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Antecedentes y Propuestas Específicas sobre el Problema Pensionario Jubilatorio de la Universidad de Guadalajara.

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Antecedentes y Propuestas Específicas sobre el Problema Pensionario Jubilatorio de la Universidad de Guadalajara. Relatoría final. Responsables de publicación: Las Academias de la División de Estudios Jurídicos de Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Fecha de publicación: 8 de diciembre de 2000.

ANTECEDENTES Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS A QUE LLEGARON LOS PRESIDENTES DE LAS ACADEMIAS DE DERECHO: ADMINISTRATIVO, LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUCSH), DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (U. DE G.), SOBRE EL PROBLEMA PENSIONARIO JUBILATORIO DE NUESTRA CASA DE ESTUDIOS.

ANTECEDENTES :

I.- Mediante Dictamen N° II/99/892, por el H. Consejo General Universitario en sesión extraordinaria de 9 de octubre de 1999, se creó un “Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara”, mismo que pretendía resolver la compleja problemática de nuestra Casa de Estudios sobre las pensiones dinámicas jubilatorias, haciéndose uso de los recursos económicos destinados para los aportes de seguridad social. A la fecha, se halla suspendido en su aplicación dicho Sistema por múltiples factores que son de todos nosotros conocidos.

II.- Por instrucciones del entonces Rector General de la U. de G., la División de Estudios Jurídicos, al través de sus Academias de Derecho de la Seguridad Social, Administrativo, Laboral, Constitucional, Fiscal y Mercantil, coordinadas todas por el Director de la División y el Jefe del Departamento de Derecho Social —involucradas en el asunto en razón de su especialidad—, celebraron reuniones periódicas a partir del 11 de octubre de 2000 para discutir las medidas que, en opinión de sus integrantes, debería asumir la U. de G., en su carácter de empleadora, para solucionar la compleja problemática existente sobre la falta de recursos económicos para cubrir a mediano y largo plazo la pensión dinámica de jubilación por años de servicio y/o las pensiones que expresamente previene el marco normativo y contractual universitario.

III.- Concluido el análisis respectivo al documento denominado “Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara”, mediante oficio de 09 de noviembre del 2000, el Lic. Guillermo Reyes Robles remitió a la Rectoría General las opiniones e informes que las diversas Academias involucradas presentaron a manera de crítica constructiva, junto con un documento de relatoría que hace constar la manera en como se trabajó sobre dicho asunto, elaborado por el Departamento de Derecho Social —que aglutina a la gran mayoría de los académicos que intervinieron e hicieron propuestas sobre el asunto que nos ocupa, al ser de su área competencial—, relatoría que en obsequio a instrucciones superiores contiene las conclusiones y propuestas específicas solicitadas. En lo que ahora más interesa, se reiteró la postura ya manifestada a la Rectoría y Secretaría Generales en la reunión del 18 de octubre de 2000, a la que asistieran todos quienes participaran en las reuniones y la elaboración de tal relatoría, así como la totalidad de los profesores de la disciplina Derecho y Seguridad Social de esta División —quienes se sumaron unánimemente a las conclusiones obtenidas—. Se cuenta con el documento que es trasunto fiel de los argumentos manejados en la reunión de mérito.

IV.- Debe establecerse que en la reunión aludida del 18 de octubre de 2000, se oficializó la postura unánime que como estudiosos de la ciencia jurídica sustentaron los juristas que intervinieron en dicho análisis: el pretendido “Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara” carecía de sustento legal y, por si ello fuera poco, se detectó que lamentablemente se había realizado un defectuoso planteamiento del problema que de suyo se intentaba resolver y que se reducía a la pensión dinámica jubilatoria por años de servicio, y no a las pensiones de seguridad social que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social.

V.- Desde luego que las pensiones prerreferidas son distintas entre sí, y su ámbito o campo de protección también. De tal suerte que las pensiones dinámicas jubilatorias por años de servicio o edad, con respecto de las de seguridad social, son intrínsecamente distintas y hasta complementarias una de la otra, puesto que se enmarcan en los esquemas de previsión social las primeras, en tanto que las segundas se enmarcan en el esquema tradicional de la seguridad social mexicana; por ende, cubren éstas últimas —las de seguridad social—, eventos totalmente al aspecto propiamente jubilatorio, a saber:

— a) Las pensiones contingenciales, que pueden ocurrir intempestivamente como son: la incapacidad permanente, la invalidez o la muerte por riesgo de trabajo o por causas extralaborales —que generan éstas, desde luego, pensiones de viudez, orfandad o ascendientes para los beneficiarios del asegurado—; y,

— b) las previsionales, eventos futuros que sí son susceptibles de preverse por esperadas, como resultan ser: la cesantía en edad avanzada y la vejez.

VI.- No sobra añadir que por instrucciones expresas consignadas en el oficio SGRAL/II/11/2000/477, de 17 de noviembre del 2000, enviado por el Lic. José Trinidad Padilla López en su carácter de Secretario General de la Universidad de Guadalajara —recibido el día 30 del mismo mes y año por la Dirección de la División de Estudios Jurídicos—, se dieron lineamientos expresos para que se elaborase “un solo documento que contuviese todas las consideraciones y conclusiones a las que llegaron las Academias involucradas”, habiéndose redactado el mismo con Conclusiones y Propuestas específicas en 23 fojas que el entonces Director de esta División, Lic. Guillermo Reyes Robles, remitiera luego a la Rectoría General para su superior conocimiento.

VII.- Es menester plantear un aspecto que a nuestro parecer resulta trascendente: la primera de todas las conclusiones a las que arribaran los académicos de la División de Estudios Jurídicos de la U. de G., se transcribe a continuación por resultar ilustrativa:

“…Jurídicamente, por unanimidad de todos y cada uno de los profesores que intervinieron en las discusiones, se consideró que es ilegal el SSS (Sistema de Seguridad Social) al ser violatorio de normas taxativas y tuitivas, de eminente orden público e interés social, plasmadas en las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social —disciplinas ambas que integran por cierto el elenco de la Rama de Derecho Social—, porque riñe con el régimen jurídico vigente, vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores universitarios, y por razón natural, también es atentatorio del Estado de Derecho Mexicano…”

Hasta aquí la transcripción de mérito.

VIII.- El pasado 23 de abril de 2002, en la Reunión de los presidentes de las diversas Academias que aglutina la División de Estudios Jurídicos —misma que fue convocada por el Encargado del Despacho de la Dirección y los Jefes de los Departamentos—, se abordaron, entre otras problemáticas, el concerniente al compromiso público adquirido por el Lic. José Trinidad Padilla López, Rector General de la U. de G., hecho al rendir su “Primer Informe de Actividades”, mismo que apareció publicado en la Gaceta Universitaria del 18 de marzo del año que cursa, en el cual y en lo conducente, estableció de manera literal:

“…Este año será nuestra prioridad resolver el problema de la pensión universitaria buscando las alternativas para establecer un Sistema de Seguridad Social sólido, justo, que proporcione tranquilidad a los trabajadores de la Universidad de Guadalajara a través de una jubilación digna, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de la institución. Buscaremos la participación del gobierno federal y estatal para solucionar de manera integral este trascendente asunto…”

Hasta aquí la cita textual.

