esa verdad incuestionable, si bien nos resulta sorprendente que quienes tengan preparación de nivel superior no lo terminen de comprender.

En efecto, algo nos ha ocurrido tanto en las Universidades Públicas como Privadas es que, la mayor de las veces, la ignorancia supina en materia de seguridad social hace presa de directivos, docentes y educandos, y en otras ocasiones es tanto el desdén sobre ella que en la mayoría de las licenciaturas en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Relaciones Industriales, Economía, etc., que se cursan en nuestra patria, ni siquiera figura tal disciplina en el diseño de sus programas de estudios. Y si no lo estudiamos, tampoco podemos esperar que “por osmosis” se aprendan obligaciones y derechos en esta materia compleja y abigarrada.

Pero con ser ello malo, no es lo peor; lo verdaderamente grave es que existen lagunas de conocimiento y hasta confusiones conceptuales gravísimas en todos los niveles de Gobierno -de suyo no sólo en el Ejecutivo, sino en los otros 2 Poderes; el Legislativo y el Judicial-. La ignorancia llega al grado, por ejemplo, de confundir a la seguridad social con la asistencia social, o al punto de entender o interpretar que es exactamente lo mismo, un esquema pensionario jubilatorio de previsión social laboral, que un sistema pensionario de seguridad social. Así de delicado y tergiversado está el asunto.

Nuestras Universidades públicas y privadas, por una u otra causa, no escapan a tan sentida problemática. ¡Qué va! Porque en vez de educar con el ejemplo -que es la manera más sencilla y bella de enseñar-, ellas mismas envían un mensaje claro a la sociedad entera: las normas legales se hicieron para ser violadas; en el fondo creen que pueden ser inobservadas impunemente o interpretadas a conveniencia, aduciendo que en aras de alcanzar su sanidad financiera y garantizar su supervivencia el fin justifica los medios.

Esa casi total ausencia de cultura por todo lo social, imputable desde luego a quienes tienen el sagrado deber de educar a los futuros profesionistas y deben crearles una cultura de ética y respeto por los principios y valores sociales que subyacen detrás del ejercicio profesional responsable, provoca serios desajustes sociales. Los valores morales o éticos se quedan en el tintero y guardados para mejores ocasiones, pues corren buenos tiempos para los que se acomodan a todo, con tal de que no les falte nada.

La educación, más allá del discurso oficial que no convence a nadie, debería ser luego derramada para beneficio de la colectividad entera, de esa masa productiva casi anónima que con su sudor, esfuerzo e impuestos coadyuva a pagar la educación pública de nivel superior en México de miles y miles de nuevos profesionistas, haciéndolo sin recibir nada a cambio; y no porque los profesionistas se nieguen a corresponderles, sino por algo más doloroso todavía: la ignorancia, ese mal terrible y endémico que padecemos en este país y que por más que nos apliquemos a mejorar esta situación, ha llegado más allá de nuestro alcance el poder solucionarla.

A muy pocos debiera caberles dudas sobre un hecho irrefutable que se palpa en México: aquí, en esta amada patria que nos ha visto nacer, aprender y nos acogerá en su seno tarde o temprano, los Derechos Sociales de plano han sido arrojados al arcón del olvido y allí yacen, abandonados a su suerte en el fondo del pozo, a punto de desaparecer mediante el “tiro de gracia” de una realidad dolorosa y cruel que prohíja un mercado sin rostro humano y las reglas feroces que aquél impone. Cierto, la realidad es más sabia que el Derecho.

Pero aunque algunos lo pretendan negar y otros más lo ignoren -para no variar hablamos de simple ignorancia-, ocurre que la solidaridad social existe todavía y seguirá siendo, a pesar de todo, el principio y eje de cualquier sistema de seguridad social, así como el de cualquier esquema pensionario jubilatorio de previsión social.

Hoy en día resulta inconcebible que una sociedad organizada, más allá de su situación geográfica, cultural, política o económica, prescinda de esos esquemas protectores. Estamos tan acostumbrados a estar y sentirnos protegidos desde antes de nacer y hasta después de morir, que a ningún precio permitiríamos se nos privase de ese logro por el cual en México, a principios del siglo XX, ofrendaran su vida un millón de compatriotas en esa magnifica gesta emancipadora que nos legó amaneceres libertarios y que coloquialmente hemos dado en llamar “Revolución Mexicana”, un concepto que de tanto manosearlo se nos ha gastado.

Y como las revoluciones no pasan por las Universidades -según afirmaba Salvador Allende-, la culminación de ése movimiento social de obreros y campesinos quedó plasmado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, sobre todo en 3 artículos de una belleza incomparable: el artículo 3º, que eleva al rango de garantía individual el derecho a la educación laica, obligatoria y gratuita; el artículo 27, que es nada menos que la fuente del Derecho Agrario; y el artículo 123, gloria y prez del Constitucionalismo mexicano y un producto de exportación al mundo entero, que es el basamento de nuestro Derecho del Trabajo así como del Derecho de la Seguridad Social, hermanados ambos por un tronco común pero transitando rutas diferentes cada uno de ellos.

No obstante, como sociedad organizada algo nos pasó en las 2 últimas décadas del siglo XX y hemos extraviado el camino. Sólo unos cuantos nos interesamos por los asuntos sociales y el resto sobrevive con una apatía sorprendentes. ¿Qué pasaría si hoy se levantaran de su tumba nuestros abuelos y bisabuelos, y nos preguntaran qué hicimos con su legado? ¿Cómo les explicaríamos la patente indiferencia que demostramos por su sacrificio? Pues no habría explicación alguna, y es menester que comencemos a reconocerlo; ni siquiera aducir que el Seguro Social es caro y malo, o bien que no lo necesitamos -puesto que lo mejor de un seguro es tenerlo y nunca llegar a ocuparlo-; menos aún que no tuvimos la oportunidad de estudiar el punto, pues el estudio fue precisamente nuestro mejor legado que de ellos recibimos.

