Relaciones de trabajo en México

Introducción.

 

El tema de las relaciones laborales en México es un asunto poco explorado y a menudo tergiversado por el discurso oficialista, pese a ser un asunto crucial para entender la singular idiosincrasia de los mexicanos en este rubro que es de enorme impacto social.

Para contextualizar lo afirmado, diremos que México fue considerado como un modelo de regulación laboral a seguir en América Latina, al haber sido pionero en el diseño del primer “contrato-marco laboral”, plasmado en su ya mítico artículo 123 de la Constitución política mexicana, que data desde inicios del año 1917; precepto que si bien ha sufrido ya 20 reformas en sus 90 años de vigencia, todavía no termina de adecuarse a esta época de mundialización económica, de fronteras virtuales fruto de la firma de tratados comerciales, y de las nuevas formas en cuanto a relaciones laborales se refiere.         

 

 

Historia, contexto político y socio-económico.

 

La aleccionadora historia del Derecho del Trabajo en México, nos obliga a remontarnos hasta 1917, año en que se promulgó la Carta Magna aún vigente, que conjuntara los ideales revolucionarios de principios de siglo del pueblo mexicano y que, por su trascendente contenido, ha sido definida con gran justicia como la primera Constitución social del siglo XX en el mundo.

 

La inclusión de las garantías sociales del gobernado, de bases mínimas para cualquier contrato de trabajo celebrado en México, y de múltiples criterios tutelares de los derechos de los trabajadores, representó una nueva forma de entender el Constitucionalismo social, rompiendo de paso todos los moldes doctrinarios entonces existentes.

 

De manera que la inserción de lineamientos básicos regulatorios en el ámbito del trabajo subordinado en la Constitución mexicana, permitió también sentar las bases que lograron dar estabilidad social al país, dando lugar a 2 legislaciones trascendentes para las relaciones laborales y la protección social; nos referimos a la Ley del Seguro Social (1929), y la Ley Federal del Trabajo (1931); en el entendido de que las legislaciones actualmente vigentes en el país datan de los años 1997 y 1970, respectivamente. 

Los nuevos rumbos que tomó en materia económica a partir de los años ochenta del siglo XX, con la implantación del neoliberalismo en la economía mexicana, ha cuestionado la rígida normatividad existente debido a que las relaciones de trabajo estén reglamentadas por legislaciones taxativas, de orden público e interés social, que contienen disposiciones inalienables e irrenunciables.

Sin embargo, las llamadas “leyes del mercado” imponen sus propias reglas, al obligar a que todo deba regirse por las leyes de la oferta y demanda; entonces, cualquier disposición que venga a entorpecer ese mecanismo regulatorio se califica como contrario a tales principios y hasta culpable de entorpecer el crecimiento económico. De allí al drástico cambio en la organización de la producción y del trabajo nacionales; si bien cabe añadir que las crisis económicas, tanto mundiales como regionales, junto a la globalización de la economía, tuvieron repercusiones en el ámbito del trabajo formal en nuestro país. 

Actualmente, la situación que se presenta es justamente la contraria. En concordancia con el panorama internacional, en donde de acuerdo a cifras derivadas de los Informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 7 de cada 10 nuevas ocupaciones se crean en el ámbito de la informalidad laboral, hoy en día toda aquella construcción jurídica en torno a los llamados principios generales del Derecho del Trabajo, son sumamente cuestionables. La razón es simple: tales ideas han visto pasar sus mejores años y se han vuelto obsoletas en esta época de cambios vertiginosos en todos los ordenes de la vida.

 

Muestra palpable de ello lo es el principio laboral de que el Derecho del Trabajo estaba constituido por normas mínimas que tendían a aumentar la protección de los trabajadores; actualmente, la realidad ha convertido esa idea es una quimera, pues si algo sucede en el país es justamente todo lo contrario.

 

 

Los actores sociales de la relación laboral.