IX.- En apoyo de dicho compromiso y toda vez que ha transcurrido ya un año y medio desde que fijara su postura académica la División de Estudios Jurídicos respecto del proyecto de mérito, sin que se noten avances palpables en un tema tan polémico y tan sensible a la comunidad universitaria en lo general, asunto que lógicamente inquieta sobremanera a muchos profesores de gran valía que a nuestro parecer están jubilándose con prisa ante el fundado temor de perder un derecho pensionario que por causas de fuerza mayor podría ser limitado y hasta cancelado, se solicitó pues a las presidencias de estas Academias conjuntas que en virtud de nuestro perfil académico, trabajásemos unidos sobre las bases mínimas que debiera reunir un “Ante-proyecto del Sistema Pensionario Jubilatorio de la Universidad de Guadalajara”, con la característica de que fuese viable y factible su instrumentación, documento que pudiera servir primero como detonante de la toma de decisiones al seno de la Universidad de Guadalajara —para revocar de una buena vez el fallido “Sistema de Seguridad Social”—, y luego, sirviera de base en la búsqueda de soluciones en las que a nuestro parecer deben intervenir, sin demora y sin reticencias de ninguna especie, tanto el gobierno federal y estatal como la sociedad en general, recipientaria final de la actividad cotidiana de esta Casa de Estudios.

X.- Por lo tanto, de manera coordinada y consensuada, tras una serie de reuniones de trabajo de los presidentes de las Academias que suscribimos este documento, mismas que ahora culminan con la redacción del presente documento, se razonan y proponen las siguientes alternativas de solución a ponderarse al interior de toda la comunidad universitaria de la División de Estudios Jurídicos, con el objeto de que tras su aprobación en lo general —y sin perjuicio de hacerle luego añadidos, acotaciones y/o correcciones a los puntos tratados, ya que este no es un documento definitivo dadas su características—, se eleve hasta la Rectoría y Secretaría General, así como las diversas dependencias involucradas a nivel central, la Rectoría del CUCSH y del resto de los centros temáticos de la Red universitaria, así como a las Secretarías Generales del STAUdeG y el SUTUdeG, permeando luego hasta la base de la plantilla académica y administrativa de nuestra Casa de Estudios con el objeto de que se aporten ideas fundadas y pertinentes sobre el particular, ideas que enriquezcan el pretendido proyecto en todos su ordenes y permitan su consenso —primero en lo general y después en lo particular en cada punto aquí tratado por nosotros—, siempre actuándose bajo la premisa básica de la buena fe.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

PRIMERA.- Desde el punto de vista científico-académico, un correcto diagnóstico de cuál es el problema que se intenta discutir y resolver permitirá siempre el que se adopten las decisiones pertinentes para su solución. En este asunto en particular, determinar qué es exactamente lo que debe resolverse y qué es entonces lo que debería hacerse para solucionarlo, es nuestro objetivo principal y la meta a alcanzar.

Como premisa fundamental es menester precisar que estamos frente a un problema de exclusiva índole laboral, pero no de seguridad social; en razón de ello, para empezar debiera sustituirse el nombre de “Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara” —dado que no es un problema de esta naturaleza el que nos ocupa y preocupa, sino que es de estricta índole laboral—, por lo que debería denominarse, por razones de congruencia: “Sistema Pensionario Jubilatorio de la Universidad de Guadalajara”, “Sistema de la Pensión Dinámica Jubilatoria de la U. de G.”, o cualesquier otra denominación análoga.

Por lo tanto, ni se puede —porque se incurriría en desviaciones administrativas sancionables—, ni tampoco se debe —porque es absurda dicha postura desde cualquier punto de vista—, pretender solucionar un problema estrictamente de índole laboral, utilizando para tal fin, erróneamente, recursos destinados a costear la seguridad social de los empleados de la U. de G., pues más allá de discusiones bizantinas el punto del disfrute de la seguridad social que brinda el IMSS es indiscutible y a nuestro parecer encuadra perfectamente en la hipótesis de la fracción XIII del artículo 5°, en directa relación con los artículos 386, 390, 394 y 396, todo ellos de la Ley Federal del Trabajo reformada y vigente, al tratarse de una conquista laboral irrenunciable que puede ser exigida incluso ante los propios Tribunales del Trabajo.

SEGUNDA.- Por otro lado, debe entenderse de una buena vez que la pensión dinámica jubilatoria por años de servicio o edad del personal académico deriva del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, lo cual constituye un derecho fuera de toda discusión, máxime que es reiterado por un Contrato Colectivo de Trabajo suscrito con el STAUdeG —por lo que es una pensión legal y contractual a la vez—; a diferencia del personal administrativo, el que disfruta de una pensión sólo contractual prefijada en la cláusula 40 “jubilaciones y pensiones”, del Pacto Colectivo celebrado con el SUTUdeG, dado que el artículo 19 de la aludida Ley Orgánica nada establece al respecto —de lo que se colige que es sólo una pensión conveniada con la empleadora U. de G., y que es de índole laboral al surtir plenos efectos entre las partes concelebrantes—.

De lo anterior se concluye, sin dificultad alguna desde el punto de vista legal, que estamos en dos supuestos distintos en las pensiones del personal académico y las del administrativo. La primera es prevenida en ley, es imperativa e innegociable; en tanto que la segunda es resultado precisamente de una negociación colectiva.

No obstante las diferencias encontradas entre ambos tipos de pensión jubilatoria dinámica, resulta evidente que existen principios jurídicos que informan y permean en el Derecho Laboral; la equidad y la costumbre, conforme a la doctrina jurídica, son “fuente” del Derecho del Trabajo, y por más que se quiera, será muy difícil por no decir casi imposible que los empleados de la U. de G., renuncien a sus derechos preadquiridos —por más que las organizaciones sindicales de académicos y administrativos pacten o convenien sobre el particular—. La irrenunciabilidad de los derechos laborales preadquiridos se halla plasmada en la fracción XXVII del Apartado “A” del artículo 123 Constitucional, y los artículos 5° y 33 de la Ley Federal del Trabajo (que rigen las relaciones de trabajo de las universidades, de conformidad al artículo 3°, fracción VII, de nuestra Carta Fundamental).

Por ende, no hay duda alguna en el hecho de que los trabajadores administrativos han adquirido un derecho pensionario y jubilatorio de suyo irrenunciable, pues aunque se “negociara” con el SUTUdeG para que se acabase el esquema pensionario aludido, cualquier trabajador sindicalizado (e incluso sus familiares beneficiarios naturales, en caso necesario), en lo individual, podrían ejercitar su derecho ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para obtener laudo favorable que obligue a la U. de G., como empleadora, a otorgársela.

TERCERO.- No debe jamás perderse de vista que las diferencias de origen de las pensiones jubilatorias del personal académico y administrativo, impactan necesaria e ineluctablemente en la fuente de su financiamiento.