Recordemos ahora que en la Alemania de finales del siglo XIX, el padre de la primera codificación de Seguro Social del mundo, el llamado “Mariscal de Hierro” Otto Von Bismarck -más que un hombre de nobles sentimientos, un verdadero estadista que bien sabía necesario atender a los marginados y desposeídos en aras de evitar graves convulsiones sociales-, afirmaba categórico: “Por caro que parezca el Seguro Social, resulta menos gravoso que los riesgos de una revolución”

Cierto el Seguro Social básico, no sólo en México sino en cualquier país del planeta, suele ser caro y también es verdad que en muchas ocasiones su servicio deja mucho qué desear; sin embargo no olvidemos que es la única alternativa de salud, pensiones y prestaciones sociales que tienen millones y millones de seres humanos en el planeta. Pero más pesado será su sostenimiento si lo vemos como una carga y no un beneficio, si lo sentimos como ajeno y no como propio, o si pensamos que es responsabilidad del Estado cuidarlo y que patronos y trabajadores sólo sirven para financiarlo o padecerlo.

Pues entonces, para acabar con los mitos y para que todo mundo lo sepa -más allá de las medias verdades que terminan siendo mentiras completas, información de “pasillo” o entrevistas “de banqueta”-, el siguiente Decálogo de razones nos servirá para ilustrar los porqués debiera interesarnos a los profesionistas, con verdadera vocación social, los problemas existenciales de la seguridad social contemporánea:

1) Para comenzar dejemos asentado que más allá de retórica el IMSS es de todos los mexicanos, pues con nuestros impuestos coadyuvamos a su sostenimiento y de hecho indirectamente a la financiación de los 3 Seguros Sociales Federales restantes: el INFONAVIT, el ISSSTE y el ISSFAM; es alto el costo pensionario pero más todavía lo es el servicio institucional de salud que ellos otorgan, pues la atención médica brindada a los más de 50 millones de derechohabientes del IMSS, con todas las deficiencias que pudiere tener, consume la mitad de las cuotas que se cubren por este servicio público de innegable raigambre social.

2) El IMSS es también de todos los patrones, quienes en los términos del artículo 2º, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y sobre todo del artículo 53 de la Ley del Seguro Social, quedan los empleadores relevados de todo tipo de responsabilidades en materia de riesgos de trabajo y de otras 9 contingencias sociales por dicho ente asegurador nacional, siendo ellos entonces -los patrones- los verdaderos asegurados y quienes en mayor o menor medida reciben los beneficios.

3) El IMSS es de todos los trabajadores subordinados, recibiendo no sólo ellos sino también su núcleo familiar dependiente económico, como derechohabientes que son de este servicio público de seguridad social, prestaciones en dinero (subsidios, pensiones, ayudas económicas diversas) y prestaciones en especie (atención médico-quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, aparatos de prótesis u ortopedia, rehabilitación, servicio de guarderías, prestaciones sociales, etc.), todas ellas de innegable valor, prestaciones indirectas adicionales a su salario que representan alrededor del 28% a su paga en efectivo y que incluso puede ser reclamado su otorgamiento ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en caso de negativa injustificada.

4) El IMSS, no obstante lo antes dicho, no únicamente es de los trabajadores subordinados, sino también de otros grupos sociales productivos que pueden ser sujetos de afiliación obligada (como por ejemplo los miembros de las sociedades cooperativas o de los estudiantes de nivel medio superior y superior del país, por quienes el Gobierno federal paga), o que pueden incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio (tales como los trabajadores independientes o los profesionistas, los campesinos, los empleados domésticos, los patrones personas físicas, y hasta los servidores públicos federales, estatales o municipales), o bien de quienes deseen continuar en dicho régimen obligatorio. Sin perjuicio de que quien así lo decida pueda contratar el seguro de salud para la familia del régimen voluntario.

5) Luego entonces, el IMSS debiera importarnos a todos los que contribuimos, dado que de nuestros impuestos se cubren hoy en día las pensiones que se encuentran en curso de pago (algo así como 2 millones de pensiones del IMSS), más las que se otorguen a quienes se encuentren en periodo de conservación de derechos y están a punto de pensionarse, o bien a quienes opten por el esquema pensionario de la Ley del Seguro Social de 1973 que rigió hasta el 30 de junio de 1997; todo ello al tenor del artículo Duodécimo Transitorio del Decreto que contiene la nueva Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1995.

6) Por lo tanto, el IMSS no puede “quebrar” por el pago de pensiones -como interesadamente o por simple ignorancia se dice por ahí-, pues desde mediados de 1997 no cubre pensiones de su patrimonio ni tampoco de las reservas técnicas financieras destinadas a fondear dichas prestaciones económicas. En el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2003, se destinan alrededor de 4,000 millones de pesos tan sólo para costear pensiones de seguridad social del IMSS, en un gasto social llamado “de transición” a cargo del Gobierno Federal, al pasar del modelo solidario de reparto al otro modelo previsional de capitalización individualizada adoptado el 1º de julio de 1997 -transición pensionaria que durará al menos 24 años, esto es, hasta el año 2020-. A quienes duden de lo afirmado, le rogamos acceda a las fuentes de información aludidas y lo compruebe por sí mismo.

7) Tampoco podrá “quebrar” el INFONAVIT -institución que realiza una labor complementaria a la del IMSS-, porque dicha institución pública ya no se dedica a invertir ni a construir viviendas, sino sólo a otorgar, por puntaje alcanzado por el trabajador, créditos blandos para compra de inmuebles, reconstrucción, remodelación o ampliación de vivienda; si bien cabe añadir que lo más aconsejable es que se utilice el crédito para vivienda a fin de que llegado el evento del retiro del operario no se utilicen dichos fondos -en un desvío de destino natural incomprensible pero legal-, para costear las pensiones de los propios operarios en los términos del artículo 40 de la Ley del INFONAVIT.