 

Los tradicionales actores sociales de las relacionales laborales (trabajadores, empleadores y gobierno), si bien permanecen como tales, de alguna manera han sido virtualmente desplazados de su rol protagónico antaño asumido, al ser acompañados ahora por nuevos actores.

 

En efecto, se denominan “nuevo actores sociales del mundo laboral” a todos aquellos grupos, sectores, clases, u organizaciones que intervienen decisivamente en la vida social interna del país, en aras de conseguir determinados objetivos, ya sea respecto de sus propios intereses o bien como apoyo a las luchas de otros actores sociales.

 

En México, como en el resto del planeta, en el ámbito del Derecho del Trabajo se hallaban plenamente identificados los 3 grandes actores sociales: los trabajadores, los empleadores, y el Estado como regulador de dichas relaciones.

 

Actualmente podemos afirmar que los nuevos actores sociales no lo son tanto en razón de  su involucramiento directo con el fenómeno laboral; más bien lo son porque aquellos han retomado banderas que son vigentes pese al tiempo transcurrido (como lo podría ser la lucha de la mujer por alcanzar su plena participación política y cultural en la sociedad moderna, la cual tiene más de dos siglos), o porque han asumido ideales contemporáneos que venden bien política y socialmente (el caso de la irrupción de los ecologistas, quienes claman por la conciencia y responsabilidad en aras de la conservación del medioambiente).

 

Queda claro entonces que algunos actores sociales en materia del trabajo son considerados como “nuevos” precisamente por el renovado carácter de sus luchas, aunque se insiste en que permanecen los antiguos protagonistas de siempre. Así, “lo nuevo” postula ahora un sentido que reordena y hasta legitima la lucha social de clases.

 

No obstante, quien estudia el actual Derecho Laboral mexicano, se encontrará con una serie de situaciones que quizás nunca se consideraron y en algunos casos tal vez resulten hasta inimaginables. 

 

Cierto, las  relaciones de trabajo a inicios del siglo XXI en México se caracterizan por la incidencia de alguno o varios de los siguientes fenómenos sociales, que por diversos factores de política interna no han sido aún reconocidos y menos aún son regulados legalmente: 

  •                         La inestabilidad en el empleo y la precarización del mismo. 
  •                         Las altas tasas de desempleo abierto. 
  •                         La generalización del trabajo no asalariado. 
  •                         La indexación de los salarios en función de la evolución del costo de vida y la productividad, e incluso con la turbulencia de los mercados. 
  •                         La emergencia de un determinado sector no estructurado que escapa por completo a cualquier tipo de reglamentación. 
  •                         La existencia de un trabajo temporal y precario, que parece más ser la regla que la excepción. 
  •                         La desregulación de las relaciones de trabajo. 
  •                         La posibilidad del empleador de modificar el volumen de su personal (flexibilidad numérica o externa). 
  •                         La polivalencia de los trabajadores (flexibilidad interna). 
  •                         La posibilidad de modificar el tiempo de trabajo a fin de adaptarlo a las condiciones de producción, del mercado o a las necesidades de cierto tipo de trabajadores, tales como las mujeres y los estudiantes (flexibilidad del tiempo de trabajo).
  •                         El palpable abandono de la idea de “trabajo decente” que enfatiza la OIT. 
  •                         La discriminación y el acoso laborales.
  •                         El aumento exponencial de la llamada auto-ocupación o trabajo informal no regulado.
  •                         El imparable fenómeno de la migración laboral.
  •                         La atomización sindical que no es un fenómeno local, sino de Latinoamérica entera.
  •                         La terciarización laboral, enmarcada en ausencia de reglas claras que regulen las nuevas figuras laborales, tales como: el outsourcing, el arrendamiento de servicios, el suministro de mano de obra temporal o permanente, el staff leasing, el pay-rolling, las cooperativas de trabajo asociado, y otras más.

Así, nuevas formas laborales han cobrado carta de naturalización en México, y vale apuntar ahora que la realidad ha rebasado abiertamente el marco normativo legal existente.