En efecto, la pensión jubilatoria dinámica de los académicos existe plasmada en la Ley Orgánica de la U. de G., vista y entendida como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, creado ex profeso para brindar el servicio público de educación media-superior y superior en la Entidad, así como para coadyuvar al desarrollo de la cultura, de conformidad a su artículo 1°. Dicha legislación, de conformidad a su “Exposición de Motivos” y acorde a la propia Iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo, fue expedida para: “…darle autonomía y que goce de personalidad jurídica y patrimonio propios, y pueda cumplir cada vez mejor con su grave responsabilidad de gobernarse libremente…”

Esto significa que la U. de G., tiene personalidad jurídica propia y un patrimonio distinto al del Estado de Jalisco —si bien forma parte de la administración pública descentralizada en la Entidad—, patrimonio que se integra, de conformidad al artículo 84, de bienes muebles e inmuebles, contribuciones y aportaciones, donaciones y legados, utilidades, rendimientos, etc., pero fundamentalmente por los subsidios y aportaciones que la Federación, el Estado y los Municipios les otorguen (fracción IV).

En ese orden de ideas, el fondeo de las pensiones universitarias de los empleados administrativos deben salir única y exclusivamente de dicho patrimonio; pero en el caso de las pensiones dinámicas jubilatorias del personal académico las mismas deben de costarse esencialmente con los recursos que ex profeso destinen para ello los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal (sobre todo del Estatal, porque su más alta soberanía, el H. Congreso del Estado, fue quien determinó en Ley la obligatoriedad de dicha pensión al cargo de la empleadora U. de G.), por lo que a nuestro parecer se trata de un deber el destinársele un porcentaje predeterminado anual, que obre incluso en el Presupuesto de Egresos que a Iniciativa del Ejecutivo Estatal apruebe el H. Congreso del Estado de Jalisco cada año, de conformidad al monto global estimado de dichas pensiones, a fin de que a esta Casa de Estudios se le dote de recursos económicos suficientes para cubrir una prestación que fue Iniciativa del Gobernador del Estado (quien propone) y voluntad del Congreso del Estado (quien dispone), conceder al personal académico.

Es menester establecer entonces, en caso de ser necesario, estrategias de presión para exigir se cumpla con dicho mandato legal, que como ya se demostró no es materia de actos volitivos de nuestra Casa de Estudios su cumplimiento, sino que le toca por fuerza cumplir con lo ordenado en su propia ley-marco que rige sus actividades cotidianas. Incluso, de resultar estrictamente necesario, deberá plantearse la posibilidad de agotar procedimientos jurisdiccionales para conseguir dicho financiamiento.

CUARTO.- No obstante, al parecer de quienes elaboramos y suscribimos este documento, deben ser corregidas y adecuadas algunas cosas para que opere con transparencia y confiabilidad este sistema pensionario.

No huelga afirmar que algunos de nuestro planteamientos podrán parecer a simple vista majaderos, excesivos y hasta discriminatorios; pero es preciso que más allá de falsos pudores y aún a riesgo de herir susceptibilidades, se pongan de una buena vez en la mesa de las discusiones los siguientes puntos, para que piramidalmente permeen hasta llegar al seno de la comunidad universitaria en general. De antemano sabemos que no somos poseedores de la verdad y que siendo esta una Universidad que aglutina a académicos y expertos en diversas ramas de la ciencia, cabrá siempre la disparidad de criterios; en lo personal creemos a pié juntillas que la discusión, la refutación y la conciliación de ideas forman parte de nuestra tarea cotidiana como académicos y resulta enriquecedora la disparidad de criterios.

Es aconsejable entonces el ventilar como adultos responsables y viendo siempre por el bienestar colectivo y la sobrevivencia de nuestra Alma Mater, este tipo de propuestas que acto seguido formulamos para su revisión o adopción:

1.- Todas las pensiones que se otorguen por la U. de G., de cualquier naturaleza que sean, fueren concedidas a académicos o administrativos, deberán invariablemente de estar topadas en cuanto a su monto. La disparidad de criterios o discrecionalidad sin rigor que en este rubro se manejen para su cuantificación, será siempre una de las principales causas que lleve a la ruina a cualquier sistema pensionario; por ende, si lo que se busca es transparencia y absoluta confiabilidad, será pertinente crear un cuerpo normativo que regule la concesión y monto de dichas pensiones dinámicas jubilatorias y que así se someta la simple voluntad de órganos y funcionarios al mismo para evitar tentaciones.

Acorde a los salarios devengados en nómina correspondiente a la plaza que ocupe el empleado de la U. de G., se determinará su cuantía; por lo tanto estará estrictamente prohibido excederse de tal límite, y será responsabilidad del Consejo de pensiones que deberá crearse para tal efecto (pudiere ser una Comisión Mixta del Consejo General Universitario, conformada siempre paritariamente por representantes de la empleadora y de sus Sindicatos, todos con voz y voto, pero teniendo voto de calidad y derecho de veto el Rector General para decidir en caso de empates).

En ningún caso podrá quedar a elección del interesado pensionarse con su salario de su puesto de base o de empleado de confianza. Menos todavía se podrían incluir en su salario base de pensión el monto de las compensaciones y/o otras percepciones extraordinarias recibidas. Por ende, ninguna pensión podrá ser inferior salario mínimo general de la zona geográfica de Guadalajara —lo que hará atractivo que los profesores de asignatura continúen laborando al servicio de la U. de G.—, y se propone topar como límite superior de la pensión dinámica a percibir hasta un monto de 25 (veinticinco) veces salario mínimo —lo cual estimulará que se continúen prestando servicios efectivos por parte de los académicos o administrativos que perciba mayores ingresos que dicho tope pensionario impuesto, mientras pueda seguir siendo útil a la U. de G.—.

Sólo así podrá establecerse, de manera confiable, un rango efectivo para hacer las corridas actuariales del Fondo de Reserva que se integre, en la inteligencia que el trabajador pensionado debe forzosamente salir de nómina y dejar su plaza vacante una vez inicie su derecho a pensión dinámica.

2.- Es preciso buscar mecanismos que aseguren el trato jurídicamente diferenciado a que propende el Derecho Social. Por lo tanto, la idea que permea en esto es que quien gane más en su vida activa al servicio de la U. de G., tenga la certeza que obtendrá una pensión acorde a su vida laboral activa, llegado el momento de su jubilación.

Así, un profesor de tiempo completo, con independencia de su categoría, sabrá de antemano cuál será el monto máximo de su jubilación para que tome las decisiones que mejor convengan a sus intereses; el académico de medio tiempo, deberá esforzarse en su superación para alcanzar el tiempo completo; y el profesor de asignatura también aspirará a superarse atendiendo a la disposición de plazas, pero seguro que cuando decida pensionarse por edad o años de servicio disfrutará de una pensión. Igual ocurrirá con los trabajadores administrativos.

3.- Es necesario buscar los conductos idóneos para desaparecer de la Ley orgánica de la Universidad de Guadalajara, las pensiones dinámicas de la fracción III del artículo 18 (la de “incapacidad para el servicio” por riesgo de trabajo), así como la contemplada en la cláusula 40, inciso c) del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la U. de G. y el SUTUdeG, (la de incapcidad por riesgo de trabajo y la de invalidez por causa extra-laboral), por una razón tan simple como lógica: se está amparando doblemente un mismo evento o contingencia social.