8) Es pues el IMSS al igual que el INFONAVIT, en la triple faceta que adoptan como organismos públicos descentralizados, organismos fiscales autónomos y personas morales oficiales, para decirlo pronto, los entes jurídicos más fascinantes e incomprendidos de todo nuestro derecho positivo, abandonados a su suerte por los juristas e ideólogos del Derecho Social. Porque el IMSS es más que un “hospitalote” grandote que algún día tuvo instalaciones “de primera”, y que con personal dizque “de segunda”, atiende a gentes “de tercera”, en tiempos “de cuarta” y con medicamentos “de quinta”.

9) En México se adolece de un marco Constitucional adecuado y moderno que impida la inminente privatización de nuestros Seguros Sociales, cuestión ésta que es más que un simple problema de gestión. Aquí no se trata de dilucidar si lo privado es más eficiente que lo público, porque ello no es el punto medular de la cuestión; se trata de cuestionar el porqué permitimos que cada día haya más asuntos públicos en manos privadas, y el porque el Estado pretende librarse de su responsabilidad originaria de ser el garante primario y final del sistema de seguridad social básico.

10) Pero no se piense que nada más intenta el propio Estado escabullirse de sus compromisos naturales, sino que a la par permite que se lucre desmedidamente por parte de las Administradoras de Fondos para el Retiro o AFORE, quienes por sus servicios cobran por adelantado nada menos que la cuarta parte del ahorro diario de cada trabajador, obviamente sin garantía de rendimiento alguno; sírvase Usted a hacer la multiplicación respectiva y disfrute si puede de la bonita suma que acumulan dichos entes financieros -que no son bancos, por cierto-. Porque calculado su importe sobre el salario promedio base de cotización al IMSS e INFONAVIT -que es de 3.9 salarios mínimos diarios generales vigentes, por cada uno de los 12 millones de trabajadores, según datos estadísticos de la CONSAR-, a diario se generan de comisiones como 40 millones de pesos, y al año suman alrededor de 1,500 millones de pesos. Ahora divídalos entre las 10 AFORE’s, que quedan hoy en día -en 5 años han desaparecido por fusión 7 de ellas, en ese feroz mercado de administración de fondos para el retiro-, y verá cuánto les toca en promedio. Claro, sin contar en ese reparto a la AFORE Azteca y a la AFORE Actinver, de reciente creación, Y sin contar tampoco a la rebanada de pastel que se llevan las aseguradoras privadas, las que juegan también un rol protagónico estelar en este nuevo esquema pensionario del IMSS-INFONAVIT y que a en un plazo no muy largo, tendrán con sus estrategias, un futuro muy prometedor.

Desde luego sin abordar ahora, por no ser el lugar, el tan singular “regalo navideño” que el 25 de diciembre de 2002 recibieron millones de trabajadores del SAR anterior, quienes fueron prácticamente despojados por el Congreso de la Unión -a instancias del Ejecutivo Federal- de 20,000 millones de pesos que sí tienen dueño, aunque nos traten de convencer de lo contrario, y que en vez de canalizarse a las ingentes necesidades del IMSS, se utilizaron ilegalmente para inversión en el campo. ¡Así se saluda con sombrero ajeno en el México del cambio! Del cambio de manos y de dueño de una cifra tan colosal, obviamente.

Sí, es verdad, la Seguridad Social es carísima y nos cuesta a todos directa o indirectamente.

Tenía pues razón Bismarck, dado que por caro que resulte el Seguro Social le cuesta menos al pueblo y gobierno que los enormes costos de una revolución que silenciosamente se gesta en México, debido a que se están acumulando problemas y sentimientos de antaño y que un día no muy lejano saldrán a flote; a más de un siglo de distancia todavía es completamente válida esa afirmación -peor aún en el mundo globalizado de hoy, en donde los valores sociales, morales y culturales se han trastocado hasta la médula-, y tan lo es que pronosticamos que si hoy se acabaran los Seguros Sociales, hoy mismo comenzaría la lucha armada revolucionaria por reinstalarlos, razón por la cual hago una gran invitación a que nos concientizemos del verdadero problema que nos aprisiona.

Deberemos entonces comenzar por reconocer al menos lo esencial como sociedad organizada que nos preciamos ser:

a) El ser humano que vive en sociedad está consciente que no siempre puede evitar siniestrarse, pero sí puede el prevenir los accidentes o enfermedades, ya sean laborales o ajenos a su entorno de trabajo;

b) El ser humano no puede evitar que existan actividades productivas de alto riesgo, pero sí puede adoptar medidas de seguridad e higiene para prevenir o atenuar sus consecuencias;

c) El ser humano laborante no puede evitar faltar a sus labores por razones de salud, pero sí idear la forma de asegurar algún ingreso económico que le provea, en tanto se alivia y recupera su aptitud laboral, de satisfactores básicos para él y su núcleo familiar dependiente, que a fin de cuentas es su motivo de ser.

d) La mujer trabajadora no puede eludir su condición humana de afrontar el trance de la maternidad, pero sí el recibir los medios que le ayuden a sortear ese evento de mejor manera tanto a ella como a su criatura; y,

e) Los seres humanos, al fin, no podemos evitar envejecer o morir, pero sí hemos podido organizarnos en modo tal que ello no constituya una carga ni para otros ni para la colectividad en general, asumiendo la etapa de nuestra jubilación o retiro de la vida productiva con toda dignidad y decoro, afrontando después la muerte con la tranquilidad que produce saber protegidos a los nuestros.

