“III CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL”
“PRESENTE Y FUTURO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EL PAPEL DEL ESTADO Y LA EXPERIENCIA EUROPEA Y AMERICANA.”

MESA DE RIESGOS PROFESIONALES:
“EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES DE CARA AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO: LA EXPERIENCIA MEXICANA”

Sumario.- 1. Aspectos históricos generales. 2. Aspectos históricos en México sobre riesgos de trabajo. 3.La responsabilidad del empleador en materia de riesgos profesionales. 4. El tratado de libre comercio de América del Norte y la experiencia mexicana acerca de los riesgos profesionales.

1. Aspectos históricos generales. Se sabe que la atención a los accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales constituyeron el inicio de la seguridad social. Porque cuando en 1889, el Canciller Otto Von Bismarck culminó la creación de la primera codificación de seguridad social del planeta, tenía en mente más bien proteger a los obreros de los siniestros laborales que les aquejaban, sin dejar de pensar en la familia de ellos que era la primordial razón de preocupación de todo operario.
Es factible suponer entonces que el propio Bismarck, al defender su proyecto de protección social integral para los operarios alemanes ante el Parlamento, concibió al seguro social más bien como un manto protector para la clase obrera; acaso es que nunca llegó a suponer que con el decurso de los años, por la grandeza de sus objetivos, se extendería no sólo a todos los rincones del planeta, sino también a otros grupos sociales productivos e improductivos, hasta llegar a adquirir el rango de derecho humano y social atento a lo que estatuyen los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Desde luego que la legislación de origen en esta materia abordó los “riesgos profesionales” como problemas sociales derivados de la cada día más intensa relación obrero-patronal. Por lo tanto, en prácticamente todos los esquemas de protección social del planeta, los riegos profesionales —también llamados riesgos de trabajo—, ocupan un lugar preponderante; la razón ética que subyace detrás de ello resulta más que evidente.
Ahora bien, debido a los impresionantes avances de la seguridad social alcanzados durante la segunda mitad del siglo XX, la cobertura de los riesgos sociales ha sido ampliada de manera sensible.
Porque la protección que brinda ahora la seguridad social sobre cuestiones tales como las enfermedades o accidentes no profesionales —entendidos aquí como padecimientos ordinarios del trabajador—, así como la salud de los dependientes económicos de los obreros, la protección de la maternidad de las mujeres que laboran —o en su caso de la cónyuge o concubina—, al igual que el asunto de las pensiones derivadas de diversas contingencias sociales —entre éstas incluidas obviamente las de riesgos profesionales—, vendrían a incorporarse, al paso del tiempo, a un esquema concebido como integral para el ser humano; sin olvidar tampoco el avance en el rubro de las prestaciones sociales, con el servicio de guarderías y de la vivienda a ellas incorporadas.
Se incluye pues, a partir de la década de los años cuarenta del siglo pasado, a la propia familia del trabajador en los beneficios a él otorgados por la seguridad social. A ella se incorporarían más tarde los trabajadores independientes y los no subordinados; luego lo harían los trabajadores del campo y, en la actualidad, en muchos de los esquemas del planeta se protege a grupos de personas cuyas necesidades son igual de ingentes para la subsistencia que las de los trabajadores ordinarios o del servicio burocrático. Son múltiples y diversos los motivos que han obligado a esta extensión de beneficios; de ahí lo trascendente del alcance logrado en la seguridad social contemporánea.
Por otra parte, como lo ha señalado reiteradamente la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), la política social ha transformado radicalmente la vida del hombre común en tal forma que se teme ahora más la pérdida de los servicios prestados por las instituciones de seguridad, que la pérdida de ingresos, pues con salud y ayudas económicas existen posibilidades reales de conseguir empleo decente, acorde siempre a las capacidades y habilidades del operario. De tal manera que de sobrevenir la muerte o cualquier otra desgracia laboral, será posible el sostén de la familia y no se caerá en la indigencia total.

2. Aspectos históricos en México sobre riesgos de trabajo.

México fue pionero en materia de los Derechos Sociales. Como ya se sabe, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917 y que multi-reformada aún nos rige, es considerada como la primera Constitución social del mundo —incluso antes que la soviética.

En ella se plasmaron por vez primera los Derechos Sociales, en 3 preceptos que de suyo se han vuelto míticos y no desconocen en ningún país de Iberoamérica: en su artículo 3° se plasmó el derecho a la educación laica y gratuita; en el artículo 27 se sentaron las bases del Derecho Agrario y el justo reparto de tierras, acabando de paso con los latifundios; en tanto que en el mítico artículo 123, rompiendo con los paradigmas entonces existentes, se optó por el Constituyente mexicano por insertar, en el propio texto Constitucional, una especie de gran contrato-marco laboral, que sentaría las bases del Derecho del Trabajo y luego el de la Seguridad Social nacionales que fueran “productos de exportación” a los países del área, junto con el Juicio de Amparo.

Por ello, la mayor parte de la población asegurada en el régimen obligatorio del seguro social básico que cubre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la constituyen las personas que se encuentran vinculadas a otras de manera permanente o eventual por una relación de trabajo subordinada —en la actualidad alrededor de 12 millones de trabajadores y unos 40 millones adicionales de sus familiares, que tienen por ley el carácter de derechohabientes—; relación laboral que origina su inscripción obligada al IMSS, sin que la voluntad de las partes pueda en modo alguno condicionar su incorporación a dicho esquema de protección social. Con independencia, claro está, del régimen voluntario al cual es factible acceder por cualquier persona interesada en estar protegida por el Estado.

Así las cosas, tanto los patrones como los trabajadores resultan beneficiados por el esquema de protección obligatorio que brinda el IMSS, puesto que, en tanto que los primeros son relevados de sus obligaciones naturales en esta materia y por ende ellos mismos quedan asegurados contra los impactos económicos que supondría un siniestro laboral de alguno de sus operarios, éstos —estén inscritos o no— recibirán las prestaciones en dinero y en especie de índole médico, que les ayudarán a sortear este lamentable evento contingencial.

Es así como en esta rama del seguro de riesgos de trabajo, ambas partes obtienen respuesta concreta a las obligaciones y derechos previstos en el artículo 123, Apartado “A”, fracción XIV, de la Constitución Federal, y en las leyes reglamentarias que de ella emanan, como son, en concreto, la Ley Federal del Trabajo (LFT), y la Ley del Seguro Social (LSS).

Ambas legislaciones precitadas, al provenir de un tronco común, contienen normas complementarias entre sí en cuanto a su ámbito de protección, y permanecen hermanadas en modo tal que no obstante ya se han separado doctrinal y teleológicamente de manera definitiva, no pueden contemplarse una ajena de la otra; y menos si se consideran 2 factores fundamentales, a saber: el primero, que todo lo que atañe a riesgos profesionales se reclama directamente al ente asegurador nacional (IMSS) y no al empleador; y el segundo, que hoy en día el peso de la previsión social que acompaña a las relaciones laborales subordinadas, recae casi exclusivamente en los esquemas integrales de seguridad social.

Así las cosas, podemos advertir que el artículo 123 Constitucional mexicano, no exige que exista una relación causal inmediata y directa entre el trabajo desempeñado y el accidente o enfermedad laborales; ni tampoco debemos confundirnos, pues no se aplican una u otra a elección de interesado, ni tampoco se aplican ambas conjuntamente. Es la LSS la que en todo caso de riesgo profesional se aplica siempre, y al operario o a sus familiares se le cubrirán las prestaciones en especie (médicas) o en metálico (indemnizaciones, pensiones, ayudas económicas), etc., que dicha legislación —de observancia en toda la república—, establezca considerando siempre las consecuencias del siniestro profesional.

De tal modo que se han rebasado las diversas teorías que en esta materia han surgido a lo largo de los siglos. Así, la teoría de la culpa, la teoría de la responsabilidad contractual, la teoría del caso fortuito, la teoría del riesgo creado, la teoría del riesgo profesional, y la teoría del riesgo de autoridad, han quedado atrás, y qué bueno. Porque hoy en día la teoría del riesgo social —que constituye sin lugar a dudas el fundamento de los actuales sistemas de los seguros sociales en prácticamente todo el planeta—, misma que parte del supuesto de que los riesgos de trabajo derivan de un mundo laboral que debe ser concebido integralmente, en modo tal que los accidentes o enfermedades profesionales no pueden imputarse, ni a una empresa ni a un patrón determinado, sino a toda una sociedad organizada.

Solidariamente distribuye la responsabilidad a toda la colectividad, evitando el peligro de la insolvencia patronal y, por ende, habrá una mayor capacidad de respuesta en favor del operario y sus beneficiarios, con la evidente justicia social que ello trae consigo aparejado.

Porque la teoría del riesgo social se fundamenta en una razones humanas de preponderante índole económico, puesto que distribuye la responsabilidad mediante el principio rector de la solidaridad, entendido entonces como el eje rector de todo esquema de seguridad social integral para hacer frente a tales eventualidades con los recursos de la sociedad.

3. La responsabilidad del empleador en materia de riesgos profesionales.

Como ya sabemos, el concepto jurídico riesgos profesionales tuvo su origen en Francia, a mediados del siglo XIX, limitándose en su concepción inicial al riesgo específicamente “grave” causado por determinadas actividades mecanizadas e industriales, las que producían, en plena era del maquinismo, un daño característico distinto al ocurrido en otras tareas laborales.

Desde entonces se asume que toda ocupación conlleva en sí misma un riesgo, pues si bien algunas labores son más peligrosas que otras, ello tan sólo significaría que en estas últimas la reparación del daño será más frecuente, sin que esto haga suponer la inexistencia de riesgos en las demás ocupaciones de índole laboral.

En razón en la manera en que acontecen, los riesgos de trabajo suelen distinguirse en accidentes o bien en enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo; sin dejar de contemplarse los siniestros que acontecen en el trayecto del operario, de su domicilio al centro de labores y viceversa.

La diferencia entre ambas es obvia, pues por accidente de trabajo, entendemos toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente, en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. Y también se considerará accidente de trabajo, insistimos, el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente, de su domicilio al lugar del trabajo o de éste a aquél.

Acerca de los accidentes de trabajo hay mucho qué decir todavía, por lo que vale afirmar, grosso modo, que sobre este tema no todo está dicho, por más que parezca que todos los puntos han sido ya explorados. Y si en la práctica, entratándose de accidentes profesionales, en cuanto atañe a su calificación formal suelen surgir problemas múltiples, en el caso de las enfermedades profesionales el panorama suele ser aún más complicado.

Efectivamente, si bien por enfermedad profesional entendemos todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o bien en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios, sucede que nuestras legislaciones laborales a menudo utilizan, de manera casuística y hasta prejuiciosa, un elenco de descripciones relativas a estas afectaciones a la salud del operario, originadas por el medio ambiente en que se desempeña. Pero como la realidad es más sabia que el Derecho, resulta obvio que la diferencia entre ambos riesgos profesionales en comentario, el accidente y la enfermedad de trabajo, la encontramos en 2 aspectos fundamentales:

a) en la forma en que ambos se presentan, pues en tanto que en el accidente el evento es repentino, en la enfermedad se requiere que la causa desencadenante se deba a una acción continuada; y,
b) en el tratamiento jurídicamente diferenciado que bien la seguridad social o la propia ley laboral suelen darles a cada uno de dichos eventos trágicos, tanto para cobertura de servicios médicos para el siniestrado, como en las prestaciones en metálico a que tuviere derecho el obrero y/o, en su caso, sus familiares dependientes económicos.

Ello sin omitir señalar que las consecuencias de los mismos oscilan, desde la simple incapacidad temporal para trabajar, o la imposibilidad laboral permanente parcial y la total —que en algunos países se llama “invalidez”, aunque distinguiendo que en México la invalidez tiene como condicionante el provenir siempre de un riesgo no profesional—, e incluso la muerte del operario llamada coloquialmente muerte profesional.

De tal manera que en mi patria, dependiendo de la gravedad del siniestro y la disminución o pérdida de facultades del operario para laborar, se cubrirían subsidios, indemnizaciones o pensiones —según sea el caso—, por parte del ente público asegurador, y sin que el patrón tenga más obligación que la de cubrir sus aportes a la seguridad social que protege a ambos.

No se omite señalar un aspecto trascendente para nuestro análisis propuesto, pues en México la legislación laboral no contempla el resarcimiento civil del daño o perjuicio causado al obrero por el siniestro profesional —incluido el daño moral—, limitándose pues las acciones legales al pago de prestaciones en metálico contempladas en la LSS —que no en la LFT, cuyo articulado del Título IX, “De los riesgos de trabajo”, se ha vuelto en realidad inaplicable en la práctica—. Un asunto que cobra vital relevancia para analizar los efectos del Tratado de Libre Comercio signado con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, a mediados del año 1992, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, su incansable promotor.

4. El tratado de libre comercio y la experiencia mexicana acerca de los riesgos profesionales.

A mediados de los años 80’s del siglo XX, gran parte de los países de la región interamericana desarrollaron —dentro del proceso de globalización de la economía mundial—, políticas destinadas a recuperar equilibrios macroeconómicos básicos, lo que motivara la privatización de empresas públicas en aras de adelgazar el considerado “obeso” Estado, para reducir sus dimensiones y permitir que actividades hasta entonces desarrolladas por el sector público se brindaran privadamente —aunque con evidentes afanes de lucro—, disminuyendo de manera gradual las regulaciones de la economía e iniciándose un complejo y no siempre idóneo proceso de liberalización.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), inició a ser consensuado entre los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, el 12 de junio de 1991, concluyendo el proceso hasta el 12 de agosto de 1992. El TLCAN es un extenso documento que consta de un preámbulo, 8 partes, 22 capítulos y sus respectivos “Anexos”. Estos últimos establecen especificaciones sobre diversos temas.
Una serie de razones de carácter internacional y nacional condujeron a México a la negociación de dicho Tratado, tanto externas como internas, destacando entre estas últimas: el déficit crónico en su balanza comercial, la vinculación del proyecto de desarrollo a las exportaciones petroleras y la crisis producida por el descenso de los precios internacionales del petróleo; todo ello, en una economía “petrolizada” como la mexicana metida en serios problemas, condujo al país a un estado de recesión que obligó a la adopción de medidas extremas.
Pero la simple reducción de las barreras arancelarias a la circulación de bienes y servicios no es garantía de bienestar social.
Estos procesos complejos y de difícil pronóstico en cuanto a resultados benéficos para las grandes mayorías, no necesariamente van acompañados de efectos positivos inmediatos en el sector laboral; por el contrario, siempre cabe el riesgo de que la forma de asunción de los temas laborales y en especial de los relativos a condiciones de trabajo, a la salud y la seguridad laboral, sea una herramienta de “dumping” social, a través de políticas, expresas o tácitas, que procuren una mayor productividad a expensas de tolerar condiciones de trabajo que no alientan la dignidad y la salud en el trabajo. Para decirlo pronto: los aspectos laborales son siempre considerados en segundo término, desde luego siempre conforme a la actitud que adopten los interlocutores sociales en los países suscriptores de este tipo de acuerdos comerciales.
Si bien no debemos perder de vista que el proceso de integración en Latinoamérica es una antigua aspiración de los países de la región, y que los mayores avances en esta materia han sido alcanzados en los últimos años a base de diversos Tratados comerciales, es factible afirmar también, con un sentido crítico pero objetivo, que a más de una década de experiencias amargas el TLCAN no ha traído a México impactos positivos en materia de salud y seguridad en el trabajo; más bien sólo sirvió para ampliar en 100 millones de posibles consumidores los mercados de potencias económicas como los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, pues a pesar de los muy cuestionables beneficios que pudiera habernos traído, lo cierto es que México sólo ha servido para “maquilar” productos de nuestros singulares “socios comerciales”, mediante mano de obra barata y poco protegida por la seguridad social debido a los bajos salarios percibidos.
Es claro que el TLCAN es un conjunto de reglas comerciales acordado por específicamente para vender y comprar productos en la región, un acuerdo sui géneris en el que sentimos que en vez de negociación hubo imposición, y en vez de consentimiento hubo sometimiento por parte de México.
En ese orden de ideas, el TLCAN, si bien específica las etapas en que se eliminarán los permisos, las cuotas, las licencias y, particularmente, las tarifas y aranceles, lo que no hace es dar un trato jurídicamente diferenciado y protector para el país de economía más débil —que es México, obviamente—. A fuerza de ser sinceros, si bien los 3 países expresaron en dicho documento las aspiraciones de promover el empleo y el crecimiento económico, aumentar la competitividad de las empresas en congruencia con la protección del ambiente, así como impulsar el desarrollo sostenible dizque “para proteger y hacer efectivos los derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo”, lo cierto es que, ya en la práctica, esto último no se ha conseguido todavía y de plano dudamos pueda conseguirse a futuro.
Porque es verdad que el TLCAN establece reglas y principios para la coordinación de políticas macroeconómicas entre los 3 países, que propicia la libre circulación de bienes y servicios, y que establece garantías recíprocas a la inversión y expresa compromisos conjuntos en materia de normas laborales fundamentales. Pero de la teoría a la práctica puede haber un abismo. Habría qué analizar, a la luz de los hechos, si dicho Tratado comercial signado por los países del área norte de nuestro continente americano ha logrado los objetivos que se propuso alcanzar de inicio y que son:
a) Eliminar gradualmente las barreras arancelarias;
b) establecer reglas para la libre circulación de bienes, servicios y capitales en la región —pero excluyendo la libre circulación de personas, obviamente—;
c) coordinar políticas macroeconómicas entre los 3 países frente a otros bloques o naciones ajenas al pacto;
d) conservar la soberanía nacional pese a la creación de una “zona de libre comercio” —lo cual le ubica en un nivel intermedio respecto de otros procesos de integración;
e) mantener la observancia de la legislación propia de cada país y asegurar su administración transparente a través de las instituciones nacionales; y,
f) en lo que ahora más nos interesa resaltar: proteger la fuerza de trabajo nacional y al empleo permanente en el territorio propio y conservar los límites territoriales.
Este último objetivo es el que ha determinado que, a pesar de las aparentes buenas intenciones que subyacen detrás de tal acuerdo tri-nacional, lo cierto es que cada país aplica su propia normatividad laboral y de seguridad social internas. De lo que se colige que México está —y estará siempre, vistas las circunstancias—, en una situación muy desventajosa en el rubro de los riesgos profesionales, pues el trabajo duro y peligroso tiende siempre a recaer en operarios mexicanos.
No obstante, cabría añadir que con independencia de lo que el TLCAN diga a este respecto, lo cierto es que el artículo 133 de la Constitución Política Mexicana es muy claro al señalar un orden jerárquico para la observancia de las normas legales en nuestra patria, mismos que no puede ser alterado so-pena de incurrir en vicios de inconstitucionalidad:
1) La norma Constitucional siempre en primer término;
2) las leyes reglamentarias de observancia federal que de ella emanen en segundo lugar; y,
3) los Tratados que México suscriba al través del Presidente de la República, con aprobación del Senado, en última instancia. Éste es el caso del TLCAN, por lo que en todo caso se tendrían qué aplicar en ese orden, en materia laboral y de seguridad social, el artículo 123 Constitucional, y luego la LFT y LSS, respectivamente, siempre en contra de cualquier disposición pactada en dicho Acuerdo comercial.
Esta situación obliga, en razón de la natural soberanía propia de los países pactantes, a tener qué lidiar con toda la problemática en materia de riesgos profesionales de nuestro operarios de manera directa, sin que nuestros “socios comerciales” (sic) se preocupen en lo más mínimo de un tema que, en el fondo, ni les preocupa, ni mucho menos les interesa.
Después de todo ellos están allí, estratégicamente colocados, para vendernos sus productos, no para ayudar a pagar ni tampoco compartir el ingente coste social que su actividad comercial produce en dicha franja comercial ampliada, dado que siempre les compraremos más de los que les podemos vender, y siempre haremos los trabajos más peligrosos corriendo los consiguientes riegos laborales. Así de simple y a la vez así de injusto.
Por otra parte, de especial relevancia resulta el hecho de que se fijó un plazo de 15 años para que el TLCAN alcanzara su plena vigencia (esto es, a mediados de 2007), periodo al cual se llegará ineluctablemente luego de superar tres etapas anteriores en las que se han venido eliminando —siempre en proporciones diversas, conste—, los aranceles, permisos, cuotas, licencias y tarifas impuestas a la circulación de bienes y servicios.
Finalmente, debemos apuntar que la aplicación y administración del TLCAN está al cargo de la Comisión de Comercio, integrada por funcionarios a nivel gabinete designados por cada país; la misma es auxiliada por Comités y Grupos de Trabajo diversos, compuestos también por funcionarios de los 3 gobiernos. Por su parte, el Secretariado, compuesto por secciones nacionales a través de una oficina permanente de la respectiva sección, brinda apoyo técnico y administrativo a la aludida Comisión de Comercio.
De manera que la prevención y solución de controversias se realiza a través de los mecanismos de consultas; funciones de la Comisión de Comercio del TLCAN, basadas en el uso de buenos oficios, mediación, conciliación y otros y procedimientos, ante tribunales cuyo control casi siempre lo tiene Estados Unidos de Norteamérica, como podrá suponerse. Ellos dictan qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo; a nosotros sólo nos queda acatar sus resoluciones.
En resumen, Señores Congresistas:
De lo expuesto se arriba a la conclusión inequívoca de que signar acuerdos comerciales de tal naturaleza muy poco beneficia las depauperadas economías emergentes de nuestros países Latinoamericanos, pues sólo dan una apariencia de buena vecindad que lejos, pero muy lejos está de empatarse con nuestra ricas tradiciones en materia de los Derechos Sociales. La experiencia mexicana está allí, como magnífico botón de muestra para el resto de los países Iberoamericanos, y desde luego está claramente documentada.
Se comprueba a diario por nosotros los mexicanos, incapaces de competir con ellos, que el mercado feroz sin rostro humano impone ahora sus reglas, sometiéndonos todavía más en este mundo con economía globalizada y poniendo en duda nuestra eventual soberanía nacional.
El fuerte seguirá pues haciendo de las suyas con el débil, más allá de los glamorosos cuanto huecos discursos oficiales. Algo que naturalmente debiera movernos a la reflexión académica en eventos como éste, pues son acaso los últimos valladares que podremos oponer a la embestida de un neoliberalismo que desprecia al Derecho del Trabajo y sus esquemas protectores de los obreros, como una fuente de genuina paz social.
Por ahora, en ello depositamos íntegramente nuestras esperanzas.
Bogotá, Colombia, 31 de Octubre de 2005.

DR. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO
Presidente Internacional de la Asociación
Iberoamericana de Juristas del Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS

DEPARTAMENTO DE DERECHO SOCIAL

MEMORIA DE LAS RELATORÍAS DE LAS REUNIONES CELEBRADAS EN LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS DEL C.U.C.S.H., RESPECTO DEL “REGLAMENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA”

Las reuniones que se llevarán a cabo por instrucciones expresas de la Rectoría General, se efectúan en base a Convocatoria formulada por los CC. Lics. Guillermo Reyes Robles y Jaime Ernesto Acosta Espinoza, Director y Jefe del Departamento de Derecho Social de la División de Estudios Jurídicos, respectivamente. Se ha considerado pertinente, a fin de que no se pierda la esencia de las opiniones vertidas en ella, levantar esta Relatoría de los Acuerdos Colegiados tomados en las mismas sobre los temas tratados, tendientes ellos a resolver la problemática que sobre el financiamiento de la “pensiones dinámicas” de jubilación por años de servicio afronta en la actualidad nuestra Casa de Estudios.

Fungirá como relator de las reuniones el Mtro. Ángel Guillermo Ruiz Moreno, en su carácter de Presidente de la Academia de Derecho de la Seguridad Social de la División de Estudios Jurídicos, a quien se le ha comisionado efectúe la coordinación material de estos trabajos.

* RELATORÍA DEL ACUERDO DE LA ACADEMIA DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE EL ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

Atento a lo acordado de manera interna y colegiada por los profesores que integran la Academia del Derecho de la Seguridad Social, en la sesión celebrada a las 8:00 horas del 11 de Octubre de 2000, en las oficinas de la Dirección de la División de Estudios Jurídicos, y contándose con la asistencia de los CC. Director de la Facultad de Derecho y del Jefe del Departamento de Derecho Social de la misma, se reunieron los siguientes profesores: Lics. Luis Briseño Pimienta, Martha Barajas Méndez, Estanislao Solórzano Barón, Armando García Pérez, Yolanda Sánchez Torres, Susana García Soto y Ángel Guillermo Ruiz Moreno.

Tras una breve alocución del C. Director de la División de Estudios Jurídicos, abocándose a la problemática de las pensiones dinámicas universitarias, en discusión de los académicos especialistas en la disciplina del Derecho de la Seguridad Social, se llegó a las siguientes CONCLUSIONES:

Se reitera el criterio que en forma unánime se había adoptado por todos y cada uno de los profesores que integran esta Academia de Derecho de la Seguridad Social, el que fuera consensado además de los antes citados por los Lics. Octavio García Maldonado, Alejandro Galván Esparza, Lucelia Moreno Rubio y Francisco Ibarra Páez, profesores de esta disciplina tanto en el sistema presencial como en el semi-escolarizado: El denominado “Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara”.

Jurídicamente es ilegal por ser violatorio de normas taxativas de orden público e interés social vigentes en todo el país. Las razones son, entre otras, las siguientes:

a) Por principio de cuentas es menester dejar perfectamente claro que, en opinión conjunta de los profesores del Derecho de la Seguridad Social en la División de Estudios Jurídicos, el problema que afronta nuestra Casa de Estudios no estriba propiamente en el financiamiento de las pensiones que atañen a contingencias naturales protegidas por esquemas de seguridad social, sino que corresponde al rubro de la pensiones jubilatorias por años de servicio a la U. de G., y por ende es de índole laboral.

Para colmo, hasta donde se sabe, no existe una partida, ni tampoco una reserva técnica financiera, y más aún, no se cuenta ni siquiera con un programa interno creado ex profeso que haya sido instrumentado para atender tan sentida problemática que constituye —cuando menos por ahora— una obligación patronal inexcusable.

Por lo tanto, se concluye de entrada que se partió de un error de apreciación que resulta fundamental: no se enfocó correctamente la problemática existente, pues son diferentes los orígenes y la naturaleza intrínseca de ambas pensiones —la laboral y la de seguridad social—, mismas que están reguladas incluso por legislaciones distintas, pues en tanto una se otorga propiamente por años de servicio a cargo del presupuesto universitario (del orden laboral), las otras pensiones se otorgan por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y protege contingencias sociales por completo diferentes a los derechos generados por los años trabajados al servicio de la Universidad de Guadalajara, cubriendo pues eventos futuros y a veces inciertos, tales como: la vejez, cesantía, invalidez, muerte, riesgos de trabajo, etc., (de seguridad social).

b) Luego, la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara —vista y entendida ésta como un organismo público descentralizado del Gobierno de Jalisco, en una ficción jurídica, dado que sus empleados son servidores públicos al laborar para la administración descentralizada estatal—, por disposición expresa de su artículo 12, rige sus relaciones laborales primordialmente por el Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución General de la República, la Ley Federal del Trabajo, su propia Ley Orgánica y sus Estatutos, en ese orden de jerarquía y prioridad. En consecuencia lógico-jurídica, todos los principios del trabajo ordinario permean en las relaciones laborales universitarias, y se hallan además regidas por los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes, tanto del rubro académico como de los operarios administrativos.

c) En el artículo 18, fracciones III y IV, de la citada Ley Orgánica de la U. de G., se reconoce el derecho de los trabajadores a dos pensiones vitalicias otorgadas por el Consejo General Universitario: la primera, por incapacidad para el servicio (SIC); y la segunda, dual por cierto, dado que se contemplan dos hipótesis: por vejez —65 años— o (una “o” disyuntiva, que no copulativa) la de jubilación por tiempo laborado —treinta años de servicio—.

De hecho, un botón de muestra de que en la U. de G., como empleadora, existe toda una cultura sobre el ámbito de protección de la seguridad social —distinta y complementaria de lo laboral, obviamente—, y que ha permeado a otros ordenamientos reguladores de las relaciones de trabajo independientes de los contratos colectivos vigentes, es por ejemplo, en base a lo estatuido por la fracción I del artículo 55 del “Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara”, son los requisitos que se exigen para conceder licencia a los miembros del personal académico, precepto que por considerarlo de interés se transcribe literalmente:

“Artículo 55.- ……………………………………………………………………………..

I.- Por accidente o enfermedad, debiendo presentarse al efecto la incapacidad médica respectiva, expedida por la institución de seguridad social reconocida (SIC) por la Universidad de Guadalajara.

“……………………………………………………………………………………………..”

Queda claro, atendiendo a dicha disposición pretranscrita en lo conducente, que la institución “reconocida” por la U. de G. en dicho Estatuto, resulta ser obviamente el IMSS, en la inteligencia que tal normatividad universitaria se halla vigente desde el 14 de Febrero de 1992 y fue aprobada por el Consejo General Universitario.

d) Como ya se vio —y por más que tanto la empleadora U. de G., como sus gremios sindicales académico y administrativo así lo acordaran—, pese a la existencia de cualquier Convenio sobre el particular, nada impediría que el personal académico y/o administrativo inconforme con el pretendido Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara, pudieren ejercer los derechos individuales que en la especie les concede el artículo 18 de la Ley del Seguro Social en vigor.

Tal precepto concede “denuncia pública” al operario para exigir su aseguramiento ante el propio IMSS (incluso al través de otros medios legales, como por ejemplo el juicio ordinario laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de resultar adverso a sus intereses dicho medio de defensa legal), al encontrarse dentro de la hipótesis de afiliación al régimen obligatorio previsto por el artículo 12, fracción I, de la legislación en cita, cuyo texto —casi idéntico desde 1973—, engloba a todo tipo de trabajadores del Apartado “A” del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Incluso, los mismos trabajadores del IMSS, si bien servidores públicos federales pero regulados por la Ley Laboral por disposición expresa del artículo 256 de la Ley del Seguro Social, también son sujetos de afiliación al régimen obligatorio.

Sobre esto último, nótese que sobre el particular ya no está a discusión si son o no sujetos de afiliación al régimen obligatorio los trabajadores administrativos y académicos de la U. de G., porque ya están en su gran mayoría incorporados al citado régimen obligatorio y de hecho y por derecho deberían de estar todos sin distingo, ocupen o no dicho servicio público solidario. Lo anterior es así porque son irrenunciables sus derechos que como operarios han generado durante la existencia de una relación laboral, atento a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, máxime si ya habían sido afiliados al citado Instituto asegurador nacional.

De hecho, los más de 1,400 recursos administrativos de Inconformidad presentados ante el IMSS por los trabajadores de esta Casa de Estudios (atento a los informes recabados directamente en la Delegación Estatal en Jalisco), son tan sólo una muestra de que la mayoría de los trabajadores universitarios —por más que sus líderes sindicales se nieguen a aceptarlo—, no están dispuestos a renunciar a este servicio público obligatorio (que no es una simple prestación laboral, como se le ha pretendido ver y entender); a la par, se alertó al propio Instituto asegurador nacional sobre el “riesgo financiero” que corre en el eventual caso de autorizar y/o permitir la “salida” del régimen obligatorio a nuestra Casa de Estudios. El propio Instituto asegurador tendría que absorber el costo de tan radical medida, lo que al ser ya conocido por sus altas autoridades a nivel central, difícilmente volverían a permitirse correr un riesgo semejante, pues ya se dieron cuenta de que los servidores universitarios no demandarían directamente a la U. de G., sino al IMSS.

e) Los problemas legales que generaría la reactivación del Sistema de Seguridad Social U. de G. (que naturalmente no es de seguridad social, sino un simple esquema de previsión social suscrito por empleador-sindicatos, con independencia de cómo se le pretenda denominar), son de pronóstico reservado, pues volvería a cimbrar a la Universidad de Guadalajara.

Sobre este punto, insistimos que aún contándose con la anuencia de los Sindicatos Académico y/o Administrativo (quienes no pueden disponer de los derechos ni de los recursos de sus miembros acumulados en el llamado “SAR-U. de G.”, en acuerdos cupulares), e incluso contando además con la supuesta “anuencia” del IMSS para sacarnos del régimen obligatorio, no se podría evitar que los trabajadores ejercieran individualmente sus derechos sobre el particular por una razón simple cuanto inobjetable: porque el IMSS carece de facultades legales para “negociar” o mejor dicho aún, para “re-negociar” la desincorporación al régimen obligatorio de seguridad social de cualquier persona o grupo de personas (trátase o no de trabajos especiales, como el universitario), cuanto más si desde hace más de 25 años los ha venido protegiendo en tal esquema y se han generado derechos por los trabajadores, los que no se pierden por un simple acto volitivo, así provenga del Consejo Técnico del IMSS —entendido como el órgano de gobierno, representante legal y su administrador, conforme lo establece el artículo 263 de la Ley del Seguro Social—.