Efectivamente, los empleados al servicio de la U. de G., disfrutamos del esquema integral del régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social. En el artículo 11 de dicha legislación federal, al tenor de su artículo 53, la U. de G., queda relevada en este tipo de contingencias por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para eso se cubren aportaciones de seguridad social, para que en base al artículo 2°, fraccipón II, del Código Fiscal de la federación, el estado mexicano, al través del ente asegurador nacional, releve a los empleadores de esta pesada carga pensionaria. Así, quien corre el riesgo de que un académico o administrativo de la U. de G., se accidente o invalide, lo es dicha entidad aseguradora nacional.

Naturalmente que se entiende la bondad de dicha disposición legal del artículo 18 de la Ley orgánica de la Universidad de Guadalajara (la que de suyo supera la cláusula 40 del prerreferido pacto colectivo con el SUTUdeG), pero si ya dicha contingencia está amparada por la Ley del Seguro Social, y ello genera derecho a pensión vitalicia y luego las de supervivencia —viudez, orfandad o ascendientes—, amén de la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria de por vida para el asegurado y su núcleo familiar derechohabiente como dependientes económicos del pensionado, entonces pues carece de objeto que se distraigan estos recursos financieros pues ya se han cubierto las cuotas respectivas al IMSS.

Debe ser un acto reflexivo y responsable el que lleve a la revocación de dichas disposiciones en comentario.

4.- No a la AFORE U. de G. Diversificar inversiones. Creación de un Fondo de Reserva (capital semilla), y acaso participar la ANUIES.

5.- Pagar al INFONAVIT en vez del dinero que se recibe en efectivo.

6.- Respetar derechos adquiridos, pero los nuevos empleados regirse por este esquema propuesto

7.- Revisar anualmente la marcha del sistema para realizar los ajustes necesarios. Las pensiones, en un caso extremo podrían ser reducidas alícuota y proporcionalmente a la baja de los recursos.

Sometemos a su elevada consideración el presente Proyecto. Quedamos invariablemente a sus apreciables órdenes para cualquier duda o comentario.

Guadalajara, Jalisco, 30 de abril de 2002

LOS PRESIDENTES UNIDOS DE LAS ACADEMIAS UNIDAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS.

LIC. FRANCISCO MACÍAS RODRÍGUEZ.

LIC. RAMÓN CASTILLO LLAMAS

LIC. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

******************************************************* **********************************************SR. LIC. DON GUILLERMO REYES ROBLES

DIRECTOR DE LA DIV. DE EST. JURÍDICOS

DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

P R E S E N T E

En oportuno obsequio a sus instrucciones superiores, adjunto al presente se servirá encontrar, en 23 (veintitrés) fojas útiles por una sola cara, rubricadas todas ellas por su servidor en mi carácter de relator, el documento final sobre las consideraciones, conclusiones y propuestas específicas que los profesores integrantes de las diversas Academias de los Derechos de la Seguridad Social, Constitucional, Laboral, Fiscal, Administrativo y Financiero, de la División de Estudios Jurídicos a su muy digno cargo, elaboraran respecto del documento denominado Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara. Así mismo, se acompaña el diskette que contiene dicho archivo para facilitar su uso y distribución de copias, trabajado en programa Word (Windows ’98), e intitulado: “DOCUMENTO FINAL RELATORÍA U. DE G”.

Agradezco sobremanera la deferencia y confianza que por parte de Usted, del Jefe del Departamento de Derecho Social y de mis compañeros profesores Presidentes de las distintas Academias involucradas, se me dispensara para que trabajase sobre la relatoría final de nuestros trabajos conjuntos desarrollados al interior de nuestra Facultad de Derecho y que fija la postura definitiva de nuestra División sobre el particular.

Se trató —Usted ya lo sabe, pues son las pautas que nos marcara desde un principio—, de un ejercicio libre y de buena fe, efectuado sin coacción de ninguna especie, un esfuerzo crítico pero propositivo de quienes desinteresadamente contribuyeron con sus ideas y sugerencias en un proceso no exento de discusiones útiles, el que finalmente culminara en conclusiones uniformes en la medida que la ciencia jurídica permite la unificación de criterios buscada.

El documento anexo, podrá constatarlo Señor Director, refleja el sentir de la inmensa mayoría de los profesores de esta División y naturalmente respeta las ideas a los que de él disientan —como se respetó siempre a los autores del documento analizado y desde luego la decisión asumida por los Señores Consejeros del H. Consejo General Universitario—.

Confiando en haber podido ser útiles los profesores de la División integrantes de las Academias intervinientes, al haber aportado nuestro esfuerzo en la solución del problema pensionario jubilatorio que aqueja a nuestra querida Casa de Estudios, es propicia la oportunidad para reiterarle mi consideración siempre distinguida.

A T E N T A M E N T E

GUADALAJARA, JALISCO, 08 DE DICIEMBRE DE 2000

MTRO. LIC. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

Presidente Academia del Derecho de la Seguridad Social

c.c.p.- Lic. Jaime E. Acosta Espinoza.- Jefe del Dpto. de Derecho Social de la División de Estudios Jurídicos. Para su conocimiento, con copia del documento descrito.

c.c.p.- Archivo.

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DOCUMENTO FINAL SOBRE LAS CONSIDERACIONES, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS A QUE LLEGARON LAS ACADEMIAS DE DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL, CONSTITUCIONAL, FISCAL, LABORAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, SOBRE EL ANÁLISIS JURÍDICO INTEGRAL HECHO AL “SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL” (SSS), APROBADO MEDIANTE DICTAMEN N° II/99/892, POR EL H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 9 DE OCTUBRE DE 1999 (MISMO QUE ACTUALMENTE SE HALLA SUSPENDIDO EN SU APLICACIÓN).

CONSIDERACIONES :

1.- Por instrucciones expresas del Dr. Víctor Manuel González Romero, Rector General de la Universidad de Guadalajara, la División de Estudios Jurídicos al través de sus Academias involucradas en el asunto en razón de su especialidad, han venido celebrando reuniones periódicas a partir del 11 de octubre de 2000 para discutir las medidas que, en opinión de sus integrantes, debería asumir la Casa de Estudios en su carácter de empleadora para solucionar la compleja problemática existente sobre la falta de recursos económicos para cubrir, a mediano y largo plazo, la pensión dinámica de jubilación por años de servicio y/o las pensiones que expresamente previene el marco normativo y contractual universitario; en tales reuniones siempre se procuró buscar, además de opiniones y consensos, posturas propositivas, ideas y sugerencias entre los miembros de las distintas Academias —profesores todos de las diversas disciplinas de los Derechos de la Seguridad Social, Constitucional, Fiscal, Laboral, Administrativo y Financiero—, que constituyeran propuestas viables y factibles para afrontar dicha obligación pensionaria con toda responsabilidad.