Ésas y no otras son las razones fundamentales y, para ser justos, el eje en que giran los llamados Seguros Sociales -entendidos como los instrumentos jurídicos creados ex profeso por el Estado para alcanzar esa aspiración humana inacabada cuanto imperfecta que es la seguridad social-, y a la par es el basamento de los esquemas de previsión social de índole laboral.

Entendamos también ahora, para que no quepan dudas al respecto, al menos 2 cosas básicas que de todo lo anterior se desprenden, a saber:

* Primera, que el servicio público de la seguridad social es, por definición, un derecho humano, un derecho social y un servicio público para la colectividad entera; es pues un derecho natural inalienable de todos los seres humanos sin distingo de raza, clase, sexo o religión; por ende, constituye una obligación Estatal irrenunciable su otorgamiento; y,

* Segunda, que a diferencia de ello, la previsión social es sólo un esquema protector de los trabajadores, corriendo al cargo exclusivo de los propios empleadores la adopción de este tipo de medidas de protección; y que si bien en muchas ocasiones los patrones han dejado en manos de la seguridad social los esquemas de la previsión social laboral, ello no implica que dejen de ser cosas distintas y perseguir objetivos muy diferentes aunque sean complementarios entre sí.

Estamos pues frente a 2 cosas diferentes una de la otra: por un lado el manto protector de la seguridad social que nos garantiza no una sino 10 contingencias sociales distintas en el régimen obligatorio del seguro Social básico y, por el otro lado tenemos a la previsión social, que se reduce casi siempre a una pensión jubilatoria, a veces “dinámica” o indizada. La primera de ellas -la seguridad social-, tiene en todo el planeta fundamentalmente un financiamiento tripartito -aportaciones del Estado, patrones y trabajadores-; en tanto que la segunda -la previsión social-, sólo es de estricta orientación y financiación gubernamental y patronal, respectivamente.

¿Verdad que está claro? Tan claro como el agua limpia.

Es más, tan entiende la diferencia nuestra Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, que su presidente Don Guillermo Hori Robaina conformó desde hace años una autónoma Sección de Derecho Burocrático -la que por cierto vitaliciamente preside Don Miguel de la Madrid Hurtado, ex Presidente de México-, en aras de darle un tratamiento diferenciado a los trabajadores de los Apartados “A” y “B” del artículo 123 Constitucional; y por ende, hace ya casi un lustro se creó la especializada hermana Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, presidida por nuestro dilecto amigo Don Alberto Briceño Ruiz quien también sabe mucho de estas cosas.

Entonces, así las cosas, no se vale que aprovechándose de nuestra siempre escasa cultura jurídica o escudados en la ya legendaria “Torre de Babel” que existe al seno de las Universidades, en donde se hablan lenguajes distintos atendiendo a los diversos perfiles profesionales de sus integrantes, ahora se pretenda escamotear nuestros derechos como si seguridad social y previsión social fueran lo mismo.

No se puede ni debe pues echar mano de los recursos económicos que sirven para costear la seguridad social, en aras de tapar el “boquete” que por razones demográficas y epidemiológicas se ha abierto en el sistema jubilatorio laboral de la previsión social, al cargo de las Universidades como empleadoras. No se vale y si se nos permite decirlo, jurídicamente tampoco se puede ni se debe hacerlo.

Porque en materia de pensiones -en cualquiera de sus 3 vertientes: laborales jubilatorias, o de seguridad social, o bien las complementarias derivadas de los seguros privados-, digámoslo más claro aún, para que no quepan dudas al respecto: si el Estado con todo el poder de imperio de que dispone, no se hace cargo de garantizar las pensiones, entonces ninguna organización social podrá responsabilizarse a plenitud de su otorgamiento. Luego pues reconozcamos al menos algo que cualquier gente con un gramo de sentido común entiende: en materia de pensiones, si el Estado no puede, entonces nadie puede .

Recordemos aquí que la idea central de la seguridad social -al igual que en el Derecho Social, de cuyo elenco forma parte-, “… es no la idea de igualdad de las personas, sino la de nivelación de las desigualdades existentes entre ellas, siendo ésta su razón de ser”.

Por ende, la fórmula que utiliza la seguridad social es simple y sublime: Darle más al que más lo necesita, menos al que menos necesita, y nada al que por fortuna nada necesita.

Resulta evidente entonces que no puede hacerse una justicia igual para seres desiguales, y deviene en necesario otorgar -por parte de la sociedad y del Estado-, el trato jurídicamente diferenciado que permita asegurar la igualdad real entre los hombres, rompiendo con el mito de la “igualdad de oportunidades”, para comenzar a hablar de una buena vez de la “igualdad de logros”, lo cual es bien distinto.

¿Cuándo entenderán algunos que en la vida no es lo mismo un banquero que un obrero? Aunque ambos tenga un cuerpo, una cabeza, un alma y un espíritu, hay una diferencia abismal en el cúmulo de oportunidades de ambos. Sería absurdo e injusto, partiendo de esa premisa fundamental, que el mundo fuese sólo para el más fuerte, el más hábil o el más apto; no se vale en lo social aplicar la llamada “ley de la selva”, algo que desde hace décadas el insigne jurista mexicano Mario de la Cueva rechazaba en forma tajante al dictar su sentencia que aún retumba en nuestra conciencia de juristas: “Entre el fuerte y el débil, es la libertad la que mata”.