En este sentido, recordemos que las autoridades —y el IMSS lo es en su carácter de organismo fiscal autónomo—, sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza expresamente, y el legislador no autoriza al IMSS a negociar, ni la entrada ni tampoco la salida de grupos de aseguramiento en el régimen obligatorio. En un Estado de Derecho como el nuestro, si la ley no se cumple e inobserva por error, mala fe, o ignorancia —gravísimo en una Universidad que se supone es un templo del saber científico—, se pueden incurrir en desviaciones graves del orden administrativo dado que nuestra Universidad se sostiene de recursos públicos, por lo que resulta imperativo cumplir a cabalidad con las normas legales existentes.

f) Más todavía: los casos de interposición de recursos administrativos de Inconformidad instaurados por el personal universitario académico y administrativo —ya se ha visto y comprobado—, surgirán “en cascada” al enterarse los trabajadores que con el pretendido Sistema de Seguridad Social de la U. de G., de facto y por un acuerdo interno cupular de naturaleza laboral propiamente, se les hace nugatorio un derecho generado —de suyo irrenunciable— para disfrutar de dos pensiones distintas aunque complementarias entre sí, a saber:

— Una pensión jubilatoria por años de servicio, de estricta índole laboral, de tipo contractual y por ende de origen y cuantía extra-legal e incierta; y,

— Una pensión legal, cuyo monto se encuentra previsto en la Ley del Seguro Social, que se genera por el tiempo de cotizaciones del propio operario y condicionada a “periodos de espera” (medidos en semanas de cotización), cuyo derecho a peticionarla por cierto es inextinguible de conformidad al artículo 301 de dicho Cuerpo de Leyes preinvocado.

Esta última hipótesis, de no estar inscritos (o correctamente inscritos con sus percepciones reales los trabajadores universitarios), provocaría que el IMSS repitiera contra la empleadora mediante el probable fincamiento de un “capital constitutivo” al cargo del patrimonio de la U. de G., crédito de índole fiscal que resarciría al Instituto asegurador de todos los gastos erogados en beneficio de los trabajadores que le exijan prestaciones legales, de conformidad a los artículos 49, 54, 77, 79, 88, 149, 185 y 186 de la Ley del Seguro Social —hecho éste de seguro no contemplado en los estudios actuariales que hubieron de realizarse para planear el pretendido Sistema de Seguridad Social—.

g) Cabe señalar que la pensión de seguridad social lleva imbíbita las prestaciones en especie de índole médico, como son: atención facultativa, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria —no sólo para el pensionado, sino extendido el beneficio a su núcleo familiar directo dependiente económico—, lo que de suyo vuelve más interesante su otorgamiento, con independencia del exiguo monto económico de tal pensión —que no puede ser inferior a un salario mínimo general del Distrito Federal—, cuestión que motiva que los trabajadores universitarios exijan además la pensión jubilatoria laboral.

Así las cosas, el IMSS estaría siempre obligado legalmente a respetar los derechos de los trabajadores universitarios y otorgaría, de cualquier forma, la pensión de cesantía, vejez, invalidez, riesgo de trabajo, muerte (viudez, orfandad, ascendientes), etc., a que el operario tuviera derecho.

Por todo lo antes expuesto —y por un sinfín de razones más que ya son del dominio público, y que creemos no es necesario reiterar ahora—, se concluye en el sentido de que lejos de ser una solución, el pretendido Sistema de Seguridad Social U. de G., sin la intervención directa del Estado en su financiamiento y en su regulación, es un retroceso y traería consecuencias funestas a mediano y largo plazo, y se tornaría entonces en un grave problema económico y presupuestal para nuestra Casa de Estudios, en perjuicio directo de tan noble institución de la cual nos sentimos muy orgullosos de ser egresados y fungir como académicos.

Por último, se concluyó la reunión de referencia acordándose por unanimidad de los presentes, que se invitara a los Presidentes de las Academias de Derecho Constitucional, Laboral, Administrativo, Fiscal y Económico, para que coadyuvaran en los trabajos que sobre el particular desarrollan los profesores de la de Seguridad Social. Dicha propuesta fue aceptada tanto por el Director como por el Jefe de Departamento asistentes a la reunión de mérito, convocándose formalmente a la misma.

* SÍNTESIS DE LA MINUTA DEL PRIMER ACUERDO COLEGIADO TOMADO POR LOS PRESIDENTES DE LAS ACADEMIAS INVOLUCRADAS:

En la sesión convocada al efecto por los Sres. Lics. Guillermo Reyes Robles y Jaime Ernesto Acosta Espinoza, Director de la División de Estudios Jurídicos y Jefe del Departamento de Derecho Social de la misma, efectuada a las 8:00 horas del 16 de Octubre de 2000 en las instalaciones de dicha ex-Facultad de Derecho, asistieron todos los convocados: CC. Lics. Ramón Castillo Llamas, Carlos Ramiro Ruiz Moreno, Francisco Macías Rodríguez, Antonio Jiménez González, Cesar Eduardo Uribe Vera, y Ángel Guillermo Ruiz Moreno, en sus caracteres de Presidentes de las Academias de los Derechos Laboral, Constitucional, Administrativo, Fiscal, Económico, y de la Seguridad Social, respectivamente, todas ellas de la División de Estudios Jurídicos, por unanimidad y plenamente consensadas las opiniones de expertos en diversas áreas, se tomaron los siguientes ACUERDOS:

1.- El problema detectado en la Universidad de Guadalajara, no es de seguridad social, sino de índole laboral, ya que se limita a las pensiones dinámicas de jubilación por años de servicio. Resulta trascendente identificar dónde se encuentra la problemática de la U. de G., para intentar buscar acuerdos lógicos y congruentes tendientes a su solución.

2.- Es imperativo contar con una serie de elementos de juicio que resultan indispensables para hacer una diagnóstico realista de la situación por la que atraviesa la U. de G., en el rubro de las pensiones jubilatorias; la idea es prever a mediano y largo plazo un esquema jubilatorio universitario realista y acorde a las posibilidades de nuestra Casa de Estudios. Por lo tanto, se acordó por unanimidad pedir a las autoridades centrales de la U. de G., solicitar entre otros los siguientes elementos de juicio:

— La normatividad universitaria vigente y actualizada de nuestra Casa de Estudios, para su análisis integral.

— Estudios actuariales realizados para planificar el costo pensionario, así como también una corrida financiera de la U. de G.

— Toda la documentación que sirviera de base y apoyo para proyectar el Reglamento del Sistema de Seguridad Social, con el objeto de colegiadamente buscar los puntos positivos de tal esquema y adecuarlo al rubro laboral de las “pensiones dinámicas”.

— Todos aquellos datos y documentación que soporten el costo administrativo que representa en la actualidad los servicios personales por jubilación, así como información pertinente en cuanto al número total de pensionados y la cuantía promedio de las pensiones que ellos reciben en la actualidad.

— Cualquier otra información que pudiese servir para una efectiva toma de decisiones, en la inteligencia que la información obtenida se manejará con las debidas reservas que exige este tipo de informes.

3.- Con independencia de obtenerla, se fijaron posturas definidas sobre la problemática, entre ellas:

a) Que para llevar a cabo una reforma integral, sería conveniente gestionar reformas a la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, aunque acaso no pueda evitarse que la aplicación retroactiva de dicha legislación estatal termine vulnerando, por su aplicación retroactiva a los docentes y administrativos de la U. de G., la garantía consagrada por el artículo 14 de la Constitución Federal en lo que atañe a los derechos de los trabajadores.

b) Se puntualizó que la Universidad de Guadalajara no tiene facultades legales para brindar e implementar un esquema de seguridad social, entendido no como una simple prestación laboral, sino como lo que es: un servicio público. Además, se uniformó el criterio de que adolece de facultades legales expresas nuestra Casa de Estudios para “reglamentar” aspectos que atañen al servicio público de seguridad social, y también para expedir un “Reglamento del Sistema de Seguridad Social”, pues de la simple lectura de los artículos 5º y 6º de la Ley Orgánica de la U. de G., se advierte que el legislador estatal precisó puntualmente los fines y sobre todo las atribuciones de que goza nuestra Casa de Estudios, por lo que sólo tiene facultades para elaborar estatutos internos que regulen su legislación-marco, esencialmente en el ámbito educativo, congruente con la finalidad que le es propia a su personalidad y autonomía, pero que no goza de la atribución legal (ni expresa, ni tácita) para expedir una reglamentación de tal naturaleza, cuanto más que con dicho “reglamento” se alteraría radicalmente su estructura orgánica, su patrimonio y hasta el objetivo original para el que fue creado (educativo y cultural, no prestador del servicio se seguridad social, que entonces sería “privado” y no público).

c) Se estableció que no se aprecia tampoco que el H. Consejo General Universitario de la U. de G. goce de la facultad “reglamentaria” de un servicio público que no le corresponde brindar —y que al emitir el citado “reglamento” se atribuye implícitamente—, por más que sea el órgano interno superior universitario, atendiendo al texto del artículo 31 de la precitada Ley Orgánica. Por ende se concluye en el sentido de que habría un vicio de origen al rebasar dicho “reglamento interno” pretendido, el marco legal vigente, al ser expedido el mismo por órgano incompetente jurídicamente hablando, por más que haya “acuerdo” con los Sindicatos de trabajadores y académicos.

d) Si el asunto de la llamada “pensión dinámica” es exclusivamente laboral, debe resolverse al través de las instancias pertinentes de índole laboral, distinguiendo y delimitando bien el problema de la pensión contractual al diferenciarla de la otra, de carácter legal. Tampoco se vale confundir o amalgamar —por más buena fe que exista en el fondo de la cuestión—, un sistema laboral interno, como es el servicio público de seguridad social al que tienen legítimo e irrenunciable derecho a disfrutar los docentes y los trabajadores administrativos universitarios, una conquista laboral concedida a ellos en administraciones anteriores.

4.- Como colofón de la reunión aludida, se acordó entrevistarse con el Señor Rector General para plantearle de entrada estos acuerdos previos, comprometiéndose el Señor Director de la División de Estudios Jurídicos a conseguir la audiencia respectiva.

NOTA: La reunión con las autoridades centrales del Universidad de Guadalajara, se verificó el día 18 de Octubre de 2000, a las 13:00 horas, asistiendo la mayoría de los involucrados, estando presentes en la misma los CC. Rector General, Vice-Rector, Secretario General y la Abogada General. Conviene señalar que en dicha sesión de trabajo hicieron uso de la voz los Lics. Guillermo Reyes Robles, Carlos Ramiro Ruiz Moreno, Martha Barajas Méndez, Cesar Eduardo Uribe Vera, Octavio García Maldonado y Ángel Guillermo Ruiz Moreno, asistiendo también a la misma los Lics. Jaime Ernesto Acosta Espinoza, Estanislao Solórzano Barón y Yolanda Sánchez Torres, y con la ausencia justificada de los CC. Lics. Francisco Macías Rodríguez y Susana García Soto, por (quienes autorizaron al Lic. Ángel Guillermo Ruiz Moreno para que les representase en tal reunión).

No sobra añadir que el compromiso asumido por las autoridades centrales, quienes tomaron debida nota de que el problema no era de seguridad social sino de índole exclusivamente laboral, fue proporcionar la documentación a la brevedad posible, que peticionaran los Lics. Carlos Ramiro Ruiz Moreno y Ángel Guillermo Ruiz Moreno, en sus caracteres de Presidentes de las Academias de Derecho Constitucional y Derecho de la Seguridad Social, respectivamente. El Sr. Rector General giró instrucciones al Secretario General para que la hiciera llegar a la mayor brevedad a la División de Estudios Jurídicos.

* SÍNTESIS DE LA MINUTA DEL SEGUNDO ACUERDO COLEGIADO TOMADO POR LOS PRESIDENTES DE LAS ACADEMIAS INVOLUCRADAS:

A las 8:00 horas del día 23 de Octubre de 2000, se reunieron de nuevo en el edificio de la División de Estudios Jurídicos, ante la presencia de los CC. Lics. Guillermo Reyes Robles, Jaime Ernesto Acosta Espinoza y Ramón Carrillo Ramírez, en sus caracteres de Director y Jefes de los Departamentos de Derecho Social y Privado, respectivamente (todos de la ex-Facultad de Derecho), los Lics. Ramón Castillo Llamas, Antonio Jiménez González, Cesar Eduardo Uribe Vera y Ángel Guillermo Ruiz Moreno, en su carácter de Presidentes de las Academias de Derecho Laboral, Fiscal, Económico y de la Seguridad Social, en ese orden, así como también asistieron los profesores del Derecho de la Seguridad Social: Lics. Luis Briseño Pimienta, Armando García Pérez, Yolanda Sánchez Torres y Estanislao Solórzano Barón.

En tal reunión, cada uno de los asistentes hizo uso de la palabra para razonar sus ideas sobre el problema pensionario jubilatorio de índole laboral, desde la óptica de la disciplina que manejan e imparten en la propia División de Estudios Jurídicos, opiniones expresadas libremente tendientes a la solución de la problemática observada en nuestra Casa de Estudios. Se coincidió en la gran mayoría de las cuestiones puestas en el tapete de la discusión, resaltando los siguientes ACUERDOS COLEGIADOS:

I.- Que pese a lo ordenado por el Sr. Rector General, hasta ahora no se había recibido la información y documentación necesaria por parte de las autoridades centrales; se comprometió a realizar la gestión nuevamente el C. Director de la División de Estudios Jurídicos ante la Secretaría General de la U. de G.

II.- No obstante, con independencia de que se contase o no con la documentación e información solicitada, se acordó por unanimidad que debía elaborarse alguna opinión consensada por parte de la División de Estudios Jurídicos a la Rectoría General, sin perjuicio de quien considerase tener ideas a aportar, tendientes a la solución de tan sentida problemática observada, lo hiciese por escrito en la siguiente sesión.

III.- Se estableció que debía instrumentarse un plan específico para evitar que las personas menores de 65 años de edad se jubilaran —con independencia del tiempo laborado—, volviéndole atractiva su permanencia en la Universidad para usufructuar su experiencia académica. De esta forma, se retrasaría de manera sensible el evento de la jubilación, manteniendo en activo al docente y aprovechando al máximo su experiencia, resultando más económico cubrir el “estímulo por la continuidad después de los 30 años de servicio” —ya pactado contractualmente—, que costear su pensión de jubilación.

IV.- Que siguiendo la tendencia Europea sobre aspectos jubilatorios, valdría la pena pensar de una buena vez en reformar la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara para retrasar la edad de pensión. En Francia, por ejemplo, la edad para jubilarse un operario cuya labor preponderante sea de índole intelectual es a los 75 años —teniendo una esperanza de vida cercana a los 10 años de supervivencia— dado los avances médicos y tecnológicos; para los trabajadores que efectúan labores administrativas, de índole físico, la edad jubilatoria es a los 70 años, con una similar esperanza de supervivencia. Lo anterior se sustenta en las variables demográficas y epidemiológicas que inciden en el crecimiento geométrico e imparable de los pensionados contra la misma base de aportantes, lo que ha provocado crisis irreversibles en los sistemas pensionarios —tanto jubilatorios, como de seguridad social— con modelo solidario de reparto o fondo común.

V.- Atendiendo la moda mundial en esquemas pensionarios, debe de cambiarse en materia de las relaciones laborales al llamado modelo previsional de capitalización individualizada, que han adoptado los sistemas de seguridad social de la gran mayoría de los países del orbe al carecer de futuro el modelo de reparto o fondo común con pensiones predefinidas en ley. La idea podría ser que a partir del 1° de enero del año 2001, cada trabajador tuviese una “cuenta individual para su jubilación”, de retiro laboral exclusivamente —que sería independiente de la de seguridad social que maneja el IMSS—, en la cual se depositarían recursos del patrón y del empleado, elevando ambos sus actuales aportaciones con la seguridad de que habría transparencia y seguridad en su manejo, al informárseles periódicamente de la cuantía de tales aportaciones.

VI.- Reunido un monto global mensual de todos los trabajadores administrativos y académicos, lo acumulado se invertiría ya en un fideicomiso especial o ya utilizando la infraestructura instalada de las propias AFORE’s y sus SIEFORE’s, con la ventaja adicional para la empleadora en el sentido de que son excluyentes como integrantes del salario base de cotización: “…las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva…” —hipótesis en la que se encontraría la U. de G.—, todo ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 27, fracción 8°, de la Ley del Seguro Social. Tales planes de pensiones deben reunir los requisitos establecidos por la CONSAR.

VII.- Que si bien el fideicomiso podía ser una buena opción de inversión de los fondos jubilatorios, no es la única, dado los rendimientos reales que por arriba de la inflación brindaban las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORE’s), máxime que ya se había autorizado por la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR), la creación de SIEFORE’s exclusivas para “aportaciones voluntarias” para tres AFORE’s líderes en el mercado pensionario, debido a que se ha incrementado sensiblemente el ahorro voluntario en más de un 200% entre los meses de enero-agosto del año en curso ante la quiebra de las Cajas Populares y los magros intereses que cubren las instituciones bancarias.

VIII.- Así como se pensó en la creación de un Comité Técnico para la administración del fallido “Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara”, mismo que estaba integrado por el C. Rector General como Presidente, cuatro representantes de la empleadora Universidad de Guadalajara, dos representantes del STAUDEG y dos representantes del SUTUDEG, y siguiendo en lo general las reglas del Capítulo Único del Título Sexto (artículos 86 al 94) del suspendido “Reglamento del Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara”, se sugiere la creación de un Comité Técnico bipartita más o menos similar, que tendría como objetivo esencial manejar los recursos captados e invertir las reservas técnicas financieras —que requieren de una administración profesional y responsable—, que bien podría denominarse: <>. De esa manera se aprovecharía el esfuerzo y la inversión económica erogada en tal proyecto suspendido.

IX.- Que sería indispensable “topar”, tanto hacia arriba como hacia abajo, el monto real de las pensiones jubilatorias por años de servicio que otorgue la U. de G., sobre todo porque al cubrirse un costo indirecto inherente al empleo (como resulta ser el de la seguridad social), los trabajadores universitarios jubilados independientemente reciben o podrían recibir en un futuro cercano, una pensión de jubilación y además los servicios médicos del IMSS para ellos y su núcleo familiar derechohabiente, máxime que basta con que un trabajador tuviese cotizadas 750 semanas en el régimen obligatorio del seguro social, para disfrutar ya, de forma vitalicia, de los servicios médicos de dicha institución asegurado nacional en forma conjunta con su núcleo familiar derechohabiente, no obstante no tener el carácter de pensionado, conforme lo establecen los artículos 153, 158 y 162, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social.

X.- El tope para el pago de pensiones sería: hacia abajo, cuando menos el equivalente a un salario mínimo general del Distrito Federal, actualizado conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (similar a la pensión garantizada en materia de seguridad social); hacia arriba, el tope máximo sería el sueldo tabular o nominal del trabajador universitario por su categoría reconocida ya como académico o ya como administrativo, pero sin incluir en ese monto los ingresos que se hayan devengado como funcionario, por representación sindical o encargo análogo, y sin incluirse tampoco las compensaciones que le hubiesen sido otorgadas por su encomienda. Es posible que la medida se considere drástica y pueda ser impopular en los mandos medios y superiores de la Universidad, pero de no hacerse así ningún sistema pensionario funcionaría, salvo que, en la misma medida de la percepción real se fondeara el sistema, es decir, a manera de ejemplo: que el trabajador destine el 5% de sus percepciones integrales para el fondo de ahorro de jubilación, y la empleadora destine otra suma similar acumulando invariablemente el sueldo, los diversos ingresos percibidos, e incluso compensaciones adicionales, de tal suerte que no existan subsidios de quienes menos perciben para con los que ganan más.

XI.- El rubro de la pensión de jubilación puede ser escalonada, en modo tal que se observe una regla común a todos los trabajadores universitarios. El escalonamiento se puede dar de distintas formas, con la idea de dar un trato jurídicamente diferenciado a que propende el Derecho Social, para tratar de nivelar las desigualdades existentes, partiendo del principio de que “la igualdad entre desiguales sólo produce injusticia”. Algunos ejemplos: se pueden escalonar las pensiones por años de servicio o bien por lustros enteros, sin contar el tipo de nombramiento del trabajador; se puede escalonar distinguiendo al académico de carrera del profesor de asignatura, o bien al de nuevo ingreso con el que ya tiene cuando menos tres años de servicio ininterrumpido para la U. de G.; también se puede configurar el escalonamiento atendiendo sólo a la edad del operario, independientemente del tiempo laborado; se puede asimismo “discriminar” entre los empleados de mayores ingresos, con relación a los que menos ganan; se puede a la par atender a las horas efectivas laboradas a la semana, que pueden ir de 1 a 48, que es el máximo permitido por la Ley Federal del Trabajo para la jornada normal de labores (sin contar tiempo extraordinario). La manera de hacerlo debe ser siempre consensada entre la Universidad como empleadora y sus gremios sindicales, por conducto de sus representantes legales, debiendo llevar la discusión hacia la base trabajadora para evitar descalificaciones posteriores a la toma de decisiones.

XII.- Por último, de crearse el sistema de pensión de jubilación, debe dejarse perfectamente claro la situación que se observará en el caso del artículo 18, fracción III, de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, porque alude a una pensión laboral distinta a las contempladas por edad o años de servicio en la fracción IV de dicho precepto legal. Si la idea de afiliar al régimen obligatorio del Seguro Social a los trabajadores universitarios fue que se liberase de cargas la U. de G. al ser sustituida en sus obligaciones originales previstas en ley por el IMSS como ente asegurador nacional, entonces, debe gestionarse la derogación de la fracción III de dicho artículo 18, porque la “incapacidad para el servicio” se halla protegida por la rama de riegos de trabajo (o en su caso, por el ramo de invalidez) del régimen obligatorio, y como ya está cubierto este aspecto por el esquema de seguridad social, carece de relevancia su permanencia evitándose fugas adicionales de recursos. En tanto se formula la reforma legal por el H. Congreso del Estado, haciéndose uso de las facultades del último párrafo del policitado artículo 18 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, la determinación de no conceder pensiones por incapacidad para el servicio, lo debe autorizar el Consejo General Universitario.

Finalmente, tras la tormenta de ideas surgidas en esta reunión, se convocó a los participantes para que expresaran por escrito las que consideren pertinentes, fijando una fecha límite que vence el 27 de octubre de 2000 para que la entreguen (acompañada de un diskette), precisamente en las oficinas que ocupa la Dirección de Estudios Jurídicos.

Se citó a los participantes, y a todos los académicos que han estado involucrados en la solución de esta problemática, a la reunión a celebrarse a las 8:00 horas del día 30 de Octubre próximo, en el lugar acostumbrado.

Se levanta la presente glosa de las reuniones efectuadas y los acuerdos colegiados tomados, para la debida constancia.

Guadalajara, Jalisco, a 26 de Octubre de 2000

EL ACADÉMICO RELATOR DE LAS REUNIONES:

MTRO. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

Presidente de la Academia del Derecho de la

Seguridad Social, División de Estudios Jurídicos

(C.U.C.S.H.), de la Universidad de Guadalajara

ANTECEDENTES :

I.- Mediante Dictamen N° II/99/892, por el H. Consejo General Universitario en sesión extraordinaria de 9 de octubre de 1999, se creó un “Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara”, mismo que pretendía resolver la compleja problemática de nuestra Casa de Estudios sobre las pensiones dinámicas jubilatorias, haciéndose uso de los recursos económicos destinados para los aportes de seguridad social. A la fecha, se halla suspendido en su aplicación dicho Sistema por múltiples factores que son de todos nosotros conocidos.

II.- Por instrucciones del entonces Rector General de la U. de G., la División de Estudios Jurídicos, al través de sus Academias de Derecho de la Seguridad Social, Administrativo, Laboral, Constitucional, Fiscal y Mercantil, coordinadas todas por el Director de la División y el Jefe del Departamento de Derecho Social —involucradas en el asunto en razón de su especialidad—, celebraron reuniones periódicas a partir del 11 de octubre de 2000 para discutir las medidas que, en opinión de sus integrantes, debería asumir la U. de G., en su carácter de empleadora, para solucionar la compleja problemática existente sobre la falta de recursos económicos para cubrir a mediano y largo plazo la pensión dinámica de jubilación por años de servicio y/o las pensiones que expresamente previene el marco normativo y contractual universitario.

III.- Concluido el análisis respectivo al documento denominado “Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara”, mediante oficio de 09 de noviembre del 2000, el Lic. Guillermo Reyes Robles remitió a la Rectoría General las opiniones e informes que las diversas Academias involucradas presentaron a manera de crítica constructiva, junto con un documento de relatoría que hace constar la manera en como se trabajó sobre dicho asunto, elaborado por el Departamento de Derecho Social —que aglutina a la gran mayoría de los académicos que intervinieron e hicieron propuestas sobre el asunto que nos ocupa, al ser de su área competencial—, relatoría que en obsequio a instrucciones superiores contiene las conclusiones y propuestas específicas solicitadas. En lo que ahora más interesa, se reiteró la postura ya manifestada a la Rectoría y Secretaría Generales en la reunión del 18 de octubre de 2000, a la que asistieran todos quienes participaran en las reuniones y la elaboración de tal relatoría, así como la totalidad de los profesores de la disciplina Derecho y Seguridad Social de esta División —quienes se sumaron unánimemente a las conclusiones obtenidas—. Se cuenta con el documento que es trasunto fiel de los argumentos manejados en la reunión de mérito.

IV.- Debe establecerse que en la reunión aludida del 18 de octubre de 2000, se oficializó la postura unánime que como estudiosos de la ciencia jurídica sustentaron los juristas que intervinieron en dicho análisis: el pretendido “Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara” carecía de sustento legal y, por si ello fuera poco, se detectó que lamentablemente se había realizado un defectuoso planteamiento del problema que de suyo se intentaba resolver y que se reducía a la pensión dinámica jubilatoria por años de servicio, y no a las pensiones de seguridad social que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social.

V.- Desde luego que las pensiones prerreferidas son distintas entre sí, y su ámbito o campo de protección también. De tal suerte que las pensiones dinámicas jubilatorias por años de servicio o edad, con respecto de las de seguridad social, son intrínsecamente distintas y hasta complementarias una de la otra, puesto que se enmarcan en los esquemas de previsión social las primeras, en tanto que las segundas se enmarcan en el esquema tradicional de la seguridad social mexicana; por ende, cubren éstas últimas —las de seguridad social—, eventos totalmente al aspecto propiamente jubilatorio, a saber:

— a) Las pensiones contingenciales, que pueden ocurrir intempestivamente como son: la incapacidad permanente, la invalidez o la muerte por riesgo de trabajo o por causas extralaborales —que generan éstas, desde luego, pensiones de viudez, orfandad o ascendientes para los beneficiarios del asegurado—; y,

— b) las previsionales, eventos futuros que sí son susceptibles de preverse por esperadas, como resultan ser: la cesantía en edad avanzada y la vejez.

VI.- No sobra añadir que por instrucciones expresas consignadas en el oficio SGRAL/II/11/2000/477, de 17 de noviembre del 2000, enviado por el Lic. José Trinidad Padilla López en su carácter de Secretario General de la Universidad de Guadalajara —recibido el día 30 del mismo mes y año por la Dirección de la División de Estudios Jurídicos—, se dieron lineamientos expresos para que se elaborase “un solo documento que contuviese todas las consideraciones y conclusiones a las que llegaron las Academias involucradas”, habiéndose redactado el mismo con Conclusiones y Propuestas específicas en 23 fojas que el entonces Director de esta División, Lic. Guillermo Reyes Robles, remitiera luego a la Rectoría General para su superior conocimiento.

VII.- Es menester plantear un aspecto que a nuestro parecer resulta trascendente: la primera de todas las conclusiones a las que arribaran los académicos de la División de Estudios Jurídicos de la U. de G., se transcribe a continuación por resultar ilustrativa:

“…Jurídicamente, por unanimidad de todos y cada uno de los profesores que intervinieron en las discusiones, se consideró que es ilegal el SSS (Sistema de Seguridad Social) al ser violatorio de normas taxativas y tuitivas, de eminente orden público e interés social, plasmadas en las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social —disciplinas ambas que integran por cierto el elenco de la Rama de Derecho Social—, porque riñe con el régimen jurídico vigente, vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores universitarios, y por razón natural, también es atentatorio del Estado de Derecho Mexicano…”

Hasta aquí la transcripción de mérito.

VIII.- El pasado 23 de abril de 2002, en la Reunión de los presidentes de las diversas Academias que aglutina la División de Estudios Jurídicos —misma que fue convocada por el Encargado del Despacho de la Dirección y los Jefes de los Departamentos—, se abordaron, entre otras problemáticas, el concerniente al compromiso público adquirido por el Lic. José Trinidad Padilla López, Rector General de la U. de G., hecho al rendir su “Primer Informe de Actividades”, mismo que apareció publicado en la Gaceta Universitaria del 18 de marzo del año que cursa, en el cual y en lo conducente, estableció de manera literal:

“…Este año será nuestra prioridad resolver el problema de la pensión universitaria buscando las alternativas para establecer un Sistema de Seguridad Social sólido, justo, que proporcione tranquilidad a los trabajadores de la Universidad de Guadalajara a través de una jubilación digna, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de la institución. Buscaremos la participación del gobierno federal y estatal para solucionar de manera integral este trascendente asunto…”

Hasta aquí la cita textual.

IX.- En apoyo de dicho compromiso y toda vez que ha transcurrido ya un año y medio desde que fijara su postura académica la División de Estudios Jurídicos respecto del proyecto de mérito, sin que se noten avances palpables en un tema tan polémico y tan sensible a la comunidad universitaria en lo general, asunto que lógicamente inquieta sobremanera a muchos profesores de gran valía que a nuestro parecer están jubilándose con prisa ante el fundado temor de perder un derecho pensionario que por causas de fuerza mayor podría ser limitado y hasta cancelado, se solicitó pues a las presidencias de estas Academias conjuntas que en virtud de nuestro perfil académico, trabajásemos unidos sobre las bases mínimas que debiera reunir un “Ante-proyecto del Sistema Pensionario Jubilatorio de la Universidad de Guadalajara”, con la característica de que fuese viable y factible su instrumentación, documento que pudiera servir primero como detonante de la toma de decisiones al seno de la Universidad de Guadalajara —para revocar de una buena vez el fallido “Sistema de Seguridad Social”—, y luego, sirviera de base en la búsqueda de soluciones en las que a nuestro parecer deben intervenir, sin demora y sin reticencias de ninguna especie, tanto el gobierno federal y estatal como la sociedad en general, recipientaria final de la actividad cotidiana de esta Casa de Estudios.

X.- Por lo tanto, de manera coordinada y consensuada, tras una serie de reuniones de trabajo de los presidentes de las Academias que suscribimos este documento, mismas que ahora culminan con la redacción del presente documento, se razonan y proponen las siguientes alternativas de solución a ponderarse al interior de toda la comunidad universitaria de la División de Estudios Jurídicos, con el objeto de que tras su aprobación en lo general —y sin perjuicio de hacerle luego añadidos, acotaciones y/o correcciones a los puntos tratados, ya que este no es un documento definitivo dadas su características—, se eleve hasta la Rectoría y Secretaría General, así como las diversas dependencias involucradas a nivel central, la Rectoría del CUCSH y del resto de los centros temáticos de la Red universitaria, así como a las Secretarías Generales del STAUdeG y el SUTUdeG, permeando luego hasta la base de la plantilla académica y administrativa de nuestra Casa de Estudios con el objeto de que se aporten ideas fundadas y pertinentes sobre el particular, ideas que enriquezcan el pretendido proyecto en todos su ordenes y permitan su consenso —primero en lo general y después en lo particular en cada punto aquí tratado por nosotros—, siempre actuándose bajo la premisa básica de la buena fe.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

PRIMERA.- Desde el punto de vista científico-académico, un correcto diagnóstico de cuál es el problema que se intenta discutir y resolver permitirá siempre el que se adopten las decisiones pertinentes para su solución. En este asunto en particular, determinar qué es exactamente lo que debe resolverse y qué es entonces lo que debería hacerse para solucionarlo, es nuestro objetivo principal y la meta a alcanzar.

Como premisa fundamental es menester precisar que estamos frente a un problema de exclusiva índole laboral, pero no de seguridad social; en razón de ello, para empezar debiera sustituirse el nombre de “Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara” —dado que no es un problema de esta naturaleza el que nos ocupa y preocupa, sino que es de estricta índole laboral—, por lo que debería denominarse, por razones de congruencia: “Sistema Pensionario Jubilatorio de la Universidad de Guadalajara”, “Sistema de la Pensión Dinámica Jubilatoria de la U. de G.”, o cualesquier otra denominación análoga.

Por lo tanto, ni se puede —porque se incurriría en desviaciones administrativas sancionables—, ni tampoco se debe —porque es absurda dicha postura desde cualquier punto de vista—, pretender solucionar un problema estrictamente de índole laboral, utilizando para tal fin, erróneamente, recursos destinados a costear la seguridad social de los empleados de la U. de G., pues más allá de discusiones bizantinas el punto del disfrute de la seguridad social que brinda el IMSS es indiscutible y a nuestro parecer encuadra perfectamente en la hipótesis de la fracción XIII del artículo 5°, en directa relación con los artículos 386, 390, 394 y 396, todo ellos de la Ley Federal del Trabajo reformada y vigente, al tratarse de una conquista laboral irrenunciable que puede ser exigida incluso ante los propios Tribunales del Trabajo.