2.- Convocados por la Dirección de la Facultad y Jefatura del Departamento de Derecho Social, en primera instancia se reunieron los profesores que conforman la Academia de Derecho de la Seguridad Social en la División de Estudios Jurídicos, para revisar la legalidad del denominado “Sistema de Seguridad Social” (SSS) de la Universidad de Guadalajara, habiéndose solicitado por su presidente, avalado por la totalidad de los profesores integrantes de ella en esta División —sobre todo atendiendo a la importancia y trascendencia del asunto tratado—, se conformara un grupo multidisciplinario para acometer la tarea desde todos los ángulos, invitándose entonces a los Presidentes de las Academias de Derecho Constitucional, Fiscal, Laboral, Administrativo y Financiero, para que participaran activamente en las reuniones citadas por la Dirección de la Facultad, con el objeto de que entre todos se dilucidara de una vez por todas la viabilidad y factibilidad del SSS, y sus enmiendas en caso afirmativo.

3.- Así, en diversas fechas se celebraron reuniones internas e interdisciplinarias de dichas Academias, y sus presidentes acordaron por mayoría absoluta que la relatoría la llevase el del área de la seguridad social, reuniones que incluso se acordaran verificar con las propias Autoridades Universitarias a nivel central; cabe señalar que tras esta reunión —acaecida el 18 de octubre de 2000—, algunos Presidentes de Academia, con el consenso de los profesores miembros de la misma, por escrito extendieron sus puntos de vista para dejar constancia de su opinión colegiada, haciéndolas llegar a la Dirección de la División de Estudios Jurídicos, y reiterando la petición de que resultaba más que imperativo absolutamente indispensable conocer a fondo la situación financiera de la Universidad de Guadalajara, así los criterios que se aplicaban para la concesión de pensiones, los estudios actuariales y corridas financieras considerados en la exposición de motivos del SSS, e información actualizada y confiable, en aras de tener una visión más clara respecto de la problemática para una mejor toma de decisiones sobre el particular. Finalmente no se contaría con más elementos que el documento denominado SSS, distribuido por la U. de G., el STAUdeG, y el SUTUdeG, y la legislación vigente.

4.- Mediante oficio de 09 de noviembre del 2000, el Lic. Guillermo Reyes Robles remitió a la Rectoría General las opiniones e informes que las diversas Academias involucradas presentaron, considerándose como preliminares, y un documento de relatoría elaborado por el Departamento de Derecho Social —que aglutina a la gran mayoría de los académicos que intervinieron e hicieron propuestas sobre el asunto que nos ocupa, al ser de su área competencial—, documento que en obsequio a instrucciones superiores contiene las conclusiones y propuestas específicas solicitadas. En ellos se reitera la postura ya manifestada a la Rectoría y Secretaría Generales el 18 de octubre retropróximo.

5.- Por instrucciones expresas consignadas en el oficio SGRAL/II/11/2000/477, de 17 de noviembre del año en curso, enviado por el Lic. José Trinidad Padilla López en su carácter de Secretario General de la Universidad de Guadalajara —recibido el día 30 del mismo mes y año por la Dirección de la División de Estudios Jurídicos—, se dieron lineamientos para elaborar un solo documento que contuviese todas las consideraciones y conclusiones a las que llegaron las Academias involucradas, haciéndose ahora, tal y como se solicitó, un ejercicio de Conclusiones y Propuestas específicas.

CONCLUSIONES :

I.- Jurídicamente, por unanimidad de todos y cada uno de los profesores que intervinieron en las discusiones, se consideró que es ilegal el SSS al ser violatorio de normas taxativas y tuitivas, de eminente orden público e interés social, plasmadas en las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social —disciplinas ambas que integran por cierto el elenco de la Rama de Derecho Social—, porque riñe con el régimen jurídico vigente, vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores universitarios, y por razón natural, también es atentatorio del Estado de Derecho Mexicano.

II.- Ello es así porque la problemática que en realidad afronta la Casa de Estudios, con relación a sus trabajadores académicos y administrativos corresponde al rubro de las pensiones jubilatorias, que son al cargo de la U. de G., en su carácter de patrón, pues hay una relación de trabajo subordinada entre ella y sus operarios con arreglo a la Ley Federal del Trabajo, reiterado en criterios del Poder Judicial Federal en el sentido de que los trabajadores de las Universidades y demás instituciones de educación superior se rigen por la precitada legislación laboral, conforme a las características de un trabajo especial. La conclusión obtenida es obvia: Si es una asunto del orden laboral, debe resolverse en dicho ámbito y no en otro —como se intentó hacer infortunadamente en el de seguridad social—.

III.- Queda claro que el problema de la Universidad de Guadalajara, atendiendo a lo antes apuntado, no es de seguridad social, pues este servicio público, si bien está relacionado con el trabajo, sus prestaciones son ajenas y por ende distintas por completo de las laborales, por lo que se yerra cuando se intenta la salida del régimen obligatorio del Seguro Social para resolver un problema financiero del empleador en el aspecto jubilatoria. Parecen lo mismo, pero no lo son las pensiones de jubilación y las de seguridad social. Trátase, no hay duda, de dos cuestiones completamente distintas entre sí, aunque se hallen vinculadas.

En efecto, a veces no resulta fácil advertir el límite entre una prestación respecto de otra, ni nos explicamos su origen o sus consecuencias jurídicas inherentes; en tal virtud, se consideró pertinente plasmar un ejemplo claro que muestra la diferencia de ambas prestaciones, utilizado en un ejercicio de la Academia del Derecho de la Seguridad Social y la Academia del Derecho Laboral de la División de Estudios Jurídicos, que obra en sus documentos internos de trabajo, dada la similitud de situaciones. Como veremos, una es la prestación laboral (pensión de jubilación por años de servicio), y otra la de seguridad social (pensión de incapacidad permanente, o invalidez, o vejez, o cesantía, etc.).

EJEMPLO:

“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de patrón de sus más de 350,000 empleados en el país, es la institución de seguridad social nacional que a ellos mismos —incluidos los trabajadores de confianza y directivos de primer nivel— protege de las contingencias sociales a que pudiesen estar expuestos, preestablecidas en la Ley del Seguro Social, a saber: riesgos de trabajo, enfermedades generales, maternidad, invalidez, vida, guarderías, prestaciones sociales institucionales, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Si bien servidores públicos al ser el IMSS un organismo público descentralizado del gobierno federal, ellos no se rigen por las leyes burocráticas, pues para empezar sería incongruente que laborando para el IMSS estuvieren asegurados en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en virtud de lo cual, en cuanto a sus relaciones laborales, el legislador federal determinó que se regirían por la Ley Federal del Trabajo, y por lo tanto encuadran plenamente en la hipótesis de aseguramiento de la fracción I del artículo 12 de la Ley del Seguro Social que les resulta aplicable a ambos: patrón IMSS y sus empleados.

ESCENARIOS:

— Suponiendo que acaeciera un riesgo de trabajo y se determine una incapacidad temporal:

Durante el lapso que el asegurado se encuentre inhabilitado para laborar, el IMSS no le cubre salarios porque la relación de trabajo está suspendida y, por lo tanto, no existe obligación del patrón de pagar a quien no está trabajando; lo que el IMSS cubre, ya no como empleador sino en su carácter dual de institución aseguradora nacional, además de las prestaciones de índole médico, son subsidios en la rama de riesgos de trabajo (equivalentes al 100% del salario base de cotización, desde el primer día y por todo el tiempo que dure incapacitado). Lo que más importa señalar es que los recursos económicos no salen de la nómina, sino de las reservas técnicas financieras acumuladas para sufragar los gastos de administración de dicha rama del seguro de riesgos de trabajo del régimen obligatorio.