Y es que en los umbrales del siglo XXI, cuando sobrecogedoramente el destino nos ha alcanzado, asistimos a escenarios en verdad escalofriantes: la tecnología y la robótica se han adueñado de nosotros, y todo apunta a que el trabajo formal, como antaño lo conocíamos, está destinado a desaparecer dado que otras “modalidades” le sustituyen; la Informática y el Internet -producto del auge de la “realidad virtual” del computador personal-, se encargan ahora de perdernos en las formas y en lo urgente sin permitirnos mirar para apreciar el fondo de los asuntos trascendentales e importantes para todos, convirtiéndonos así, con vertiginosa rapidez, en simples estadísticas y en dígitos de la macroeconomía, o bien en simples y extraviados “ciudadanos del mundo”, sin patria y sin raíces, poblando esta aldea global que predijera no hace mucho Marshall Mc Luhan. ¿Creerá algún juslaborista que la subordinación es ahora lo que fue en 1931 ó 1970?

Además es cierto que las fronteras tradicionales han desaparecido y el concepto soberanía nacional -que tanta preocupación y escozor causaba en nuestros padres y abuelos-, ha debido modificarse no por gusto, sino más bien por simple necesidad. Para decirlo en forma llana, es el fenómeno de la globalización en su más pura y radical acepción.

Así, el neoliberalismo ha traído como consecuencia un neolaboralismo, y como los esquemas de Seguridad Social se hallan ineluctablemente ligados todavía al trabajo formal -pese a su notoria “deslaboralización”-, la recesión laboral endémica que padece nuestra economía emergente ha reducido los aportes a la Seguridad Social y ésta atraviesa por momentos francamente difíciles, los cuales no se atemperarán hasta que de plano se cree un impuesto federal para costear los pesados costes de nuestra seguridad social contemporánea, pues de cualquier manera todos la costeamos. Súmese a todo ello que las instituciones oficiales han sido rebasadas -la ONU, hoy mismo, en estos tiempos de guerra, es el más acabado ejemplo de ello-, y tenemos pues un escenario francamente ominoso.

Ante esa crisis existencial evidente del Estado Providencia y de los esquemas de la seguridad social -lo cual incluye obviamente a las pensiones-, han debido intentarse soluciones que desde luego nunca serán mágicas, gratuitas o casuales; pero ése es otro tema que, ante lo complejo y prolijo del asunto, no abordaremos por ahora.

Lo que sí diremos aquí es que, tras 5 años de operar el nuevo marco jurídico y haberse privatizado el manejo de los cuantiosos fondos para pensiones de su seguridad social, está decidido el Estado a privatizar también su sistema de salud, aunque todo ello contravenga el espíritu y hasta el texto del artículo 123 de nuestra Carta Fundamental. Hoy ya opera el mal llamado “Seguro Popular”, que ni es un seguro y menos es popular. ¿Por qué no habrían de privatizarse los esquemas de salud, si tenemos un sistema pensionario abiertamente inconstitucional en la rama de riesgos de trabajo de nuestro Seguro Social básico y casi nadie ha dicho o hecho nada al respecto?

Es pues irrefutable la evidencia de que cada día hay más asuntos públicos en manos privadas -y conste que no se trata de un simple problema de gestión-, lo que de suyo provoca un lucro evidente de los entes privados autorizados expresamente a intervenir y participar en forma activa de los asuntos antaño reservados a los Seguros Sociales; si alguien lo duda, que se entere de una buena vez cuántos son los millones de dólares anuales que ganan las AFORE por administrar nuestros ahorros sin correr ellos ningún riesgo. Y las aseguradoras privadas no trabajan gratis, ya se sabe.

Pero si bien a muchos les conviene que la gente siga sumida en la ignorancia, no se crea que todo esto que hemos dicho es un secreto de Estado -aunque a más de algún despistado seguramente le resulte hasta sorprendente-; basta hacer números para saber porqué la Seguridad Social se ha convertido de unos años a la fecha en un apetitoso “pastel” a repartir a grandes rebanadas entre los poderosos grupos financieros -la abrumadora mayoría extranjeros- que controlan a la economía mundial. Que conste que las Universidades públicas y privadas no se chupan el dedo; todo lo dicho lo saben, bien que lo saben, aunque interesadamente finjan ignorancia.

Acaso por eso, o por una mal entendida política social educativa, tentadas por el “canto de las sirenas” de la privatización las propias Universidades públicas hoy en día están cayendo en la peligrosa decisión de administrar ellas mismas esos cuantiosos fondos pensionarios -a veces aduciendo que se trata de un cuantioso robo legal el cobro de comisiones que cobran las AFORE a los trabajadores universitarios, y otras señalando que debe garantizarse de cualquier manera la pensión jubilatoria laboral, que es de previsión social y no de seguridad social-. Es el triste cuanto preocupante caso de nuestra Alma Mater, la Universidad de Guadalajara (U. de G.), que al grito de: “Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata”, ha decidido echar mano de las participaciones federales y locales que conforman su subsidio presupuestal destinado a costar la seguridad social, para resolver el ingente problema jubilatorio de previsión social que le acosa de unos años a la fecha.

Los “amarres políticos” eran necesarios para hacerse de ese manejo de fondos e interesadamente, claro está, así se hicieron las negociaciones en Jalisco. Con los líderes sindicales académico y administrativo primero; luego con el Gobierno de la Entidad que seguramente se sintió hasta encantado de mandar la Iniciativa de reforma legal respectiva; después con los representantes populares del Congreso del Estado de Jalisco, quienes sin pudor alguno y a velocidad sorprendente reformaron el marco legal vigente en la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara; y, finalmente, un selecto grupo de funcionarios de alto nivel redactaron una especie de Reglamento de Pensiones de la Universidad de Guadalajara, aprobado unánimemente -en esto toda unanimidad es sospechosa- en sesión plenaria del Consejo General Universitario del 29 de marzo de 2003.