 

Se advierte entonces una clara tendencia a intentar una especie de “fraude” al Derecho del Trabajo, mostrándose hasta ahora el Estado impotente para frenar este tipo de actitudes lesivas, argumentándose en no pocas ocasiones, por quienes realizan este tipo de conductas -las que bien podrían ser hasta delictivas-, que debe primarse el derecho al trabajo, por sobre el Derecho del Trabajo.  

 

Al respecto, antaño se pensaba que con la reglamentación existente, siempre tutelar de los derechos de los operarios, poco a poco tales derechos irían en aumento, con miras a lograr una sociedad más justa y una mejor redistribución de la riqueza; sin embargo, la nueva era que estamos viviendo en materia laboral vino a desechar esa idea.

 

Hacia finales de los años ochenta del siglo XX, las sociedades y movimientos que enarbolaban la protección a los trabajadores en México, se colapsaron debido a razones multifactoriales, hasta el punto de que las organizaciones sindicales y varias estructuras políticas que sostenían al sistema económico de gobierno, se encuentran ahora profundamente debilitadas. Ello dio vía libre a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), quienes juegan hoy en todo esto un rol fundamental, de alguna manera rebasando incluso al propio gobierno como interlocutor válido en la toma de decisiones.

 

Podríamos señalar también que el debilitamiento del programa proteccionista obrero se debe, al menos en parte, a la ausencia estratégica en él de otras luchas o causas radicalmente populares, tales como la que libran los indígenas, las mujeres y los jóvenes, los adultos mayores, etc.

 

Tales nichos de reivindicación social, abandonados por los sindicatos, han sido ocupados una gran cantidad de ONG’s y de Fundaciones privadas enfocadas, tanto a los temas laborales como también a la defensa de los derechos humanos, electorales, de salud, de educación, cultura indígena, medio ambiente y otros temas más análogos, todos ellos de un enorme impacto social.

 

Sucede entonces que los nuevos actores sociales laborales critican al movimiento que ignoró o mediatizó otras luchas particulares estratégicas, sin las cuales la transformación de lo que ellos llaman “la organización capitalista de la sociedad” (sic) no puede llevarse a cabo; en tales procesos de resistencia, lucha y búsqueda de transformación de las sociedades, los nuevos actores sociales, digamos que emergentes, han logrado una notable acumulación de fuerza, de toma de conciencia, de experiencia y de poder, de definiciones estratégicas acerca del sentido de sus luchas, terminando por conformar importantes conducciones sectoriales.

 

El desafío que afrontan todos ellos consiste en potenciar la actividad transformadora de los actores-sujetos hacia objetivos superiores, articulando su participación plena en las propuestas de lucha y transformación de la sociedad; sobre esa base, pretenden avanzar en la construcción y la conducción de nuevas formas sociales, que incluyan diferentes modalidades organizativas de las fuerzas sociales activas, entre ellas, cómo no, las de índole laboral.

 

Asimismo, se enfatiza cada vez con mayor fuerza la necesidad de generar espacios de coordinación y proyección colectivas, consensuadas hacia objetivos comunes; replanteando el debate de la representación político-social y el de la estructura organizacional que la contendrá. Todo ello reclama, entre otras cosas:

 

~ Un nuevo modo de articulación de los actores que sea horizontal, plural y multidisciplinario.

~ Un nuevo modo de dirección concertada con la participación de todos, construida y definida por cada uno de los actores protagonistas.

~ Un nuevo modo de representación que lejos de suplantar el protagonismo y la participación en las tomas de decisiones, los concentre y pueda potencializarlos sobre la base de modos participativos colectivos de funcionamiento, decisiones y gestión social.

~ Un nuevo tipo de organización política, donde sea posible un cambio radical en la actitud de los partidos políticos existentes, y que articule e integre lo social, en especial el trabajo formal o regulado; buscando caminos concretos destinados a disminuir y si es posible poner fin a la enajenación política, económica, social y cultural de los explotados u oprimidos, reconociendo en ellos la capacidad para protagonizar su propia historia de clase.