— Suponiendo que del riesgo de trabajo derivase una incapacidad permanente total:

Igualmente el IMSS, no como empleador —se reitera y no está de sobra hacerlo—, sino actuando en su carácter de institución de seguridad social que “releva” al patrón de este tipo de responsabilidades que le impone nuestra Carta Fundamental, cubrirá prestaciones en especie de índole médico, pero además en dinero, esto es: la pensión de seguridad social correspondiente a tal siniestro profesional y equivalente al 70% del salario base de cotización del operario (o la pensión mínima garantizada, de ser el caso), es un evento que no debe afectar la plantilla de trabajadores, pues ese operario tendrá que se sustituido por otro que vendrá a ocupar su plaza en definitiva y, por ende, no podrá ya el siniestrado permanecer en nómina al concluir su relación laboral. Los recursos económicos en esta caso no saldrán de la nómina, sino de nuevo de las reservas técnicas financieras acumuladas para sufragar los gastos de administración de dicha rama del seguro de riesgos de trabajo.

—Suponiendo que el trabajador-IMSS (varón), llegue a los 28 años de servicio y tenga derecho a ser jubilado con base al Contrato Colectivo de Trabajo, y por ende deba recibir una pensión jubilatoria laboral:

Para comenzar, debe establecerse que existen en la ciencia jurídica términos o conceptos que se utilizan como sinónimos, sin serlo en realidad. En este sentido, cabe apuntar que en las diversas legislaciones existen varios tipos de pensiones, pero en este rubro descollan las laborales o jubilatorias, previstas casi siempre en contratos colectivos de trabajo que rigen las relaciones obrero-patronales; a esa prestación en metálico se le denomina “jubilación”.

Por lo tanto, conceptualmente se distingue a la jubilación como una prestación económica —que no de atención médica, se aclara, a diferencia de las de seguridad social que sí la incluyen—, de exclusiva índole laboral, que corre desde luego al cargo del empleador, quien debe destinar recursos financieros propios para costearla por todo el tiempo que sea necesario dado su carácter vitalicio; a la par, debe prever oportunamente el patrón que con el simple transcurrir del tiempo llegará el momento en que se cumpla la obligación suspensiva referida (años de servicio para acceder a la jubilación laboral), por lo que el patrón, con independencia de tener asegurado a su personal y protegido de las contingencias de paro e improductividad previstas por la Ley del Seguro Social, debe contar con una partida especial para enfrentar esta contingencia de índole laboral.

En esta hipótesis, el IMSS (empleador al fin de sus operarios) tiene implementado un esquema contractual que denomina “Régimen de Jubilaciones y Pensiones”. Trátase de un esquema pensionario que, como lo afirma el artículo 1° del mismo, “…es un estatuto que crea una protección más amplia y que complementa al plan de pensiones determinado por la Ley del Seguro Social…; se combinan así —tan sólo porque su situación especial dual de patrón y asegurador se lo permiten al IMSS, conste—, con creatividad e ingenio, la pensión laboral con la de seguridad social.

Dicho en otras palabras: se incluye y se abarcan dos tipos de pensiones distintas: a) la jubilatoria por años de servicio; y, b) la de seguridad social que incluye además el pago periódico desde luego la atención médica, que serán cubiertas atendiendo las circunstancias especiales de cada caso en particular. En tal Régimen de Jubilaciones y Pensiones, existen tablas que la gradúan y la topan obviamente, para no desfinanciar el esquema; las une, pero jamás se confunden la una y la otra.

Ello con independencia —vale la pena aclararlo en este ejemplo—, de que existe un Fondo de Retiro de carácter voluntario, que no obligatorio, para los trabajadores-IMSS, en el que se incluyen las aportaciones del empleado —sea de base o de confianza—, las del IMSS como patrón, y los intereses que tales cantidades generen al ser invertidos tales recursos financieros en instrumentos bursátiles, fondo acumulados para el retiro que se entregarán al trabajador al momento de que concluya, por cualquier causa, la relación de trabajo, y que es por lo tanto independiente de su pensión global mixta.”

Hasta aquí el ejemplo propuesto, que con meridiana claridad establece las diferencias entre la jubilación laboral y la pensión de seguridad social. Se aclara que se utilizó el ejemplo de un riesgo de trabajo, porque permite a su vez aludir a los subsidios —que no salarios—, que en tal evento cubre el IMSS como ente asegurador nacional.

IV.- Por lo tanto, no puede la Universidad de Guadalajara, por más autonomía que tenga, hallarse dentro de un régimen jurídico diferente al del resto de los mexicanos, ni tampoco puede tener un régimen legal de excepción en esta materia laboral, pues eso violaría el Estado de Derecho en que vivimos —y que los profesores de la ciencia jurídica se encargan de enseñar cotidianamente a los educandos—; en razón de ello, “crear” un SSS privado en aras de resolver una problemática laboral, es no sólo incongruente, sino por completo ilegal, además de que resulta inadecuado pretender, con los recursos públicos que presupuestariamente se destinan a la U. de G., pagar pensiones jubilatorias, pues se desviaría el destino predefinido de tales subsidios públicos que ya contemplan el pago al IMSS, visto el asunto desde el ámbito estrictamente administrativo.

Sobre el particular, existe Jurisprudencia definida del Poder Judicial Federal, consultable bajo la voz: “Universidad Nacional Autónoma de México. La autonomía de que goza no la excluye de la aplicación de las leyes que conforman el Estado de Derecho” (Novena Época, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, Tesis I.4°A.194 A, página 809), que como su rubro lo indica resulta aplicable a nuestra Casa de Estudios, y por ende, cualquier empleado universitario podría invocarla para obtener en su beneficio una resolución favorable en caso de reclamar ante los tribunales las prestaciones tanto laboral como de seguridad social.

V.- En esa tesitura, el problema a resolver nada tiene que ver con la seguridad social que ya vimos cubre otras contingencias pensionarias distintas; si no existe una partida o mejor aún, la llamada “reserva técnica financiera” para cubrir estas pensiones dinámicas, y más todavía si no cuenta la U. de G., ni siquiera con un programa interno creado ex profeso que haya sido instrumentado para atender tan sentida problemática que constituye —cuando menos por ahora— una obligación patronal inexcusable, no queda alternativa: habrá que crearla.

VI.- Por lo tanto, se concluye que de entrada se partió de un error de apreciación que resulta fundamental pues no se enfocó correctamente la problemática existente, dado que son por completo diferentes los orígenes y la naturaleza intrínseca de ambas pensiones —la laboral y la de seguridad social—, mismas que están reguladas incluso por legislaciones distintas, pues en tanto una se otorga propiamente por años de servicio a cargo del presupuesto universitario (del orden laboral), las otras pensiones se otorgan por el ente asegurador IMSS a quien se paga para ello, y que protege contingencias sociales por completo diferentes a los derechos generados por los años trabajados al servicio de la Universidad de Guadalajara.