SEGUNDA.- Por otro lado, debe entenderse de una buena vez que la pensión dinámica jubilatoria por años de servicio o edad del personal académico deriva del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, lo cual constituye un derecho fuera de toda discusión, máxime que es reiterado por un Contrato Colectivo de Trabajo suscrito con el STAUdeG —por lo que es una pensión legal y contractual a la vez—; a diferencia del personal administrativo, el que disfruta de una pensión sólo contractual prefijada en la cláusula 40 “jubilaciones y pensiones”, del Pacto Colectivo celebrado con el SUTUdeG, dado que el artículo 19 de la aludida Ley Orgánica nada establece al respecto —de lo que se colige que es sólo una pensión conveniada con la empleadora U. de G., y que es de índole laboral al surtir plenos efectos entre las partes concelebrantes—.

De lo anterior se concluye, sin dificultad alguna desde el punto de vista legal, que estamos en dos supuestos distintos en las pensiones del personal académico y las del administrativo. La primera es prevenida en ley, es imperativa e innegociable; en tanto que la segunda es resultado precisamente de una negociación colectiva.

No obstante las diferencias encontradas entre ambos tipos de pensión jubilatoria dinámica, resulta evidente que existen principios jurídicos que informan y permean en el Derecho Laboral; la equidad y la costumbre, conforme a la doctrina jurídica, son “fuente” del Derecho del Trabajo, y por más que se quiera, será muy difícil por no decir casi imposible que los empleados de la U. de G., renuncien a sus derechos preadquiridos —por más que las organizaciones sindicales de académicos y administrativos pacten o convenien sobre el particular—. La irrenunciabilidad de los derechos laborales preadquiridos se halla plasmada en la fracción XXVII del Apartado “A” del artículo 123 Constitucional, y los artículos 5° y 33 de la Ley Federal del Trabajo (que rigen las relaciones de trabajo de las universidades, de conformidad al artículo 3°, fracción VII, de nuestra Carta Fundamental).

Por ende, no hay duda alguna en el hecho de que los trabajadores administrativos han adquirido un derecho pensionario y jubilatorio de suyo irrenunciable, pues aunque se “negociara” con el SUTUdeG para que se acabase el esquema pensionario aludido, cualquier trabajador sindicalizado (e incluso sus familiares beneficiarios naturales, en caso necesario), en lo individual, podrían ejercitar su derecho ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para obtener laudo favorable que obligue a la U. de G., como empleadora, a otorgársela.

TERCERO.- No debe jamás perderse de vista que las diferencias de origen de las pensiones jubilatorias del personal académico y administrativo, impactan necesaria e ineluctablemente en la fuente de su financiamiento.

En efecto, la pensión jubilatoria dinámica de los académicos existe plasmada en la Ley Orgánica de la U. de G., vista y entendida como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, creado ex profeso para brindar el servicio público de educación media-superior y superior en la Entidad, así como para coadyuvar al desarrollo de la cultura, de conformidad a su artículo 1°. Dicha legislación, de conformidad a su “Exposición de Motivos” y acorde a la propia Iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo, fue expedida para: “…darle autonomía y que goce de personalidad jurídica y patrimonio propios, y pueda cumplir cada vez mejor con su grave responsabilidad de gobernarse libremente…”

Esto significa que la U. de G., tiene personalidad jurídica propia y un patrimonio distinto al del Estado de Jalisco —si bien forma parte de la administración pública descentralizada en la Entidad—, patrimonio que se integra, de conformidad al artículo 84, de bienes muebles e inmuebles, contribuciones y aportaciones, donaciones y legados, utilidades, rendimientos, etc., pero fundamentalmente por los subsidios y aportaciones que la Federación, el Estado y los Municipios les otorguen (fracción IV).

En ese orden de ideas, el fondeo de las pensiones universitarias de los empleados administrativos deben salir única y exclusivamente de dicho patrimonio; pero en el caso de las pensiones dinámicas jubilatorias del personal académico las mismas deben de costarse esencialmente con los recursos que ex profeso destinen para ello los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal (sobre todo del Estatal, porque su más alta soberanía, el H. Congreso del Estado, fue quien determinó en Ley la obligatoriedad de dicha pensión al cargo de la empleadora U. de G.), por lo que a nuestro parecer se trata de un deber el destinársele un porcentaje predeterminado anual, que obre incluso en el Presupuesto de Egresos que a Iniciativa del Ejecutivo Estatal apruebe el H. Congreso del Estado de Jalisco cada año, de conformidad al monto global estimado de dichas pensiones, a fin de que a esta Casa de Estudios se le dote de recursos económicos suficientes para cubrir una prestación que fue Iniciativa del Gobernador del Estado (quien propone) y voluntad del Congreso del Estado (quien dispone), conceder al personal académico.

Es menester establecer entonces, en caso de ser necesario, estrategias de presión para exigir se cumpla con dicho mandato legal, que como ya se demostró no es materia de actos volitivos de nuestra Casa de Estudios su cumplimiento, sino que le toca por fuerza cumplir con lo ordenado en su propia ley-marco que rige sus actividades cotidianas. Incluso, de resultar estrictamente necesario, deberá plantearse la posibilidad de agotar procedimientos jurisdiccionales para conseguir dicho financiamiento.

CUARTO.- No obstante, al parecer de quienes elaboramos y suscribimos este documento, deben ser corregidas y adecuadas algunas cosas para que opere con transparencia y confiabilidad este sistema pensionario.

No huelga afirmar que algunos de nuestro planteamientos podrán parecer a simple vista majaderos, excesivos y hasta discriminatorios; pero es preciso que más allá de falsos pudores y aún a riesgo de herir susceptibilidades, se pongan de una buena vez en la mesa de las discusiones los siguientes puntos, para que piramidalmente permeen hasta llegar al seno de la comunidad universitaria en general. De antemano sabemos que no somos poseedores de la verdad y que siendo esta una Universidad que aglutina a académicos y expertos en diversas ramas de la ciencia, cabrá siempre la disparidad de criterios; en lo personal creemos a pié juntillas que la discusión, la refutación y la conciliación de ideas forman parte de nuestra tarea cotidiana como académicos y resulta enriquecedora la disparidad de criterios.

Es aconsejable entonces el ventilar como adultos responsables y viendo siempre por el bienestar colectivo y la sobrevivencia de nuestra Alma Mater, este tipo de propuestas que acto seguido formulamos para su revisión o adopción:

1.- Todas las pensiones que se otorguen por la U. de G., de cualquier naturaleza que sean, fueren concedidas a académicos o administrativos, deberán invariablemente de estar topadas en cuanto a su monto. La disparidad de criterios o discrecionalidad sin rigor que en este rubro se manejen para su cuantificación, será siempre una de las principales causas que lleve a la ruina a cualquier sistema pensionario; por ende, si lo que se busca es transparencia y absoluta confiabilidad, será pertinente crear un cuerpo normativo que regule la concesión y monto de dichas pensiones dinámicas jubilatorias y que así se someta la simple voluntad de órganos y funcionarios al mismo para evitar tentaciones.

Acorde a los salarios devengados en nómina correspondiente a la plaza que ocupe el empleado de la U. de G., se determinará su cuantía; por lo tanto estará estrictamente prohibido excederse de tal límite, y será responsabilidad del Consejo de pensiones que deberá crearse para tal efecto (pudiere ser una Comisión Mixta del Consejo General Universitario, conformada siempre paritariamente por representantes de la empleadora y de sus Sindicatos, todos con voz y voto, pero teniendo voto de calidad y derecho de veto el Rector General para decidir en caso de empates).

En ningún caso podrá quedar a elección del interesado pensionarse con su salario de su puesto de base o de empleado de confianza. Menos todavía se podrían incluir en su salario base de pensión el monto de las compensaciones y/o otras percepciones extraordinarias recibidas. Por ende, ninguna pensión podrá ser inferior salario mínimo general de la zona geográfica de Guadalajara —lo que hará atractivo que los profesores de asignatura continúen laborando al servicio de la U. de G.—, y se propone topar como límite superior de la pensión dinámica a percibir hasta un monto de 25 (veinticinco) veces salario mínimo —lo cual estimulará que se continúen prestando servicios efectivos por parte de los académicos o administrativos que perciba mayores ingresos que dicho tope pensionario impuesto, mientras pueda seguir siendo útil a la U. de G.—.

Sólo así podrá establecerse, de manera confiable, un rango efectivo para hacer las corridas actuariales del Fondo de Reserva que se integre, en la inteligencia que el trabajador pensionado debe forzosamente salir de nómina y dejar su plaza vacante una vez inicie su derecho a pensión dinámica.

2.- Es preciso buscar mecanismos que aseguren el trato jurídicamente diferenciado a que propende el Derecho Social. Por lo tanto, la idea que permea en esto es que quien gane más en su vida activa al servicio de la U. de G., tenga la certeza que obtendrá una pensión acorde a su vida laboral activa, llegado el momento de su jubilación.

Así, un profesor de tiempo completo, con independencia de su categoría, sabrá de antemano cuál será el monto máximo de su jubilación para que tome las decisiones que mejor convengan a sus intereses; el académico de medio tiempo, deberá esforzarse en su superación para alcanzar el tiempo completo; y el profesor de asignatura también aspirará a superarse atendiendo a la disposición de plazas, pero seguro que cuando decida pensionarse por edad o años de servicio disfrutará de una pensión. Igual ocurrirá con los trabajadores administrativos.

3.- Es necesario buscar los conductos idóneos para desaparecer de la Ley orgánica de la Universidad de Guadalajara, las pensiones dinámicas de la fracción III del artículo 18 (la de “incapacidad para el servicio” por riesgo de trabajo), así como la contemplada en la cláusula 40, inciso c) del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la U. de G. y el SUTUdeG, (la de incapcidad por riesgo de trabajo y la de invalidez por causa extra-laboral), por una razón tan simple como lógica: se está amparando doblemente un mismo evento o contingencia social.

Efectivamente, los empleados al servicio de la U. de G., disfrutamos del esquema integral del régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social. En el artículo 11 de dicha legislación federal, al tenor de su artículo 53, la U. de G., queda relevada en este tipo de contingencias por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para eso se cubren aportaciones de seguridad social, para que en base al artículo 2°, fraccipón II, del Código Fiscal de la federación, el estado mexicano, al través del ente asegurador nacional, releve a los empleadores de esta pesada carga pensionaria. Así, quien corre el riesgo de que un académico o administrativo de la U. de G., se accidente o invalide, lo es dicha entidad aseguradora nacional.

Naturalmente que se entiende la bondad de dicha disposición legal del artículo 18 de la Ley orgánica de la Universidad de Guadalajara (la que de suyo supera la cláusula 40 del prerreferido pacto colectivo con el SUTUdeG), pero si ya dicha contingencia está amparada por la Ley del Seguro Social, y ello genera derecho a pensión vitalicia y luego las de supervivencia —viudez, orfandad o ascendientes—, amén de la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria de por vida para el asegurado y su núcleo familiar derechohabiente como dependientes económicos del pensionado, entonces pues carece de objeto que se distraigan estos recursos financieros pues ya se han cubierto las cuotas respectivas al IMSS.

Debe ser un acto reflexivo y responsable el que lleve a la revocación de dichas disposiciones en comentario.

4.- No a la AFORE U. de G. Diversificar inversiones. Creación de un Fondo de Reserva (capital semilla), y acaso participar la ANUIES.

5.- Pagar al INFONAVIT en vez del dinero que se recibe en efectivo.

6.- Respetar derechos adquiridos, pero los nuevos empleados regirse por este esquema propuesto

7.- Revisar anualmente la marcha del sistema para realizar los ajustes necesarios. Las pensiones, en un caso extremo podrían ser reducidas alícuota y proporcionalmente a la baja de los recursos.

Sometemos a su elevada consideración el presente Proyecto. Quedamos invariablemente a sus apreciables órdenes para cualquier duda o comentario.

Guadalajara, Jalisco, 30 de abril de 2002

LOS PRESIDENTES UNIDOS DE LAS ACADEMIAS UNIDAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS.

LIC. FRANCISCO MACÍAS RODRÍGUEZ.

LIC. RAMÓN CASTILLO LLAMAS

LIC. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

******************************************************* **********************************************SR. LIC. DON GUILLERMO REYES ROBLES

DIRECTOR DE LA DIV. DE EST. JURÍDICOS

DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

P R E S E N T E

En oportuno obsequio a sus instrucciones superiores, adjunto al presente se servirá encontrar, en 23 (veintitrés) fojas útiles por una sola cara, rubricadas todas ellas por su servidor en mi carácter de relator, el documento final sobre las consideraciones, conclusiones y propuestas específicas que los profesores integrantes de las diversas Academias de los Derechos de la Seguridad Social, Constitucional, Laboral, Fiscal, Administrativo y Financiero, de la División de Estudios Jurídicos a su muy digno cargo, elaboraran respecto del documento denominado Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara. Así mismo, se acompaña el diskette que contiene dicho archivo para facilitar su uso y distribución de copias, trabajado en programa Word (Windows ’98), e intitulado: “DOCUMENTO FINAL RELATORÍA U. DE G”.

Agradezco sobremanera la deferencia y confianza que por parte de Usted, del Jefe del Departamento de Derecho Social y de mis compañeros profesores Presidentes de las distintas Academias involucradas, se me dispensara para que trabajase sobre la relatoría final de nuestros trabajos conjuntos desarrollados al interior de nuestra Facultad de Derecho y que fija la postura definitiva de nuestra División sobre el particular.

Se trató —Usted ya lo sabe, pues son las pautas que nos marcara desde un principio—, de un ejercicio libre y de buena fe, efectuado sin coacción de ninguna especie, un esfuerzo crítico pero propositivo de quienes desinteresadamente contribuyeron con sus ideas y sugerencias en un proceso no exento de discusiones útiles, el que finalmente culminara en conclusiones uniformes en la medida que la ciencia jurídica permite la unificación de criterios buscada.

El documento anexo, podrá constatarlo Señor Director, refleja el sentir de la inmensa mayoría de los profesores de esta División y naturalmente respeta las ideas a los que de él disientan —como se respetó siempre a los autores del documento analizado y desde luego la decisión asumida por los Señores Consejeros del H. Consejo General Universitario—.

Confiando en haber podido ser útiles los profesores de la División integrantes de las Academias intervinientes, al haber aportado nuestro esfuerzo en la solución del problema pensionario jubilatorio que aqueja a nuestra querida Casa de Estudios, es propicia la oportunidad para reiterarle mi consideración siempre distinguida.

A T E N T A M E N T E

GUADALAJARA, JALISCO, 08 DE DICIEMBRE DE 2000

MTRO. LIC. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

Presidente Academia del Derecho de la Seguridad Social

c.c.p.- Lic. Jaime E. Acosta Espinoza.- Jefe del Dpto. de Derecho Social de la División de Estudios Jurídicos. Para su conocimiento, con copia del documento descrito.

c.c.p.- Archivo.

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DOCUMENTO FINAL SOBRE LAS CONSIDERACIONES, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS A QUE LLEGARON LAS ACADEMIAS DE DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL, CONSTITUCIONAL, FISCAL, LABORAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, SOBRE EL ANÁLISIS JURÍDICO INTEGRAL HECHO AL “SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL” (SSS), APROBADO MEDIANTE DICTAMEN N° II/99/892, POR EL H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 9 DE OCTUBRE DE 1999 (MISMO QUE ACTUALMENTE SE HALLA SUSPENDIDO EN SU APLICACIÓN).

CONSIDERACIONES :

1.- Por instrucciones expresas del Dr. Víctor Manuel González Romero, Rector General de la Universidad de Guadalajara, la División de Estudios Jurídicos al través de sus Academias involucradas en el asunto en razón de su especialidad, han venido celebrando reuniones periódicas a partir del 11 de octubre de 2000 para discutir las medidas que, en opinión de sus integrantes, debería asumir la Casa de Estudios en su carácter de empleadora para solucionar la compleja problemática existente sobre la falta de recursos económicos para cubrir, a mediano y largo plazo, la pensión dinámica de jubilación por años de servicio y/o las pensiones que expresamente previene el marco normativo y contractual universitario; en tales reuniones siempre se procuró buscar, además de opiniones y consensos, posturas propositivas, ideas y sugerencias entre los miembros de las distintas Academias —profesores todos de las diversas disciplinas de los Derechos de la Seguridad Social, Constitucional, Fiscal, Laboral, Administrativo y Financiero—, que constituyeran propuestas viables y factibles para afrontar dicha obligación pensionaria con toda responsabilidad.

2.- Convocados por la Dirección de la Facultad y Jefatura del Departamento de Derecho Social, en primera instancia se reunieron los profesores que conforman la Academia de Derecho de la Seguridad Social en la División de Estudios Jurídicos, para revisar la legalidad del denominado “Sistema de Seguridad Social” (SSS) de la Universidad de Guadalajara, habiéndose solicitado por su presidente, avalado por la totalidad de los profesores integrantes de ella en esta División —sobre todo atendiendo a la importancia y trascendencia del asunto tratado—, se conformara un grupo multidisciplinario para acometer la tarea desde todos los ángulos, invitándose entonces a los Presidentes de las Academias de Derecho Constitucional, Fiscal, Laboral, Administrativo y Financiero, para que participaran activamente en las reuniones citadas por la Dirección de la Facultad, con el objeto de que entre todos se dilucidara de una vez por todas la viabilidad y factibilidad del SSS, y sus enmiendas en caso afirmativo.

3.- Así, en diversas fechas se celebraron reuniones internas e interdisciplinarias de dichas Academias, y sus presidentes acordaron por mayoría absoluta que la relatoría la llevase el del área de la seguridad social, reuniones que incluso se acordaran verificar con las propias Autoridades Universitarias a nivel central; cabe señalar que tras esta reunión —acaecida el 18 de octubre de 2000—, algunos Presidentes de Academia, con el consenso de los profesores miembros de la misma, por escrito extendieron sus puntos de vista para dejar constancia de su opinión colegiada, haciéndolas llegar a la Dirección de la División de Estudios Jurídicos, y reiterando la petición de que resultaba más que imperativo absolutamente indispensable conocer a fondo la situación financiera de la Universidad de Guadalajara, así los criterios que se aplicaban para la concesión de pensiones, los estudios actuariales y corridas financieras considerados en la exposición de motivos del SSS, e información actualizada y confiable, en aras de tener una visión más clara respecto de la problemática para una mejor toma de decisiones sobre el particular. Finalmente no se contaría con más elementos que el documento denominado SSS, distribuido por la U. de G., el STAUdeG, y el SUTUdeG, y la legislación vigente.

4.- Mediante oficio de 09 de noviembre del 2000, el Lic. Guillermo Reyes Robles remitió a la Rectoría General las opiniones e informes que las diversas Academias involucradas presentaron, considerándose como preliminares, y un documento de relatoría elaborado por el Departamento de Derecho Social —que aglutina a la gran mayoría de los académicos que intervinieron e hicieron propuestas sobre el asunto que nos ocupa, al ser de su área competencial—, documento que en obsequio a instrucciones superiores contiene las conclusiones y propuestas específicas solicitadas. En ellos se reitera la postura ya manifestada a la Rectoría y Secretaría Generales el 18 de octubre retropróximo.

5.- Por instrucciones expresas consignadas en el oficio SGRAL/II/11/2000/477, de 17 de noviembre del año en curso, enviado por el Lic. José Trinidad Padilla López en su carácter de Secretario General de la Universidad de Guadalajara —recibido el día 30 del mismo mes y año por la Dirección de la División de Estudios Jurídicos—, se dieron lineamientos para elaborar un solo documento que contuviese todas las consideraciones y conclusiones a las que llegaron las Academias involucradas, haciéndose ahora, tal y como se solicitó, un ejercicio de Conclusiones y Propuestas específicas.

CONCLUSIONES :

I.- Jurídicamente, por unanimidad de todos y cada uno de los profesores que intervinieron en las discusiones, se consideró que es ilegal el SSS al ser violatorio de normas taxativas y tuitivas, de eminente orden público e interés social, plasmadas en las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social —disciplinas ambas que integran por cierto el elenco de la Rama de Derecho Social—, porque riñe con el régimen jurídico vigente, vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores universitarios, y por razón natural, también es atentatorio del Estado de Derecho Mexicano.

II.- Ello es así porque la problemática que en realidad afronta la Casa de Estudios, con relación a sus trabajadores académicos y administrativos corresponde al rubro de las pensiones jubilatorias, que son al cargo de la U. de G., en su carácter de patrón, pues hay una relación de trabajo subordinada entre ella y sus operarios con arreglo a la Ley Federal del Trabajo, reiterado en criterios del Poder Judicial Federal en el sentido de que los trabajadores de las Universidades y demás instituciones de educación superior se rigen por la precitada legislación laboral, conforme a las características de un trabajo especial. La conclusión obtenida es obvia: Si es una asunto del orden laboral, debe resolverse en dicho ámbito y no en otro —como se intentó hacer infortunadamente en el de seguridad social—.

III.- Queda claro que el problema de la Universidad de Guadalajara, atendiendo a lo antes apuntado, no es de seguridad social, pues este servicio público, si bien está relacionado con el trabajo, sus prestaciones son ajenas y por ende distintas por completo de las laborales, por lo que se yerra cuando se intenta la salida del régimen obligatorio del Seguro Social para resolver un problema financiero del empleador en el aspecto jubilatoria. Parecen lo mismo, pero no lo son las pensiones de jubilación y las de seguridad social. Trátase, no hay duda, de dos cuestiones completamente distintas entre sí, aunque se hallen vinculadas.

En efecto, a veces no resulta fácil advertir el límite entre una prestación respecto de otra, ni nos explicamos su origen o sus consecuencias jurídicas inherentes; en tal virtud, se consideró pertinente plasmar un ejemplo claro que muestra la diferencia de ambas prestaciones, utilizado en un ejercicio de la Academia del Derecho de la Seguridad Social y la Academia del Derecho Laboral de la División de Estudios Jurídicos, que obra en sus documentos internos de trabajo, dada la similitud de situaciones. Como veremos, una es la prestación laboral (pensión de jubilación por años de servicio), y otra la de seguridad social (pensión de incapacidad permanente, o invalidez, o vejez, o cesantía, etc.).

EJEMPLO:

“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de patrón de sus más de 350,000 empleados en el país, es la institución de seguridad social nacional que a ellos mismos —incluidos los trabajadores de confianza y directivos de primer nivel— protege de las contingencias sociales a que pudiesen estar expuestos, preestablecidas en la Ley del Seguro Social, a saber: riesgos de trabajo, enfermedades generales, maternidad, invalidez, vida, guarderías, prestaciones sociales institucionales, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Si bien servidores públicos al ser el IMSS un organismo público descentralizado del gobierno federal, ellos no se rigen por las leyes burocráticas, pues para empezar sería incongruente que laborando para el IMSS estuvieren asegurados en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en virtud de lo cual, en cuanto a sus relaciones laborales, el legislador federal determinó que se regirían por la Ley Federal del Trabajo, y por lo tanto encuadran plenamente en la hipótesis de aseguramiento de la fracción I del artículo 12 de la Ley del Seguro Social que les resulta aplicable a ambos: patrón IMSS y sus empleados.

ESCENARIOS:

— Suponiendo que acaeciera un riesgo de trabajo y se determine una incapacidad temporal:

Durante el lapso que el asegurado se encuentre inhabilitado para laborar, el IMSS no le cubre salarios porque la relación de trabajo está suspendida y, por lo tanto, no existe obligación del patrón de pagar a quien no está trabajando; lo que el IMSS cubre, ya no como empleador sino en su carácter dual de institución aseguradora nacional, además de las prestaciones de índole médico, son subsidios en la rama de riesgos de trabajo (equivalentes al 100% del salario base de cotización, desde el primer día y por todo el tiempo que dure incapacitado). Lo que más importa señalar es que los recursos económicos no salen de la nómina, sino de las reservas técnicas financieras acumuladas para sufragar los gastos de administración de dicha rama del seguro de riesgos de trabajo del régimen obligatorio.

— Suponiendo que del riesgo de trabajo derivase una incapacidad permanente total:

Igualmente el IMSS, no como empleador —se reitera y no está de sobra hacerlo—, sino actuando en su carácter de institución de seguridad social que “releva” al patrón de este tipo de responsabilidades que le impone nuestra Carta Fundamental, cubrirá prestaciones en especie de índole médico, pero además en dinero, esto es: la pensión de seguridad social correspondiente a tal siniestro profesional y equivalente al 70% del salario base de cotización del operario (o la pensión mínima garantizada, de ser el caso), es un evento que no debe afectar la plantilla de trabajadores, pues ese operario tendrá que se sustituido por otro que vendrá a ocupar su plaza en definitiva y, por ende, no podrá ya el siniestrado permanecer en nómina al concluir su relación laboral. Los recursos económicos en esta caso no saldrán de la nómina, sino de nuevo de las reservas técnicas financieras acumuladas para sufragar los gastos de administración de dicha rama del seguro de riesgos de trabajo.

—Suponiendo que el trabajador-IMSS (varón), llegue a los 28 años de servicio y tenga derecho a ser jubilado con base al Contrato Colectivo de Trabajo, y por ende deba recibir una pensión jubilatoria laboral:

Para comenzar, debe establecerse que existen en la ciencia jurídica términos o conceptos que se utilizan como sinónimos, sin serlo en realidad. En este sentido, cabe apuntar que en las diversas legislaciones existen varios tipos de pensiones, pero en este rubro descollan las laborales o jubilatorias, previstas casi siempre en contratos colectivos de trabajo que rigen las relaciones obrero-patronales; a esa prestación en metálico se le denomina “jubilación”.

Por lo tanto, conceptualmente se distingue a la jubilación como una prestación económica —que no de atención médica, se aclara, a diferencia de las de seguridad social que sí la incluyen—, de exclusiva índole laboral, que corre desde luego al cargo del empleador, quien debe destinar recursos financieros propios para costearla por todo el tiempo que sea necesario dado su carácter vitalicio; a la par, debe prever oportunamente el patrón que con el simple transcurrir del tiempo llegará el momento en que se cumpla la obligación suspensiva referida (años de servicio para acceder a la jubilación laboral), por lo que el patrón, con independencia de tener asegurado a su personal y protegido de las contingencias de paro e improductividad previstas por la Ley del Seguro Social, debe contar con una partida especial para enfrentar esta contingencia de índole laboral.

En esta hipótesis, el IMSS (empleador al fin de sus operarios) tiene implementado un esquema contractual que denomina “Régimen de Jubilaciones y Pensiones”. Trátase de un esquema pensionario que, como lo afirma el artículo 1° del mismo, “…es un estatuto que crea una protección más amplia y que complementa al plan de pensiones determinado por la Ley del Seguro Social…; se combinan así —tan sólo porque su situación especial dual de patrón y asegurador se lo permiten al IMSS, conste—, con creatividad e ingenio, la pensión laboral con la de seguridad social.

Dicho en otras palabras: se incluye y se abarcan dos tipos de pensiones distintas: a) la jubilatoria por años de servicio; y, b) la de seguridad social que incluye además el pago periódico desde luego la atención médica, que serán cubiertas atendiendo las circunstancias especiales de cada caso en particular. En tal Régimen de Jubilaciones y Pensiones, existen tablas que la gradúan y la topan obviamente, para no desfinanciar el esquema; las une, pero jamás se confunden la una y la otra.

Ello con independencia —vale la pena aclararlo en este ejemplo—, de que existe un Fondo de Retiro de carácter voluntario, que no obligatorio, para los trabajadores-IMSS, en el que se incluyen las aportaciones del empleado —sea de base o de confianza—, las del IMSS como patrón, y los intereses que tales cantidades generen al ser invertidos tales recursos financieros en instrumentos bursátiles, fondo acumulados para el retiro que se entregarán al trabajador al momento de que concluya, por cualquier causa, la relación de trabajo, y que es por lo tanto independiente de su pensión global mixta.”

Hasta aquí el ejemplo propuesto, que con meridiana claridad establece las diferencias entre la jubilación laboral y la pensión de seguridad social. Se aclara que se utilizó el ejemplo de un riesgo de trabajo, porque permite a su vez aludir a los subsidios —que no salarios—, que en tal evento cubre el IMSS como ente asegurador nacional.

IV.- Por lo tanto, no puede la Universidad de Guadalajara, por más autonomía que tenga, hallarse dentro de un régimen jurídico diferente al del resto de los mexicanos, ni tampoco puede tener un régimen legal de excepción en esta materia laboral, pues eso violaría el Estado de Derecho en que vivimos —y que los profesores de la ciencia jurídica se encargan de enseñar cotidianamente a los educandos—; en razón de ello, “crear” un SSS privado en aras de resolver una problemática laboral, es no sólo incongruente, sino por completo ilegal, además de que resulta inadecuado pretender, con los recursos públicos que presupuestariamente se destinan a la U. de G., pagar pensiones jubilatorias, pues se desviaría el destino predefinido de tales subsidios públicos que ya contemplan el pago al IMSS, visto el asunto desde el ámbito estrictamente administrativo.

Sobre el particular, existe Jurisprudencia definida del Poder Judicial Federal, consultable bajo la voz: “Universidad Nacional Autónoma de México. La autonomía de que goza no la excluye de la aplicación de las leyes que conforman el Estado de Derecho” (Novena Época, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, Tesis I.4°A.194 A, página 809), que como su rubro lo indica resulta aplicable a nuestra Casa de Estudios, y por ende, cualquier empleado universitario podría invocarla para obtener en su beneficio una resolución favorable en caso de reclamar ante los tribunales las prestaciones tanto laboral como de seguridad social.

V.- En esa tesitura, el problema a resolver nada tiene que ver con la seguridad social que ya vimos cubre otras contingencias pensionarias distintas; si no existe una partida o mejor aún, la llamada “reserva técnica financiera” para cubrir estas pensiones dinámicas, y más todavía si no cuenta la U. de G., ni siquiera con un programa interno creado ex profeso que haya sido instrumentado para atender tan sentida problemática que constituye —cuando menos por ahora— una obligación patronal inexcusable, no queda alternativa: habrá que crearla.

VI.- Por lo tanto, se concluye que de entrada se partió de un error de apreciación que resulta fundamental pues no se enfocó correctamente la problemática existente, dado que son por completo diferentes los orígenes y la naturaleza intrínseca de ambas pensiones —la laboral y la de seguridad social—, mismas que están reguladas incluso por legislaciones distintas, pues en tanto una se otorga propiamente por años de servicio a cargo del presupuesto universitario (del orden laboral), las otras pensiones se otorgan por el ente asegurador IMSS a quien se paga para ello, y que protege contingencias sociales por completo diferentes a los derechos generados por los años trabajados al servicio de la Universidad de Guadalajara.

VII.- Luego, la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara —vista y entendida ésta como un organismo público descentralizado del Gobierno de Jalisco, en una ficción jurídica, dado que sus empleados son servidores públicos al laborar para la administración descentralizada estatal—, por disposición expresa de su artículo 12, rige sus relaciones laborales primordialmente por el Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución General de la República, la Ley Federal del Trabajo, su propia Ley Orgánica y sus Estatutos, en ese orden de jerarquía y prioridad.

En consecuencia, todos los principios del derecho laboral permean en las relaciones de trabajo de nuestra Casa de Estudios, las que se hallan además regidas por los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes, tanto los del rubro académico como de los administrativos. Se incluye en esto el principio jurídico in dubio pro operario (en caso de duda, se estará a la interpretación legal que más favorezca al trabajador). Aún más, en el artículo 18, fracciones III y IV, de la citada Ley Orgánica de la U. de G., se reconoce el derecho de los trabajadores a dos pensiones vitalicias otorgadas por el Consejo General Universitario: la primera, por incapacidad para el servicio (SIC); y la segunda contempla dos hipótesis: por vejez —65 años— o (una “o” disyuntiva, que no copulativa) la de jubilación por tiempo laborado —treinta años de servicio, al menos—.

VIII.- La Universidad de Guadalajara, como empleadora, cuenta en su reglamentación interna y vigente con un ámbito específico de protección en el rubro que atañe a la seguridad social —distinta y complementaria de lo propiamente laboral—, contemplado ya en otros ordenamientos reguladores de las relaciones de trabajo independientes de los Contratos Colectivos signados y vigentes. Ejemplos de lo anterior, dos:

a) La cláusula 91, fracción VI, del Contrato Colectivo de Trabajo 2000-2002 celebrado entre la U. de G. y el SUTUdeG, establece que los trabajadores administrativos al servicio de la Universidad tendrán, entre otros, el derecho de “…recibir las prestaciones que les otorga el IMSS y las disposiciones legales aplicable, independientemente de lo que a su favor estipule este Contrato”.

b) En base a lo estatuido por la fracción I del artículo 55 del “Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara”, los requisitos que se exigen para conceder licencia a los miembros del personal académico son:

“Artículo 55.- ……………………………………………………………………………..