Por lo tanto, ante estos inéditos escenarios, deberán tenerse presentes los nuevos riesgos sociales y económicos que aparecen en el país, como consecuencia del envejecimiento de la población, la deslaboralización de las relaciones de trabajo, la falta de regulación del trabajo informal (sobre todo en sectores que involucra  la participación de migrantes, menores, mujeres y ancianos), el consiguiente incremento de los gastos de la protección social (pensiones, asistencia sanitaria, ayuda personalizada), los cambios producidos en el ciclo formativo y laboral de la población (los que afectan a los procesos educativos cada vez son más largos y especializantes), y hasta la incorporación a la actividad laboral que se produce a una edad más tardía (carente de prestaciones de seguridad laboral y social).

Supone todo lo antes enumerado un reto, y un desafío tendiente a la disminución del período promedio de actividad individual; lo que en conjunto significaría mayores gastos sociales y menos recursos fiscales para el Estado. A eso habría qué añadir los nuevos riesgos que se están produciendo por el impacto de la globalización en la economía nacional, y los movimientos especulativos de los mercados internos e internacionales que siempre inciden en ella. 

Por otra parte, tampoco se pueden olvidar las nuevas desigualdades y cambios en la estructura social mexicana, derivados de los siguientes factores, académicamente poco analizados en cuanto su efecto adverso:

1) El drástico cambio que se ha producido en la estructura familiar, concretamente por la incorporación de la mujer a la actividad laboral y por las nuevas situaciones familiares, producidas por el aumento de divorcios y la aparición de otras formas de convivencia; ello, junto al preocupante tema del incremento de hogares monoparentales y disfuncionales.

2) Las nuevas formas de desigualdad y de pobreza extrema, asociadas a los procesos migratorios y sus problemas de integración; aunado todo ello a la falta de competencia profesional y la exclusión social.

3) Las nuevas desigualdades por los cambios producidos en la estructura social, mismos que está afectando especialmente a sectores de la sociedad muy específicos; muy en especial a los jóvenes y a los adultos mayores de 45 años en el desempleo.

4) La dualidad social que aparece como resultado de la expansión de la economía informal y, de los cambios en la organización del trabajo que trae consigo; viéndose agravada además por los constantes avances y grados de especialidad tecnológica.

De lo hasta aquí expuesto, se puede deducir que de alguna manera se halla en crisis el modelo económico y social del país, así como la idea de crecimiento ilimitado, como generador de bienestar y calidad de vida.

Porque si bien es cierto que el desarrollo resulta indispensable para hacer frente a las necesidades cambiantes y siempre crecientes, es necesario pensar ya en un nuevo modelo social incluyente, en el que puedan interactuar en armonía esos nuevos actores sociales referidos, adaptando las circunstancias y creando de manera consensuada y conjunta el nuevo marco de las relaciones de trabajo, en donde se pueda normar y reglamentar las actuales formas productivas y las estructuras que la sociedad evolutiva esta exigiendo.

 

Prueba de ello es que el actual gobierno federal ha prometido realizar a la mayor brevedad una reforma estructural integral del Estado mexicano; aunque por el momento no se avizore fácil el camino que conduce a la misma, debido a la polarización política que su planteamiento provoca. 

 

El proceso de las relaciones de trabajo.

I. Negociación colectiva

Bajo el marco actual de las relaciones laborales, el presente y futuro de la negociación colectiva se puede apreciar a partir de la redefinición de los interlocutores sociales, quienes por ejemplo cuestionan el papel del sindicato como representante de los trabajadores, y las nuevas formas y contenidos que caracterizan las negociaciones colectivas de la primera década del siglo XXI.

Históricamente han sido 2 las funciones que justificaron la formación de sindicatos y su actuación en la negociación colectiva:

a) La efectiva defensa de los intereses comunes de sus afiliados, así como la protección del empleo, extendidas más tarde a todo aquello comprendido en la relación de trabajo, existente en un determinado centro de productividad o comercio; y,

b) La facultad de representación respecto de conflictos de índole individual o colectiva que afectaran a sus agremiados, ya fuera ante los empleadores, autoridades jurisdiccionales, de la administración pública federal o locales, u otras organizaciones diversas; pues dicha actuación sindical cumplía con eficiencia las expectativas de sus agremiados afiliados, al grado de llegar el sindicalismo a tener, durante varias décadas, un peso político institucional específico.