VII.Luego, la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara —vista y entendida ésta como un organismo público descentralizado del Gobierno de Jalisco, en una ficción jurídica, dado que sus empleados son servidores públicos al laborar para la administración descentralizada estatal—, por disposición expresa de su artículo 12, rige sus relaciones laborales primordialmente por el Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución General de la República, la Ley Federal del Trabajo, su propia Ley Orgánica y sus Estatutos, en ese orden de jerarquía y prioridad.

En consecuencia, todos los principios del derecho laboral permean en las relaciones de trabajo de nuestra Casa de Estudios, las que se hallan además regidas por los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes, tanto los del rubro académico como de los administrativos. Se incluye en esto el principio jurídico in dubio pro operario (en caso de duda, se estará a la interpretación legal que más favorezca al trabajador). Aún más, en el artículo 18, fracciones III y IV, de la citada Ley Orgánica de la U. de G., se reconoce el derecho de los trabajadores a dos pensiones vitalicias otorgadas por el Consejo General Universitario: la primera, por incapacidad para el servicio (SIC); y la segunda contempla dos hipótesis: por vejez —65 años— o (una “o” disyuntiva, que no copulativa) la de jubilación por tiempo laborado —treinta años de servicio, al menos—.

VIII.- La Universidad de Guadalajara, como empleadora, cuenta en su reglamentación interna y vigente con un ámbito específico de protección en el rubro que atañe a la seguridad social —distinta y complementaria de lo propiamente laboral—, contemplado ya en otros ordenamientos reguladores de las relaciones de trabajo independientes de los Contratos Colectivos signados y vigentes. Ejemplos de lo anterior, dos:

a) La cláusula 91, fracción VI, del Contrato Colectivo de Trabajo 2000-2002 celebrado entre la U. de G. y el SUTUdeG, establece que los trabajadores administrativos al servicio de la Universidad tendrán, entre otros, el derecho de “…recibir las prestaciones que les otorga el IMSS y las disposiciones legales aplicable, independientemente de lo que a su favor estipule este Contrato”.

b) En base a lo estatuido por la fracción I del artículo 55 del “Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara”, los requisitos que se exigen para conceder licencia a los miembros del personal académico son:

“Artículo 55.- ……………………………………………………………………………..

I.- Por accidente o enfermedad, debiendo presentarse al efecto la incapacidad médica respectiva, expedida por la institución de seguridad social reconocida (SIC) por la Universidad de Guadalajara.

“…………………………………………………………………………………………..”

Queda claro entonces que atendiendo a la disposición pretranscrita, la institución “reconocida” por la U. de G., en dicho Estatuto, resulta ser obviamente el IMSS, en la inteligencia que tal normatividad universitaria se halla vigente desde el 14 de Febrero de 1992 y fue aprobada por el propio Consejo General Universitario.

IX.- Por más que exista un acuerdo patrón-sindicato en los respectivos Contratos Colectivos de Trabajo, no es posible por decisión de las partes concelebrantes modificar el status jurídico del personal administrativo o académico de la U. de G., que impida a los empleados universitarios disfruten y accedan —llenados los requisitos legales exigidos—, a su pensión dinámica jubilatoria de orden laboral, y eventualmente a una pensión de seguridad social.

Pese a la existencia de cualquier Convenio sobre el particular, nada impedirá que el personal académico y/o administrativo inconforme con el pretendido SSS pudieren ejercer los derechos individuales que, en la especie, les concede el artículo 18 de la Ley del Seguro Social. Tal precepto concede “denuncia pública” al operario para exigir su aseguramiento ante el propio IMSS (incluso al través de otros medios legales, como por ejemplo el juicio ordinario laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje), al encontrarse dentro de la hipótesis de afiliación al régimen obligatorio previsto por el artículo 12, fracción I, de la legislación en cita, cuyo texto —casi idéntico desde 1973—, engloba a todo tipo de trabajadores del Apartado “A” del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo.

X.- Hasta donde se ha podido indagar, sabemos que no existe un “Convenio” escrito sobre la incorporación formal de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara al régimen obligatorio del Seguro Social, signado con el IMSS; no eran en 1973, sujetos de afiliación obligada, sino sujetos de posible incorporación voluntaria al régimen obligatorio —que es diferente del régimen voluntario y jamás debe confundirse—. Pero la afiliación se hizo de toda buena fe, pensando en que algún día la pensión del IMSS pudiese resolver el problema de la jubilación de los académicos y administrativos; por desgracia no ocurrió así, porque seguramente también en aquella época se hizo un análisis defectuoso o superficial de la compleja problemática a resolver. Como trabajadores de una Dependencia del Ejecutivo Estatal, los empleados universitarios debieron de ser afiliados ante la Dirección de Pensiones del Estado, pero ello no se hizo, y se continuó con el esquema protector del IMSS, lo que no se alteró cuando cambió el marco legal y la U. de G. se volvió organismo publico descentralizado del Gobierno de Jalisco.

No obstante ello, una regla básica del Derecho del Trabajo es que las conquistas de los trabajadores, entendida como “todo aquello que les beneficie”, son prácticamente irrevocables y no puede darse marcha atrás. En este sentido, que quede perfectamente claro: ya no está a discusión ahora, en estos momentos, si eran o no sujetos de afiliación al régimen obligatorio los trabajadores administrativos y académicos de la U. de G., (como se ha intentado dilucidar por otros interesados en el tema), porque el hecho es que ya están en su gran mayoría incorporados al citado régimen obligatorio del Seguro Social y hubo consentimiento expreso de la Universidad empleadora; de hecho y por derecho, deberían de estar inscritos todos los trabajadores subordinados, sin distingo, ocupen o no dicho servicio público solidario. Lo anterior es así —se insiste—, porque son irrenunciables sus derechos que como operarios han generado durante la existencia de su relación laboral, atento a lo dispuesto por el artículo 123, Apartado “A”, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política Mexicana, reiterado el principio jurídico de la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos por los operarios y la consiguiente nulidad de todo lo que le contravenga, en los artículos 33 y 394 de la Ley Federal del Trabajo, partiendo del hecho irrefutable de que ya habían sido afiliados desde antes al citado Instituto asegurador nacional.

XI.- Por otro lado, la seguridad social parece que no ha sido entendida en toda su dimensión, y se soslaya que la educación, los servicios educativos y culturales que brinda la U. de G., forman parte de la seguridad social. Además se olvida que el servicio público de seguridad social que brinda el Estado Mexicano a su población, al través de los entes creados al efecto por el Congreso de la Unión, (llamados Seguros Sociales), es precisamente eso: un servicio público, distinto a otros, que la teoría del Derecho Administrativo determina que no puede ser brindado por decisión propias de los entes particulares, sino por los organismos públicos descentralizados competentes de manera directa, o indirecta al través del uso de las figuras jurídicas de la concesión o la subrogación de servicios hecha por el propio Estado —en el caso que nos ocupa por el propio IMSS—, cuando la ley así lo permita.