Ahora sólo les falta culminar la tarea negociando con el Instituto Mexicano del Seguro Social lo que de suyo es innegociable: el derecho inalienable cuanto irrenunciable de acceder al régimen obligatorio del Seguro Social, como cualquier trabajador subordinado, tanto de los empleados académicos y administrativos al servicio de dicha Casa de Estudios. No tardarán mucho en hacerlo porque al IMSS y al Gobierno Federal les encantaría liberarse de una buena vez de pagar miles de futuras pensiones. ¿Y por qué no, si al reformarse el texto del artículo 256 de la Ley del Seguro Social, a partir del 21 de diciembre de 2001 los miles de trabajadores de confianza “A” dejaron de golpe y porrazo de estar protegidos por el artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo? Ya no son más -por decisión absurda cuanto ilegal del legislador-, trabajadores subordinados del IMSS; ni disfrutarán pensiones, claro está.

Así se materializa la pretensión de crear ese engendro jurídico que la base trabajadora ha resuelto llamar peyorativamente: “la AFORE U. de G.”, administrada desde luego por la cúpula universitaria, es obvio. Y las preguntas nos surgen en cascada y la respuesta no convence a nadie.

¿Y los derechos adquiridos por los trabajadores? No hay. ¿Y la responsabilidad implícita que como funcionarios universitarios tienen en este asunto? No existe ninguna, pues hay “autonomía universitaria”. ¿Quién garantizará la pensión dinámica jubilatoria de previsión social a los académicos y a los empleados administrativos de dicha Casa de Estudios? Nadie, no hay garante alguno en el nuevo esquema. ¿Y qué pasa con la inscripción de los empleados al régimen obligatorio del IMSS de que disfrutan los empleados subordinados al servicio de la U. de G., desde 1973? Se termina por Convenio con el IMSS y todos serán dados de baja de inmediato; que se conformen los empleados con el seguro de salud para la familia, si quieren. ¡Y si desean conservar derechos pensionarios de seguridad social, que los propios empleados de su bolsillo paguen la continuación voluntaria en el régimen obligatorio!

Así, entre todos -unos apuñaleándole a mansalva, otros deteniéndole la pata a la vaca, y el resto fingiendo no ver ni escuchar-, se “mató” a la seguridad social universitaria, creando de paso un precedente gravísimo para el resto de las Universidades públicas en serios problemas financieros. No debemos olvidar que la U. de G., es la segunda Universidad más importante y populosa del país. Y como la U.N.A.M., tiene ISSSTE y no IMSS, pues no padece esta problemática de la que hoy damos cuenta cabal a la colectividad académica; aunque el ISSSTE, claro está, se encuentra por la calle de la amargura en cuanto a pensiones se refiere. Pero esa es ya otra historia que no tarda en cambiar al sistema de AFORE’s, ya verá Usted, por lo que no harían nada mal todos los universitarios en poner de una buena vez sus barbas a remojar.

En resumen: hoy mismo la gran mayoría de los empleados al servicio subordinado de la Universidad de Guadalajara, incrédulos o resignados, se frotan los ojos para enjugarse las lágrimas; en tanto que una muy selecta minoría privilegiada se frotan las manos. Es sólo cuestión de “frotamientos”, como podrá advertirse. Algunos impúdicos dirán simplemente que así es la vida, ¿o no?

Claro está que entendemos que al seno de una Universidad es imposible la unificación de ideas, pero al menos no podrán decir quienes consumaron el atentado que nadie se los advirtió. Bien sabían lo que hacían y sus consecuencias. La respuesta es hasta obvia: al que no le guste la decisión adoptada, sólo habrá de 2 sopas, y ocurre que una de ellas ya se acabó. ¿Qué está inconforme? ¡Fuera!, ¡largo de la U. de G., por retrógrado, fascista, insensible e insensato!, por ¡anti-patriota y anti-universitario!

Entendemos sí que se trató de una medida desesperada porque ya el Presidente Vicente Fox había advertido que las prestaciones universitarias eran demasiado onerosas, y que el Secretario de Educación Reyes Taméz -paradójicamente ex Rector de la U.N.L.- dijo a finales del 2002 que no habría aumento de subsidios para las Universidades públicas y, por el contrario, sólo habría recursos adicionales para aquellas entidades educativas que hicieran recorte de prestaciones. ¡Y eso que supuestamente la educación es prioridad nacional! ¡Qué tal si no lo fuera! Acaso tendría razón el Señor Fox en que seríamos más felices si los mexicanos no supiéramos leer.

Pero bien sabemos todos que los fantasmas dejan de asustar cuando se les quita la sábana.

Cierto es que vivimos tiempos de cambio y a nuestro parecer ya era hora. Pero el punto medular del asunto -es decir, determinar hacia dónde caminamos y qué tipo de seguridad y previsión sociales anhelamos como sociedad racionalmente organizada-, consiste más bien en realizar ajustes y adecuaciones legales respetando siempre el Estado de Derecho en que se supone vivimos, buscando alternativas de solución sin hacer jamás virajes bruscos y menos violando las normas Constitucionales, las legales, ni tampoco los Pactos Colectivos de Trabajo que rigen las relaciones laborales de las Universidades públicas, los que ya fueron “renegociados” con los sindicatos académico y administrativo.

Porque en tanto no se tomen en cuenta los objetivos esenciales que permean en tales esquemas, el nuevo sistema pensionario implementado -el que seguramente y como cualquier esquema de reciente creación operará muy bien los primeros años, para luego poco a poco comenzarse a colapsar-, y de suyo cualquier sistema pensionario jubilatorio que se adopte en el futuro, sin el debido sustento actuarial, correrá el peligro de fracasar, máxime si el Estado rehuye su responsabilidad originaria de regular la actividad de este esquema, en una mal entendida “autonomía universitaria” (SIC).

Reconozcamos al menos que el problema es de todos porque la Universidad es de todos y, por lo tanto, la solución nos atañe también a todos nosotros como académicos y se supone enterados del tema.