I.- Por accidente o enfermedad, debiendo presentarse al efecto la incapacidad médica respectiva, expedida por la institución de seguridad social reconocida (SIC) por la Universidad de Guadalajara.

“…………………………………………………………………………………………..”

Queda claro entonces que atendiendo a la disposición pretranscrita, la institución “reconocida” por la U. de G., en dicho Estatuto, resulta ser obviamente el IMSS, en la inteligencia que tal normatividad universitaria se halla vigente desde el 14 de Febrero de 1992 y fue aprobada por el propio Consejo General Universitario.

IX.- Por más que exista un acuerdo patrón-sindicato en los respectivos Contratos Colectivos de Trabajo, no es posible por decisión de las partes concelebrantes modificar el status jurídico del personal administrativo o académico de la U. de G., que impida a los empleados universitarios disfruten y accedan —llenados los requisitos legales exigidos—, a su pensión dinámica jubilatoria de orden laboral, y eventualmente a una pensión de seguridad social.

Pese a la existencia de cualquier Convenio sobre el particular, nada impedirá que el personal académico y/o administrativo inconforme con el pretendido SSS pudieren ejercer los derechos individuales que, en la especie, les concede el artículo 18 de la Ley del Seguro Social. Tal precepto concede “denuncia pública” al operario para exigir su aseguramiento ante el propio IMSS (incluso al través de otros medios legales, como por ejemplo el juicio ordinario laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje), al encontrarse dentro de la hipótesis de afiliación al régimen obligatorio previsto por el artículo 12, fracción I, de la legislación en cita, cuyo texto —casi idéntico desde 1973—, engloba a todo tipo de trabajadores del Apartado “A” del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo.

X.- Hasta donde se ha podido indagar, sabemos que no existe un “Convenio” escrito sobre la incorporación formal de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara al régimen obligatorio del Seguro Social, signado con el IMSS; no eran en 1973, sujetos de afiliación obligada, sino sujetos de posible incorporación voluntaria al régimen obligatorio —que es diferente del régimen voluntario y jamás debe confundirse—. Pero la afiliación se hizo de toda buena fe, pensando en que algún día la pensión del IMSS pudiese resolver el problema de la jubilación de los académicos y administrativos; por desgracia no ocurrió así, porque seguramente también en aquella época se hizo un análisis defectuoso o superficial de la compleja problemática a resolver. Como trabajadores de una Dependencia del Ejecutivo Estatal, los empleados universitarios debieron de ser afiliados ante la Dirección de Pensiones del Estado, pero ello no se hizo, y se continuó con el esquema protector del IMSS, lo que no se alteró cuando cambió el marco legal y la U. de G. se volvió organismo publico descentralizado del Gobierno de Jalisco.

No obstante ello, una regla básica del Derecho del Trabajo es que las conquistas de los trabajadores, entendida como “todo aquello que les beneficie”, son prácticamente irrevocables y no puede darse marcha atrás. En este sentido, que quede perfectamente claro: ya no está a discusión ahora, en estos momentos, si eran o no sujetos de afiliación al régimen obligatorio los trabajadores administrativos y académicos de la U. de G., (como se ha intentado dilucidar por otros interesados en el tema), porque el hecho es que ya están en su gran mayoría incorporados al citado régimen obligatorio del Seguro Social y hubo consentimiento expreso de la Universidad empleadora; de hecho y por derecho, deberían de estar inscritos todos los trabajadores subordinados, sin distingo, ocupen o no dicho servicio público solidario. Lo anterior es así —se insiste—, porque son irrenunciables sus derechos que como operarios han generado durante la existencia de su relación laboral, atento a lo dispuesto por el artículo 123, Apartado “A”, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política Mexicana, reiterado el principio jurídico de la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos por los operarios y la consiguiente nulidad de todo lo que le contravenga, en los artículos 33 y 394 de la Ley Federal del Trabajo, partiendo del hecho irrefutable de que ya habían sido afiliados desde antes al citado Instituto asegurador nacional.

XI.- Por otro lado, la seguridad social parece que no ha sido entendida en toda su dimensión, y se soslaya que la educación, los servicios educativos y culturales que brinda la U. de G., forman parte de la seguridad social. Además se olvida que el servicio público de seguridad social que brinda el Estado Mexicano a su población, al través de los entes creados al efecto por el Congreso de la Unión, (llamados Seguros Sociales), es precisamente eso: un servicio público, distinto a otros, que la teoría del Derecho Administrativo determina que no puede ser brindado por decisión propias de los entes particulares, sino por los organismos públicos descentralizados competentes de manera directa, o indirecta al través del uso de las figuras jurídicas de la concesión o la subrogación de servicios hecha por el propio Estado —en el caso que nos ocupa por el propio IMSS—, cuando la ley así lo permita.

En el caso a estudio, hay dos motivos que determinar que el policitado SSS no sea un esquema válido desde el punto de vista jurídico —ni aún cuando el IMSS lo apruebe en un Acuerdo de su Consejo Técnico—: a) porque no se han cumplido todos los requisitos legales para que exista en la especie una concesión o subrogación de servicios para que la U. de G. lo brinde; y, b) porque la U. de G. carece de facultades competenciales para brindarlo, acorde a su artículo 5° de su Ley Orgánica. Además de que ello supone que quien va a brindarlos tenga las posibilidades jurídicas y materiales para hacerlo, que no es el caso de la U. de G., cuyos fines educativos y culturales, previstos en su marco legal específico, no le permiten hacerlo desde la óptica del Derecho Administrativo, pues rebasaría lo que la ley —el texto legal que rige su actividad cotidiana—, le permite hacer. Por lo tanto no se encuentra en la hipótesis que previene el artículo 353-U de la Ley Federal del Trabajo, amén que asumiría compromisos que no le corresponden.

XII.- Ahora bien, los problemas legales que generaría la reactivación del SSS, el que se insiste que muy a pesar de su denominación no es más que un simple esquema de previsión social suscrito por empleador y sus sindicatos de trabajadores, causaría más cargas y problemas que beneficios, a grado tal que el objeto de dicho SSS es imposible desde el punto de vista del Derecho.

En efecto, aún contándose con la eventual “anuencia” de los sindicatos Académico y/o Administrativo (quienes no pueden disponer de los derechos, mucho menos de los recursos de sus miembros acumulados en el llamado “SAR-U. de G.”, mediante simples acuerdos cupulares), e incluso contándose además con la “conformidad” del IMSS para permitir la salida del régimen obligatorio de los empleados universitarios, nada podría evitar que éstos ejercieran individualmente sus derechos a accesar al régimen obligatorio porque el IMSS carece de facultades legales para “negociar” —o mejor dicho aún, para “re-negociar”— la incorporación al régimen obligatorio de seguridad social de cualquier persona o grupo de personas (trátase o no de trabajos especiales, como el universitario), cuanto más si desde hace más de 25 años los ha venido protegiendo en tal esquema y se han generado derechos por los trabajadores, los que no se pierden por un simple acto volitivo, así provenga del Consejo Técnico del IMSS, del H. Consejo General Universitario, o de las Directivas e incluso de las Asambleas de los gremios sindicales. De reclamársele al IMSS éste tendría que subrogarse en la obligaciones del empleador (U. de G.), pero los costes del servicio no saldrían del patrimonio de dicho ente asegurador, por lo que con Convenio o sin él —algo que al parecer no les dijeron a nuestras Autoridades Universitarias cuando “acordaron” poner en marcha el SSS—, quien debe finalmente de soportar el pago de esas prestaciones, es y será siempre nuestra Casa de Estudios, por lo que se le fincarían los respectivos capitales constitutivos previstos en la Ley del Seguro Social. Eso es un hecho inevitable.

Recuérdese que las autoridades —y el IMSS lo es, en su carácter de organismo fiscal autónomo—, sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza expresamente, y el legislador no autoriza al IMSS, ni a la U. de G., ni a sus gremios, a “negociar”, ni la entrada ni tampoco la salida de sujetos o grupos de aseguramiento en el régimen obligatorio. En un Estado de Derecho como el nuestro, si la ley no se cumple, si se inobserva ya sea por error, dolo, mala fe, o ignorancia —hecho gravísimo en una Universidad que se supone es un templo del saber científico—, se puede incurrir en desviaciones graves del orden administrativo dado que nuestra Universidad se sostiene de recursos públicos, por lo que resulta imperativo cumplir a cabalidad con las normas legales existentes en todo momento.

Negóciese con el IMSS, si se puede, la cuantía del salario base de cotización como para llegar a un punto de equilibrio, pues con salario mínimo regional el ente asegurador se desfinancia. Eso acaso sea posible negociarlo, lo otro no.

XIII.- Con el pretendido SSS, de facto y por un simple e ilegal acuerdo interno cupular, de naturaleza laboral propiamente, se les hace nugatorio a los empleados y funcionarios universitarios un derecho generado e irrenunciable para disfrutar de dos pensiones distintas aunque complementarias entre sí, a saber:

A.- Una pensión jubilatoria por años de servicio —de naturaleza laboral—, pactada entre la U. de G. y sus gremios, y por lo tanto de tipo contractual y dinámica, establecida como un derecho en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, por tres motivos definidos:

a) por incapacidad para el servicio —determinado por el IMSS—;

b) contar el personal académico con 65 años de edad; y,

c) tener un mínimo de 30 años de servicio efectivo para la U. de G.

B.- Una pensión legal, cuyo monto se encuentra prevista en una ley de orden público e interés social como lo es la Ley del Seguro Social, que se genera por el tiempo de cotizaciones del propio operario y condicionada a “periodos de espera” (medidos en semanas de cotización), cuyo derecho a peticionarla por cierto es inextinguible de conformidad al artículo 301 de dicho Cuerpo de Leyes preinvocado.

En esta última hipótesis, el no tener inscritos correctamente con las percepciones reales que devengan los trabajadores universitarios), provoca que el IMSS tenga la posibilidad —remota si se quiere, dadas las circunstancias—, de repetir en contra de la empleadora mediante el fincamiento de un “capital constitutivo” al cargo del patrimonio de la U. de G., crédito de índole fiscal que resarciría al Instituto asegurador de todos los gastos erogados en beneficio de los trabajadores que le exijan prestaciones legales, de conformidad a los artículos 49, 54, 77, 79, 88, 149, 185 y 186 de la Ley del Seguro Social —hecho éste no contemplado en los estudios actuariales que hubieron de realizarse para planear el pretendido SSS—. Así, el remedio saldría peor que la enfermedad, pues el exiguo presupuesto universitario no alcanzaría para cubrir tan elevados costos, amén de la responsabilidad en que incurrirían los funcionarios del IMSS que permitieran una situación irregular como ésta —sancionable en los términos del artículo 303 de la Ley del Seguro Social—, por no hablar de la que tocaría a los funcionarios universitarios involucrados.

XIV.- Cabe resaltar que la pensión de seguridad social lleva imbíbita las prestaciones en especie de índole médico, como son: atención facultativa, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria —no sólo para el pensionado, sino extendido el beneficio a su núcleo familiar directo dependiente económico—, lo que de suyo vuelve más interesante su otorgamiento, con independencia del exiguo monto económico de tal pensión —que con base a las reformas recién aprobadas por el H. Congreso de la Unión el 30 de noviembre de 2000 a la pensión garantizada por el Estado, la misma no puede ser inferior a 1.3 salarios mínimos generales del Distrito Federal—, cuestión que motiva que los trabajadores universitarios exijan además la pensión jubilatoria laboral.

Así las cosas, el IMSS estaría siempre obligado legalmente a respetar los derechos de los trabajadores universitarios y otorgaría, de cualquier forma, la pensión de cesantía, vejez, invalidez, riesgo de trabajo, muerte (viudez, orfandad, ascendientes), etc.[EOF]

En desahogo del punto del Orden del Día, relativo al proyecto de reforma integral de la Ley de Pensiones del Estado, El C. Director, Lic. Ricardo López de Anda, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 82, fracción VIII, de la Ley de Pensiones del Estado, hace entrega a los miembros del Consejo asistentes de sendos ejemplares de un documento que es del tenor siguiente:

Señores Consejeros:

El presente documento obedece a uno de los objetivos estratégicos de mayor prioridad dentro del proceso de Administración Estratégica que ha venido conduciendo la Dirección General para encauzar el futuro de la Institución en el mediano y largo plazo; objetivo desarrollado para dar ejecución y debido cumplimiento a los acuerdos que este Consejo Directivo ha venido tomando respecto a la necesidad e importancia de promover una reforma integral de la actual Ley de Pensiones que nos rige, y que necesariamente implica una revisión completa y profunda del sistema estatal de seguridad social conforme al cual hemos prestado hasta ahora este servicio fundamental a los servidores públicos de nuestro Estado. Es incuestionable la exigencia de operar un cambio trascendental en este rubro, dada la plena conciencia que todos compartimos de que la seguridad social es uno de los servicios públicos básicos que el Gobierno del Estado tiene la ineludible obligación de brindar por imperativo constitucional, como un medio efectivo de previsión social y como parte integrante y substancial de las prestaciones laborales de nuestros trabajadores estatales y municipales.

Los sistemas de pensiones, como el nuestro, basados en el esquema de reparto con beneficios definidos, se sustentan en el principio de solidaridad intergeneracional, es decir, que en un periodo determinado las generaciones laboralmente activas cotizan para proveer de recursos a las que se retiran gozando de una pensión, bajo la premisa de que, a su tiempo, las futuras generaciones estarán cotizando para aportar los recursos suficientes con que las actuales puedan retirarse con una pensión. Bajo un análisis simplificado, estos sistemas teóricamente pueden funcionar si la pirámide poblacional se mantiene a través de los años en las mismas proporciones generacionales que en el punto de partida. Sin embargo, la dinámica poblacional no se comporta así, sino que por diversas razones se cambian los dos extremos: el índice de crecimiento poblacional (o natalidad) va decreciendo, mientras que la esperanza de vida se va prolongando; lo cual implica que las proporciones de los estratos de menor edad decrezcan y que los de mayor edad se incrementen, provocando una reversión de la pirámide poblacional

Estos sistemas de reparto con beneficio definido sólo podrían funcionar, al menos por mucho mayor tiempo, si las cotizaciones se fueren actualizando periódica y oportunamente, con referencia en las variaciones de los estratos poblacionales y con base en estudios actuariales y financieros. Pero lamentablemente no ha ocurrido así en la mayoría de los países y de los sistemas, como es el caso de Pensiones del Estado cuya última actualización de cotizaciones se realizó con la reforma de su ley en 1978 y nunca en toda la historia de la Institución se aplicaron estudios actuariales sino hasta por primera vez en la presente administración.

Es necesario, por lo tanto, advertir que a nivel mundial los esquemas de seguridad social han entrado en una revisión profunda y permanente en aras de eludir la crisis económico-financiera que se cierne sobre los institutos encargados de brindar este servicio en virtud de la reversión de las pirámides solidarias e intergeneracionales en que se sustentaban desde a mediados del siglo XX. Por ello, en los albores del siglo XXI existe la tendencia generalizada de implementar nuevas formas para procurar la seguridad social, abandonando el decadente modelo de reparto con pensiones colectivas predeterminadas, y asumiendo un nuevo modelo previsional de capitalización individual, mediante el cual se rompe con compromisos intergeneracionales y se induce a que cada trabajador asegurado acumule, durante su vida útil económicamente productiva, una provisión suficiente para que él mismo obtenga su pensión cuando llegue el evento del retiro.

Es preciso reconocer que el sistema de reparto se inspira en una errónea concepción colectivista, de carácter filosófico-social, acerca del hombre y de la sociedad, propia de otros contextos históricos y culturales. Por su parte, el sistema de aportación y capitalización individual, se inspira en una concepción más acorde a la naturaleza y a la conducta humana, individual y social, al reconocer por una parte el sentido y derecho de propiedad de toda persona sobre los frutos de su trabajo y, por la otra, que ésta se esfuerza más cuando a ese esfuerzo va asociada una mayor recompensa. El trabajador conserva el derecho pleno de propiedad sobre sus aportaciones constituidas como fondo de ahorro fruto de su trabajo, a la vez que se sentirá estimulado a incrementar tales aportaciones con la certeza de que gozará de una mayor pensión en su retiro. Sin embargo, no es ésta una concepción individualista, sino que al mismo tiempo tiene un carácter de sana y auténtica solidaridad social, en virtud de que el ahorro individual, cuyos rendimientos por sí solos serían raquíticos, se conjunta al de todos los asegurados involucrados en el sistema para constituir un capital importante que, bien administrado, producirá elevados rendimientos a sus propietarios, al tiempo que contribuirá al financiamiento de proyectos públicos y privados de alto beneficio social.

Esta concepción individual y social del sistema guarda ajustada armonía con la misión del Ejecutivo Estatal de ‘promover, dirigir y coordinar los esfuerzos de la sociedad para lograr el bien común’, y con sus valores de respeto a la libertad, justicia, solidaridad y eficiencia.

En esta tesitura, para afrontar los retos del siglo XXI en la materia que nos ocupa, el Gobierno del Estado de Jalisco se encuentra en un momento coyuntural de extraordinaria importancia, ya que, no obstante que hasta ahora se ha mantenido sano el equilibrio financiero de la Dirección de Pensiones, resulta innegable, según los estudios actuariales que se han venido practicando, que el actual modelo solidario de reparto requiere de una inaplazable revisión en aras de prevenir un posible colapso motivado por la reversión de la pirámide estructural en que se halla sustentado, puesto que día con día aumenta el número de pensionados en proporciones muy superiores a las de los cotizantes, cuanto más por los agudos problemas que afronta el empleo a finales del milenio.Las tareas de la seguridad social, por su natural vinculación con las relaciones laborales, requieren de una permanente atención por parte de los diversos sectores que protagonizan dichas relaciones, así como de una constante adecuación y ajustes continuos, para tratar de hacerlas responder, con la mayor exactitud posible, a los nuevos reclamos y a las cambiantes necesidades que sobre el particular se van generando, en relación directa con las realidades socioeconómicas que se presentan en los diversos momentos históricos del desarrollo social.El sistema de seguridad social en Jalisco, en importante medida protagonizado por la Dirección de Pensiones del Estado, orgánica y operativamente ha sido uno de los mejor consolidados de la República Mexicana; sin embargo, nuestro Estado, como el resto de las Entidades Federativas, se encuentra inmerso en circunstancias muy peculiares, determinadas por los marcados cambios sociales, políticos y económicos, que dan origen a un escenario que requiere de elementos y acciones renovados, encauzados por los nuevos rumbos que señala el devenir histórico y el desarrollo social de nuestros pueblos. En efecto, nuestro sector laboral al servicio del Estado, está demandando y merece un sistema de seguridad social más acabado y acorde con la realidad actual, que atienda más completamente las nuevas exigencias que en dicho rubro se han suscitado, y que constituya un verdadero medio de protección y robustecimiento de los derechos e intereses que constitucional y legalmente les han sido conferidos a todos los servidores públicos.En consecuencia, es un compromiso indeclinable del Gobierno del Estado de Jalisco, de los organismos públicos descentralizados y de los ayuntamientos incorporados al régimen de la Dirección de Pensiones del Estado, y naturalmente de las organizaciones sindicales que aglutinan a los servidores públicos afiliados, reformar a profundidad sus esquemas económicos por lo que ve a las prestaciones laborales y específicamente las de seguridad social, en aras de alcanzar la modernidad y empatar su sistema a los que actualmente sustentan las instituciones visionarias de seguridad social, constituyendo un deber asumir responsablemente el cambio de modelo de reparto o fondo común, ya rebasado por diversas razones en el mundo entero, para adoptar un nuevo modelo previsional de capitalización individual, el que será administrado directamente por el ente que habrá de crearse para alcanzar los objetivos trazados: El Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, en un renovado esquema que responda a las necesidades futuras.

En ese contexto, se someten a su consideración, Señores Consejeros, los grandes objetivos que se persiguen con la reforma propuesta a la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco:

1.- Debe reformarse el sistema para contar con pensiones dignas, acordes a las percepciones reales de los servidores públicos afiliados, administrándose aquél con certidumbre financiera. Para lograrlo, y en congruencia con el sistema previsional de capitalización individual que se propone, se pretende la creación de un nuevo sistema de pensiones con fondos individuales por cada servidor público, con claro sentido social que genere rendimientos atractivos para éstos. Este sistema se deberá constituir con base en la unificación de los fondos de pensiones para el retiro de lo acumulado en el SEDAR, con las nuevas aportaciones que para ello se realicen, contemplando un mecanismo redistributivo, que mantenga el espíritu de equidad propio de la seguridad social. El mecanismo propuesto consiste en que las entidades públicas empleadoras aporten para el fondo individual un porcentaje de la cuota, proporcional a las percepciones reales del servidor público, lográndose que éste conciba a sus aportaciones como auténticos activos financieros de los que podrá disponer llegado el evento de su retiro.

2.- Es necesario que en la transición de un modelo a otro, se garantice el respeto a los derechos adquiridos por los pensionados y afiliados actuales, de tal forma que ningún trabajador vea minadas sus garantías esenciales.

3.- Es indispensable que el instituto asegurador garantice una pensión mínima para los trabajadores, cuidando en todo momento que los requisitos para acceder a ella sean equitativos y financiera y actuarialmente sustentables.

4.- Las aportaciones para el fondo individual no deberán ser administradas directamente ni por bancos ni por Administradoras de Fondos para el Retiro, como ocurre en el ámbito federal, dada la peculiaridad de nuestro esquema estatal. El sistema estatal de pensiones será organizado, operado y controlado por el instituto asegurador, mediante la constitución de un fideicomiso debidamente conformado con la participación concurrente de todos los sectores involucrados. Este fideicomiso reunirá las características y requisitos necesarios para garantizar la seguridad y certidumbre en el manejo de los fondos de aportación, y tendrá a su cargo el manejo e inversión de tales recursos, en condiciones de seguridad y rendimiento bien definidas, que garanticen ante todo la suficiencia económica que permita a los trabajadores, llegado el momento de su retiro, gozar de una pensión decorosa.

5.- Es preciso redefinir los seguros que integran el régimen obligatorio de aseguramiento, incorporando contingencias sociales que a la fecha no se hallan contempladas en nuestra legislación, entre las que destacan los riesgos de trabajo, la invalidez parcial permanente, las enfermedades generales y maternidad, y las guarderías.

6.- También habrá de realizarse una clara diferenciación entre los regímenes obligatorio y voluntario, a la vez que deviene en imperativo distinguir los alcances de prestaciones y obligaciones, así como la función administrativa y operativa de los sistemas médico, pensionario y de prestaciones sociales.

7.- Uno de los problemas más sentidos es y ha sido el relativo a las cuotas de aportaciones de los cotizantes, indefinición en el texto legal que ha provocado múltiples e interesadas interpretaciones de los alcances de la normatividad vigente, en virtud de lo cual resulta obligado definir cómo se integra el salario base de cotización, a la par que se realicen ajustes a la periodicidad de pago, estableciéndose reglas claras sobre el particular, e implementando dispositivos y mecanismos legales suficientes para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo de los sujetos aportantes, principalmente de las entidades retenedoras, con el ánimo de preservar la suficiencia financiera del instituto asegurador.

8.- A efecto de llevar a cabo con eficacia y suficiencia la operación y administración del nuevo sistema estatal de seguridad social, resulta necesaria la transformación de la actual Dirección de Pensiones del Estado en un organismo igualmente público descentralizado del Gobierno de la Entidad, con personalidad jurídica y patrimonio propios, ente autárquico que se denominaría ‘Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios’, el que sustituiría a aquélla, contando desde luego con una nueva estructura orgánica acorde a sus necesidades, en la que habrán de respetarse las representaciones que en la actualidad contempla la Ley de Pensiones del Estado, y dotada dicha institución de las facultades y atribuciones que resulten indispensables para el cumplimiento de su encomienda.

9.- En lo que atañe al patrimonio del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá continuarse con la misma fórmula que hasta ahora se ha utilizado para constituir el patrimonio de la Dirección de Pensiones, con la salvedad de que en el nuevo modelo que se propone, el fondo individual de cada servidor público será propiedad del asegurado y se utilizará para costear las contingencias de retiro que se prevean en el texto legal, desde luego con independencia de la pensión mínima garantizada por el instituto asegurador.

10.- Atendiendo a las elevadas aspiraciones a que apunta este proyecto de reforma integral que se propone, resulta conveniente implementar fórmulas legales que propicien, faciliten y hagan atractiva la integración al mismo, de los servidores públicos de los 124 municipios de la Entidad, al igual que todos los servidores públicos de los poderes del Estado de Jalisco y de sus organismos descentralizados (no incluidos o comprendidos como sujetos de aseguramiento obligatorio dentro de los regímenes del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE). Esto revestiría a nuestro proyecto de una gran importancia y trascendencia a lo largo y ancho del territorio del Estado de Jalisco, y si bien puede argumentarse que algunos ayuntamientos son pobres en recursos económicos como para acceder a un sistema integral de seguridad social estatal, no debiera perderse de vista jamás que no hay ayuntamientos ( y por lo tanto tampoco debe haber servidores públicos municipales) de primera o de segunda, pues todos sin distingo deberían estar incorporados a un sistema de seguridad social integral que contempla no sólo la Constitución Política del Estado de Jalisco, sino de manera expresa la propia Ley Orgánica Municipal que rige sus actividades cotidianas.

Para la consecución de los anteriores objetivos, se propone la promoción e impulso por parte de esta Institución que hoy representamos, de una reforma y reestructuración integrales de nuestro sistema estatal de seguridad social; reforma que se vería concretada en una legislación renovada y funcional, encabezada por la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual atendería a la estructura siguiente:

I. DENOMINACIÓN DE LA LEY
Se propone sustituir la actual denominación de ‘Ley de Pensiones del Estado de Jalisco’, que atañe únicamente a uno de los grandes rubros de la seguridad social, el pensionario, por la de ‘Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios’, con el ánimo de englobar desde la denominación misma a los tres importantes rubros que conforman todo esquema de seguridad social completo: el médico, el pensionario y el de prestaciones sociales. En efecto, el esquema sobre el que nos proponemos trabajar, no se refiere únicamente al sistema de ‘pensiones’, sino al sistema integral de seguridad social que queremos para los burócratas de nuestro Estado y de nuestros municipios; por ello proponemos esta nueva denominación de la ley, para dejar de entrada claros la naturaleza y los alcances de este trascendental sistema que pretendemos conformar.

II. DISPOSICIONES GENERALES
Dentro del texto legal se regulan los principios básicos que rigen la seguridad social en el Estado, las relaciones entre los entes involucrados, y las obligaciones elementales a cargo de los sujetos aportantes y del propio instituto asegurador, dentro de los cuales destacan los siguientes:

1. Se reitera la observancia general y el interés social de la ley, en términos semejantes al actual texto legal, y se define con precisión la materia que será objeto de su regulación.

1. Se encomiendan la organización y administración del seguro social estatal, al instituto que para tales efectos se crea: Instituto de Seguridad Social del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1. Se precisan como finalidades principales de la seguridad social en el Estado, el garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la vivienda y los servicios sociales que el instituto asegurador pueda proporcionar para contribuir al bienestar individual y colectivo de los servidores públicos asegurados, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso, será garantizada por el propio instituto asegurador.

1. Se establece la seguridad social como un derecho fundamental de los trabajadores al servicio del Estado y sus Municipios, y a cargo de las entidades patronales y del instituto asegurador, decretándose por tanto la obligación subsidiaria de ambas dependencias respecto del otorgamiento de las prestaciones que legalmente corresponden a los sujetos asegurados, con el ánimo de garantizar al máximo que éstos verán ante todo satisfechos sus derechos.

1. Se preserva la fórmula de estricto derecho o de aplicación estricta de la ley, con el propósito de disminuir en lo posible las actuaciones discrecionales o arbitrarias tanto por parte de los sujetos aportantes como del propio instituto asegurador. Con ello se pretende procurar la mayor seguridad y certeza jurídicas en beneficio de todas las partes involucradas en las relaciones de la seguridad social, en la medida que se reducen las posibilidades de actuar con base en criterios particulares o de grupo, que muchas veces atienden a criterios igualmente particulares o de grupos determinados.

1. Se prevé el sistema de supletoriedad legal que será observado al aplicar la ley que se propone, con el ánimo de contar siempre con una norma legal a la cual sujetar las acciones de la seguridad social.

Finalmente, se precisan y distinguen debidamente los dos grandes regímenes que conforman el seguro social del Estado de Jalisco: el obligatorio y el voluntario.

III. RÉGIMEN OBLIGATORIO
Los principales aspectos del régimen obligatorio son los siguientes:

1. Se substituye la actual fórmula para identificar a los ‘sujetos de la ley’, por la de ‘sujetos de aseguramiento obligatorio’, que resulta más funcional y acorde con las relaciones de la seguridad social. En efecto, en lo sucesivo las entidades y servidores públicos serán sujetos de la ley, más que por enunciado legal, por el lugar o participación que dichos trabajadores y entidades tengan dentro de las relaciones del servicio público estatal o municipal. En tales términos, será sujeto de aseguramiento obligatorio toda persona que ostente el carácter de servidor público conforme a la ley de la materia, por lo que habrán de incluirse dentro del universo asegurado, bajo las modalidades y condiciones especiales correspondientes, los servidores públicos por obra o tiempo determinados, que actualmente se encuentran excluidos por disposición del artículo 4° de la ley que nos rige, sin que haya razón suficiente para dicha exclusión, pues la seguridad social es un derecho básico al que debe acceder todo servidor público, con independencia de los términos en que se haya pactado el nombramiento o contrato respectivo.

2. Se establecen y regulan las dos formas de pertenecer al régimen obligatorio:

a) El ingresonatural, por el hecho de ser un servidor público estatal.

b) La incorporación voluntaria al régimen obligatorio por parte de los ayuntamientos y organismos descentralizados, mediante la celebración de los convenios respectivos.

Vale señalar que en los dos casos estamos hablando del régimen obligatorio, por lo que en los supuestos de incorporación y continuación voluntarias, la voluntad de las partes sólo se refiere a la decisión de incorporarse o continuar en el régimen de aseguramiento que nos ocupa, pero una vez realizada la incorporación o decidida la continuación, las reglas que operan son todas las del régimen obligatorio.

3. Se establecen y regulan completamente los seis grandes rubros que integran el régimen obligatorio:

a) Riesgos de Trabajo. Actualmente, en el artículo 44 de la Ley de Pensiones se prevé la posibilidad de otorgar la pensión por invalidez a quien se inhabilite física o mentalmente en forma total y permanente, por causas del empleo en ocupaciones de alto riesgo, quedando a cargo del Consejo Directivo a través del Departamento de Trabajo y Previsión Social del Estado, la determinación de los empleos de alto riesgo, atendiendo a cada caso en particular; disposición que entraña un desafortunado intento a medias de proteger los riesgos de trabajo. En primer lugar, dicha disposición contiene un error técnico de importancia en cuanto supone una invalidez derivada de un riesgo de trabajo. Correctamente, conforme a la técnica jurídica y a las propias leyes de la materia, la ‘invalidez’ sólo proviene de enfermedades generales, en tanto que los riesgos de trabajo producen ‘incapacidades’ en sus diversas variantes. Tal desacierto jurídico deviene trascendente en la práctica sobre todo al tratar de determinar las graduaciones de la inhabilitación, pues mientras la invalidez es, por regla general, total y permanente, la incapacidad es más susceptible de ser graduada como temporal, permanente parcial o permanente total. Asimismo, es importante distinguir y otorgar el trato jurídicamente diferenciado a la enfermedad general y al riesgo de trabajo, pues por mandato constitucional la protección de este último queda a cargo completamente de la parte patronal, en tanto que para la enfermedad general regularmente contribuyen ambas partes. Además, ni las prestaciones en especie ni en dinero son iguales para ambos eventos: en cuanto a las prestaciones en dinero, la enfermedad general produce inhabilitación temporal sin goce de sueldo y una invalidez que da lugar al pago inmediato de pensiones, y en el caso del riesgo de trabajo, desde el primer día de incapacidad se cubren al asegurado los subsidios correspondientes, conforme a la evolución de la inhabilitación; en cuanto a las prestaciones en especie, la enfermedad general sólo da derecho a la atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, mientras que el riesgo de trabajo da derecho, además, a prestaciones y atenciones adicionales, tales como los aparatos de prótesis y ortopedia, y la rehabilitación, entre otros, pues vale reiterar, que la protección del riesgo de trabajo es responsabilidad exclusiva de la parte patronal y quien lo sufre merece una atención especial y privilegiada, según se deriva del artículo 66 de la Ley para los Servidores Públicos que nos rige.

Por otra parte, cuando se sufre un riesgo de trabajo, resulta irrelevante si el empleo es o no considerado de alto riesgo, pues si se producen la enfermedad o accidente profesionales, es inconcuso que el riesgo del empleo, por mínimo que sea, ha sido suficiente para producirlos, y suficiente también para que opere a favor del asegurado, la protección de tal evento riesgoso. En todo caso, la mayor o menor peligrosidad de los empleos, sólo servirá para determinar la siniestralidad o grado de incidencia que cada una de las dependencias patronales tenga, y la proporción en que éstas habrán de contribuir al fondo respectivo, pero no para decidir si el asegurado es o no sujeto de protección.