En el caso a estudio, hay dos motivos que determinar que el policitado SSS no sea un esquema válido desde el punto de vista jurídico —ni aún cuando el IMSS lo apruebe en un Acuerdo de su Consejo Técnico—: a) porque no se han cumplido todos los requisitos legales para que exista en la especie una concesión o subrogación de servicios para que la U. de G. lo brinde; y, b) porque la U. de G. carece de facultades competenciales para brindarlo, acorde a su artículo 5° de su Ley Orgánica. Además de que ello supone que quien va a brindarlos tenga las posibilidades jurídicas y materiales para hacerlo, que no es el caso de la U. de G., cuyos fines educativos y culturales, previstos en su marco legal específico, no le permiten hacerlo desde la óptica del Derecho Administrativo, pues rebasaría lo que la ley —el texto legal que rige su actividad cotidiana—, le permite hacer. Por lo tanto no se encuentra en la hipótesis que previene el artículo 353-U de la Ley Federal del Trabajo, amén que asumiría compromisos que no le corresponden.

XII.- Ahora bien, los problemas legales que generaría la reactivación del SSS, el que se insiste que muy a pesar de su denominación no es más que un simple esquema de previsión social suscrito por empleador y sus sindicatos de trabajadores, causaría más cargas y problemas que beneficios, a grado tal que el objeto de dicho SSS es imposible desde el punto de vista del Derecho.

En efecto, aún contándose con la eventual “anuencia” de los sindicatos Académico y/o Administrativo (quienes no pueden disponer de los derechos, mucho menos de los recursos de sus miembros acumulados en el llamado “SAR-U. de G.”, mediante simples acuerdos cupulares), e incluso contándose además con la “conformidad” del IMSS para permitir la salida del régimen obligatorio de los empleados universitarios, nada podría evitar que éstos ejercieran individualmente sus derechos a accesar al régimen obligatorio porque el IMSS carece de facultades legales para “negociar” —o mejor dicho aún, para “re-negociar”— la incorporación al régimen obligatorio de seguridad social de cualquier persona o grupo de personas (trátase o no de trabajos especiales, como el universitario), cuanto más si desde hace más de 25 años los ha venido protegiendo en tal esquema y se han generado derechos por los trabajadores, los que no se pierden por un simple acto volitivo, así provenga del Consejo Técnico del IMSS, del H. Consejo General Universitario, o de las Directivas e incluso de las Asambleas de los gremios sindicales. De reclamársele al IMSS éste tendría que subrogarse en la obligaciones del empleador (U. de G.), pero los costes del servicio no saldrían del patrimonio de dicho ente asegurador, por lo que con Convenio o sin él —algo que al parecer no les dijeron a nuestras Autoridades Universitarias cuando “acordaron” poner en marcha el SSS—, quien debe finalmente de soportar el pago de esas prestaciones, es y será siempre nuestra Casa de Estudios, por lo que se le fincarían los respectivos capitales constitutivos previstos en la Ley del Seguro Social. Eso es un hecho inevitable.

Recuérdese que las autoridades —y el IMSS lo es, en su carácter de organismo fiscal autónomo—, sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza expresamente, y el legislador no autoriza al IMSS, ni a la U. de G., ni a sus gremios, a “negociar”, ni la entrada ni tampoco la salida de sujetos o grupos de aseguramiento en el régimen obligatorio. En un Estado de Derecho como el nuestro, si la ley no se cumple, si se inobserva ya sea por error, dolo, mala fe, o ignorancia —hecho gravísimo en una Universidad que se supone es un templo del saber científico—, se puede incurrir en desviaciones graves del orden administrativo dado que nuestra Universidad se sostiene de recursos públicos, por lo que resulta imperativo cumplir a cabalidad con las normas legales existentes en todo momento.

Negóciese con el IMSS, si se puede, la cuantía del salario base de cotización como para llegar a un punto de equilibrio, pues con salario mínimo regional el ente asegurador se desfinancia. Eso acaso sea posible negociarlo, lo otro no.

XIII.- Con el pretendido SSS, de facto y por un simple e ilegal acuerdo interno cupular, de naturaleza laboral propiamente, se les hace nugatorio a los empleados y funcionarios universitarios un derecho generado e irrenunciable para disfrutar de dos pensiones distintas aunque complementarias entre sí, a saber:

A.- Una pensión jubilatoria por años de servicio —de naturaleza laboral—, pactada entre la U. de G. y sus gremios, y por lo tanto de tipo contractual y dinámica, establecida como un derecho en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, por tres motivos definidos:

a) por incapacidad para el servicio —determinado por el IMSS—;

b) contar el personal académico con 65 años de edad; y,

c) tener un mínimo de 30 años de servicio efectivo para la U. de G.

B.- Una pensión legal, cuyo monto se encuentra prevista en una ley de orden público e interés social como lo es la Ley del Seguro Social, que se genera por el tiempo de cotizaciones del propio operario y condicionada a “periodos de espera” (medidos en semanas de cotización), cuyo derecho a peticionarla por cierto es inextinguible de conformidad al artículo 301 de dicho Cuerpo de Leyes preinvocado.

En esta última hipótesis, el no tener inscritos correctamente con las percepciones reales que devengan los trabajadores universitarios), provoca que el IMSS tenga la posibilidad —remota si se quiere, dadas las circunstancias—, de repetir en contra de la empleadora mediante el fincamiento de un “capital constitutivo” al cargo del patrimonio de la U. de G., crédito de índole fiscal que resarciría al Instituto asegurador de todos los gastos erogados en beneficio de los trabajadores que le exijan prestaciones legales, de conformidad a los artículos 49, 54, 77, 79, 88, 149, 185 y 186 de la Ley del Seguro Social —hecho éste no contemplado en los estudios actuariales que hubieron de realizarse para planear el pretendido SSS—. Así, el remedio saldría peor que la enfermedad, pues el exiguo presupuesto universitario no alcanzaría para cubrir tan elevados costos, amén de la responsabilidad en que incurrirían los funcionarios del IMSS que permitieran una situación irregular como ésta —sancionable en los términos del artículo 303 de la Ley del Seguro Social—, por no hablar de la que tocaría a los funcionarios universitarios involucrados.

XIV.- Cabe resaltar que la pensión de seguridad social lleva imbíbita las prestaciones en especie de índole médico, como son: atención facultativa, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria —no sólo para el pensionado, sino extendido el beneficio a su núcleo familiar directo dependiente económico—, lo que de suyo vuelve más interesante su otorgamiento, con independencia del exiguo monto económico de tal pensión —que con base a las reformas recién aprobadas por el H. Congreso de la Unión el 30 de noviembre de 2000 a la pensión garantizada por el Estado, la misma no puede ser inferior a 1.3 salarios mínimos generales del Distrito Federal—, cuestión que motiva que los trabajadores universitarios exijan además la pensión jubilatoria laboral.

Así las cosas, el IMSS estaría siempre obligado legalmente a respetar los derechos de los trabajadores universitarios y otorgaría, de cualquier forma, la pensión de cesantía, vejez, invalidez, riesgo de trabajo, muerte (viudez, orfandad, ascendientes), etc.[EOF]

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