Habrá entonces qué hacernos oír como académicos en esta disciplina, para que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta por los políticos antes de que éstos tomen decisiones cuestionables o realicen cualquier reforma o adecuación legal, máxime que la sociedad contestaria de hoy ya no soporta imposiciones sin la previa búsqueda de consensos sobre la viabilidad y la factibilidad del cambio adoptado.

Porque a fuerza de ser sinceros, en el cambio del rubro pensionario jubilatorio de la U. de G., subyace una lectura que no da lugar a más alternativas: hubo mala fe o de plano existió ignorancia.

Y sabedores de lo que implicaría la ignorancia al interior de la segunda Universidad pública del país, académicamente optamos casi instintivamente por asumir la primera alternativa al ser la menos grave, antes de tener qué reconocer públicamente la segunda de ellas, lo cual sería un suceso lamentable. Obsérvese que la ignorancia es impermisible y hasta vergonzosa para las universidades e instituciones de educación superior del país. Y naturalmente que la Universidad de Guadalajara, con sus 2 siglos de tradición en el área jurídica, no podría ser la excepción.

Peor aún es que en el fondo el problema pensionario nacional y mundial es harto complicado en cuanto al futuro, porque las pensiones -ése maravilloso invento del otrora también magnífico Estado de Bienestar-, van en franca decadencia; se han vuelto un compromiso infinanciable y son una especie en extinción, más que nada por una lamentable ausencia de cultura sobre el tema. Sí, una total ausencia de cultura, no sólo previsional, sino jurídica, social y hasta académica.

Así pues, lo más lógico y sensato era que resistiéramos como universitarios la tentación de caer en salidas fáciles y populistas -como resultaba ser la creación de esa especie de bodrio jurídico, permeado de ilegalidad, popularmente conocido como “AFORE U. de G.”-, porque el secreto para resolver nuestro problemas pensionarios en las Universidades Públicas -las que hoy se encuentran en una encrucijada existencial en los umbrales del siglo XXI, en donde lo social ha perdido su valor y su brillo-, requería del esfuerzo solidario de todos y cada uno de nosotros.

Sin embargo, amén de cuidar las formas -en el caso concreto muy cuidadas por cierto-, se debió cuidar el fondo del asunto que nos ocupa y preocupa. A nuestro entender la solución no estribaba sólo en que las autoridades universitarias nos impusieran un nuevo esquema, o que el Estado soslaye su responsabilidad. La alternativa no era “vencer” sino convencer, y esto no se hizo, ya se sabe.

Muchas veces hemos sostenido como investigadores que la seguridad social es un compromiso ineludible e inexcusable del Estado, al tratarse de un servicio público no sujeto a ser delegado y mucho menos privatizado.

No se vale entonces que éste lo eluda, que lo transfiera, que lo concesione, que lo delegue o que lo subrogue a los particulares -ya sea en el área de las pensiones, y muy pronto en el rubro de la salud-, todo ello en perjuicio directo de los recipientarios del servicio público, pues en aras de obtener pingües beneficios marginales bien podría terminarse privándosenos de este servicio esencial al ser manejado por manos privadas sin un control efectivo del propio Estado, su garante primario y final.

Dicho de otro modo: no se vale buscar la manera en que el Estado se deshaga de la problemática, desatendiendo con ello sus obligaciones naturales mediante la implementación de esquemas privatizadores sin la regulación y el pleno control Estatal. Al menos los verdaderos Universitarios, como científicos y académicos comprometidos con los grandes asuntos sociales, con un genuino sentido social por tener conciencia de clase y clase en la conciencia, no debiéramos permitirlo.

Por ello, aún a riesgo de represalias pero sin temor alguno, hemos alzado y alzaremos la voz para señalar, con índice de fuego, a quienes se quieren pasar de listos. A fin y al cabo, a la vuelta de los años, la historia demostrará quién de nosotros estaba equivocado y no quiso con humildad reconocerlo.

El futuro de las pensiones en el siglo XXI es francamente ominoso, y de hecho pocas cosas hay en el planeta más inseguras que los actuales esquemas pensionarios.

No obstante, desoyendo a los especialistas y atentando contra el sentido común -que es por cierto el menos común de los sentidos-, la U. de G., compró todo el boletaje y se sacó “el tigre” en la rifa. La pregunta es: ¿porqué? Y escépticos como somos, por simple deformación profesional, seguimos la vieja conseja popular que reza: “piensa mal y acertarás”.

¡Lástima!, pobre Universidad de Guadalajara y pobres de todos nosotros, que no supimos defender nuestros derechos laborales frente a los embates privatizadores.

No obstante, más vale tarde que nunca.

Urgiría ahora que rediseñemos, con creatividad e ingenio, nuestros esquemas pensionarios tanto de seguridad como de previsión sociales, para que sean en un futuro mediato en verdad protectores de los trabajadores en general y también de otros grupos sociales productivos que con el esfuerzo cotidiano contribuimos generosamente al engrandecimiento de nuestra patria -porque a fin de cuentas, los universitarios laboramos no al servicio de un empleador, sino de la sociedad en general-. Somos unos convencidos que más que servir a la Universidad de Guadalajara, servimos a Jalisco y a todo México; pues a fin de cuentas son sus ciudadanos quienes, con sus impuestos, cubren los subsidios con los que se conforma el presupuesto universitario y se paga nuestro salario.

Así la cosas, tenemos pues asignaturas pendientes qué resolver todavía, y entre ellas una que resulta fundamental para nuestra generación y las que vienen detrás: la creación de un sistema de seguridad social que funcione con eficiencia en cualquier lugar del mundo y sin depender de la situación económica del país que lo adopte. ¿Acaso el ingenio humano no será capaz de descubrirlo o inventarlo? Más nos valdría que sí, pues la calidad de vida en nuestro futuro y la de los seres qué mas amamos y por quienes nos esforzamos tanto está en juego.