Por lo anterior, se propone instituir el seguro de riesgos de trabajo, de una manera completa e integral, como un medio eficaz de protección del trabajador ante las enfermedades y accidentes profesionales, lo cual relevará a las entidades empleadoras de la obligación que actualmente tienen de cubrir directamente dichos riesgos. Al efecto, se establecen y regulan las prestaciones en especie y en dinero que el instituto asegurador proporcionará al asegurado que sea víctima de un riesgo de trabajo, las cuales se pagarán con cargo al fondo que para tal efecto se constituya con las aportaciones realizadas exclusivamente por la entidad patronal. Asimismo, se definen con precisión los riesgos de trabajo (enfermedades y accidentes) y las consecuencias que pueden producir (incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, y muerte), así como los términos y condiciones en que se otorgarán las prestaciones en cada uno de ellos.

b) Enfermedades generales y maternidad. Actualmente los artículos del 52 al 54 de la Ley de Pensiones en vigor le confieren a los pensionados y a sus derechohabientes, el derecho a la asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria necesaria, en caso de enfermedades y maternidad, la cual puede prestar la Institución directamente o por convenios celebrados con los demás organismos correspondientes. Por su parte, el artículo 56, fracción XI, de la Ley para los Servidores Públicos que nos rige, dispone que las entidades públicas tienen la obligación de, ‘en la medida de sus posibilidades, proporcionar servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos y asistenciales a los servidores públicos o, en su caso, afiliarlos a través de los convenios de incorporación correspondientes a alguna institución federal, estatal u organismo descentralizado que sea instrumento básico de la seguridad social’; servicios que tienen por finalidad garantizar el derecho humano a la salud y a la asistencia médica, como partes fundamentales de la seguridad social, según lo dispone el artículo 63 de la propia ley.

Mediante el presente proyecto se propone ofrecer a todas las entidades patronales, estatales o municipales, un esquema completo y acabado de aseguramiento en materia de enfermedades generales y maternidad, que resulte más atractivo y preferible a las afiliaciones que bajo distintas modalidades se vienen realizando ante los organismos federales de seguridad social, que han venido decayendo en la calidad y eficiencia de sus prestaciones, provocando una clara desproporción entre los costos y los servicios. Por ello se pretende que la protección de las enfermedades generales y maternidad, no sólo de los pensionados y sus derechohabientes, sino también de los afiliados y sus beneficiarios, quede a cargo del instituto asegurador, el cual proporcionará las prestaciones y servicios correspondientes, directamente o a través de instituciones que cuenten con la capacidad suficiente para brindar la atención con la calidad necesaria para cubrir las expectativas y exigencias existentes sobre el particular.

Al respecto se establecen las prestaciones en dinero y en especie a que hay lugar en los casos de enfermedades generales y de maternidad, precisando con claridad los sujetos que tienen derecho a percibirlas, las condiciones y requisitos para su otorgamiento y los términos para la conservación de derechos.

c) Invalidez, vida, retiro, vejez y cesantía en edad avanzada. En el proyecto de referencia, se propone establecer y regular con precisión y suficiencia las prestaciones a que habrá lugar llegado el momento en que se actualice cualquiera de estos supuestos, así como los requisitos y condiciones para su otorgamiento, y los sujetos que tendrán derecho a su percepción. Este rubro integraría el esquema pensionario de nuestro proyecto.

En los casos de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, las prestaciones conducentes serán las pensiones respectivas, en términos más o menos similares a las previstas en nuestra actual legislación; sin embargo, se incluirán precisiones legales suficientes para organizar y operar adecuadamente el esquema pensionario, especificando con claridad las bases para calcular el monto de las pensiones, y disponiendo la fórmula correcta para garantizar a todo afiliado una pensión mínima equivalente al salario mínimo. Sobre este particular, vale recordar que nuestra actual Ley de Pensiones en su artículo 29 dispone que ‘en ningún caso, el monto de la pensión podrá ser menor al salario mínimo mensual vigente en la ciudad de Guadalajara en el momento en que se otorgue la prestación’, pero en cambio, la propia ley permite cotizaciones inferiores al salario mínimo, sobre todo en los casos de jornadas reducidas, lo cual redunda en una incongruencia e inequidad entre los derechos y obligaciones correspondientes a los afiliados y a la propia institución aseguradora; por lo que en nuestro proyecto se propone preservar dicha pensión garantizada a cargo del instituto asegurador, la cual estará soportada de entrada por las propias aportaciones de los sujetos cotizantes, pues en lo futuro no se permitirán aportaciones calculadas sobre bases inferiores al salario mínimo, con el ánimo de contribuir a la salvaguarda de los medios de subsistencia del asegurado.

Se propone la modernización de nuestro esquema pensionario, mediante la implementación de un modelo previsional de capitalización individual. Hasta ahora nuestro tradicional sistema de pensiones, consiste en la prestación de este servicio con cargo al fondo común existente en la Institución, conformado por las aportaciones de los afiliados y de las entidades patronales. Sin embargo, con la implementación de dicho sistema previsional se pueden lograr mejores resultados para el otorgamiento de las pensiones, estableciendo cuentas individuales productivas para cada uno de los afiliados, cuya administración genere rendimientos que permitan a los servidores públicos retirarse con una pensión mucho más digna y decorosa. De esta manera, eliminando las pensiones con cargo a la masa económica común, y basándolas en el haber individual integrado y administrado para cada asegurado, a través de las cuentas productivas señaladas, se pueden crear condiciones de pensión más sanas y más prometedoras para los futuros pensionados del Estado de Jalisco.

En el rubro de vida, se propone regular las prestaciones a que da lugar el fallecimiento del afiliado en activo, cuando aún no reúne los requisitos para acceder a alguna de las pensiones. Al efecto, se pretende incluir las disposiciones emitidas por este Consejo Directivo en el ‘Reglamento para la Determinación y Otorgamiento de la Prestación prevista en el Artículo 60 Bis de la Ley de Pensiones del Estado’, adecuándolas conforme al contexto teórico-legal del nuevo esquema que se propone.

En el rubro de retiro se incluyen las prestaciones que actualmente se encuentran sujetas al régimen del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR). Al efecto, se adecuarán e incluirán las disposiciones que actualmente rigen dicho sistema, preservando la capitalización individual de cuentas de ahorro, e implementando las fórmulas y mecanismos legales para cambiar o readecuar el fideicomiso que actualmente opera dicho sistema, a efecto de unificarlo con el fideicomiso que administrará el resto de los recursos provenientes de las aportaciones y afectados al régimen pensionario, conforme a las reglas y lineamientos generales que en la propia ley se preverán, con el propósito de garantizar para los asegurados las mejores condiciones de administración y los mejores rendimientos, en aras de lograr pensiones más atractivas y dignas para todos los servidores públicos jaliscienses.Asimismo, deberá establecerse claramente que las cuentas individuales de nuestro esquema pensionario, puedan ser transferibles a otro sistema similar.

También, en relación con este mismo ramo de retiro, se propone regular de una manera más completa lo referente a la devolución o reintegro de fondos por separación del servicio, incluyendo las disposiciones emitidas por este Consejo en el ‘Reglamento para la Devolución del Fondo de Aportaciones’, salvo que se pretenda el beneficio del interés compuesto, que estará sujeto a los estudios actuariales correspondientes. Deberá cuidarse la adecuada vinculación de estas disposiciones con las relativas a la determinación y otorgamiento de la prestación económica prevista actualmente en el artículo 60 Bis de la Ley de Pensiones, en cuanto ambas prestaciones son excluyentes entre sí y representan las dos opciones para los derchohabientes cuando se ha surtido el evento del fallecimiento del afiliado.

d) Vivienda. En nuestro país el acceso a la vivienda digna es un derecho indiscutible de todo trabajador; sin embargo, cada día resulta más difícil y complicado cumplir con este importante imperativo constitucional, debido a la acelerada multiplicación de los derechohabientes frente a la marcada escasez de recursos financieros, que cada vez coloca a los institutos aseguradores en situaciones más precarias frente a la gama de compromisos que las leyes les imponen. Por ello, se hace menester que este compromiso social sea afrontado por las instituciones responsables de una manera planeada y programada, con base en lineamientos y reglas bien definidos, que garanticen el mejor aprovechamiento de los recursos financieros y la atención más adecuada de las necesidades y reclamos que en este rubro imperan entre la población asegurada. Hacia esto apunta el proyecto que proponemos, pues se pretende crear un esquema normativo completo, que regule de una manera integral la prestación de la vivienda por parte del instituto asegurador, con cargo a un fondo de interés social que para tales efectos se integrará con las aportaciones realizadas exclusivamente por la parte patronal, y con base en la planeación y programación debidas. Al efecto, se propone readecuar e incluir las disposiciones que sobre la materia ha emitido este Consejo Directivo a través del ‘Reglamento del Programa de Vivienda’, entre las que se comprenden las diversas modalidades o tipos que puede revestir dicha prestación, los términos y condiciones para su otorgamiento, y los sujetos que tendrán derecho a su percepción.

e) Créditos a corto y mediano plazos. Se propone normar completamente el otorgamiento de estas prestaciones, en términos más o menos similares al tratamiento que actualmente se les viene dando, pero estableciendo lineamientos generales bien definidos al respecto, tales como procedimientos, limitaciones y modalidades de su otorgamiento, recogiendo al efecto los diversos acuerdos que sobre el particular ha venido emitiendo este Consejo Directivo, y sobre todo, para el cobro de los intereses deberá establecerse un índice de referencia que no descapitalice a la Institución.

f) Guarderías. En la actualidad, el Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), cuya finalidad original se encuentra enfocada hacia la asistencia social y no a la seguridad social, a través de su esquema de guarderías presta este servicio a gran parte de las trabajadoras y trabajadores al servicio del estado y sus municipios, no obstante que ello lo aleja del objetivo fundamentalmente asistencial para el cual fue creado, pues los servidores públicos podrían acceder a estas prestaciones a través de su propio esquema de seguridad social.

En nuestro proyecto se propone la conformación de un esquema de guarderías para los hijos de las mujeres trabajadoras y de los hombres trabajadores viudos o divorciados que conserven la custodia de los hijos, siempre que no puedan proporcionarles cuidados durante la jornada de trabajo. Esta prestación se otorgará conforme a las posibilidades del instituto asegurador, en los términos y con los requisitos debidamente establecidos en la ley, y con cargo al fondo que para tales efectos se constituirá por el propio instituto con las cotizaciones que al efecto se determinen a cargo de las entidades patronales y de los afiliados usuarios.

g) Prestaciones Sociales y Culturales. Se propone dar a estas prestaciones un tratamiento similar al que les da la actual legislación; sin embargo, se pretende hacer más funcional y operativo este tipo de prestaciones, constituyendo un fondo especial para costearlas, con cargo al porcentaje de las aportaciones que este Consejo determine con base en los estudios actuariales respectivos.

4. Se contempla el régimen de cuotas y cotizaciones, bajo los siguientes rasgos distintivos:

a) Se precisa y detalla el salario base de cotización, definiendo con claridad y certeza los conceptos que lo integran, los cuales deberán estar previstos en los respectivos presupuestos de egresos en términos del artículo 46 de la Ley para los Servidores públicos que nos rigen, a efecto de respetar la congruencia legislativa, proteger el patrimonio de las dependencias aportantes y propiciar la seguridad y certeza jurídica de todas las partes involucradas en el sistema de cotización.

b) Se señalan las condiciones y requisitos que los conceptos cotizables deben reunir para poder constituir base de cotización, incluyendo las disposiciones emitidas por este Consejo Directivo en el ‘Reglamento para la Cotización al Fondo de Pensiones’ y la reforma legal recientemente promovida.

c) Se establece la obligación de las entidades retenedoras, de manejar los conceptos cotizables a través de la nómina ordinaria de pagos, en aras de preservar el control del esquema de aportaciones por parte del instituto asegurador.

d) Asimismo, para garantizar un adecuado control y una mejor administración de nuestro sistema de cotización, la base diaria de cálculo para determinar las cuotas no podrá ser, en ningún caso, inferior al monto diario del salario mínimo general del área geográfica en que laboren los servidores públicos, ni superior al monto máximo equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general vigente en la Capital del Estado. Cuando el afiliado perciba como base cotizable el salario mínimo, la entidad patronal cubrirá íntegramente, con cargo a su propio presupuesto, la cuota de aquél, en aras de seguir protegiendo y garantizando los medios de subsistencia de los trabajadores.

e) Las cuotas a cargo de las entidades públicas, tienen el carácter de obligatorias y, en consecuencia, deberán consignarse en las partidas de sus respectivos presupuestos de egresos. Sin embargo, no libera a las entidades públicas de la obligación de su pago, el hecho de que tales cuotas no se consignen en los presupuestos respectivos, en cuyo caso, su ejercicio se hará con cargo a las partidas generales de gastos.

f) Se establecen las cuotas a cargo de los afiliados y de las entidades patronales, distribuyendo los porcentajes de las mismas que serán destinados para cada uno de los rubros de riesgos de trabajo, enfermedades generales y maternidad, invalidez, vida, retiro, vejez, cesantía en edad avanzada, vivienda, guarderías, y prestaciones sociales y culturales, de conformidad con lo que determinen los resultados de los estudios actuariales sobre el particular.

g) Se propone el ajuste en la periodicidad de pago, para volverla mensual, conservando el pago de intereses moratorios, así como la actualización de cantidades, en caso de que las aportaciones no se realicen dentro de los plazos previstos por la ley.

h) La determinación y entero de las cuotas corresponden en origen a las dependencias retendoras; sin embargo, el instituto asegurador contará con facultades suficientes para verificar la exactitud de los pagos, determinar las omisiones o defectos existentes y, en su caso, proceder al cobro de los adeudos conforme a las normas y lineamientos aplicables. Cuando las entidades patronales omitan retener y aportar las cuotas correspondientes a los trabajadores, deberán cubrirlas con cargo a sus propios presupuestos.

i) Se implementan mecanismos de organización y control, respecto a las cotizaciones de los servidores públicos sujetos a nombramientos interinos, provisionales o por tiempo u obra determinados.

j) El Instituto Mexicano del Seguro Social, por mandato legal es un organismo fiscal autónomo, lo que le permite proceder unilateralmente a la determinación y cobro de los créditos fiscales por concepto de aportaciones obreropatronales, contando al efecto con facultades tan amplias como el propio procedimiento económico coactivo, que puede tramitar y resolver por sí y ante sí mismo, sin necesidad de acudir a terceras autoridades. Esa característica facilita y agiliza el ingreso de los recursos que le son debidos al Instituto, garantizando en cierta medida la existencia y suficiencia de medios financieros para hacer frente a los compromisos que legalmente le corresponden.

En cambio, tratándose del instituto que proponemos crear en nuestro proyecto, no sería posible (o, por lo menos, no sería sencillo) atribuirle el carácter de organismo fiscal autónomo, principalmente porque en nuestro régimen los principales sujetos obligados son las dependencias integrantes de las administraciones públicas estatales y municipales, las cuales no pueden ser sujetas a un procedimiento económico coactivo instaurado por un organismo descentralizado de la propia administración, como lo sería el instituto asegurador.

Por ello, se propone implementar ciertas fórmulas para garantizar el oportuno y debido cumplimiento por parte de las entidades aportantes, respecto del pago de las cuotas que les corresponden.

k) Se dispone la administración de los fondos relativos al retiro, a través de cuentas individuales de capitalización productiva, propiedad de cada titular, las cuales serán inembargables e inalienables.

IV. RÉGIMEN VOLUNTARIO
El régimen voluntario permite la incorporación voluntaria de los ayuntamientos o dependencias descentralizadas, que deseen afiliar a sus trabajadores bajo esquemas especiales diferentes al esquema completo del régimen obligatorio, los cuales serán previamente establecidos por el instituto asegurador, con base en las disposiciones legales aplicables.

También se incluye la posibilidad de que los trabajadores que han dejado de ser sujetos naturales del régimen obligatorio, continúen afiliados bajo un esquema especial del régimen voluntario, para efectos de las prestaciones previamente establecidas por el instituto asegurador y por la propia ley.

En los dos supuestos, el aseguramiento se llevará a cabo mediante la celebración del convenio respectivo con el instituto asegurador, en el que se precisarán las prestaciones que dicho aseguramiento comprenda, así como las cuotas, periodos de pago, y demás modalidades de la contratación.

V. PROCEDIMIENTOS
Nuestra Ley de Pensiones vigente, ostenta un carácter eminentemente sustantivo, siendo omisa en cuanto a la regulación procedimental de las acciones que prevé. Ello implica un obstáculo, tanto para los usuarios, como para la propia Institución, en cuanto al ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que la propia ley consagra. Esta situación resulta desventajosa principalmente para los intereses de los usuarios, que no encuentran la seguridad de un procedimiento bien definido, mediante el cual puedan reclamar sus derechos e impugnar las acciones que los afectan. Por ello, en nuestro proyecto se propone establecer normas procedimentales claras que rijan las actuaciones de las partes involucradas en el sistema de la seguridad social en el Estado.

VI. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD

Se propone establecer reglas claras y precisas que normen la prescripción y caducidad tanto de los derechos y acciones sustantivos como de los procedimentales, de todas las partes involucradas en las relaciones de la seguridad social conforme a nuestro régimen. Ello con el fin de procurar un mínimo de seguridad jurídica para todos los participantes, y reducir al mínimo la necesidad de recurrir a interpretaciones personales o a criterios particulares o interesados.

VII. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
Se propone la creación de dicho instituto, en substitución de la actual Dirección de Pensiones, dotándolo legalmente de la estructura, organización y competencia suficientes para cumplir con el compromiso de organizar y prestar la seguridad social en el Estado, en los términos planteados en nuestro proyecto.

Sobre el particular, se propone instituir debidamente los órganos de gobierno del instituto, dentro de los cuales se conservarán las representaciones de todos los sectores que actualmente participan en el gobierno de la Dirección de Pensiones, y se definirán detalladamente las obligaciones, facultades y atribuciones que a cada órgano correspondan, con el propósito de procurar que toda actuación de este organismo atienda a una causa legal debidamente establecida, en estricto apego al principio de legalidad que debe regir toda acción de autoridad.

VIII. ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

En general, se dispondrán las bases para la debida organización y funcionamiento del instituto, emitiendo reglas claras sobre la constitución y administración de su patrimonio, recogiendo, en cuanto resulten atendibles, las fórmulas que actualmente se vienen aplicando sobre el particular en la Dirección de Pensiones. También se establecen las reglas relativas a las formas y condiciones en que habrá de llevarse a cabo la inversión de los fondos y de las reservas técnicas, procurando sobre todo la mayor seguridad, rendimiento, liquidez y utilidad social.

IX. RÉGIMEN TRANSITORIO
En el régimen transitorio del proyecto propuesto, se disponen los mecanismos necesarios para enlazar el sistema vigente con el que se pretende crear, y para regular la etapa de transición de aquél a éste, procurando respetar ante todo los derechos ya adquiridos por los afiliados de esta Institución. Al respecto, existen tres situaciones que deberán distinguirse y regularse perfectamente en relación con los derechos de la población asegurada, teniendo presente el imperativo constitucional de irretroactividad de las leyes y buscando siempre el mayor beneficio para los destinatarios de la seguridad social:

1. La situación de quienes ya se encuentran disfrutando o pueden disfrutar de algún derecho adquirido conforme a las disposiciones de la actual legislación.

2. La situación de quienes ya actualmente se encuentran sujetos al régimen vigente, sin ser acreedores o estar gozando de algún derecho cierto y determinado.

3. La situación de quienes ingresen al servicio público o al esquema de aseguramiento, ya bajo la vigencia del nuevo sistema.

Asimismo, deberán establecerse las bases y plazos en que el Ejecutivo Estatal y el propio Instituto, según corresponda, emitan la reglamentación y demás disposiciones administrativas que deban derivarse de la ley, y que junto con ésta habrán de constituir la normatividad que regirá nuestro nuevo sistema de seguridad social.

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Guadalajara, Jalisco, junio de 1997

Seleccione, copie y pegue el siguiente texto en su procesador de palabras.

H. CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIONAL EN JALISCO

DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

P R E S E N T E

_______________________________________________, mexicano, mayor de edad, trabajador universitario, con la plaza de _____________________________________________________, adscrito __________________________________________________ ___________________________ _________________________ ________________________________, empleado de la Universidad de Guadalajara (U. de G.) con código interno ________________, entidad patronal con registro ante el IMSS N° B90-10931-10-1 del régimen ordinario, domiciliado para recibir todo tipo de notificaciones personales en: _____________________________________________ _________________________, teniendo como número de afiliación en el IMSS __________________, ante Ustedes con el debido respeto comparezco para exponer:

Por mi propio derecho, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 294 y 295 de la nueva Ley del Seguro Social, y con arreglo al Reglamento del Recurso de Inconformidad vigente, por mi propio derecho promuevo por este conducto Recurso Administrativo de Inconformidad en contra del acto definitivo del Instituto consistente en lo siguiente:

La determinación unilateral asumida por el H. Consejo Técnico del Instituto, en su carácter de órgano de gobierno, representante legal y administrador del mismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 263 y 264 de la Ley del Seguro Social en vigor, mediante la cual se determina y autoriza mi salida del régimen obligatorio del Seguro Social para ser incorporado al régimen voluntario, decisión administrativa unilateral que hasta donde el suscrito tiene conocimiento fue asumida por ese Instituto los días 28 o 29 de junio de 2000, fecha en que suscribiera el IMSS en su carácter de entidad aseguradora nacional, “Convenio” con la empleadora del suscrito la Universidad de Guadalajara para permitirle supongo que por razones políticas más no jurídicas operase su propio “sistema de seguridad social”, no obstante que por disposición legal tenemos irrenunciables derechos como trabajadores universitarios a disfrutar del esquema de seguridad social que brinda el IMSS, conforme lo ordena el artículo 123 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, y los artículos 12 fracción I, 15 y demás relativos de la Ley del Seguro Social vigentes.

Pese a que no se me ha notificado legalmente dicho acto con carácter de definitivo del Instituto, el que me agravia irremediablemente, el supuesto “Convenio” alcanzado y firmado entre los representantes legales del IMSS y los de la U. de G., al parecer contando esta última con la “anuencia” de los Secretarios Generales de los gremios del personal docente y administrativo (pese a que ellos no pueden jurídicamente aceptar, decidir, declinar y mucho menos renunciar a los derechos de sus agremiados que son de índole individual e irrenunciables con arreglo al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, el que resulta aplicable supletoriamente en esta Inconformidad en base al artículo 1° del Reglamento del Recurso de Inconformidad), aceptó ese Instituto asegurador por razones políticas y no jurídicas, un “seudo consentimiento” grupal y corporativo otorgado por mis “representantes sindicales”, situación que es absurda e imposible jurídicamente hablando y que naturalmente no puedo aceptar ni expresar mi consentimiento para con ella, pues tan aberrante decisión me agravia en lo personal (junto con el personal docente y administrativo al servicio de dicha Casa de Estudios), doliéndose ahora el suscrito en lo individual de todos los actos de materialización que sean consecuencia inmediata y directa de tan innoble e injusta determinación, entre los que se encuentran la negativa de atención médica por parte de esa institución aseguradora nacional, y la futura negativa de concederme una pensión de seguridad social a la que pudiere tener derecho.

PROCEDENCIA DEL RECURSO:

Es procedente este medio legal de impugnación, porque el artículo 295 no deja ninguna duda al respecto dada la meridiana claridad en que se halla redactado por el legislador federal: “Las controversias entre los asegurados (y yo lo soy), y el Instituto, sobre las prestaciones que esta Ley otorga, podrán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, debiéndose agotar previamente el Recurso de Inconformidad que establece el artículo anterior”.

En tanto que el artículo 294 de la Ley del Seguro Social vigente nos indica que cuando los asegurados consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto (y dadas las circunstancias dicho supuesto “Convenio” lo es, pues reviste un carácter de definitivo y se trata de un acto decidido unilateralmente por el Instituto en contubernio con la empleadora, sin consultar a la base trabajadora y menos al suscrito en aras de eludir su responsabilidad originaria de institución aseguradora nacional, haciendo de suyo nugatorios nuestros derechos como asegurados del régimen obligatorio al que tenemos el legítimo derecho de acceder de conformidad al artículo 12 fracción I de la Ley del Seguro Social, en el que la Universidad de Guadalajara cotizaba desde el año de 1973, módulo 10, conforme su registro patronal), acudirán en Inconformidad, en la forma y términos que establezca el Reglamento (el Reglamento del Recurso de Inconformidad, naturalmente), ante los Consejos Consultivos Delegacionales, los que resolverán lo procedente.

Por eso ocurro ante ese H. Consejo Consultivo Delegacional en Jalisco del IMSS, órgano competente para conocer de este medio legal de impugnación en razón del domicilio de la Universidad de Guadalajara, mi empleadora y patrón sujeto obligado a la tributación en los términos del artículo 15 y siguientes de la Ley del Seguro Social, y de mi propio domicilio.

OPORTUNIDAD DEL RECURSO:

Respecto de la existencia del “Convenio” IMSS-U. de G., tomo conocimiento en la fecha de presentación a esa institución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 135, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, mismo que resulta aplicable supletoriamente en los términos del artículo 1° del precitado Recurso Administrativo de Inconformidad, pues tal evento de notificación no ha sido legalmente hecho a ningún trabajador ni docente ni administrativo de la Universidad de Guadalajara, por parte de ese Instituto, notificación que resulta necesaria efectuar de manera personal para salvaguardar la garantía de audiencia del gobernado consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política Mexicana, cuidando en todo momento los derechos de los trabajadores asegurados que constituyen la parte más débil de la relación obreropatronal, y que por razón natural resultan ser los sujetos que prioritariamente debe atender cualquier esquema de seguridad social, máxime que la sociedad repudia la toma de decisiones cupulares y corporativas que atentan flagrantemente contra los derechos irrenunciables e innegociables de la clase trabajadora.

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Por ende, la interposición de este medio legal de impugnación resulta oportuna, máxime que la carga de la prueba en el sentido de que el promovente de esta Inconformidad ya sabía de la existencia de tal acto definitivo de que me duelo le corresponde a ese Instituto de conformidad al artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de Inconformidades, en base también al artículo 1° del Reglamento del Recurso de Inconformidad en vigor.

Cabe señalar que se agota este medio legal de impugnación, como un requisito procedimental previo y obligado antes de ocurrir ante las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la entidad, para el efecto de que no se argumente luego por parte de ese Instituto asegurador que se inobservó el artículo 295 de la Ley del Seguro Social que obliga a los asegurados a hacer valer antes la Inconformidad, previo a plantear la petición de nulidad del “Convenio” impugnado ahora ante las autoridades laborales competentes, que son las de índole federal.

No obstante, en cuanto a su procedibilidad, cuando menos en lo que atañe al suscrito bajo protesta de conducirme con la verdad no me ha sido notificada la citada determinación del Seguro Social de “aceptar” mi salida del régimen obligatorio para enviarme al régimen voluntario, en virtud de lo cual me encuentro en la hipótesis del artículo 12, fracción II, del Reglamento del Recurso Administrativo de Inconformidad.

REQUISITOS DEL RECURSO:

Para fundar la impugnación, con apego a lo ordenado por los artículos 4° y 5°, en directa relación con el numeral 12, fracción II, todos ellos del Reglamento del Recurso de Inconformidad en vigor, me permito obsequiar los requisitos legales exigidos para su formulación:

I.- El nombre y la firma del recurrente, mi domicilio particular que señalo para oír notificaciones, mi registro de seguridad social como asegurado, y el registro patronal de la Universidad de Guadalajara (mi empleadora), ya han quedado expresados en el proemio de este ocurso.

II.- El acto que se impugna ya ha quedado precisado con antelación, en la inteligencia de que no se ha notificado a ningún trabajador de la Universidad de Guadalajara hasta donde tengo conocimiento, el contenido y términos del convenio celebrado y suscrito el 29 de junio de 2000 entre el IMSS y la U. de G., afirmación que se realiza desde luego salvo prueba en contrario, tocándole la carga de la prueba a ese Instituto asegurador.

III.- Los Hechos que originan la impugnación me son desconocidos, como lo son para todos los trabajadores universitarios ya docentes o ya administrativos, pues al parecer se tomaron decisiones cupulares, y lo único que sé es que de manera sorpresiva se nos dio de baja del régimen obligatorio con efectos al 30 de junio de 2000, y todavía más, como consecuencia de dicho “Convenio”, se han dado actos ya de materialización y afectación directa a mis intereses como asegurado, demostrables mediante la leyenda que aparece plasmada en el recibo de nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de julio del año en curso (que se empieza a cubrir a los empleados de la U de G, el día 31 de julio de 2000, así como también al haberse girado instrucciones por parte del IMSS en Jalisco por conducto de los CC. Lics. Jaime Carbajal Aceves y Dr. Luis Rodríguez Gutiérrez en sus caracteres de Titulares de las Jefaturas Delegacionales de Servicios tanto de Afiliación y Cobranza, como de Prestaciones Médicas, y contenidas en el oficio circular número 14A6609100/019/00, fechado en esta ciudad el 13 de los corrientes, mismo que fuera enviado a los Directores de Hospitales de segundo, tercer nivel y U.M.F.’s, Subdelegados, Jefes de Departamento y Oficinas de Afiliación y Cobranza, Encargados de Sectores Técnicos y Encargados Administrativos en U.M.F.’s, en una palabra, a todo el sistema Delegacional en el Estado de Jalisco.

IV.- Los Agravios que me causa el acto impugnado por ahora no los puedo precisar con exactitud, porque como ya lo dije antes, me encuentro en la hipótesis de la fracción II del artículo 12 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, negando entonces conocer los términos del acto recurrido que me agravia y sólo conozco su existencia.

Por consiguiente, ese H. Consejo Consultivo Delegacional debe ordenar se me dé a conocer, como inconforme que soy, el acto recurrido de que me duelo, junto con la notificación que del mismo se hubiese practicado al suscrito en mi carácter de trabajador asegurado en el régimen ordinario en mi domicilio que naturalmente obra en los archivos de esa institución, toda vez que fui inscrito desde el _____________________________, mediante la presentación del respectivo aviso de inscripción del trabajador “afil-02″, por mi empleadora la Universidad de Guadalajara. De todas formas, mi domicilio particular lo he señalado en el proemio de este ocurso, y tendré entonces la oportunidad procesal de impugnar el acto definitivo del IMSS de que me duelo, salvaguardándose así mis garantías Constitucionales de audiencia y la de legalidad.

No obstante tal situación procedimental singular (que con base al artículo 12, fracción II, del Reglamento del Recurso de Inconformidad, no permite que sea “desechado” a priori este medio legal de impugnación sin incurrir en ilegalidad procedimental, lo que advierto desde ahora a ese Órgano Colegiado), de cualquier forma, para que no se mande corregir, completar o aclarar este Recurso, aduzco como Agravios, desde ahora, los siguientes:

A G R A V I O S:

Para empezar, el régimen obligatorio del Seguro Social no es susceptible de ser negociado ni “conveniado” entre una institución aseguradora nacional como es el IMSS y una institución educativa por más autónoma que ésta sea, porque no hay duda alguna en el sentido de que además de ser la seguridad social un derecho humano inalienable, es en esencia un servicio público a cargo del Estado y que es indelegable (se ruega ver la Exposición de Motivos de la Ley original de 1943), que atendiendo a las definiciones de los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° fracción I de la Ley del Seguro Social, contiene normas taxativas de observancia general de orden público e interés social, tiene una finalidad esencial distinta del derecho laboral que no puede ser pactado ni “conveniado”, servicio público que está al cargo de esa institución y no de ninguna Universidad pública o privada cuyo objeto es la de brindar el servicio de educación media superior o superior pero no el de seguridad social, que el Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, que éste se encuentra al cargo del ente descentralizado de la Administración Federal denominado “IMSS”, y en lo que ahora más importa que quienes estén sujetos a una relación de trabajo les corresponde el régimen obligatorio que comprende los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales.

Luego, el artículo 2° fracción II del Código Fiscal de la Federación es contundente al respecto: “Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley (la Ley del Seguro Social), a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social (la U. de G. en este caso, en el régimen obligatorio) o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado (régimen voluntario)”, lo que demuestra que el IMSS, como entidad aseguradora nacional debe actuar también en este caso como organismo fiscal autónomo y vigilar por parte del Estado el irrestricto cumplimiento para con estas obligaciones por la empleadora, quien es sustituida por el Estado en sus obligaciones legales naturales.

En el caso que nos ocupa, tal y como lo demuestro con las probanzas documentales respectivas que anexo como prueba, realizo un trabajo subordinado a cambio de un salario para la Universidad de Guadalajara como empleadora y nuestras relaciones de trabajo se encuentran regidas por la Ley Federal del Trabajo.