Sin embargo, uno de los aspectos que más han afectado a la negociación colectiva y la fuerza sindical, es la situación económica que atraviesan la gran mayoría de los países, y de la cual México no esta exento; en tales condiciones, se dificulta sobremanera mantener en un nivel estable la llamada “carrera de salarios y precios”, mejorar el empleo y las condiciones de trabajo, así como alcanzar una cobertura integral de salud y de bienestar colectivos.

Ya se sabe que la inflación y los conflictos obrero-patronales marchan juntos, constituyendo el corolario de este inquietante cuadro social la falta de confianza del trabajador con respecto de su organización sindical. En ese escenario es cuando los trabajadores empiezan a dudar de la capacidad de negociación colectiva de sus dirigentes sindicales, y cuando critican sus acciones lanzan paralelamente la amenaza no sólo de abandonarla, sino de la eventual desintegración de la coalición obrera que sienten ellos ya no les representa adecuadamente.

No hay duda pues que los sindicatos -no pocas veces ausente de sintonía con la realidad-, enfrentan su mayor problemática existencial al no conseguir la preservación de añejas conquistas laborales que erróneamente los operarios consideraban ya como irrevocables e innegociables.

Sin duda que esta sentida realidad, imposible de cambiar a base de decretos y de negociaciones colectivas fuera de la realidad, se ha convertido en el mayor enemigo del sindicalismo actual; amenaza que es necesario combatir con audacia e inteligencia. Tanto para el sindicalismo como para la negociación colectiva -que junto con la huelga forman el llamado “trípode de oro” del Derecho Colectivo del Trabajo-, la alternativa crucial consiste en adaptarse rápidamente a las exigencias actuales o desaparecer, aceptando los tiempos de cambio en la estructura laboral y en el empleo a los que obligan los proyectos de productividad.

Mantener su fuerza y su prestigio históricos ha sido, desde hace más de dos décadas, la tarea fundamental de los sindicatos contemporáneos, para resistir los continuos embates de la economía mundial. Y debería serlo tanto para los empleadores, como para el Estado, pues a todos conviene una organización fuerte pero a la vez sensata, comprometida con la permanencia de las fuentes de empleo formal.

Como la realidad es más sabia que el Derecho, lo peor que puede ocurrir a toda nación es mantener ociosos e improductivos a grandes sectores de su población activa.

    II. Huelgas y resolución de conflictos

En materia de huelgas y la eventual resolución de conflictos, México ha adoptado métodos de negociación que cada vez se flexibilizan más por las condiciones prevalecientes, tratando de no alterar sustancialmente la situación económica de los centros de trabajo.

El amago de la huelga -una medida de presión eficiente a la que los empleadores temen-, generalmente conduce a la rápida solución de los conflictos, antes de que se llegue a la suspensión de labores; empero, cuando no dan fruto las negociaciones, suele intervenir el Estado con el objeto de conciliar diferencias y evitar el estallamiento de la huelga, si bien los representantes gubernamentales participan únicamente como mediadores, actuando como testigo de los términos de la misma.

Por cuanto ve al resto de los conflictos laborales planteados, suele ser tardada su solución debido al enorme cúmulo de labores que tienen en México los tribunales laborales que dirimen este tipo de conflictos; en promedio, un juicio que no se solucione por la vía de la conciliación, suele durar de 2 a 3 años en resolverse, lo que hace pensar al empleador debido a que se acumulan los salarios vencidos y las cuentas a su cargo en caso de perder el juicio pueden llegar a ser estratosféricas, y pone a reflexionar también el trabajador, quien depende de su salario para sobrevivir.   