Porque como lo hemos sostenido en diversos foros, si los Derechos Sociales -el Laboral, el Agrario y el de Seguridad Social a la cabeza- no los defendemos de la misma manera en como lo conquistamos como sociedad organizada a principios del siglo XX, esto es, a sangre y fuego, entonces nos los quitarán y ni siquiera podremos lamentarnos de ello. ¿O acaso lloraremos como mujeres lo que no supimos defender como hombres?

La Universidad de Guadalajara ha tomado ya su decisión y no podemos estar de acuerdo en que ella, creada como un organismo público descentralizado para brindar educación preparatoria y superior en Jalisco -coadyuvando a la cultura en dicha entidad federativa-, asuma ahora un compromiso pensionario que no le corresponde, pues bastantes problemas tiene por resolver como para echarse a cuestas uno más: el fondeo de las pensiones jubilatorias de su personal. ¿De verdad crear esa especie de “AFORE U. de G.”, es la solución anhelada? ¿Es viable y factible hacerlo jurídicamente? Y la respuesta es rotunda y hasta evidente: no, definitivamente no. Lo más delicado es el mensaje implícito enviado a la colectividad entera, el que está clarísimo: “el fin justifica los medios”, y éstos no importan aunque vulneren derechos preadquiridos de los trabajadores universitarios que son de suyo irrenunciables.

Creo entonces mi deber el ejemplificar sobre el futuro de las pensiones universitarias con mi propia Alma Mater, que tanto me enorgullece a pesar de todo; mi esposa y mis hijos, como yo, estudiaron y estudian en la U. de G. y por ende hay en casa una cultura sobre el valor añadido que ha tenido ella sobre nuestra vida.

No obstante, para que se sepa y pondere lo que subyace al fondo de todo lo planteado: en la U. de G., el gran problema no surgirá hoy ni el día de mañana, sino que brotará incontenible dentro de 10, 15 ó 20 años, cuando miles de profesores en activo se jubilen y se den cuenta cabal que les ha sido escamoteada una pensión que de suyo es irrenunciable.

Entonces ellos -o sus familiares- ejercitarán sus derechos laborales y/o de seguridad social, demandando ante los tribunales laborales de justicia y éstos no tendrán más remedio que, fundados en los incisos g) y h) de la fracción XXVIII del Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -que aluden a la irrenunciabilidad de derechos laborales y por extensión de seguridad social-, condenarán a la Universidad de Guadalajara a pagar las pensiones legales jubilatorias de previsión social, así como los capitales constitutivos al IMSS, obligándole de esa manera a cumplir con sus obligaciones naturales de seguridad social.

Bajo la premisa de resistir o sortear la encrucijada existencial que hoy en día afrontan las Universidades públicas nadie -salvo acaso unos cuantos con verdadero valor civil-, dicen o hacen nada al respecto, pensando que hacerlo es, como nos han querido convencer falazmente, ser uno “anti-universitario”.

La gran pregunta a responder en este punto es evidente: ¿Quién será más anti-universitario: el crítico propositivo o el cómplice por acción u omisión de un atraco?

Porque si no somos los Universitarios los que nos aboquemos a la colosal tarea de investigar, proponer y reconstruir inteligentemente nuestros sistemas pensionarios jubilatorios y/o de seguridad social -que no son lo mismo, aunque se nos haya “vendido” la idea de que se entremezclan ambos como si agua y aceite se juntaran-, entonces la interrogante es: ¿quién lo va a hacer por nosotros?. La respuesta es obvia: nadie lo hará, ni siquiera el Estado que se supone debe ser su garante de la seguridad social, de la previsión social y de la preservación de las pensiones.

Así pues, o somos nosotros los Universitarios quienes hacemos la tarea, o por nosotros no la hará nadie. Como académicos que presumimos ser, ¿con qué cara veremos a nuestros hijos dentro de un par de décadas, cuando sea imposible costear pensiones y nos tengan ellos qué mantener? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo para invertir la vida y depositar nuestra esperanza en una Universidad pública, si no supimos formar estudiantes interesados en el tema que nos ayuden a resolver este dilema? ¿Acaso no nos lo reprochará la sociedad que con sus impuestos costeó la existencia de las Universidades públicas, cuando de seguir así las cosas en todo México antes del año 2050 el invento de las pensiones sea sólo un recuerdo y un pasado que no volverá jamás?

Para nosotros está clara la problemática fundamental que se nos presenta hoy en día: interesarnos todos sin distingo en este asunto para de verdad resolverlo solidaria e inteligentemente a la mayor brevedad posible, o por el contrario, aceptar que nuestro destino esté marcado por la inseguridad laboral y social. La decisión es nuestra y de nadie más.

En la Universidad de Guadalajara tuvimos los abogados la oportunidad histórica de oponernos y no lo hicimos, pues ocurre que el actual sistema pensionario jubilatorio de la U. de G., recientemente aprobado, es más de los mismo de hace 3 años, cuando los académicos nos opusimos con éxito a aquél fallido “Sistema de Seguridad Social” de triste memoria.

Para finalizar, lanzamos públicamente una interrogante final, por si alguien desea recoger el guante y respondérsela a sí mismo, sin retórica y sin engaños:

Y Usted, como destacado universitario comprometido que es, como un brillante académico interesado en los graves temas nacionales y un profesional que seguramente hoy mismo discute y participa en las reformas que se intentan hacer a la Ley Federal del Trabajo, le pregunto: ¿Qué ha hecho por que se respeten los derechos laborales y de seguridad social preadquiridos por sus pares, los que son de suyo irrenunciables y sin embargo se violan constante e impunemente?

Usted tendrá la mejor de las respuestas a ésa y al resto de las interrogantes planteadas en este documento… Al menos en ello depositamos nuestras frágiles esperanzas.

Villahermosa, Tabasco, a 16 de Abril de 2003.

DR. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

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