Luego, no existe duda en que la Universidad de Guadalajara, conforme a su Ley Orgánica vigente expedido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, en base a su artículo 1°, tiene como finalidad única: “…el impartir educación media y media superior, y coadyuvar al desarrollo de la cultura en la Entidad…”, en tanto que con base a su artículo 2°, le resultan aplicables en ese orden los artículos 3° y 123 Apartado “A” Fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la legislación federal (Ley Federal del Trabajo, Ley del seguro Social y la Ley del INFONAVIT), y estatal aplicables, y luego su Ley y las normas que de la misma deriven.

Por lo tanto, es obvio que resultan aplicables en la especie, con un sentido tuitivo o tutelar, tanto la Ley del Seguro Social, como la Ley Federal del Trabajo; de esta última resalto tres preceptos ahora para ilustrar el motivo de mi queja fundada: el artículo 18, que establece el principio “in dubio pro operario”; el artículo 33, que establece como nulas las renuncias de los trabajadores hechas a sus derechos laborales, y que además condiciona la forma en que deben celebrarse los convenios entre el empleador y sus gremios; y el artículo 353-U, que establece lo relativo a las prestaciones de seguridad social de los trabajadores universitarios.

En este último caso, resulta evidente que no existe ningún sistema de seguridad social en la Ley Orgánica de dicha Casa de Estudios, ni tampoco puede por sí sólo el artículo 353-U de la Ley Federal del Trabajo dejar sin efecto toda una legislación (específica, que no genérica, en el rubro de la seguridad social), de la misma jerarquía Constitucional y específica como es la Ley del Seguro Social, mucho menos darle efectos retroactivos en aras de hacer nugatorios derechos laborales ya generados, como ocurre en la especie al pretender sacársenos del régimen obligatorio para enviársenos al voluntario.

Esta situación, por sí sola, modifica radicalmente nuestro estatus laboral, nos priva del manto protector de la seguridad social integral con sentido universal que brinda el IMSS, y produce de facto la “privatización” imposible del servicio público de seguridad social para los docentes y administrativos de la Universidad de Guadalajara, en franco desacato a nuestras garantías individuales y la inobservancia de los derechos sociales consagrados en el artículo 123 Constitucional.

Es posible que le convenga al Seguro Social liberarse de la responsabilidad de atender médicamente a millares de docentes y de administrativos de la U. de G.; también es posible que no le resulte un buen “negocio” tener como “cliente” a una Casa de Estudios que no siempre puede cubrir sus aportaciones de seguridad social de manera oportuna. Pero “conveniar” la salida del régimen obligatorio de nosotros, después de haber disfrutado nosotros de este esquema del módulo 10 por más de cinco lustros, para decirlo suavemente es un crimen.

Bien saben las autoridades de ese Instituto, expertas en materia de seguridad social, que la historia da cuenta de que en el siglo XX se pasó de la previsión social al Seguro Social, y de éste a la seguridad social integral y universal; el ya tristemente célebre “sistema de seguridad social de la Universidad de Guadalajara”, es imposible que sea un esquema de seguridad social porque no interviene el Estado para regularlo y garantizarlo, no es ni siquiera un “seguro social” de aquellos que se crearon a mediados del siglo XX y que hoy prácticamente ya no existen; es un sistema si acaso de simple previsión social del orden laboral, negociado por las partes contratantes (empleadora y sus gremios) y que debe ser en todo caso complementario de los servicios de seguridad social que brinda esa institución.

En consecuencia, procede dejar sin efectos el acto recurrido, y retrotraerlos hasta antes de que se cometiese la violación en agravio del suscrito y de mis compañeros empleados universitarios, sin perjuicio de que aquéllos que se sientas afectados, hagan valer en su oportunidad los medios de defensa necesarios en aras de hacer respetar sus derechos y conquistas laborales y de seguridad social alcanzados, en el entendido que el suscrito está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, para hacer respetar incluso mediante la intervención de autoridades jurisdiccionales, mis derechos adquiridos.

V.- El nombre o razón social del patrón empleador del suscrito es: Universidad de Guadalajara, con domicilio legal en Av. Juárez N° 975 Sector Juárez de esta ciudad. El nombre del sindicato al que pertenezco es: Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUDEG), con domicilio en Av. José Parres Arias N° 555, Zapopan, zona metropolitana de esta ciudad.

Cito tales nombres y domicilios pese a que en mi opinión no nos encontramos en los caso que previene el artículo 7° del Reglamento del Recurso de Inconformidad, no obstante lo cual prefiero citarlos para que luego no se aduzca que este escrito es oscuro, irregular o incompleto, o se busque algún subterfugio legaloide para desecharlo.

VI.- Directa y estrechamente relacionadas con los motivos de inconformidad que esgrimiré, desde ahora ofrezco las siguientes pruebas que justifican mi interés jurídico para promover este medio legal de impugnación (sin perjuicio de que al ampliar mi recurso exhiba algún otro elemento de convicción, con arreglo a lo estatuido por el artículo 5° fracción IV y relativas del Reglamento del Recurso de Inconformidad):

A.- Documental pública, consistente en el “Convenio” celebrado entre el IMSS y la Universidad de Guadalajara, suscrito el 29 de junio del 2000 por conducto de sus representantes legales, mismo que sé de su existencia pero no conozco los términos en que fue concertado pues no me ha sido notificado, lo que me impide esgrimir ahora los conceptos de inconformidad o agravios que me irroga.

Esta probanza justifica la existencia del acto reclamado, y por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 5° fracciones I, II, y especialmente su fracción IV, párrafos del primero al cuarto, así como 12 fracción II, todos ellos del Reglamento del Recurso de Inconformidad, como tal probanza no obra en mi poder, adjunto al presente ocurso, debidamente sellado de recibido por la Oficialía de Partes de esa Delegación Estatal en Jalisco del IMSS en cuyos archivos se encuentra, el escrito mediante el cual he solicitado se me expida copia certificada del mismo, confiando en que no se argumente para negarme copia certificada de dicho acto jurídico, lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley del Seguro Social.

No obstante, supuesto tal evento, me acojo al beneficio que sobre el particular me concede el artículo 12 fracción II del Reglamento del Recurso de Inconformidad, que no exige para ser admitido dicho medio legal de impugnación el acto recurrido y/o su constancia notificatoria, debiendo ordenar el C. Secretario de ese órgano colegiado se me notifique en mi domicilio el acto de mérito para entonces poder ampliar mi Recurso.

Sin embargo, suponiendo sin conceder que se hiciese nugatoria tal hipótesis (en donde se incurrirían en graves y irreparables vicios procedimentales), esta probanza se oferta n los términos del tercer párrafo de la fracción IV del artículo 5° del Reglamento del Recurso de Inconformidad, porque ofrezco como prueba documentos que obran en poder de dependencias del propio Instituto y que se hallan en los Archivos Delegacionales del mismo, en virtud de lo cual a petición expresa del suscrito promovente, el C. Secretario del Consejo Consultivo Delegacional deberá ordenar a dichas dependencias su remisión para ser integradas al expediente de Inconformidad

De cualquier manera, solicito se dicte acuerdo, fundado y motivado a mi derecho de petición consagrado por el artículo 8°, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, que ejercito ahora, reservándome mis derechos para impugnar el Acuerdo en caso necesario, mediante el Recurso de Revocación previsto por el artículo 31 del Reglamento del Recurso de Inconformidad.

B.- Documentales privadas, consistentes en las siguientes probanzas:

1) Documental, consistente en copia del recibo de nómina emitido por la U. de G., a nombre del suscrito, correspondiente a la segunda quincena del mes de julio de 2000; obra en una hoja.

2) Documental, consistente en copia del aviso de inscripción del suscrito al régimen obligatorio del Seguro Social (copia de la hoja rosa), presentado ante el IMSS. Consta de una hoja.

3) Documental, consistente en copia del Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado y con carácter de Definitivo, celebrado entre la Universidad de Guadalajara y el suscrito. Constante de una hoja.

4) Documental, consistente en copia de la “tarjeta informativa” en la que en 7 puntos se describe el avance del inicio de operaciones del “sistema de seguridad social”, fechada el 13 de julio del 2000, emitida por la Universidad de Guadalajara, y que recién me acaba de ser entregada en una reunión sindical, la que por sí misma se explica y que casi coincide en la fecha de la firma del policitado “Convenio” pues se aduce que se suscribió el 28 de junio del 2000 con ese Instituto. Constante de 2 fojas.

5) Documental, consistente en copia del oficio circular número 14A6609100/019/00, de fecha 13 de julio de 2000, emitido por los Titulares de las Jefaturas de Servicios de Afiliación y Cobranza y de Prestaciones Médicas del IMSS, dirigido a Directores de Hospitales de segundo, tercer nivel y U.M.F.’s; Subdelegados, Jefes de Depto. Y Oficinas de Afiliación y Cobranza; Encargados de Sectores Técnicos y Administrativos en U.M.F’s, en donde se alude a que el “Convenio” policitado fue firmado el 29 de junio del año en curso por el IMSS con la U. de G., (esto es, un día después del que dice la tarjeta informativa ofertada como probanza inmediata anterior), y que en lo que ahora más importa “materializa” el citado “Convenio”, comenzándose a restringir los derechos de los trabajadores universitarios y cambiando toda su situación jurídica frente a dicha institución aseguradora nacional. Consta en 2 fojas.

Todas las probanzas documentales anteriores, se ofrecen en los términos del artículos 1° y 5°, fracción IV, del Reglamento del Recurso de Inconformidad, en directa relación con el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece que las copias hacen fe de la existencia del original y que en caso de ser redarguidas de apócrifas deberá ordenarse su cotejo con los originales donde se compulsaron, mismas que obran: las documentales 1), 3), y 4), en el domicilio de la Universidad de Guadalajara, situado en Av. Juárez N° 975, Sector Juárez de esta ciudad; y las documentales 2) y 5), en las Oficinas de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza de la Delegación Estatal en Jalisco del IMSS, domiciliado en Sierra Morena N° 530, esquina Belisario Domínguez, planta baja, Sector Libertad de esta ciudad.

C.- La de Informes, a que alude el artículo 16 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, debiéndoseme dar vista de aquellos documentos que hayan servido de base para la emisión del acto recurrido a fin de no quedar en estado de indefensión.

D.- Presuncional, en su doble aspecto legal y humano en lo que me favorezca, en la inteligencia que este Recurso Administrativo de Inconformidad no es de estricto derecho, porque no se combaten actos fiscales ni resulta supletorio el Código Fiscal de la Federación; es un Recurso del orden laboral que tiene como legislación supletoria a la Ley Federal del Trabajo, en el que hay suplencia en la deficiencias de que adolezca la queja en base a todos los principios jurídicos del Derecho Social que de ella y de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos emanan.

Por lo expuesto y fundado, respetuosamente solicito:

PRIMERO.- Se admita mi recurso de Inconformidad planteado en contra del acto definitivo impugnado que señalé, al igual que las pruebas ofrecidas, dictándose acuerdo fundado y motivado sobre el particular.

SEGUNDO.- Con apoyo en el artículo 12, fracción II, del Reglamento del Recurso de Inconformidad, se ordene notificarme el acto de mérito en mi domicilio, actuando ese órgano colegiado como una institución de toda buena fe, a fin de estar en posibilidad material y jurídica de imponerme de los términos y alcances del “Convenio” aludido que señalo como acto impugnado, y poder así ampliar mi recurso con apego a derecho.

TERCERO.- En tanto, se soliciten los Informes respectivos sobre el asunto que nos ocupa a la Subdelegación Juárez de esta ciudad (que corresponde a la Universidad en razón de la ubicación de su domicilio principal), dándoseme vista de ello para no dejárseme en estado de indefensión, así como a cualquier ente, órgano o funcionario que en opinión del C. Secretario Instructor deba informar sobre el asunto que nos ocupa con arreglo a lo ordenado por el artículo 16 del Reglamento del Recurso de Inconformidad.

CUARTO.- Se emita fallo administrativo, en su oportunidad procesal, que declare procedente y fundado este medio legal de impugnación, dejando sin efecto el acto recurrido, absteniéndose los inferiores de efectuar actos de molestia que irroguen perjuicios al suscrito como asegurado del régimen obligatorio, en el que he estado inscrito y generado derechos desde hace varios años, y que no es susceptible de ser negociados o “conveniados”, al tratarse la Ley del Seguro Social de una legislación reglamentaria de la fracción XXIX del Apartado “A” del artículo 123 Constitucional, ser de orden público, de observancia general en toda la República y de interés social.

Guadalajara, Jalisco, a la fecha de su presentación

LIC. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

ABOGADO POST-GRADUADO EN SEGURIDAD SOCIAL

SEÑOR LICENCIADO RICARDO LÓPEZ DE ANDA

DIRECTOR GENERAL DE PENSIONES DEL ESTADO

P R E S E N T E

AT’N.- LIC. JORGE BASULTO

DIRECTOR JURÍDICO

He tenido conocimiento de que debido a la tarea de “regularización” que efectúa el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respecto de la afiliación de los trabajadores al servicio de la Dirección de Pensiones del Estado, ente que Usted tan atinadamente dirige, habrá de conveniarse a la brevedad con dicho Instituto utilizando al efecto un documento que denominaremos en lo sucesivo “Convenio-Tipo” y del cual me permito acompañar copia -aunque seguramente ya es de su conocimiento-, constituyendo en la práctica el requisito a obsequiar para lograr, en los términos del artículo Séptimo Transitorio de la nueva Ley del Seguro Social vigente, la formal -que ya no oportuna- “regularización” de la <> de los Servidores Públicos que laboran para ese organismo público descentralizado Estatal; así las cosas, por considerarlo de interés para Ustedes, por este conducto externo a su amable consideración OPINIÓN PROFESIONAL sobre la juricidad, alcances y consecuencias legales del citado documento.

Naturalmente que el objeto de este análisis jurídico pretende dar luz sobre la problemática que se afrontará ahora que el H. Congreso del Estado de Jalisco ha expedido el Decreto N° 17396 —al que luego haremos referencia—, en aras de facilitarles la toma de decisiones sobre la eventual suscripción del documento en estudio, pues es ya de su conocimiento que el Derecho de la Seguridad Social ha sufrido de manera reciente una transformación radical tanto en sus esquemas de salud, de prestaciones sociales, como sobre todo pensionario, siendo una disciplina compleja y abigarrada, repleta de tecnicismos, cuya comprensión se vuelve complicada en la práctica cotidiana. Por lo tanto, en aras de cumplir la encomienda que nos hemos propuesto de serles útiles, realizamos a continuación un estudio exhaustivo, metodológicamente dividido en párrafos numerados, intentando con ello dar respuestas claras a cuestionamientos concretos, análisis del Convenio-Tipo que se hace partiendo de la hipótesis de que actualmente reciben los empleados estatales adscritos a la Dependencia a su muy digno cargo, el servicio de índole médico del IMSS, pero en la inteligencia que de no ser así, de todas maneras le resultarán aplicables las observaciones formuladas al Convenio de Incorporación respectivo que les habrá de ser presentado por dicha institución aseguradora nacional.

1.- Para empezar, conforme a los datos recabados personal y telefónicamente por el suscrito a nivel de Oficinas Centrales, Regionales y Delegacionales en Jalisco del IMSS, constaté que el formato utilizado por dicho Instituto será uniforme en todo el país, salvo acaso algunas leves discrepancias —de forma, que no de fondo— en su texto final, hechas a petición expresa de los propios interesados, que no alterarán en substancia la esencia del documento. Dicho Convenio-Tipo fue aprobado ya por las Direcciones de Afiliación y Cobranza, y la Jurídica, a nivel central, y es del conocimiento del propio Consejo Técnico del IMSS como órgano superior de gobierno, representante legal y administrador de dicho ente público descentralizado.

2.- Las negociaciones que el Gobierno del Estado de Jalisco y con los representantes de los Ayuntamientos de la Entidad, de diversas Dependencias Estatales y de organismos públicos descentralizados de Jalisco, efectuadas por funcionarios de la Delegación Estatal en Jalisco del IMSS, se han desarrollado en los últimos meses sobre la mejor manera en que habrá de cumplirse lo que impone al efecto la Ley del Seguro Social, que es de observancia general en toda la República y cuyas disposiciones de orden público y de interés social sirven de marco a las negociaciones, todo lo cual ha dado lugar entonces a la elaboración del Convenio-Tipo en cuestión, el que acaso con algunas leves modificaciones en su redacción será el documento que regirá en el futuro -en el caso concreto- las relaciones IMSS-Dirección de Pensiones del Estado, una vez sea suscrito por los representantes legales de ambos.

3.- Ahora bien, el Decreto N° 17396 del H. Congreso del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 14 de Julio del año en curso y en vigor al día siguiente de su publicación, era la “autorización” esperada para “cerrar negociaciones” y, sobre todo, unificar la regularización en la afiliación de los trabajadores al servicio del Estado y sus entes descentralizados, con base a lo que previene el Capítulo IX “De la incorporación voluntaria al régimen obligatorio”, del Título Segundo —”Del régimen obligatorio”—, de la Ley del Seguro Social. No está de sobra puntualizar que, en nuestra opinión, ya transcurrió el plazo de un año contado a partir del 1° de Julio de 1997, para lograr la “regularización legal” tanto de las personas que determine el Ejecutivo Federal para ser sujetos de aseguramiento obligatorio (artículo 12 fracción III, de la citada Ley del Seguro Social), como para los grupos sociales que contempla el artículo 13 de dicha legislación —entre los cuales se encuentran los servidores públicos estatales y municipales—, como sujetos de incorporación voluntaria.

No deberá extrañar entonces que el IMSS no acepte inscripciones o “avisos de alta” de nuevos servidores públicos a partir del 1° de Julio del corriente año, respecto de los cuales actualmente la Dirección de Pensiones del Estado es la única responsable de otorgarles los servicios médicos de seguridad social; si bien el Convenio-Tipo a suscribir se encuentra hoy fuera del plazo de un año contado a partir del inicio de vigencia de la Ley del Seguro Social, concedido por dicho dispositivo legal en comentario, su validez jurídica será plena dado que no existe sanción para el evento de que se exceda del plazo impuesto por el segundo párrafo del artículo Séptimo Transitorio de la citada legislación.

Desde luego que si la Dirección de Pensiones a su cargo, no optase libremente por “regularizar” su situación, ratificando su voluntad de continuar incorporado (en la modalidad 36), o en su caso incorporarse por primera vez al Régimen Obligatorio (en la modalidad 42) al personal que labora en ella, quedaría desprotegido su personal de los servicios en especie de la Rama de Enfermedades y Maternidad de que disfruta a raíz del Convenio de Incorporación, realizado de conformidad con los artículos 219, 220 y 222 de la abrogada Ley del Seguro Social de 1973 que rigió hasta el 30 de Junio de 1997 —legislación que contenía reglas distintas a las que ahora prevé la Ley de 1997—. Debe tomarse en consideración, que en virtud de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo Séptimo Transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, se requiere expresar o “ratificar” la voluntad de permanecer incorporados al mismo, ya que en el esquema de la llamada Incorporación Voluntaria —que desde luego forma parte del Régimen Voluntario—, se necesita indefectiblemente de la voluntad de Ustedes, materializada con la firma del documento en estudio y con el pago periódico de cuotas pactadas, para “regularizar” la situación legal de Pensiones del Estado con el IMSS, pues los anteriores Convenios suscritos ya dejaron de regir por disposición expresa de la nueva Ley.

4.- Analizado el alcance jurídico del aludido Decreto N° 17396 del Congreso del Estado de Jalisco, en nuestra opinión el mismo se encuentra apegado a derecho pese a su redacción un tanto confusa, pues las facultades de que goza el Titular del Poder Ejecutivo Estatal se limitan -en el caso concreto-, sólo a aquellos casos en que los organismos descentralizados de la Entidad, mediante Acuerdo expreso, opten por incorporar voluntariamente a sus empleados al régimen obligatorio por primera vez, o bien se trate de aquellos que ya habían conveniado y ahora pretendan “regularizar” su afiliación al IMSS, como en el caso que nos ocupa.

Esto es, la autorización dada por el Congreso del Estado al Titular del Ejecutivo Estatal para firmar solidariamente el Convenio-Tipo, no conlleva necesariamente el que por ese simple hecho, los organismos descentralizados de Jalisco vayan a acceder en forma automática y sin distingo a la atención facultativa del Seguro Social, pues se respeta a cabalidad su autonomía, de tal suerte que sólo en aquellos casos en que los mismos opten por tal alternativa —o “modalidad en que se ajuste el esquema de protección de la seguridad social en cada órgano”, fórmula utilizada por el Decreto en cuestión—, el Gobierno del Estado se obligará solidariamente con aquéllos que así lo hayan decidido, facultándole el Decreto aludido, además, para que aquél, al través de funcionarios de la Administración Estatal, celebre los convenios necesarios y solicite también la aprobación respectiva con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al quedar ésta como “obligada solidaria” del pago de cuotas al IMSS conforme lo obliga el artículo 232 de la Ley del Seguro Social, por cambiar sobre el particular las reglas impuestas en la legislación de mérito.

5.- Por otro lado, del análisis del Convenio-Tipo aludido se arriba a la conclusión de que su contenido es, en esencia, acorde a la ley-marco que rige las actividades del IMSS y a las disposiciones reglamentarias de ella emanadas, a grado tal que, por ejemplo, las Cláusulas Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima del citado documento en análisis -del cual se adjunta copia-, son simple transcripción de lo que disponen los artículos 47, 48, 49 y 50 del Reglamento de Afiliación, expedido por el Presidente de la República en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 89 fracción I de la Constitución Política mexicana. Dicho Reglamento, en su capítulo IX “De la incorporación voluntaria al régimen obligatorio”, impone restricciones al acceso de la atención médica institucional del IMSS porque como entidad aseguradora nacional corre riesgos, sí, pero no tiene porqué asumir responsabilidades cuando a quien se asegura ya le aquejen enfermedades pre-existentes y por ende ya esté enfermo, debiéndose cuidar Pensiones del Estado de no contratar en el futuro a personal con evidentes problemas de salud. Es por ello que la norma reglamentaria, en aras de conservar el equilibrio y sanidad de sus finanzas, impone tiempos o “plazos de espera” para el tratamiento de algunos padecimientos, y excluye otros, —en el mismo sentido ha sido expedido el Reglamento de Salud para la Familia, cuyos artículos 10, 11, 12 y 13, son análogos a los precitados—, no debiendo extrañar que se transcriban en el Convenio-Tipo preceptos reglamentarios, por las razones que luego quedarán plasmadas en el presente análisis.

Podrá aducirse que tales normas reglamentarias acaso pueden ser hasta “violatorias de las garantías individuales” tanto de los asegurados como de su núcleo familiar derechohabiente, pero dicha normatividad legal existe, y en tanto no se declare su inconstitucionalidad por el Poder Judicial Federal, es derecho positivo vigente y así debe ser respetado. Sin que en nuestra opinión se dé por ello “aplicación retroactiva” de la normatividad aludida, para los servidores públicos que ya se hallan incorporados al Seguro Social -retroactividad legal que prohibe el artículo 14 de la Constitución Federal-, pues sólo obliga a los nuevos burócratas estatales contratados y afiliados al IMSS, a quienes más que el clausulado del Convenio-Tipo es la norma reglamentaria aplicable la que les restringe el acceso a la atención facultativa institucional para el caso de que se hallen enfermos al ser incorporados al Seguro Social —al igual que a su núcleo familiar derechohabiente, en tanto también lo estén—.

6.- Lo anteriormente comentado, desde nuestra óptica no debiera ser un motivo de preocupación para la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, porque no creemos que se restrinja o vulnere ningún derecho adquirido por sus trabajadores; recuérdese que en base al artículo 64 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el servicio médico debe ser proporcionado “dentro de las posibilidades económicas de la entidad pública correspondiente”, y en nuestra opinión cumple a cabalidad este organismo descentralizado con dicho dispositivo legal al contratar los servicios médicos del IMSS —amparando no sólo al operario, sino a su núcleo familiar dependiente directo, lo que es más que un beneficio laboral propiamente visto, un beneficio de seguridad social—, y no está obligado el empleador a nada más, pues ni puede negociar con el IMSS cuestión alguna que riña con las normas legales que rigen la prestación de dicho servicio público de seguridad social, ni puede opinar y mucho menos coadyuvar con el Sindicato para obtener canonjías que violentan el marco reglamentario vigente. En consecuencia, no existe responsabilidad por parte de Ustedes para con la restricción de acceso a servidores públicos enfermos, ni para los plazos de espera o tiempos de otorgamiento de prestaciones médicas a que alude el Convenio-Tipo, pues como ya se vio en el punto que antecede, prevalecen disposiciones reglamentarias que deben ser acatadas por los concelebrantes en la Rama del Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Voluntario, salvo desde luego que se trate de un riesgo de trabajo.

7.- Sobre este último particular, deseamos hacer una observación pertinente a los citados riesgos de trabajo, y es en el sentido que atendiendo a la cláusula Décima Primera del Convenio-Tipo, la única obligación del IMSS es brindar a los servidores públicos de la Dirección de Pensiones del Estado las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad, en los términos de la Ley del Seguro Social, extendiéndose como ya dijimos antes, dicha atención facultativa al cónyuge, hijos o en su caso a los padres de aquél, con arreglo al artículo 84 de la misma. Es decir, tendrán derecho a asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria por enfermedades generales, y a la atención gineco-obstétrica para el evento de la maternidad tanto de la asegurada como de la beneficiaria esposa —que no de las beneficiarias hijas—, del servidor público.

Pero en tratándose de un siniestro laboral (accidente o enfermedad profesional), aunque no se diga de manera expresa en el Convenio-Tipo, o se negará la atención facultativa al operario, o de brindarse se le fincará a la Dirección de Pensiones un “Capital Constitutivo” (véanse los artículos 77 al 79 de la nueva Ley del Seguro Social) por las atenciones médicas y prestaciones en especie (aparatos de prótesis y ortopedia) otorgadas al servidor público estatal -que no a sus familiares, obviamente, pues éstos no están vinculados a la relación laboral-, con apoyo en lo preceptuado por los artículos 41 al 43, 46, 55, 56 y relativos de la referida legislación.

No se aprecia de la lectura integral y armónica interpretación del documento en análisis, que el IMSS vaya a asumir las prestaciones en especie (médicas, de ortopedia y rehabilitación) de la Rama del Seguro de Riesgos de Trabajo, por lo que al no cobrarse una sobre-prima para gozar el organismo empleador de tal cobertura —al no ser una institución de beneficencia el citado Instituto, y hallarse en un proceso de plena financiación separada de cada uno de los ramos de seguro que ampara—, existen en nuestra opinión tres alternativas sobre el particular:

* Primera, que se contrate expresamente dicha cobertura, para lo cual habría de pagarse una sobre-prima —a determinar actuarialmente por la institución aseguradora nacional—, lo que en caso de aceptarse por Ustedes de manera voluntaria acarrearía la adición de la Cláusula Décima Primera del Convenio-Tipo para proteger también la contingencia de prestaciones en especie de los riesgos de trabajo;

* Segunda, que en el evento de siniestro profesional del servidor público, “calificado” como riesgo de trabajo por el IMSS, Pensiones del Estado asuma directamente la responsabilidad de cubrir este tipo de contingencias —tanto en dinero como en especie, al tenor de lo que estatuye la Ley Federal del Trabajo—, haciéndosele saber de ello a la representación Sindical para que difunda a su personal la manera operativa como se atenderán, por parte de ese organismo, este tipo de siniestros; y,

° Tercera, que Pensiones del Estado acuerde que la atención facultativa y demás prestaciones en especie las brinde el IMSS directamente al servidor público asegurado, obligándose a cubrir a dicha institución aseguradora los “capitales constitutivos” correspondientes por los servicios otorgados al operario.

Si ponderamos el número de trabajadores al servicio de este organismo descentralizado, y el pago de sobre-prima por la cobertura de riesgos de trabajo que habría de cubrirse al IMSS por todos ellos de manera uniforme, relacionándolo con los índices de siniestralidad que pudiera tener Pensiones del Estado, con un único registro empresarial (obtenido aquél de la combinación del “índice de frecuencia” con el “índice de gravedad” de los siniestros laborales terminados en un año, y en su caso en base a lo que disponen los artículos 71 y siguientes de la Ley del Seguro Social), se llega a la conclusión de que la segunda alternativa es la más viable y la menos costosa.

Esta decisión debe ponderarse por Ustedes a la mayor brevedad posible, ante la urgencia de regularizar de una buena vez la afiliación de los trabajadores al servicio de ese organismo, para evitar problemas posteriores de índole laboral, pues tal y como se encuentra redactada dicha Cláusula Décima Primera del Convenio-Tipo, tal contingencia no está protegida, dudando mucho que en base a lo preceptuado por el artículo 222, fracción II, inciso d), de la Ley del Seguro Social, precepto que concede la posibilidad legal de que los servidores públicos estatales por conducto de la Dirección de Pensiones del Estado “convenien” las prestaciones relativas a la Rama de Riesgos de Trabajo, es prácticamente imposible que el IMSS acceda a brindar gratuitamente tales servicios o que añada a la citada Cláusula “… y las prestaciones en especie del Seguro de Riesgos de Trabajo…”, porque dicho Instituto asegurador no puede hacer más de lo que la ley le permite de manera expresa, y el mismo no está facultado entonces para ofrecer servicios cuyo pago no esté conveniado con antelación.

Por cierto, hasta donde el suscrito ha podido indagar, no se incluirá en el texto definitivo del citado Convenio-Tipo el pago de ninguna sobre-prima por dicha eventualidad laboral (modalidad 36), en el entendido de que ello traerá como consecuencia que sea el propio organismo descentralizado que Usted dirige quien afronte tales consecuencias legales, sugiriendo contactar y negociar con su Sindicato sobre la manera en que habrán de solventarse este tipo de siniestros, pudiendo incluso hacerse un “reglamento interno” o “instructivo” que defina, con reglas claras y precisas, la manera como habrá de brindarse la atención facultativa en estos casos, haciendo uso de los Hospitales Civiles o clínicas privadas en el Estado, con arreglo a derecho.

8.- Ahora bien, en cuanto al cuestionamiento hecho sobre la legalidad o ilegalidad del Convenio-Tipo de mérito, atendiendo a la trascendencia que supone que el mismo sea un contrato por adhesión o bien un típico guión administrativo imbíbito en el documento relativo en análisis, procederé a continuación a realizar algunas consideraciones jurídicas sobre el particular con el objeto de arribar a conclusiones confiables y medir qué tanto puede “negociarse” con el IMSS:

a) Nuestra legislación reconoce la libertad contractual, que supone la posibilidad de celebrar contratos, ya sea que estén estructurados y regulados por un ordenamiento legal de manera expresa, o que sean contratos o convenios en los que las partes concelebrantes determinan libremente su contenido; de este modo podemos hablar: 1) de contratos nominados o típicos que se hallan regulados en ley, y 2) de contratos innominados o atípicos, no regulados legalmente en forma expresa.

b) Los contratos atípicos plantean dos problemas fundamentales. El primero consiste en dilucidar los “límites” dentro de los cuales el contrato es admisible y debe considerarse válido y eficaz, disponiendo por tanto de la protección del ordenamiento jurídico; el segundo problema consiste en determinar, a falta de una normativa legal, cuál es la disciplina a que tales contratos deben estar sometidos y, por consiguiente, puntualizar la manera como deben ser interpretados e integradas sus lagunas o deficiencias.

c) La ciencia jurídica establece una serie de teorías para la “interpretación” de los alcances y consecuencias legales de este tipo de contratos o convenios innominados, teorías científicas que por su prolijidad debemos nada más dar cuenta ahora de su existencia y omitirlas por razones de espacio; es preciso dejar señalado también que la legislación mexicana contempla que puede haber contratos atípicos —aunque no los mencione bajo esta denominación—, pues establece el régimen jurídico de los contratos no regulados como típicos y las normas que deben aplicarse para su interpretación e integración, señalándose claramente el orden que debe seguirse para aplicar al contrato atípico las normas generales de las obligaciones, las estipulaciones de las partes o bien lo que ellas quisieron pactar, y la aplicabilidad de las normas del contrato típico con el que tengan más analogía.

d) A pesar de que nuestra legislación no lo expresa, la doctrina y la hermenéutica jurídicas aceptan la necesidad de acudir a los usos, costumbres, jurisprudencia, decisiones judiciales y opinión de los tratadistas doctos en el tema, para usarlos como instrumentos auxiliares en la interpretación de los negocios atípicos. A nuestro parecer esto se aplica, sobre todo, a los contratos que tienen el rasgo de la tipicidad social. Pero, ¿qué debemos entender por “tipicidad social”? En la teoría jurídica, el concepto de tipicidad social ha sido recogido y adoptado por gran parte de los doctrinistas que abordan esta temática; la tipicidad social tiene como nota característica el que cumple la función de limitar y dirigir la autonomía privada, pero referenciada a las valoraciones de la conciencia social relativas a las manifestaciones de la autonomía privada que, en la medida que el ordenamiento jurídico estima que responden a una función socialmente útil, son acogidas y tuteladas por él.

e) Con base a las ideas expuestas habremos de concluir en el sentido de que existen ahora nuevos contratos o acuerdos de voluntades —como el Convenio de Incorporación o de Regularización en la Afiliación de los Trabajadores al Servicio de los Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Jalisco o Convenio-Tipo en análisis—, que si bien pueden ser considerados como legislativamente “atípicos” al no estar expresamente regulados en la Ley del Seguro Social, al atender necesidades colectivas de interés público participan de la llamada tipicidad social, no sólo en cuanto atañe a sus elementos y aspectos más sobresalientes, sino en lo que se refiere a las soluciones prácticas de problemas de interpretación y criterios de resolución, quedando de manera sui géneris perfeccionado el consentimiento contractual con su suscripción, no obstante que en la realidad no se colmen los requisitos teóricos o doctrinales “civilistas” o de Derecho Privado sobre la manifestación de la voluntad real de los concelebrantes.

f) Dejado sentado lo anterior, conviene entonces referirnos a continuación al carácter jurídico de los contratos de o por adhesión —para algunos juristas también llamados “contratos-marco”—, pues si bien es cierto que existe una amplia gama de actos jurídicos que aunque son producto de acuerdos de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos, no configuran básicamente contratos ni declaraciones unilaterales de voluntad.

Para empezar a desahogar el tópico planteado, debe quedar señalado de entrada que el Código Civil de observancia federal (recuérdese que la seguridad social es de exclusiva competencia federal, al ser el IMSS un ente descentralizado de la Administración Pública Federal), entre las diversas especies de contratos que enlista y regula, no contempla a los contratos de o por adhesión; tampoco el Código de Comercio los previene. No obstante, en donde sí se previene y define a los contratos de o por adhesión es en la Ley Federal de Protección al Consumidor, legislación de orden público e interés social que contiene normas protectoras y taxativas para los consumidores, partiendo de la hipótesis de que éstos conforman la clase social a proteger prioritariamente con tales dispositivos legales, en virtud de lo cual se trata de un derecho clasista que para algunos forma parte ya del llamado Derecho Social.

g) Luego entonces, en el caso que nos ocupa la definición que contempla la citada Ley Federal de Protección al Consumidor sólo nos servirá para efectos académicos, (porque en la realidad está impedida la Procuraduría del ramo para intervenir en su carácter de autoridad administrativa, en la regulación, cumplimiento o resolución del Convenio-Tipo en estudio). No obstante, vale la pena transcribir el precepto de la citada legislación federal que define a los contratos de adhesión: “Para los efectos de esta ley, se entiende por ‘contrato de adhesión’ el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aún cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato”.

Dicha definición nos parece muy ilustrativa para entender a cabalidad la juricidad y alcances del policitado Convenio-Tipo en análisis, por las siguientes tres razones: primero, porque el propio legislador federal nos aproxima conceptualmente a lo que debe entenderse por un “contrato de o por adhesión”, sentando ya en norma legal los principios que preocupadamente había buscado y aparcelado la Doctrina Jurídica; segundo, porque nos da idea clara de la utilización de un “formato preautorizado o tipo”, en aras de alcanzar la uniformidad de términos y condiciones al público en general; y, tercero, que aún cuando el documento en sí no satisfaga los extremos de un contrato o convenio típico del Derecho Privado —incluso no contenga el clausulado ordinario acostumbrado para plasmar los acuerdos de voluntades de los concelebrantes—, ello no obsta para que sea considerado un convenio o contrato, al aplicarse forzosa e ineluctablemente los dispositivos legales de la materia que regula tal negocio jurídico.

h) Por lo tanto, concluimos en el sentido de que en nuestro Derecho Positivo sí existe una regulación del contrato de o por adhesión, y en lo que ahora más nos interesa destacar, se encuentran plasmadas también una serie de disposiciones taxativas e innegociables que obligan a las partes, a la vez que regulan la intervención de las autoridades administrativas participantes en todo lo que atañe a la vigilancia de estos documentos-tipo o formatos preelaborados —que la mayor de las veces habrán de estar autorizados y hasta registrados ante las autoridades competentes reguladoras de este tipo de actos jurídicos, verbigracia la PROFECO—, lo que conlleva imbíbito el objetivo social de que el Estado asuma una función regulatoria en aras de evitar que se lesione el interés de los gobernados.

Sobre todo cabe destacar ahora el sentido social proteccionista de las disposiciones legales que rigen su función natural, demostrada por ejemplo al tener “por no puestas” —por disposición legal tácita o expresa—, aquellas cláusulas que vulneren o pongan en peligro el objetivo de la actividad regulada, pues por ejemplo en materia de seguridad social los derechos de los trabajadores asegurados son irrenunciables, y la prestación de los servicios es de estricto derecho, no sólo en el ámbito fiscal, sino en el de aseguramiento, porque el artículo 7° de la Ley del Seguro Social establece que cubre las contingencias y proporciona los servicios de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por la ley y sus reglamentos, en virtud de lo cual sus disposiciones son entonces de aplicación estricta.

i) Todo ello es una muestra palpable, en nuestra personal opinión, del avance incontenible de las normas de Derecho Social por sobre las del Derecho Privado clásico, y de la manera en como el legislador federal —en la ley—, y en su caso el Titular del Ejecutivo Federal —en el reglamento—, han investido a entes u órganos administrativos —centralizados o descentralizados— de facultades amplias y generosas para hacer sentir la idea proteccionista en favor de las clases económicamente débiles, dándose pues el trato jurídicamente diferenciado a que propende dicho Derecho Social al tratar en forma desigual a los que son desiguales, con el indeclinable propósito de alcanzar la verdadera justicia social, constriñéndose “la voluntad de las partes como fuente de obligaciones y derechos” a la ley-marco (la Ley del Seguro Social, en el presente asunto), y acaso a sus disposiciones reglamentarias de ella emanadas (el Reglamento de Afiliación o el del Seguro de Salud para la Familia), aunque alguna de las partes conveniantes involucradas no alcancen a comprender cabalmente dicho sentido protector, mucho menos si la mayor de la veces actúan también como autoridad administrativa y/o fiscal, como es el caso del Gobierno del Estado, de los Poderes Estatales Legislativo y Judicial, de los Ayuntamientos, o de sus organismos descentralizados.

j) Para corroborar nuestras ideas sobre el particular, la mayoría de los doctrinistas en la materia han coincidido en hallarle utilidad y justificación a los contratos de adhesión, por un hecho indiscutido: la gran cantidad de transacciones que se llevan a cabo en la vida actual, que no permite tiempo suficiente para discutir con cada contraparte las condiciones a estipular, primando en ello la rapidez y certeza que exigen la celebración de algunos contratos por adhesión, lo que no se conseguiría de no hacerse uso de esta clase especial de “acuerdo” —siempre vigilado por el Estado-, a fin de lograr el establecimiento de condiciones justas e impedir abusos por parte de los prestadores de servicios -públicos o privados—. El elenco de contratos por adhesión, día con día va en aumento, y entre ellos podríamos mencionar a manera de ejemplo, los siguientes que nos son familiares: el suministro de energía eléctrica; correos y telégrafos; el servicio telefónico; el contrato de seguro; el transporte terrestre, marítimo y aéreo; el contrato de administración de fondos para el retiro que se celebra con la Afore elegida por el trabajador asegurado en el régimen obligatorio del Seguro Social; algunos contratos bancarios; el contrato ley en materia laboral; el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito; y otros tan simples como el servicio de cajas de seguridad, depósito regular de dinero, u otros análogos.

Así, dentro de esa creciente “especie” de operaciones cotidianas, subyace un contrato por adhesión que el usuario de los servicios -generalmente públicos- se ve obligado a celebrar ante la absoluta necesidad de contar con aquéllos, encontrando como una característica relevante el que prácticamente está imposibilitado para negociar o discutir los términos y condiciones. Si tales servicios son en verdad imprescindibles, el usuario no se encuentra en posición más que de decidir si los toma o los deja -en no pocas veces al tratarse de un servicio monopolizado-, esto es, si lo contrata o no; resulta obvio entonces que no queda más alternativa que pagar el “precio” que nos es impuesto como “contraprestación” y recibirlo como se brinde u oferte, sin olvidar por otro lado que es el propio Estado quien directa o indirectamente determina el precio mediante una disposición legal o reglamentaria —salvo que el costo del servicio pueda ser fijado por el mismo prestador de él—, sin posibilidad alguna de discusión por el adquirente o afiliado. Según se ha dicho, las razones de ello son de orden socioeconómico, más que jurídico. Y es en este punto en donde los doctrinistas discrepan en opiniones, sin terminar de ponerse de acuerdo en si estos “negocios jurídicos” son verdaderos contratos o no.

k) La fórmula empleada por el legislador mexicano es simple, pues en estos casos basta alguna manifestación de voluntad (por ejemplo, la suscripción de un documento preelaborado o preimpreso por el prestador del servicio, hecha por parte del interesado, y seguido del pago de la contraprestación fijada por aquél), para que se entienda válidamente concertado el “acuerdo” para producir o transferir obligaciones o derechos, como elemento suficiente para celebrar un contrato o convenio; y como bien se ha dicho por algunos tratadistas, dentro de tal fórmula caben toda clase de “consentimientos” encaminados a la creación o transmisión de obligaciones y derechos, en tanto que quede claro el propósito de la ley, aunque en tal acto jurídico no haya ninguna libertad para convenir las condiciones de la contratación, y aún más todavía: la inserción u omisión de cláusulas se tendrían por puestas o no, según conviniese al “objeto social” perseguido, pese a que no se incluyan algunas relativas a requisitos esenciales, y en el entendido que muchas veces su clausulado será prácticamente la simple transcripción de preceptos legales o reglamentarios vigentes en la materia del contrato o convenio de que se trate. Así ocurre en el Convenio-Tipo en análisis.

En este sentido hay quienes han debido distinguir, de manera inteligente, entre libertad de contratar y libertad contractual, y que basta la existencia de la primera, por graves que sean las restricciones a la segunda, para que el acuerdo de voluntades surta plenos efectos jurídicos, lo que nos habla de un decadente principio de la “autonomía de la voluntad contractual”, al permitirse que una de las partes en el contrato —la económicamente fuerte, la mayor de las veces en función de autoridad, como el IMSS—, pueda imponer a la otra —en el caso concreto la Dirección de Pensiones del Estado—, incluso en no pocas ocasiones hasta sus abusivas o lesivas condiciones.

l) Quizá por ello han preferido los tratadistas echar mano de una expresión distinta a “contratos de o por adhesión”, al tildárseles entonces de verdaderos guiones administrativos, concepto éste que de entrada si bien nos parece que adolece de una connotación jurídica propia, sí pensamos describe mejor el Convenio-Tipo en análisis, al permear en su construcción —como acto jurídico—, instituciones que forman parte más bien del Derecho Administrativo, y que prácticamente nada tienen qué ver con la rama del Derecho Privado que tanto énfasis hace en las ya superadas “teorías contractualistas” de negociación plena y directa. Véase a manera de ejemplo la obra de Néstor de Buen Lozano, denominada “La Decadencia del Contrato”, Segunda Edición, publicada por Editorial Porrúa, México, 1986.

No obstante lo anterior, sentimos nosotros que existen diferencias palpables entre el denominado guión administrativo y el contrato por adhesión, pues un “guión administrativo” no puede interpretarse conforme a la teoría de lo que las partes quisieron convenir o pactar, debido a sus peculiaridades, ni debe dársele tampoco mayor alcance interpretativo al multicitado documento-tipo del que realmente tiene, pues no es otra cosa que la “materialización” del evento previsto en ley; en el caso que nos ocupa, el Convenio-Tipo, más que un contrato por adhesión es un guión administrativo cuyo objeto esencial es incorporar de manera voluntaria, o mejor aún, regularizar la afiliación de los servidores públicos estatales o municipales en el régimen obligatorio del Seguro Social, pero con un esquema modificado en cuanto a cobertura y en cuanto a pago de cuotas (modalidad 36, de los servidores públicos estatales o municipales que laboran al servicio de los Gobiernos de la Entidades Federativas, sus Organismos Públicos Descentralizados o Ayuntamientos).

Dicho Convenio-Tipo en estudio, parece adecuarse más a la descripción y características de un guión administrativo, que a un contrato de o por adhesión, muy a pesar que se apliquen algunos principios formales que de manera originaria se manejan en los contratos civiles, lo que resalta en virtud de las instituciones jurídicas que envuelven tal acto y el público interés mostrado por el Estado mexicano en la configuración del nuevo esquema de seguridad social del país, y porque además las instituciones jurídicas que rigen en este esquema no son propias del derecho común sino que competen más bien al Derecho Administrativo, máxime que éste contribuye generosa e indefectiblemente en la formación de gran parte de las instituciones jurídicas que atañen al Derecho de la Seguridad Social moderno.

m) Por lo tanto, analizado integralmente el clausulado del Convenio-Tipo en cuestión, al suscribirse de conformidad por Ustedes en acatamiento al Acuerdo del Consejo que previamente habrá de tomarse, quedará sometida la Dirección de Pensiones del Estado: primero, a la Ley del Seguro Social; luego, a sus disposiciones reglamentarias de ella emanadas, quedando por tanto como único “sujeto obligado” al pago de cuotas al IMSS -sin perjuicio de que pueda retener la cuota obrera que corresponde cubrir a los asegurados, para su posterior entero a la entidad aseguradora-; y por último, sujeto tanto el organismo descentralizado como su personal a la aplicación de la normatividad administrativa interna de dicha institución aseguradora, lo que resulta indispensable para “materializar” el beneficio y opción de regularización de los servidores públicos estatales al esquema médico del Seguro Social en la Rama de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio.

Desde luego, cabe señalar que Pensiones del Estado, como empleador, también disfrutará del beneficio de ser sustituido en sus obligaciones legales de seguridad social en cuanto atañe al esquema médico-, originalmente contempladas en los artículos 82 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y del 63 al 68 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios —obviamente complementadas por las funciones que realizan Ustedes en el ramo de pensiones y de prestaciones sociales—. Naturalmente, con las salvedades a que alude el punto 7 de este escrito, en lo que atañe a los riesgos de trabajo.

n) Nótese pues qué difícil sería, atendiendo a las circunstancias especiales del caso que nos ocupa, aducir con posterioridad a la suscripción del citado Convenio-Tipo algún “vicio del consentimiento”, porque al tratarse de un guión administrativo aprobado por las autoridades del IMSS, en uso de las atribuciones autárquicas que expresamente le confiere su ley, y luego al haberlo suscrito de manera “voluntaria” la Dirección de Pensiones del Estado, resultará casi imposible aducir luego el error, dolo, mala fe, violencia o lesión, lo que aunado a la licitud del objeto, motivo o fin del contrato en sí, y sus formalidades -es decir, guardando la forma y clausulado que previno el IMSS como instrumento básico de la seguridad social en el país-, se concluye en el sentido de que la validez y eficacia jurídica de tal documento es evidente.

Al respecto, no olvidemos que el consentimiento —visto como uno de los elementos estructurales de un contrato o convenio—, es distinto de la causa que lo genera como motivo impulsor; así, el Convenio-Tipo en comento debe considerarse simplemente como el “vínculo jurídico” que se da entre el IMSS y Pensiones del Estado, a fin de cumplir con el imperativo que estipulan y exigen los artículos 13, 14, 222 fracción II inciso d), 223 al 233, y Séptimo Transitorio de la Ley del Seguro Social, así como artículos 42, 43, 44 fracción V, 46 al 52 y relativos del Reglamento de Afiliación, ambos cuerpos legales vigentes en todo el país a partir del 1° de Julio de 1997. Por ende, es técnicamente imposible, externado el acto volitivo para regularizar a los servidores públicos estatales al esquema de protección de la Rama de Enfermedades y Maternidad —en lo que atañe a prestaciones en especie de índole médico—, actualizar luego alguna hipótesis de la frustración del polialudido Convenio-Tipo, pues ya perfeccionado el pacto contractual con la firma de los representantes legales de Pensiones del Estado, sólo que se malograra la finalidad intrínseca del mismo se daría lugar a poder reclamar su “ineficacia jurídica”, —desde luego a petición de parte interesada, lo que se proyectaría sobre aquellas partes del convenio pendientes de ejecución, perdiendo virtualidad—, en la inteligencia que habría de reclamar, ante la autoridad jurisdiccional competente, su “resolución” formal como “acuerdo de voluntades”.

En ese orden de ideas, sólo cabría la resolución del Convenio-Tipo por ineficacia, dado que la frustración del contrato se genera: 1) por imprevisión -que es una teoría muy de moda en México debido a la difícil situación económica que atravesamos, tesis consagrada para preservar la “relación de equivalencia”-, aunque a la Dirección de Pensiones del Estado le resultaría imposible en la práctica justificarla en juicio; 2) por caso fortuito o fuerza mayor, que por ser conocidas no requieren de mayor explicación; y, 3) por contrariar principios de orden público, los que se hallan imbíbitos en dicho acuerdo de voluntades atendiendo a su naturaleza intrínseca, —verbigracia al vulnerarse el principio de equidad que en nuestra opinión debe imperar en estos “guiones administrativos” vistos como “contratos atípicos”—.

Hasta aquí el estudio de la legalidad, fuerza y alcances del documento en cuestión.

En virtud de todo lo antes expuesto, se concluye este análisis en que tocará al Consejo de ese organismo público descentralizado, a propuesta de la Dirección General, resolver si se suscribe o no el multicitado Convenio-Tipo, determinando si nada más habrán de contratarse las prestaciones médicas de la Rama de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio (modalidad 36), o si también se conveniará con el IMSS el otorgamiento de prestaciones en especie —de índole médico— de la Rama de Riesgos de Trabajo (modalidad 42). Ello con independencia de que se contrate el Seguro de Salud para la Familia, para que los pensionados de esa Dependencia a su muy digno cargo disfruten de la atención facultativa institucional del IMSS, con arreglo a derecho.

Nadie puede obligar a la Dirección de Pensiones del Estado —ni siquiera el Decreto N° 17396 del H. Congreso del Estado de Jalisco—, a suscribir el policitado documento en estudio, por lo que se accederá sólo voluntariamente al esquema modificado de prestaciones de seguridad social, de naturaleza facultativa, de firmarse el mismo; pero sin que pueda luego aducirse la ilegalidad del Convenio-Tipo.

No existe tampoco obligación legal de pagar forzosamente sobre-prima por riesgos de trabajo, de optarse por no contratar la cobertura de esta contingencia. Tampoco hay defensa alguna que esgrimir por parte de Ustedes, en el evento de la pre-existencia de enfermedades de los trabajadores de nuevo ingreso y/o sus beneficiarios legales, pues quienes en todo caso tendrían interés jurídico para reclamar su inconstitucionalidad son los propios servidores públicos estatales, en la inteligencia que al quedar excluidos éstos del aseguramiento, no existirá obligación para Pensiones del Estado de cubrir las cuotas obrero-patronales relativas a ellos, quedando este organismo obligado a brindarles en su caso el servicio médico en la medida de sus posibilidades, y no más.

Confiando en haber satisfecho alguna de las expectativas de Ustedes, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario, haciendo propicia la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Guadalajara, Jalisco, a 27 de Julio de 1998

LIC. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

MTRO. LIC. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

DOM.- MANUEL ACUÑA N° 1125, SECTOR HIDALGO

C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

TELS. /FAX: (3) 825-5022 Y 825-5119

SR. LIC. GUILLERMO REYES ROBLES

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOSJURÍDICOS DEL C.U.C.S.H., DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

P R E S E N T E

ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO, profesor de asignatura “B”, código número 7512686, adscrito al Departamento de Derecho Social de esa División a su muy digno cargo, en mi carácter de empleado de base de dicha Casa de Estudios y con una antigüedad cercana a los 18 años reconocidos, fungiendo por ahora como profesor titular al cargo de la impartición de la materia “Derecho y Seguridad Social”, a los grupos ‘A’ y ‘B’ del cuarto semestre escolarizado, turno matutino, así como del Seminario denominado “Los Delitos en Materia del Seguro Social”, los cuales forman parte del plan de estudios 23 de la carrera de Abogado, y siendo además desde hace ya varios años Presidente de la Academia del Derecho de la Seguridad Social, en la citada División de Estudios Jurídicos, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Por este conducto, presento a Usted mi Renuncia con carácter de irrevocable al puesto que venía desempeñando al servicio de la Universidad de Guadalajara, tratándose de una decisión meditada y consensada con mis familiares, en el sentido de que por lealtad a esa Casa de Estudios y por congruencia con mis ideales, no puedo seguir desempeñándome como tal, por las siguientes razones que acto seguido me permito a expresarle a Usted para evitar, en la medida de lo posible, se tergiversen los hechos:

1.- He tomado pleno conocimiento que las negociaciones efectuadas entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad de Guadalajara (U de G) como empleadora, contando con la anuencia de las representaciones sindicales del personal académico y administrativo, han concluido favorablemente y por ende se ha accedido al pretendido Proyecto denominado “Sistema de Seguridad Social”, aprobado en sesión extraordinaria del 9 de octubre de 1999 por el H. Consejo General Universitario, entrando en vigencia el Reglamento del Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara en la fecha en que se suscribe el Convenio respectivo con el IMSS, de conformidad al artículo Primero Transitorio del aludido Reglamento.

2.- En mi carácter de profesor, investigador y autor en materia del Derecho de la Seguridad Social, incluso editado por esa Casa de Estudios, no puedo aceptar la vulneración de mis derechos laborales y de seguridad social, ni el desvío de los objetivos esenciales para los cuales fue creada la Universidad de Guadalajara, oponiéndome rotundamente a la privatización de su sistema de seguridad social, entre otras por las razones jurídicas que desde el 13 de febrero de 1997 expuse personalmente a los señores Dr. Víctor Manuel González Romero y Lic. José Trinidad Padilla López, en sus caracteres de Rector General y Secretario General, en unión de otros altos funcionarios de mi amada Universidad de Guadalajara, de la que soy egresado y de la cual, no está de sobra decirlo, me siento orgulloso que mis hijos se formen en ella. Entre otras, las razones son las siguientes:

A.- Desde el año de 1973, en una decisión histórica asumida por la Universidad de Guadalajara, fueron incorporados los trabajadores administrativos y académicos al régimen obligatorio del Seguro Social previsto por el artículo 11 de la Ley que rigió del 1° de abril de 1973 al 30 de junio de 1997, al encuadrar dentro de las hipótesis de sujetos de aseguramiento obligatorio previsto por la fracción I del artículo 12 de la citada legislación; naturalmente que, en esencia, la nueva Ley del Seguro Social, en idénticos numerales a los preinvocados, continúa estableciendo cuáles son los seguros que comprende el régimen obligatorio y, en lo que ahora más importa, permanece con la misma fórmula legal de quiénes son sujetos de aseguramiento obligatorio, esto es: las personas que se encuentran vinculadas a otras de manera permanente o eventual, por una relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón y aún cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de impuestos o derechos.

B.- Trátase, la Ley del Seguro Social vigente, de una legislación reglamentaria de la fracción XXIX del Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, de observancia general en toda la República, que contiene en beneficio de los operarios derechos de suyo irrenunciables, normas taxativas de orden público e interés social de superior jerarquía a cualquier disposición, ya legal o ya contractual. De hecho, atendiendo a las reglas de aplicación de disposiciones legales de la misma jerarquía, resulta aplicable la ley del acto en vez de la disposición genérica, de tal suerte que la ley aplicable en cuestiones de seguridad social en la Ley del Seguro Social, y en materia estrictamente laboral, la Ley Federal del Trabajo, tratándose de dos derechos con vecindad en razón de su origen (artículo 123 Constitucional), pero distintos y complementarios entre sí, por lo que un acuerdo entre empleador y sindicatos, hecho en una revisión de Contrato Colectivo de Trabajo, no puede ni inobservar la ley de seguridad social, ni tampoco “negociar” con los derechos de suyo irrenunciables de los trabajadores en esta materia, máxime que disponen de denuncia pública para hacerlos valer de manera directa (aún en contra de las decisiones de su empleadora o sindicato al que pertenezcan), ante el Instituto asegurador de conformidad al artículo 18 de la Ley del Seguro Social en vigor.

C.- Así las cosas, los docentes universitarios al servicio de la Universidad de Guadalajara, hemos cotizado durante más de cinco lustros para generar derechos de toda índole (especialmente pensionarios), en el régimen obligatorio del Seguro Social, esperanzados la mayoría de nosotros en disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, que es bien distinta desde luego a la pensión dinámica de jubilación laboral por años de servicio que prevé la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, y se ratifica en los Contratos Colectivos de Trabajo que rigen las relaciones laborales entre dicha Casa de Estudios como empleadora y sus gremios administrativo y académico. En otras palabras, trátase de dos prestaciones económicas o pensiones diferentes, a saber: a) una de índole laboral o de jubilación por años laborados para la U de G; y, b) la otra, propiamente de seguridad social, ya sea por cesantía o por vejez, invalidez y vida, o por riesgos de trabajo, para la cual deben satisfacerse los requisitos de afiliación y de espera, medido éste en semanas de cotización exigidas por la Ley del Seguro Social. Situación ésta que resulta de gran trascendencia para las cuestiones que acto seguido expresaré.

D.- Es el caso que con fecha 8 de octubre de 1999, la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA y el SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, suscribieron un “Convenio” que se convierte en anexo del Contrato Colectivo de Trabajo 1998-2000, constante de 49 cláusulas permanentes y 8 transitorias, presentado para su formal registro bajo folio 09474 de la misma fecha, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en términos del artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo; dicho Convenio es sustancialmente idéntico al firmado por la citada Casa de Estudios con el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

Los aludidos Convenios, materializan un proyecto para “privatizar” el servicio público de seguridad social al que tenemos irrenunciable derecho los empleados universitarios, que parece ser durante un par de años fue mantenido en sigilo, muy a pesar de que tenemos conocimiento y obran en nuestro poder las pruebas documentales relativas sobre las reiteradas negativas de la Delegación Estatal en Jalisco del IMSS para aceptar la “salida” de la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA del régimen obligatorio, módulo 10, pues no debemos olvidar que varios de los profesores que imparten la materia de Derecho y Seguridad Social en la División de Estudios Jurídicos, laboran para el IMSS.

E.- En concordancia a lo negociado por las cúpulas sindicales, con independencia de que efectivamente existiese una Asamblea de la base trabajadora de ambos gremios que así lo haya autorizado, el Dictamen N° II/99/892 de las Comisiones conjuntas de Normatividad, Hacienda y de Condonaciones, Pensiones y Becas del H. Consejo General Universitario, aprobado en sesión extraordinaria del 9 de octubre de 1999, la Universidad de Guadalajara (como empleadora), y sus gremios administrativo y académico, denominados respectivamente: “Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara” (STAUdeG) y “Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara” (SUTUdeG), aprueban de facto el REGLAMENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (del cual por cierto se imprime, en el mes de noviembre de 1999, un tiraje de 10,000 ejemplares, que son distribuidos entre el personal académico y administrativo de dicha Casa de Estudios para que “nos impusiéramos de su existencia, contenido y términos”), haciéndosenos saber luego los representantes sindicales, a los académicos, que el citado Reglamento (que en realidad no es tal, sino un acuerdo de índole laboral, lo que se corrobora con su registro ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al modificarse los Pactos Colectivos de Trabajo vigentes), que ello: “…viene a dar certidumbre laboral y social a los trabajadores de esta Universidad, es un esfuerzo conjunto de todos los universitarios (SIC) y que ponen a la institución a la vanguardia nacional (SIC), ya que se trata de un proyecto inédito, el que permite salvaguardar las pensiones dinámicas (SIC) que hoy tienen los trabajadores y prevenir un colapso financiero en esta Casa de Estudios…”, lo que aparece publicado por cierto en la Gaceta Universitaria, año 5, N° 133, de 18 de octubre de 1999, publicación en la que puede constatarse que supuestamente “publica” en dicha edición los Reglamentos aprobados por el Consejo General Universitario, pero omitiendo la publicación del REGLAMENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. En caso de duda de lo afirmado, puede accederse al ejemplar de la aludida Gaceta Universitaria precitada.

F.- Ahora bien, del análisis sucinto hecho al citado Reglamento, observamos entre otras las siguientes irregularidades sobresalientes, con independencia de que a nuestro entender se parte de premisas erróneas y por ende se obtienen conclusiones equívocas, pretendiendo edificar un sistema de seguridad social que está incompleto porque no brindan el esquema de salud (que tendrá que ser contratado con el IMSS) y carece nuestra Casa de Estudios de facultades legales competenciales para otorgar tal servicio público, adoleciendo además de la infraestructura necesaria para brindar el esquema de prestaciones sociales (entre los cuales debe incluirse necesariamente guarderías y vivienda):

EN CUANTO A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO GENERAL:

a) En el punto 3.4, se utiliza el término “…se considera…”, es decir, no se asegura ni existe certidumbre de que la pensión para los trabajadores universitarios será superior a la que se obtendría en las AFORE.

b) El punto 3.5, confunde con su justificación, ya que dice “…es necesario alcanzar la edad de 65 años…”, situación errónea, ya que la pensión puede adquirirse por cesantía a los 60 años e incluso antes si se tienen acumulados recursos superiores en 30% a la Pensión Mínima Garantizada por el Estado; tomando en cuenta que los trabajadores en promedio se jubilan a los 52 años, debe considerarse la figura jurídica de la conservación de derechos que establece el artículo 150 de la Ley del Seguro Social, por lo que es tendencioso e inexacto el razonamiento hecho en el sentido de que la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA deba de pagar cuotas “…por 13 años más…”.

c) En el punto 4, casi al final de la llamada “alternativa de solución”, pretende hacer la comparación de todas las ramas actuales del régimen obligatorio (que son cinco), contra sólo tres; lógicamente tal ejercicio amañado arroja un diferencial enorme de supuesto “ahorro”, que a nuestro parecer es una falacia. Luego, se dice que el régimen pensionario de la Ley del Seguro Social “…se conservaría mediante el pago del seguro voluntario por el trabajador que así lo decida…”, lo cual es una verdad, pero fingiendo ignorar que el costo de ello recaería en el propio trabajador que optase por la modalidad de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, y al hecho de que, de seguir inscrito en éste no tendría necesidad el trabajador de la U de G, en hacer dicho gasto de su peculio.

d) En el propio punto 4, se menciona que la cantidad correspondiente al SAR de los trabajadores es de $99’084,426.00 pesos; no obstante, en el punto 6.3.2 de tal documento se afirma que tan sólo son $50’342,433.00 pesos, por lo que existe una grave incongruencia que en sí, de entrada, constituye una inconsistencia de casi la mitad del fondo ahorrado por los trabajadores universitarios en el “S.A.R. U de G”, en lo que sería el que ellos llaman “capital semilla” del fondo pensionario.

e) Para finalizar dicho punto 4, se alude a la necesidad de que “…habrá de modificarse en su debido momento (SIC) la normatividad y reglamentación conducente…”; ¿quiere decir entonces que habrá otro u otros Reglamentos sobre el mismo tema?, ¿cuándo y quién habrá de dictarlos?, ¿hasta dónde se podrá modificar en dicha “normatividad” el Proyecto del Sistema de Seguridad Social adoptado?

f) En el punto 6.4, de los “pensionados actuales”, la Universidad de Guadalajara sólo se obliga a cubrir pensiones a los actuales pensionados y a los futuros limitándose hasta 5 años (supongo que a partir de que entre en vigor dicho Reglamento), y en la tabla de “contribuciones al plan”, se señala que para costear el seguro de salud para la familia para 16,469 trabajadores la erogación será del orden de $2’927,088.00 pesos, cantidad que haciendo números simplemente no concuerda con el costo real de conformidad al artículo 242 de la Ley del Seguro Social. ¿También esto será negociado o conveniado con el IMSS?

g) En el punto 6.4.2, antes de la “proyección”, estimada a nuestro parecer sin mucho sustento actuarial, se establece literalmente que: “…Las cuentas individuales, cuando éstas sean exigibles, se liquidarán con cargo a las reservas globales…”; la pregunta es inevitable: ¿no es esto un modelo de reparto o fondo común?, y si la respuesta es afirmativa, ¿no se intentaba cambiar entonces a un modelo previsional de capitalización individual? Un paradoja sin resolver, porque no sólo en México y en América Latina, sino en el mundo entero los modelos de reparto o fondo común con pensiones predefinidas en ley se encuentran colapsados financieramente al borde de la quiebra técnica, debido a las variables demográficas y epidemiológicas que han aumentado la esperanza de vida de los mexicanos y de los pensionados, con un aumento geométrico de éstos, en tanto que los cotizantes prácticamente no se incrementan.

h) En el punto 7.10, se formula el razonamiento de que las AFORE cobran comisión por “inscripción y cambio”, un dato inexacto a nuestro parecer pues es de explorado derecho que las comisiones por administración de la cuenta individual SAR son nada más de 3 tipos: sobre flujo de recursos, sobre patrimonio o saldo, y sobre rendimiento real. Así, se tergiversan los argumentos que se manejan y por ende se obtienen conclusiones erróneas cuando se dice que al trabajador la administración de su ahorro no le causará ningún costo “…ya que será con cargo al sistema…” (SIC). ¿Quién paga entonces el sistema, si no los propios trabajadores universitarios y la Casa de Estudios empleadora con los recursos del patrimonio presupuestal que ejerce?

i) En el punto 8.1, de la “integración y administración del fideicomiso”, no hay equilibrio en su conformación bipartita (que no tripartita, porque para nada interviene la representación gubernamental, ni siquiera para contribuir al sistema como es su obligación originaria ineludible al ser la seguridad social un derecho humano y además tratarse de un servicio público), puesto que la Universidad de Guadalajara tendrá 5 representantes (el Rector General fungiendo como Presidente), en tanto que los Sindicatos Administrativo y Docente, en conjunto, sólo tendrán cuatro representantes. Por lo tanto, la decisión de la empleadora será siempre la que impere, lo que no puede ni debe permitirse pues se rompe de entrada con el equilibrio de fuerzas que de suyo supone la participación en la toma de decisiones de los sectores.

j) En el punto 8.3, “aportaciones de los trabajadores”, debe establecerse que actualmente se le retiene al trabajador el 2.375% de su salario con el que se encuentra inscrito al IMSS (el que desde luego, en la gran mayoría de los casos, no es el salario real que devenga el docente por sus servicios personales subordinados). Y acaso, lo verdaderamente grave —y de lo que no se ha dado cuenta la gran mayoría de los empleados de la Universidad de Guadalajara—, es que con el pretendido sistema de seguridad social, tal y como está planeado, al término de 10 años se les retendrá nada más y nada menos que el 12.375% de su salario, lo que representa en números redondos 10 puntos porcentuales más. ¿Es esto una ventaja para los trabajadores, o se está tomando ventaja de su ignorancia sobre el particular?

COMENTARIOS SOBRESALIENTES RESPECTO DEL APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO: “REGLAMENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA”.

I.- Respecto del artículo 1°, el H. Consejo General Universitario carece de competencia, conforme a las atribuciones y facultades expresas de que disfruta en la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, para “crear” un Sistema propio y privado de Seguridad Social, y brindar este servicio público a sus empleados.

II.- En el artículo 2°, no se hace alusión a la figura jurídica acaso más relevante del nuevo sistema pensionario mexicano: la pensión garantizada por el Estado, una grave falla no obstante que el artículo 45 diga que la pensión garantizada “se entenderá” (SIC) en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

III.- El artículo 11, menciona los topes salariales máximos, pero no los mínimos para cotizar; la pregunta resulta obligada: ¿acaso esto no disminuye las aportaciones a la cuenta individual del trabajador, cuando no ganen el mínimo en el caso de los trabajadores de jornada reducida, o bien de una hora-clase semanal?

IV.- El artículo 21, define lo que es el “salario integrado” y lo que excluye de dicha integración; a nuestro criterio, los incisos del I al X, no todos son aplicables a la Universidad de Guadalajara. ¿Cuál es el motivo entonces de copiarlos del artículo 27 de la Ley del Seguro Social?, ¿acaso la Universidad será la encargada de “fiscalizarse” a sí misma dicha integración?. Esto, por sí mismo, es una incongruencia al convertirla en una aportación laboral y no una aportación de seguridad social de naturaleza fiscal (acorde al artículo 2°, fracción II del Código Fiscal de la Federación). Si atendiendo a las circunstancias nadie puede obligar a la Casa de Estudios a cubrir sus aportaciones, ni el Estado interviene (aduciendo una autonomía universitaria, que en sus alcances ya ha sido acotada por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), nadie entonces es garante de que la U de G cubrirá dichas pensiones a sus ex-trabajadores.

V.- El artículo 25 dice: “…conforme se dispone en el artículo 17 del presente Reglamento…”, pero ocurre que dicho artículo no guarda congruencia o relación alguna con lo que enuncia el precitado artículo 25, por lo que existe una grave falla sobre el particular.

VI.- El artículo 26 alude a la devolución de aportaciones, que pueden “…ser retenidas y aplicadas al pago de los adeudos que tuviese el trabajador con el fideicomiso del sistema de seguridad social…”; ¿a qué tipo de adeudos se refiere la hipótesis?, ¿cuál es entonces el espíritu de generar una cuenta individual para el retiro?. En el mismo tenor se pronuncia el artículo 47.

VII.- El artículo 27 dice que “…los trabajadores pensionados…continuarán aportando solidariamente…” al fondo del sistema de seguridad social, hasta el 1% anual acumulable, “consolidándose en 10%”. ¿Por qué deben aportar al fondo los pensionados?, ¿qué acaso la pensión en sí misma no es un sustituto del ingreso, en un derecho que se ha ganado por el transcurso del tiempo de servicios prestados a una institución?, ¿por qué entonces deben seguir aportando los pensionados, cuando ya generaron derechos para recibir tal sustitutivo salarial?

VIII.- El artículo 55, segundo párrafo, dice que “…para gozar de la pensión mínima garantizada deberán de cubrir los requisitos del artículo 52, además de laborar un mínimo de 20 horas a la semana…”; esto se contrapone a lo que menciona el artículo 45.

IX.- El artículo 60, señala en lo conducente la frase: “quede privado de trabajos remunerados” (plural); ¿esto incluye también trabajos extra-universitarios?

X.- El artículo 61, dice que “…a los trabajadores en activo a la entrada en vigor del presente Reglamento, se les otorgará su pensión cuando tengan una antigüedad laboral mínima de 24 años…”; ¿y los derechos ya adquiridos?, ¿y la pensión garantizada?

XI.- El artículo 63, establece: “…mediante un trabajo igual…”, ¿en cualquier trabajo, aún no siendo el desempeñado en la Universidad?, idéntico comentario que se hace respecto del artículo 67.

XII.- El artículo 92, no da certidumbre a los ahorros de los trabajadores universitarios porque en ninguna parte menciona en qué serán invertidos éstos, y deja al llamado Comité Técnico la forma y condiciones de hacerlo. Véase entonces el artículo 87, en que del Comité Técnico prealudido, cinco de sus miembros son representantes de la empleadora, y sólo cuatro de los gremios de trabajadores (sin intervención del Estado, por lo cual es un órgano y sistema bipartita, que rompe con los principios que la propia Organización Internacional del Trabajo ha establecido para la conformación de este tipo de entres prestadores de seguridad social).

XIII.- El artículo Primero Transitorio, supedita la entrada en vigor del policitado Reglamento de Seguridad Social a “la suscripción del Convenio respectivo” con el IMSS; ¿acaso tiene el IMSS facultades legales para suscribir este tipo de Convenios para privatizar el servicio de la seguridad social?, ¿acaso puede válidamente suscribirse un Acuerdo atentatorio a los principios que rigen y permean en todo esquema de seguridad social en México?, ¿qué valor jurídico puede tener dicho instrumento jurídico o Convenio, cuando la voluntad del Instituto asegurador nacional y la de la Universidad de Guadalajara no pueden ir en contra del tenor expreso de la ley? Aquí está el quid y meollo del asunto: se trata de una condición suspensiva que no se discute si puede darse, sino si es que debe darse, so pena de hallarse la misma viciada de nulidad absoluta.

XIV.- El artículo Quinto Transitorio, alude a incrementos de las aportaciones actualizadas conforme a los salarios que se otorguen a los trabajadores en activo, los que naturalmente serán menores del Índice Nacional de Precios al Consumidor, conforme ha sido una costumbre en nuestro país, lo que riñe con los principios plasmados en la Ley del Seguro Social este singular tipo de “actualizaciones”, inobservando por lo demás lo previsto por los artículos 17-A y 17-B del Código Fiscal de la Federación.

XV.- El artículo Octavo Transitorio, contraría los principios que permean en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley del Seguro Social y hasta de la Ley del INFONAVIT (todas ellas de observancia federal), que en lo conducente establecen con meridiana claridad que los ahorros de los trabajadores asegurados son de su exclusiva propiedad y nadie —mucho menos el empleador—, puede disponer de ellos. ¿Cómo entonces la Universidad de Guadalajara se puede obligar a trasladar dichos fondos del SAR anterior y del nuevo SAR?, ¿acaso ignora que la CONSAR prevé el mecanismo de traspaso de tales ahorros?, ¿permitirá la CONSAR que se traspasen a un fideicomiso, rompiendo con los principios que rigen en el modelo previsional de capitalización individual que existe en México?, ¿o es que la Universidad de Guadalajara ha incumplido su compromiso legal de cubrir las cuotas de la rama de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del régimen obligatorio del Seguro Social?

3.- Por todo lo antes expresado, manifiesto que estoy plenamente seguro de que muchos trabajadores que me han manifestado su inquietud sobre el particular, habrán de instaurar cualquier medio legal de defensa de que dispongan como asegurados (o ex-asegurados) del régimen obligatorio, a fin de hacer valer y prevalecer sus derechos irrenunciables, en cualquier época y por cualquier contingencia social de las que contempla y protege el régimen obligatorio del Seguro Social, ante las autoridades administrativas y/o jurisdiccionales competentes, oponiéndose a su salida unilateral del régimen obligatorio del Seguro Social. Lo harán —no sobra aclararlo—, no demandando a la U de G ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sino instaurando los medios legales que establecen los artículos 18, 294, 295, 301 y demás relativos de la vigente Ley del Seguro Social.

Tales derechos les corresponden en las ramas de: a) riesgos de trabajo; b) de enfermedades y maternidad; c) de guarderías y prestaciones sociales; d) de invalidez y vida; y, e) de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (en ésta última se hubiesen o no pagado las cuotas relativas por la U de G, en su carácter de patrón y retenedor de la cuota obrera que es descontada por nómina a los trabajadores quincenalmente); adviértase que resultando por ende aplicables en la especie los preceptos legales que contemplan el fincamiento de los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie a que tuvieran derecho, en los términos de los artículos 77, 78, 79, 88, 149 y demás relativos de la precitada Ley del Seguro Social, situación ésta que muy probablemente no se han puesto a meditar, en cuanto a su impacto económico futuro, los actuales directivos de nuestra Casa de Estudios, ni los estudios actuariales que sirvieran de basamento para el Sistema de Seguridad Social U de G.

4.- Es factible que se aduzca el argumento de la “plena autonomía universitaria” para asumir la decisión que motiva este ocurso; pero habrá de reconocerse que la autonomía universitaria prevista por el artículo 3° fracción VII de la Constitución Política Mexicana, si bien tiene como objeto que las instituciones de educación superior puedan autogobernarse y administrar su patrimonio, es indiscutible que las relaciones laborales —y así lo reconoce la normatividad universitaria vigente en la U de G—, se norman por los principios de equidad que rigen en el Apartado “A” del artículo 123 de nuestra Carta Fundamental, y desde luego con las modalidades que establece la Ley Federal del Trabajo en el Título Sexto “Trabajos Especiales”, y Capítulo XVII “Trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por Ley”.

El meollo del asunto estribaría entonces en cuestiones de semántica y de conveniencia, es decir, en cuestiones de interpretación de los alcances de una norma legal. En este orden de ideas, si bien un precepto aislado, el artículo 353-U de la Ley Laboral, prevé que los trabajadores de las universidades disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, debemos tener presente que la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, contenida en Decreto 15319 del H. Congreso del Estado de Jalisco, no contempla ningún sistema de seguridad social, (en su artículo 2° señala que la citada Casa de estudios se rige por la legislación federal aplicable), o conforme a los acuerdos que con base en ella se celebren (la precitada Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara en ninguno de sus numerales establece que podrá conveniarse la salida del régimen obligatorio del Seguro Social de sus empleados, ya administrativos, ya académicos), y mucho menos lo puede hacer si tales prestaciones son con mucho inferiores a las establecidas por la Constitución y el Código Obrero.

5.- No se está entonces en el caso de aceptar que se “privatice” la seguridad social, en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de la mayoría, ni tampoco de permitir que se nos hagan nugatorios nuestros legítimos derechos como afiliados al régimen obligatorio del Seguro Social.

Hasta donde sabemos —desde luego habrá que reconocer que no lo sabemos todo—, el artículo 31 de la policitada Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, en ninguna de sus dieciocho fracciones de que consta, le faculta expresamente para celebrar un Convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para poder hacerse cargo de la prestación de un servicio público de seguridad social respecto del cual carece de competencia, ya que el artículo 1° de la aludida Ley Orgánica establece que: “la Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior, así como coadyuvar al desarrollo de la cultura en la Entidad”.

Y en este caso en particular, ni fue creada para brindar un servicio público distinto al de la educación media superior y superior o coadyuvar al desarrollo de la cultura, ni tiene por qué sustituir al instrumento básico de la seguridad social en México, como resulta ser en la especie el Instituto Mexicano del Seguro Social, dejándole toda la carga del sostenimiento del esquema protector de seguridad social del que deben disfrutar sus empleados, a éstos y a la propia empleadora, la U de G, dejando fuera al Estado.

6.- Permítasenos entonces, a manera de colofón, hacer una reflexión final: la autonomía universitaria significa libertad, sí, pero ejercida siempre con absoluta responsabilidad. No se vale que se den alcances a la misma que el concepto mismo no tiene ni puede tener, atento a las consideraciones vertidas.

Es posible que no sepamos por ahora qué es lo que estaría bien hacer para resolver la sentida problemática de nuestra Alma Mater en materia de las pensiones jubilatorias de naturaleza laboral; pero lo que sí sabemos es lo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia:

Primero, no se debe confundir —mucho menos entremezclar—, la pensión jubilatoria de carácter laboral, con las pensiones de seguridad social, porque su naturaleza intrínseca es completamente distinta;

Segundo, es un absurdo jurídico y un error histórico subsumir ambas pensiones en una sola, como si el Derecho Laboral y el Derecho de la Seguridad Social —aunque de igual vecindad Constitucional—, no tuvieren propósitos diversos y complementarios entre sí. Hacerlo implica no reconocer la plena autonomía que ha alcanzado éste último, con sobrados méritos, con respecto del primero, o ver la pensión a la dinámica jubilatoria conjuntamente con la de seguridad social, como una simple parte de un esquema laboral de previsión social, lo cual también es un error.

Tercero, aunque quiera y aunque pueda —y ya se demostró de sobra que quiere y puede—, jamás debería asumir la Universidad de Guadalajara un compromiso de tal envergadura, y que no debe tomar porque no fue pensada ni planeada para ello en su legislación-marco, amén de carecer de competencia legal para hacerlo; y,

Cuarto, porque el derecho humano a la seguridad social —entendido no como una prestación laboral más, sino como un servicio público inalienable—, conforme ha resuelto la O.I.T., debe siempre ser brindado mediante esquemas tripartitas, con la participación directa reguladora, la garantía explícita y la contribución a los fondos previsionales del Estado, y no mediante simples acuerdos laborales bipartitas como el que efectuara nuestra Casa de Estudios como empleadora y sus dos gremios sindicales, rompiéndose de tajo con el principio de universalidad que permea en esta disciplina.

7.- Así las cosas, por todo lo expuesto desde hace ya tres años y por diversos ocursos enviados por mí a las diversas autoridades universitarias, tanto a las centrales como del C.U.C.S.H., así como a los ex-directores de esa División y a los ex–Jefes del Departamento de Derecho Social al que estoy adscrito, no puedo continuar permaneciendo indiferente y seguir presentándome a dar clases como si nada hubiera pasado. En este contexto vale la pena aclarar que tampoco pretendo asumir un papel protagónico, ni de villano, mucho menos de “esquiról” —como claramente lo establecí a la muerte del Lic. Agustín Ricoy Saldaña, persona que la U de G contratara para ayudar a planear dicho Sistema de Seguridad Social—, y con quien hubo correspondencia en donde cada uno sosteníamos posturas antagónicas.

Va contra mis principios el permitir, con mi presencia en las aulas de mi amada Alma Mater y ante la evidente falta de sustentación jurídica de que hace gala en mi opinión tal “Reglamento” policitado —por más que se le quieran buscar ventajas prácticas, pues el fin no necesariamente justifica los medios—, avalar un Sistema de Seguridad Social que desde el punto de vista científico-jurídico adolece de graves fallas estructurales y rompe de plano con la filosofía que nutre al Derecho de la Seguridad Social, mucho menos si soy —aunque la U de G no lo avale con un nombramiento—, un investigador, profesor, autor y presidente de la Academia respectiva en esta División.

Tampoco vale la pena que evada —como hasta ahora lo he hecho en obsequio a un compromiso que hiciera con su antecesor y con otras autoridades centrales—, las preguntas que con inusitada frecuencia me hacen mis compañeros docentes de la División, los profesores de otras escuelas de Centros Universitarios del interior del Estado de nuestra Universidad a donde he sido con frecuencia invitado para impartir cursos o conferencias o presentar mis obras escritas sobre el tema, y primordialmente a nivel Maestría —en donde profesores de la U de G son mis alumnos, tanto en el C.U.C.E.A., como en el C.U.C.S.H.—, perdiendo de facto mi libertad de cátedra y opinión, solapando con silencios cómplices el que se cometa lo que reconozco califiqué alguna vez como un “grave error histórico” del que ahora me resisto categóricamente a formar parte, cuanto más si me consta que se ha aducido por quienes lo han difundido pregonando sus bondades y ocultando sus defectos —lo que ocurrió incluso en el Auditorio de la propia Facultad—, “…que el suscrito estuvo de acuerdo en dicho Sistema..”, lo que no sólo falso, sino incongruente, pues en caso necesario puedo acreditar mediante la exhibición de probanzas documentales la oposición reiterada respecto de él —misma que advierto compartimos en abrumadora mayoría quienes integramos la Academia del Derecho de la Seguridad Social en esta División a su muy digno cargo—.

Estimado Señor Director:

Ejerzo la docencia desde hace 30 años, y lo he hecho en distintos niveles; en la U de G se me reconocen casi 18 años de antigüedad pese a que inicie a impartir clases desde 1975; y en esta División de Estudios Jurídicos —que prefiero seguir llamando Facultad de Derecho, con la secreta esperanza de que se termine la división que existe—, soy a mucho orgullo profesor desde hace 15 años de las materias de Amparo y Derecho de la seguridad Social. Fue en esta Facultad —y entre muchos otros que ya se nos adelantaron, Usted Señor Director también fue mi profesor—, en donde me enseñaron a amar y a conocer la ciencia jurídica, a defender las instituciones, y a respetar el derecho ajeno, abogando sobre todo por aquellos que con sus impuestos nos dieron la oportunidad maravillosa de ser profesionistas, a cambio de unas cuotas simbólicas. Me enseñó la U de G a tener ideales, a tener conciencia de clase y clase en la conciencia, como lo expresé en la dedicatoria de la última de mis 8 obras publicadas.

Sé que no soy dueño de la verdad, pero en correspondencia a lo que mis maestros hicieran conmigo, a quienes son mis alumnos a nivel licenciatura o a nivel de posgrado —Diplomados, Especialidades y Maestrías, en Jalisco, y en diversas partes de la República (e inclusive fuera del país, llevando la honrosísima representación de la U. de G) —, siempre les he sostenido lo mismo: el régimen obligatorio del Seguro Social no es susceptible de conveniarse, negociarse o renunciarse, por eso es obligatorio. No puedo venir ahora a esta Facultad, a impartir clases, con la conciencia tranquila y mi espíritu en paz, a decirles lo contrario a docentes y educandos. Mi encrucijada es así de simple y así de inevitable.

Universidad significa para mí, antes que todo, “universalidad de pensamientos”; por ello respetaré siempre las ideas de quienes difieran de las mías propias, pero a la vez exijo pleno respeto a mi ideología —buena o mala, pero al fin mía—. Estoy seguro que sólo mediante la discusión, la refutación y la conciliación de ideas se avanza en el aspecto académico, y quienes me conocen —Usted, entre ellos—, saben que he pregonado siempre que el hecho de diferir en ideas no implica que quien no esté de acuerdo conmigo necesariamente está contra mí y es mi enemigo. “Todo lo que resiste, apoya”, decía Jesús Reyes Heróles, y si lo he hecho en este asunto concreto ha sido de toda buena fe, pues nada he ganado ni ganaré con esta difícil posición en que me encuentro.

En este sentido, cuánta razón tenía Octavio Paz —citado en la Revista Jure N° 6, Época V, Año II, editada por la propia División de Estudios Jurídicos, cuando a fojas 2, se señala su pensamiento: “El espíritu crítico es la gran conquista de la edad moderna. Nuestra civilización se ha fundado precisamente sobre la noción de crítica: nada hay de sagrado o intocable para el pensamiento excepto la libertad de pensar. Un pensamiento que renuncia a la crítica, especialmente a la crítica de sí mismo, no es pensamiento”.

Es por eso, Señor Director, como un autocrítico de mis ideas y de mi postura irreconciliable para con quienes concibieron ese Sistema —igual que los hechos aconsejan separar a una manzana podrida, que puede contaminar a las demás de la caja—, que las circunstancias me obligan a presentar mi Renuncia con carácter de irrevocable, y en aras de no dificultar la conclusión del semestre que cursa, practicar exámenes, levantar acta de calificaciones, realizar examen extraordinario, etc., le propongo a Usted, salvo su mejor opinión, la acepte a partir del 1° de Agosto del año 2000.

Agradezco a Usted y por su amable conducto, a todas y cada una de las autoridades universitarias de mi siempre amada Casa de Estudios, todas las atenciones y gentilezas que se dignaron tener para mi persona; sus deferencias y apoyos inmerecidos fueron para mí fundamentales en mi realización como persona y como profesionista. Acaso sea mucho pedir el que comprendan y sobre todo respeten mi decisión y que no se entienda la misma, ni como un capricho, ni mucho menos como una claudicación a mis ideas. Necesité mucho valor y del apoyo incondicional de todos los míos, para llegar a este extremo tan doloroso.

Sabemos que nadie somos indispensables y que todos los cambios son útiles; en esta caso será refrescante para nuestra División que otra persona, con mayor talento y capacidad que el suscrito, se haga cargo de la Academia del Derecho de la Seguridad Social, sobre todo ahora que han soplado los vientos de cambio; y tendrá que ser entonces alguien que “crea” en el Sistema de Seguridad Social aprobado. A él —o a ella, en su caso—, les deseo la mejor de las suertes pues creo —y ojalá me equivoque—, que la va a necesitar.

Atenta y respetuosamente,

Guadalajara, Jalisco, a la fecha de su presentación

MTRO. LIC. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

c.c.p.- DR. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO.- Rector General de la Universidad de Guadalajara.- Para su superior conocimiento.

c.c.p.- LIC. J. TRINIDAD PADILLA LÓPEZ.- Secretario General de la Universidad de Guadalajara.- Para su conocimiento, con mi gratitud expresa a todas sus gentilezas.

c.c.p.- MTRO. CARLOS FREGOSO GENNIS.- Rector del C.U.C.S.H.- Para su superior conocimiento y efectos subsiguientes.

c.c.p.- MTRO. TONATIUH BRAVO PADILLA.- Rector del C.U.C.E.A.- Para su conocimiento.

c.c.p.- C.D. y L.C.P. JOSÉ ANTONIO MAGALLANES RODRÍGUEZ.- Sindicato de Trabajadores Académicos de la U de G.- Igual fin.

Mtro. Carlos Fregoso Gennis
Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la U. de G.

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la U. de G.

A la Comunidad Universitaria en General:
Los que suscribimos, profesores adscritos a la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, designados por la Asamblea de Académicos efectuada el pasado 22 de Marzo del año en curso para representar a los más de 400 profesores que impartimos clase en los sistemas presencial y semi-escolarizado, turnos matutino y vespertino, de la Ex-Facultad de Derecho,

M A N I F E S T A M O S :

1. Existe una gran preocupación al seno de la plantilla docente de la División de Estudios Jurídicos, por el trato injusto e inequitativo que durante años le ha sido brindado por las autoridades de nuestra Casa de Estudios, en especial las del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) al efectuar un evidente trato discriminatorio en perjuicio de su profesorado, toda vez que en comparación con otras Divisiones, el número de profesores de carrera de tiempo completo asignados se encuentra muy por debajo del de otras Facultades del CUCSH, centros educativos que con todo respeto sea dicho, ni en conjunto alcanzan la matrícula que tiene nuestra División, ni tampoco han realizado las labores de investigación ni publicación de obras en Editoriales nacionales que la efectuada por el profesorado de la ex-Facultad de Derecho, todo lo cual termina por desmotivar la labor docente desarrollada en nuestra División y propende a que no se alcancen las metas de excelencia académica en la formación de nuevos profesionistas.

2. Apoyamos todos los cambios que para mejorar surjan al interior de la Universidad de Guadalajara, así como las resoluciones que tomen sus autoridades generales, los Centros Universitarios Temáticos y Regionales de la Red Universitaria, y las Autoridades de las propias Divisiones, pero a condición de que se respete siempre el Estado de Derecho en que vivimos y privilegie aplicación estricta de la ley y la normatividad universitaria interna, por sobre intereses personales o de grupo, como lamentablemente ha venido ocurriendo a últimas fechas.

3. Reclamamos como un acto de eminente justicia, en aras de lograr una mayor claridad y transparencia en los procesos de promoción académica y otorgamiento de plazas, se realice una urgente revisión a toda la normatividad universitaria vigente para adecuarla a los retos que imponen las circunstancias actuales por las que atraviesa México y en especial nuestra entidad federativa. Al comenzar el siglo XXI, urge rediseñar nuevas fórmulas que primen factores tales como la antigüedad y la eficacia en el trabajo docente y de investigación desarrollado, por sobre otras tareas que por su exagerada cualificación reglamentaria apuntan a ser objeto más bien de manipulación para ayudar a ciertos profesores a alcanzar plazas de medio tiempo y tiempo completo, en detrimento de otros con mayores méritos académicos.

4. Debe respetarse invariablemente el derecho a disenso que todo universitario puede ejercer sin más límites que el respeto a terceros. En la encrucijada por la que atraviesan las universidades públicas en los actuales esquemas políticos neoliberales, debemos poner especial énfasis en la libertad de cátedra y el respecto irrestricto al artículo 3º de nuestra Constitución Política. La Universidad de Guadalajara, unida, deberá impedir la escalada de grupúsculos que sólo buscan desestabilizar y dividir a los universitarios; por lo tanto, nos oponemos rotundamente, como hombres y mujeres libres y como conocedores de la ciencia jurídica, a cualquier tipo de represión que pretenda coartar el derecho de la libre expresión de ideas dentro del marco de la universalidad de pensamiento que nutre y enriquece la vida académica de la Universidad de Guadalajara, vista y entendida como la segunda universidad pública más grande del país, misma que debe asumir el liderazgo que le corresponde en el concierto nacional.

5. Como universitarios comprometidos que somos y con tan rica tradición jurídica de más de dos siglos, repudiamos que se pretenda encasillar a la Universidad de Guadalajara como refugio de gentes pertenecientes a un determinado Partido Político, o que se pretenda concebir que nuestra Casa de Estudios puede ser manejada por un sólo hombre. La Universidad de Guadalajara, habrá qué recordarlo siempre, es patrimonio de todos los jaliscienses, sin distingo, y sus ideales de pensar y trabajar permean hasta sus cimientos, más allá de cualquier manejo individual o de grupo. Por lo tanto, afirmamos que la autonomía universitaria se mantendrá incólume a pesar de todos los ataques recibidos.

6. Elevamos nuestra más enérgica protesta, como estudiosos de la ciencia jurídica y como difusores de la actividad regulatoria que éste tiene en la vida cotidiana, por la evidente falta de respeto que se ha mostrado en las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores tanto académicos como administrativos. La ausencia de sensibilidad de las anteriores autoridades universitarias y que tienen qué ver con cuestiones jurídicas que recién sismaron a nuestra Casa de Estudios sin contarse con la opinión del profesorado de la División de Estudios Jurídicos, como es el caso del suspendido proyecto de un sistema de seguridad social interno y/o la ausencia de decisiones sobre un sistema pensionario jubilatorio de índole laboral que nos asegure la prestación legal de la pensión dinámica a que tenemos derecho los trabajadores universitarios al término de nuestra labor docente al servicio de la comunidad jalisciense, son temas torales que exigen atención inmediata; no sólo con la participación de algunos actores institucionales o mediante decisiones cupulares, sino por el contrario, al través de una convocatoria abierta a las bases docente y administrativa, cuyas características sean la transparencia e imparcialidad, satisfaciéndose todos los requisitos formales que exige la toma de decisiones de tal envergadura.

7. Exigimos que se elija a un Rector del CUCSH que entienda perfectamente cuál es la sentida problemática que afronta, hoy por hoy, la División de Estudios Jurídicos, y su posicionamiento ante la colectividad en general. Exigimos también que se designe un Director de la División y Jefes de Departamento surgidos de la propia actividad académica de nuestra Facultad, y no que se impongan personas ajenas a ella, en un arribismo y/o amiguismo imposible de permitir en estas condiciones actuales. Nuestra comunidad de Derecho tiene personalidades con verdadera vocación para el desempeño y cumplimiento de ese destino, por lo que a nosotros como académicos nos corresponde opinar sobre los aspirantes a ocupar dichos cargos atendiendo a su perfil.

8. Por último, expresamos nuestra incondicional solidaridad con los once compañeros profesores que son investigados por la Oficina del Abogado General de la Universidad de Guadalajara, acusándoseles infundadamente de haber cometido actos violentos y de despojo en la simbólica toma de instalaciones de la Dirección de nuestra División de Estudios Jurídicos. Al respecto, se olvidan las Autoridades Universitarias que han ordenado tal “investigación laboral”, que quienes participaron en dichos actos no lo hicieron a título personal, como una decisión propia, sino por voluntad mayoritaria de la plantilla docente adscrita a esta ex-Facultad de Derecho, actuando todos ellos, sin distingo, como nuestros representantes sindicales que son. Así las cosas, la Delegación académica de la División de Estudios Jurídicos no hizo sino acatar la voluntad de la gran mayoría de la plantilla docente, como mandatarios y representantes nuestros, y por lo tanto, si dichos actos políticos de libre expresión de ideas, efectuados en aras de llamar la atención tanto de nuestras Autoridades generales, del CUCSH, así como de la sociedad en general, pretende ahora ser sancionados, entonces que el castigo abarque a toda la plantilla de profesores de una buena vez, porque aseguramos desde ahora que por ningún concepto y bajo ninguna circunstancia permitiremos que se coarten las libertades de nosotros como docentes, mediante actos represivos e intimidatorios que, lejos de asustarnos, tan sólo provocan nuestra molestia y repudio ante la evidente falta de sensibilidad política mostrada.

La represión nunca ha sido una respuesta adecuada a la reivindicación o validación de derechos legítimos reclamados; el acto de poder que así se manifiesta es autoritario e insensible. Exigimos que de inmediato se concluya todo procedimiento incoado en contra de nuestros compañeros profesores, liberándoles de cualesquier responsabilidad.

Naturalmente que esta publicación conlleva el objetivo de hacerles saber a quienes se dirige, que la plantilla docente de la División de Estudios Jurídicos está unida al fin en base a los sucesos de que damos cuenta en párrafos anteriores, y que estará muy al pendiente de que se resuelva favorablemente la problemática planteada.

Estamos dispuestos a realizar todo tipo de actos de protesta, de manera pacífica y civilizada, para canalizar nuestras inquietudes, hasta que se tomen las medidas correctivas pertinentes, porque al igual que lo hiciera el Presidente del H, Consejo del CUCSH, Mtro. Carlos Fregoso Gennis, en su desplegado fechado el 23 y publicado el 26 de marzo retropróximo, también nosotros estamos a favor de la defensa de la legalidad universitaria y reprobamos cualquier tipo de acto vandálico o de chantaje, pues al igual que la comunidad universitaria entera reprobamos todo proceder que violente su armónica y plural convivencia, como es el trato discriminatorio del que tradicionalmente hemos sido objeto. Señor Rector General: Hoy que inicia su rectorado, tiene Usted frente a sí un reto histórico. Primero, demostrar que ya no hay grupúsculos que interesadamente intenten tomar el poder en la Universidad de Guadalajara para servirse de él, como antaño los hubo; y segundo, con tan dilatada trayectoria universitaria, demostrar con hechos que en las Divisiones ya no habrá más divisiones, y que las decisiones se tomarán escuchando a todas las corrientes ideológicas, divisiones que tanto daño hacen al interior de nuestra Casa de Estudios y sobre todo al producto final: al alumnado, que como Usted bien sabe, aprende con el ejemplo.Los tiempos han cambiado, señor Rector General. Se acabó el gorilismo y el caudillismo en la Universidad de Guadalajara; a partir de ahora, de esta nueva era que hoy comienza, no más privilegios ni canonjías para unos cuantos. Hacemos votos para que durante su administración prime siempre el diálogo y la cordura, para que nadie, absolutamente nadie esté por encima de la ley y del derecho.

Guadalajara, Jalisco, a 1° de Abril de 2001.

LA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE PROFESORES DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA U. DE G.