    III. Futuro de la negociación colectiva

Llama la atención que la negociación colectiva haya venido declinando sensiblemente en México durante el último cuarto de siglo. Las causas  son diversas y resultaría prolijo describirlas aquí; sin embargo, los aspectos político y económico son siempre de primordial importancia.

La acción sindical y la participación de las organizaciones gremiales en la negociación colectiva, quizá sea la más importante de todas sus funciones, porque de ella derivan el reconocimiento de justas prestaciones, la equidad y el orden, impidiendo imposiciones injustificadas. Si bien la actual estructura económica del mundo globalizado ha golpeado al sindicalismo, obligándolo a la aceptación de un severo cambio en el comportamiento en la negociación colectiva, también colateralmente ha permitido la subsistencia de las fuentes de empleo.

Es claro entonces que el futuro de la negociación colectiva está en función de una adecuada adaptación a los cambios y en lo posible a la conciliación de intereses de los actores en el mundo del trabajo, con el objeto de poder armonizar siempre, los intereses de cada parte y los comunes. 

 

Las relaciones de Trabajo en el sector público.

 

Destaca en este rubro el contexto de un cambio importante en el sistema político nacional, con la primera alternancia de partidos en el poder de la federación en más de ochenta años, que comenzara desde el año 2000.

 

Esta circunstancia deja al nuevo gobierno -con marcada tendencia de derechas-, en situación de desplegar una estrategia para modificar la tradicional cultura en el campo de las relaciones laborales, mediante la profesionalización de la función pública no normada (trabajadores de confianza); comenzando específicamente por las áreas de recursos humanos, a las que prevé hacer jugar un papel protagónico sobre el conjunto del sistema administrativo.

 

Por cierto, una circunstancia adicional que ha recrudecido la crisis de las relaciones trabajo en la administración pública, lo es el importe del enorme pasivo laboral contingente que, en el corto plazo, deberá erogar el Estado para cumplir con sus obligaciones como empleador, derivado ello de las bonanzas en los años setenta del siglo anterior y las jugosas prestaciones que mediante contrato colectivo quedaron reglamentadas para beneficio de los trabajadores burócratas.

 

En algunos sectores públicos -el magisterial y el de salud, a manera de grandes ejemplos-, las canonjías alcanzadas fueron exorbitantes; si bien a últimas fechas tienden a decrecer tales “conquistas laborales”, más que por acción de la negociación colectiva, al través de decretos legales.

 

Asimismo, el Estado como empleador ha implementado nuevas formas de contratación de personal que intentan eludir el otorgamiento de prestaciones, tratándose de evitar la enorme carga económica que representa el reconocimiento de la antigüedad, disfrazando la subordinación y vinculación laboral mediante contratos civiles; lo delicado del asunto es que sea el propio Estado quien haga esto, pues envía un mensaje a los empleadores en general de que esa conducta lesiva del operario es permisible.

 

Por último, trascendente ha sido la expedición de una nueva Ley de seguridad social para los burócratas federales, legislación ausente de legitimación que ha sido cuestionada ante tribunales por al menos 1 de cada 4 servidores públicos, aduciéndose su notoria inconstitucionalidad.

 

Lo que por sí solo demuestra la enorme politización y hasta judicialización de los asuntos laborales y sociales, y la dificultad de construir acuerdos debido a la polarización ideológica existente en el país.

 

 

Conclusiones.

 

A finales de la primera década del siglo XXI, México es un país atrapado entre su magnífica historia y su preocupante realidad, en una época de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales.

 

Inmerso en una rica tradición de derechos y garantías sociales plasmadas desde su Constitución política, el país se enfrenta sin remedio a esa cruda realidad, pues tales derechos se han vuelto ya obsoletos por infinidad de causas.

 

Debido a ello, el Congreso Federal analiza efectuar reformas estructurales al Estado mexicano, y dentro de ellas se encuentra obviamente la expedición de una nueva legislación del trabajo que termine de una buena vez con el rebasamiento del actual marco legal.

 

Guadalajara, México (2008).

 

 

DR. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO